El Gobierno federal de Brasil reiteró este lunes (21) la petición de una medida cautelar para obligar a Discord a adoptar protecciones inmediatas para niños, adolescentes y mujeres. La solicitud fue presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU, el órgano jurídico del Gobierno) ante el 14.º Juzgado Federal Civil de Brasilia, después de que un intento de conciliación no avanzara. Para la AGU, la propuesta de acuerdo enviada por la plataforma es insuficiente: genérica y sin compromisos concretos de cambio técnico.
La conciliación se había acordado en una audiencia del 2 de septiembre, cuando la Justicia dio a Discord 10 días hábiles para formalizar medidas concretas en cuatro frentes: verificación de edad, lucha contra la extorsión sexual, moderación de crueldad animal y creación de un canal de comunicación con las autoridades brasileñas. Según G1, que tuvo acceso a la solicitud, el Gobierno sostiene que el riesgo para los menores es continuo y que la ausencia de frenos tecnológicos en la aplicación agrava la situación todos los días.
"De carácter genérico, con excepciones y condicionantes de todo tipo, no es apta para combatir la gravedad de los problemas asociados con la urgencia y la extensión que el caso exige. Tampoco hay compromiso consistente de cambio de arquitectura, mejora de sistemas o modificación de procesos relacionados con el servicio", escribió la AGU.
Para justificar la urgencia, la AGU citó dos episodios recientes investigados por la policía. El 6 de septiembre, la Policía Civil de Goiás rescató a una niña de 13 años mantenida encerrada en un inmueble abandonado de Anápolis; según la investigación, fue captada por un hombre que conoció en Discord. El 12 de septiembre, el laboratorio de operaciones cibernéticas del Ministerio de Justicia lanzó, junto a policías civiles de varios estados, la segunda fase de la Operación Lívia, que investiga muertes y actos graves ligados a desafíos virtuales. Solo en el estado de São Paulo, más de 54 servidores de la plataforma fueron derribados por las autoridades en el último mes, según datos policiales anexados al expediente.
De dónde viene el proceso
La disputa comenzó con una demanda civil presentada por la AGU el 27 de agosto. El Gobierno pide al menos 500 millones de reales de indemnización por daños morales colectivos y, si se concede la medida cautelar, quiere que las medidas principales se implementen en 15 días, bajo multa diaria de 500 mil reales. El caso se originó en la muerte de una adolescente de 13 años en Mato Grosso do Sul, en julio, durante una transmisión en vivo en la plataforma. El episodio llevó a la autoridad brasileña de protección de datos, la ANPD, a suspender las transmisiones en vivo de Discord en el país. Este lunes, la empresa dijo haber eliminado aplicaciones de terceros que se usaban para eludir la suspensión y afirmó que sigue en diálogo con la ANPD, que advirtió que nuevos incumplimientos pueden acarrear multas diarias.
Incentivos y qué observar
Los pedidos de la demanda son específicos y costosos: verificación de edad que no dependa solo de la autodeclaración, hoy simplemente la fecha de nacimiento que el propio usuario escribe, equipos de moderación en portugués, representante legal en Brasil y mecanismos contra la recreación de comunidades prohibidas, según la lista divulgada por el medio jurídico Juristas. Para Discord, firmar compromisos de ese tipo en un acuerdo los convierte en obligaciones judiciales; una propuesta genérica preserva margen de negociación. Lo que aún no se sabe: el contenido íntegro de la propuesta no es público, el juez todavía no decidió sobre la medida cautelar y el reportaje de G1 no recoge respuesta de Discord a la última solicitud. Conviene seguir la decisión del 14.º Juzgado Federal Civil y el destino del recurso de la empresa ante el consejo de la ANPD. Mientras tanto, el control de acceso de menores en la aplicación sigue dependiendo de la edad que cada usuario declara sobre sí mismo.