La Hacienda Federal (Receita Federal) y el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil lanzaron este viernes (28) la Operación Juego de Sombras, con el cumplimiento de seis órdenes de registro e incautación en João Pessoa (Paraíba), Recife (Pernambuco) y São Paulo. El objetivo es un grupo empresarial responsable de una plataforma de apuestas deportivas de cuota fija, conocidas en Brasil como bets, que habría movido más de R$ 5.000 millones solo en 2025, según ambos organismos. La investigación apura presunta evasión fiscal, salida ilegal de divisas y lavado de dinero.
La operación está conducida por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del MPF y movilizó a 28 servidores de la Hacienda, entre auditores fiscales y analistas tributarios, además de diez fiscales federales, informó el organismo en un comunicado. Hasta la mañana de este viernes no se habían divulgado el nombre de la empresa investigada ni los objetivos de las órdenes, que son solo de registro e incautación. Los detalles serían presentados en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, en Brasilia.
El rastro del dinero
Según la investigación, el grupo constituyó una empresa pantalla en Curazao, isla del Caribe, para simular que la plataforma operaba fuera de Brasil antes de la regulación del sector. Para los investigadores, sin embargo, empresas brasileñas vinculadas al grupo eran las verdaderas responsables de la operación en el país. Parte de los recursos habría sido enviada al exterior y habría retornado en forma de pagos por prestación de servicios, un mecanismo que podría servir para justificar la repatriación de valores remitidos anteriormente. La pesquisa identificó además el posible uso de cuentas bolsa mantenidas en fintechs, que concentran recursos de distintos clientes en una misma cuenta y dificultan el rastreo de los beneficiarios finales.
Las sospechas no se detienen en la fase anterior a la regulación. Según la Hacienda, el grupo obtuvo autorización para operar a partir de 2025, pero los organismos investigan si los recursos usados en el pago de la concesión tuvieron origen en la actividad irregular anterior. Tras la entrada en vigor de las nuevas reglas, parte de las estructuras habría sido adaptada para mantener la evasión, incluida la declaración al Fisco de gastos presuntamente ficticios para reducir los tributos debidos a partir del año calendario 2025.
Paralelamente a las órdenes, la Hacienda abrió 11 procedimientos fiscales, con potencial de recuperación de cerca de R$ 300 millones para las arcas públicas, según el organismo. Los flujos financieros nacionales e internacionales del grupo seguirán bajo análisis para identificar una eventual omisión de ingresos y los beneficiarios efectivos de las operaciones.
Esta es la segunda gran operación conjunta contra el mercado de las bets en agosto. El día 13, la Operación Arena cumplió 17 órdenes de registro e incautación en cinco estados, con decisión judicial para incautar bienes y valores de hasta R$ 1.000 millones. Para las empresas que pagaron la concesión y pasaron a recaudar tributos bajo las nuevas reglas, la competencia de operadores que, según las investigaciones, escondían ingresos en el exterior distorsionaba el mercado. Para el Tesoro, que estima recuperar R$ 300 millones solo en este caso, y para el apostador, cuyo dinero circulaba por estructuras opacas, la señal de los organismos es que la fiscalización sobre el sector llegó para quedarse.