La 6ª Vara Federal Penal de Rio de Janeiro aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) y convirtió en acusados formales a 12 exejecutivos de Lojas Americanas, una de las mayores cadenas minoristas de Brasil, por la fraude contable que llevó a la empresa a pedir recuperación judicial, el equivalente brasileño a la protección por quiebra, bajo el peso de miles de millones de reales en deudas. La decisión fue publicada este viernes (16) por Folha de S.Paulo, en una nota de Reuters. La denuncia se presentó en 2025 y el proceso corre bajo secreto judicial.
Según la acusación, detallada por Metrópoles en junio de 2026, el esquema usó maniobras contables para inflar artificialmente las ganancias de la compañía y manipular los precios de las acciones de Lojas Americanas y de su brazo digital B2W en la bolsa. El agujero contable se estima en R$ 24.000 millones (unos US$ 4.800 millones). El MPF presentó como pruebas correos electrónicos, mensajes entre los denunciados y documentos que mostrarían la diferencia entre la contabilidad real y la maquillada.
El esquema, según la acusación
De acuerdo con la denuncia, Miguel Gutierrez, exCEO de Americanas, planeó y ejecutó los fraudes, valiéndose de su posición jerárquica para coordinar a los demás implicados. La investigación de la Policía Federal señala que el esquema funcionó al menos desde febrero de 2016 hasta diciembre de 2022, cuando Gutierrez dejó la dirección del grupo. El escándalo salió a la luz el 11 de enero de 2023, poco después del cambio de mando, cuando la empresa informó al mercado que había detectado "inconsistencias en los asientos contables".
En junio de 2026, la Policía Federal, con apoyo del MPF, lanzó la segunda fase de la Operación Disclosure, con nueve órdenes de allanamiento en Rio de Janeiro y Sao Paulo, según Metrópoles. La Justicia autorizó además el embargo de bienes y valores de los investigados, en medidas patrimoniales que pueden sumar hasta R$ 54.000 millones.
Consultada por Folha, Americanas dijo no haber tenido acceso a la decisión y declaró que confía en la Justicia y en las autoridades para que los autores de la fraude sean debidamente responsabilizados. "La compañía reafirma que fue víctima de una fraude estructurada y dolosa cometida por los exejecutivos", afirmó la empresa en un comunicado.
Con la denuncia aceptada, los 12 pasan a la condición de acusados y serán citados para presentar defensa. El proceso penal avanza en paralelo a la recuperación judicial, de la que la empresa pidió salir recientemente, según Metrópoles. Para los acreedores y proveedores que aún esperan pagos, la acción penal no altera el plan de recuperación en el corto plazo, pero mantiene abierta la posibilidad de reparación futura por parte de los señalados por el MPF. Para el consumidor, nada cambia en las tiendas: siguen operando mientras la Justicia decide quién pagará por el agujero.