Dieciocho de las 27 entidades federativas de Brasil invirtieron menos de la mitad del presupuesto mínimo ideal en educación pública entre 2021 y 2025. En la vida de las familias trabajadoras, este déficit deja a las escuelas sin dinero para reparaciones elementales, bibliotecas o alimentos nutritivos. Los datos provienen de un relevamiento del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), divulgado por Folha de S.Paulo.
Los parámetros de referencia calculados por el centro de estudios oscilan entre 10.000 reales anuales por alumno en Río de Janeiro y 15.500 reales en Piauí. Al asignar menos del 50% de esa suma, la mayoría de los estados gasta menos de 5.000 reales al año por cada estudiante. La cifra equivale a cerca de 416 reales mensuales, menos de lo que cuesta una canasta básica familiar de alimentos en las capitales del país.
Entienda el Costo Alumno Calidad
Entienda: el Costo Alumno Calidad (CAQ) es un índice técnico que calcula la inversión anual necesaria por estudiante para asegurar condiciones dignas de aprendizaje. El cálculo contempla gastos primordiales como salarios docentes adecuados, aulas con pocos estudiantes, conexión a internet y laboratorios escolares. Su objetivo es garantizar que una escuela pública en un municipio pobre disponga de los mismos recursos que una situada en un distrito de altos ingresos.
El informe resalta que la brecha presupuestaria entre estados ricos y vulnerables acentúa la desigualdad socioeconómica regional. Mientras que la meta máxima de 15.500 reales al año equivale aproximadamente a un salario mínimo mensual por cada estudiante, las gobernaciones operan con arcas exhaustas. El Inesc subraya que la escasez de fondos federales complementarios y los desequilibrios tributarios locales perpetúan este rezago formativo.
La falta de inversión suficiente en las aulas mantiene elevadas las tasas de deserción escolar y los retrasos en el aprendizaje. Para los hogares populares, este atraso se traduce a largo plazo en menores ingresos laborales y peores empleos para sus hijos. Expertos en finanzas públicas sostienen que hacer obligatorio el cumplimiento del piso de gasto resulta crucial para nivelar el terreno social de Brasil.