Una investigación de Fantástico, el magazine periodístico dominical de TV Globo, destapó un mercado digital clandestino que vende usuarios y contraseñas de funcionarios y autoridades con acceso a sistemas públicos y privados de Brasil. Según G1, las ofertas iban desde consultas de datos del impuesto de renta por unos 100 reales hasta un servicio para modificar expedientes judiciales y retirar una orden de prisión por 1.000 reales. La periodista Mônica Marques siguió las negociaciones durante un mes en grupos de chat y foros de internet.
En la práctica, lo que se vende son las llaves de otras personas. Cada clave pertenece a un funcionario cuyo cargo abre puertas digitales protegidas, y el precio sube según el poder de la cuenta: un acceso a la Secretaría de Seguridad del estado de Paraná se ofrecía por algo más de 100 reales, con nombre, chasis, motor y fotos de conductores por 110, mientras un usuario de la Justicia de Santa Catarina se anunciaba por 500. También se vendían los llamados painéis (paneles), sistemas que reúnen datos obtenidos de forma ilegal, desde compras online hasta registros de salud y vacunas. El modelo de negocio es directo: el servicio cuesta una fracción de lo que gana el comprador. Un vendedor se ofreció a borrar una multa por la mitad de su valor, y otros prometían incluir una infracción a nombre de otra persona en los Detran, los organismos estatales de tránsito de Brasil.
Credenciales probadas y confirmadas
El programa entregó el material al Ministerio Público de Río Grande do Sul, que ya investiga a estos grupos. Con autorización y medidas de seguridad, el Núcleo de Prevención a la Violencia Extrema comprobó hasta dónde llegaban los accesos. "Nos dimos cuenta de que funciona", afirmó Fábio Costa Pereira, procurador de Justicia. "Lo que prometen, lo consiguen hacer." El fiscal Leonardo dos Santos Rossi dijo que la venta de credenciales ya había aparecido en denuncias e investigaciones anteriores: "estas ventas de contraseñas realmente funcionan, son verdaderas".
En Goiás, el problema ya superó el comercio de datos. Según G1, el Tribunal de Justicia identificó 350 accesos fraudulentos, y una operación policial detectó unas 140 adulteraciones en el Banco Nacional de Mandados de Prisão, el sistema que reúne las órdenes de prisión de todo el país. Eran mandamientos con datos erróneos que podían enviar a la cárcel a una persona inocente. Una pareja fue detenida y responde al proceso en libertad. "Credenciales sustraídas de servidores o de los propios magistrados han sido utilizadas para defraudar, insertar, alterar o excluir, incluso órdenes de prisión de los bancos nacionales", declaró la delegada Sabrina Leles, de la Policía Civil de Goiás. Del estado salió también una orden de bloqueo fraudulenta emitida contra una joven que contó al programa haber entrado en ese mundo cuando era adolescente, haber sido chantajeada para producir imágenes íntimas y haber pasado a ser perseguida fuera de internet.
Lo que aún no sabemos y qué observar
Una de las principales redes de este mercado se llama The Com. Funciona como un conjunto de comunidades interconectadas repartidas por varios países, sin un sitio central, según el programa. El FBI ya advirtió que muchos integrantes son muy jóvenes, y los datos robados alimentan otros delitos, como la sextorsión, el chantaje con imágenes íntimas. En Belém, en el norteño estado de Pará, una investigación de la Policía Civil iniciada por denuncias de exposición ilegal de datos terminó con una mujer detenida en flagrante mientras compartía contenido de violencia sexual contra niños y adolescentes. La delegada Vanessa Lee afirmó que los investigados vendían claves y participaban en otras prácticas, como la venta de armas y grupos vinculados al suicidio. La policía de Pará cuenta con la colaboración de investigadores de una universidad federal.
Lo que aún no sabemos: el tamaño real del mercado. El reportaje no estima cuántas credenciales circulan ni cuántas personas resultaron afectadas, y el único recuento consolidado, el de Goiás, cubre un solo estado. Tampoco está claro cómo fueron sustraídas las contraseñas, si mediante estafas, malware o ayuda interna, ni qué sistemas ya fueron corregidos. Hasta ahora, se trata de la investigación de una sola cadena de televisión, aunque respaldada por pruebas del Ministerio Público y por pesquisas oficiales en al menos tres estados.
Lo práctico: desconfíe de cualquier oferta que prometa borrar multas o resolver asuntos judiciales fuera de los canales oficiales, y de notificaciones de "orden judicial" que lleguen por aplicaciones de mensajería. Si usted es funcionario, trate su contraseña como una llave física y active la autenticación en dos pasos siempre que el sistema lo permita. Y con adolescentes en casa, conviene vigilar los contactos desconocidos y los cambios bruscos de conducta, señales que la policía asocia con la sextorsión.