Un informe del Gaeco, el grupo contra el crimen organizado de la Fiscalía Federal brasileña (MPF) en el estado de Amazonas, reunido por el medio g1, compila investigaciones que señalan una red de delitos en torno a la minería ilegal de oro: más de 290 kilos de oro extraídos ilegalmente en dos casos, 56 trabajadores sometidos a condiciones análogas a la esclavitud, uso de mercurio y cianuro y daños ambientales estimados en más de 1.700 millones de reales. El documento cubre la actividad del grupo entre julio de 2025 y junio de 2026 y fue enviado al Consejo Superior del MPF, con análisis de la subprocuradora general de la República Samantha Chantal Dobrowolski.
Los dos mayores casos
El mayor volumen aparece en la Operación Jurupari. Según la acusación, una organización criminal extrajo al menos 219 kilos de oro durante unos tres años, una cifra que la Fiscalía calificó de conservadora, con daños ambientales calculados en 1.500 millones de reales. Empresas y terceros daban apariencia de legalidad a las operaciones y ocultaban el origen del metal, el eslabón por el que el oro ilegal de la Amazonia entra en cadenas de comercialización que parecen regulares a los compradores. En abril de 2026, el Gaeco presentó dos acusaciones del caso. Entre los denunciados está el teniente coronel del Ejército Abimael Alves Pinto: en un audio interceptado avisaba a mineros de una operación en la región de São Gabriel da Cachoeira, en la frontera de Brasil con Venezuela y Colombia. El g1 informó de que no pudo localizar a su defensa.
La otra investigación, la Operación Barões do Filão, apuntó al llamado Filão do Abacaxis, dentro del Bosque Nacional de Urupadi, en Maués, al sur de Amazonas, una región que el MPF describe como una de las áreas mineras más rentables de América Latina. Según la Fiscalía, el grupo operó entre abril de 2023 y agosto de 2025, extrajo unos 71,1 kilos de oro propiedad del Estado federal sin licencia alguna y movió 258,6 millones de reales, identificados en informes de inteligencia financiera del Coaf, el consejo brasileño contra el lavado de dinero. Trece personas fueron denunciadas y la Justicia Federal aceptó la acusación. El documento señala:
"A partir de los elementos técnicos reunidos en los autos, se verificó la usurpación de aproximadamente 71,1 kilos de oro, además de la sumisión de 56 trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud y la ocurrencia de daños socioambientales y patrimoniales con un valor mínimo estimado de 267 millones de reales."
Unos 8,5 kilos de mercurio fueron vertidos en la cuenca del río Abacaxis y convertidos en metilmercurio, una forma más tóxica del elemento que ingresó en la cadena alimentaria. La Fiscalía estima riesgo de contaminación crónica para unas 67.000 personas de la región. Los trabajadores, según un informe del Ministerio de Trabajo, eran mantenidos aislados en la selva, en alojamientos de lona, sin agua potable, en turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso; 50 de los 56 localizados fueron clasificados formalmente en condición análoga a la esclavitud. La mina contaba con una estructura de seguridad armada permanente, y los allanamientos incautaron un fusil, un subfusil, una escopeta, un revólver y más de 400 municiones, además de unos 140 gramos de oro sin documentación. Según el g1, uno de los investigados intentó destruir teléfonos con un martillo antes de la entrada de los agentes.
Represión y Comando Vermelho
La investigación nació de la Operación Déjà Vu, de 2023, contra el tráfico interestatal de drogas, y se desplegó en cuatro acciones en la zona: Aurum, Mineração Obscura, Mineração Obscura 2 y Barões do Filão. La Policía Federal coordinó las operaciones con la policía de carreteras, la Fuerza Nacional, la agencia de inteligencia Abin, inspectores y fiscales del trabajo, el organismo de parques ICMBio y la fundación indigenista Funai; las órdenes, según la policía, llegaron hasta Itaituba y Novo Progresso (Pará), Sinop (Mato Grosso), Porto Velho (Rondônia) y Regeneração (Piauí). Con el lanzamiento de la Barões do Filão, en agosto de 2025, la Justicia autorizó el bloqueo de hasta 74 millones de reales. Imágenes de la Policía Federal muestran dragas de minería ilegal destruidas en el interior de Amazonas. Los acusados responden por usurpación de bienes de la Unión, organización criminal armada, lavado de dinero, reducción a condición análoga a la esclavitud, delitos ambientales y posesión ilegal de armas. La acusación es obra del Gaeco junto con la 2ª Fiscalía de la Amazonia Occidental, unidad del MPF especializada en minería ilegal en los estados de Amazonas, Rondônia, Roraima y Acre.
Más allá de las minas, el informe detalla la actuación del Comando Vermelho, la mayor facción criminal de Brasil, en Amazonas, en investigaciones separadas de las del oro. En febrero de 2026, el Gaeco denunció a 13 personas por tráfico transnacional de drogas, organización criminal, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de documento falso; según el MPF, el dinero iba a cuentas de testaferros y una parte se convertía en criptoactivos enviados a billeteras digitales en la red Tron. La acusación señala a Alan Sérgio Martins Batista, conocido como "Alan Índio", como integrante de posición destacada de la facción en el estado, miembro del llamado Consejo Permanente, con influencia sobre integrantes que actuaban en distintas zonas de Manaos. La Operación Roque, de noviembre de 2025, investigó el núcleo jurídico del Comando Vermelho: cuatro abogados fueron arrestados y denunciados por pertenecer a la organización criminal. El informe también cita la Operación Brazilian Cricket entre las investigaciones del periodo.