Una falla de seguridad dejó expuestas durante unos 11 meses informaciones que permitían el acceso indebido a más de 58.000 cámaras de Smart Sampa, el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de São Paulo descrito como el mayor de América Latina. La brecha fue revelada este lunes (20) por una investigación de la columna de Artur Rodrigues en UOL, que alertó al municipio. Los datos fueron retirados de internet después del aviso.
La información estaba en un repositorio público en internet, algo parecido a dejar la llave maestra de un edificio colgada en la puerta de entrada junto con el plano de todos los pisos. Según UOL, había 181 usuarios y contraseñas de personas autorizadas, datos de más de 6.000 agentes de seguridad e instrucciones técnicas que permitían reproducir el funcionamiento de la plataforma en cualquier computadora o teléfono celular.
Para probar la extensión de la exposición, el equipo periodístico usó un comando de inteligencia artificial para construir, a partir del material filtrado, una interfaz que reflejaba el sistema. Con ella fue posible navegar por el mapa de la ciudad, ver rostros de peatones y placas de vehículos e incluso grabar sus propios saludos ante ocho cámaras de tótems privados adheridos al programa en Campos Elíseos, en el centro. El acceso alcanzaba además puntos sensibles, como guarderías, hospitales y unidades de atención a personas con dependencia química.
Consultada, la Alcaldía de São Paulo afirmó que hubo "una filtración ilegal de datos por parte de un servidor público", que fue identificado, apartado del cargo y es investigado por la Corregiduría de la Guardia Civil Metropolitana. La administración negó que exista "fragilidad en los mecanismos de seguridad de la plataforma" y no explicó qué controles impedirían una nueva filtración.
Un riesgo que va más allá de la privacidad
Para el profesor Rafael Alcadipani, de la Fundación Getulio Vargas (FGV), especialista en seguridad pública, el problema es de seguridad nacional. Recordó a UOL que Israel usó imágenes de cámaras de Teherán para mapear la rutina de los guardaespaldas del líder iraní Ali Khamenei, asesinado en febrero.
"Puedo saber dónde están las autoridades, dónde están las patrullas, hacia dónde se desplazan los equipos de defensa de la ciudad. Es gravísimo. Tomas una estructura que el Estado tiene para enfrentar el crimen, y que posiblemente puede ser utilizada por el crimen para enfrentar al Estado."
Vitrina política y lo que aún no sabemos
El episodio alcanza la principal vitrina de la gestión de Ricardo Nunes (MDB), que instaló un panel callejero apodado "prisiómetro" para divulgar las más de 3.000 detenciones de prófugos realizadas con ayuda de las cámaras. El sistema usa reconocimiento facial y lectura de placas para alertar, por aplicación, a los policías más cercanos a cada flagrante. Crecer rápido rinde capital político: el modelo inspiró la promesa del candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL) de crear el Smart Brasil. En el debate de la TV Band habló de más de 1 millón de cámaras, según Metrópoles; UOL registra la promesa como de 2 millones. La campaña no detalló cómo financiaría la expansión ni qué bases de datos se integrarían.
Hay incentivos claros en juego. Para la alcaldía, cada cámara nueva se convierte en una cifra de detenciones en el panel y en un argumento de campaña. Para los socios privados, que ceden imágenes de sus equipos, la integración amplía la red sin costo directo para el municipio. Lo que nadie explica es cuánto del presupuesto se destina a proteger el sistema en lugar de expandirlo. Tampoco está claro quién accedió a los datos durante los 11 meses de exposición, si las 181 contraseñas fueron cambiadas, ni por qué la alcaldía contabilizaba unas 50.000 cámaras en abril, según un levantamiento de Metrópoles, mientras UOL logró acceder a 58.000.
En la práctica, conviene seguir tres cosas: el resultado de la investigación de la Corregiduría de la Guardia Civil, una eventual actuación de la ANPD, la agencia brasileña de protección de datos, ya que rostros y placas son datos personales, y si el plan Smart Brasil incluirá presupuesto y reglas específicas de seguridad. Mientras tanto, el ciudadano paulistano no puede hacer mucho más que exigir respuestas: es la alcaldía, y no el usuario, quien guarda la llave de esa puerta.