Organizaciones ambientalistas y representantes del sector de infraestructura de Brasil, en bandos opuestos en el debate sobre el licenciamiento, exigen lo mismo: que el Tribunal Supremo Federal (STF) se pronuncie rápido sobre la constitucionalidad de parte de la nueva ley de licenciamiento ambiental, vigente desde febrero. Ambos lados dijeron a Folha de S.Paulo que la demora del tribunal genera inseguridad jurídica para proyectos y organismos ambientales.
El tribunal había programado para agosto el juicio de tres acciones directas de inconstitucionalidad (ADI) y de una acción declaratoria de constitucionalidad (ADC) sobre el tema. El plenario retiró el caso de la agenda tras la presentación de una nueva acción y no hay fecha prevista para retomarlo, informa la Folha. En la sesión del 12 de agosto, los ministros juzgaron acciones sobre la Moratoria de la Soja, pero el licenciamiento quedó fuera, según el sitio ((o))eco.
Lo que cambió la ley
La Ley General de Licenciamiento Ambiental (15.190/25) se aprobó en 2025, después de que el Congreso derogara 56 de los 63 vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, días después de la COP30, en Belém, según ((o))eco. El texto creó la Licencia por Adhesión y Compromiso, en la que el emprendedor declara que cumplirá parámetros oficiales sin análisis técnico previo, con fiscalización por muestreo, y la Licencia Ambiental Especial para emprendimientos considerados estratégicos, incluida a última hora por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, que citó obstáculos al crecimiento del país. Críticos la apodaron "PL de la Devastación".
Según ((o))eco, la ley también amplía dispensas, prevé renovaciones automáticas y autoriza a estados y municipios a armar listas propias de actividades fuera del control. Una de las dispensas cubre obras de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura preexistente, incluidas carreteras ya pavimentadas, un pasaje que, en la evaluación del sitio, fue escrito pensando en el asfaltado de la BR-319, entre Manaus y Porto Velho. Especialistas oídos por el sitio estiman presión adicional de deforestación en el Arco de la Deforestación, que ya avanza sobre el sur del estado de Amazonas.
Licencias ya emitidas
Para las empresas, el temor es que licencias ya emitidas sean alteradas o revertidas. Ronei Glanzmann, CEO de MoveInfra, asociación que reúne a EcoRodovias, Hidrovias do Brasil, Motiva, Rumo, Santos Brasil y Ultracargo, lo resume:
"Tenemos una ley vigente, las inversiones se están haciendo y algunos emprendimientos están haciendo licenciamiento por adhesión y compromiso, como prevé la ley, y otras intervenciones con dispensa, como obras de mantenimiento. El gran problema es si hay un cambio en eso: cómo quedan los efectos retroactivos de esas decisiones."
Del lado ambiental, el Observatorio del Clima, red de más de cien entidades que ayudó a redactar una de las ADI presentadas en diciembre de 2025, pide la misma celeridad. Fábio Ishisaki, asesor de políticas públicas de la red, dice que la demora "es perjudicial para los negocios, porque queda una inseguridad jurídica sobre lo que va a valer o no" y genera dudas sobre cómo los organismos ambientales aplicarán la ley.
Otros actores también presionan: el PSOL y la Apib (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil) presentaron su propia acción en enero, y el 12 de agosto más de 30 organizaciones religiosas, entre ellas la CNBB y la Confederación Israelita de Brasil, enviaron una carta abierta a los ministros en defensa de las salvaguardias constitucionales, según ((o))eco. Hay precedente en el tribunal: en 2022, el STF declaró inconstitucional el licenciamiento simplificado para actividades de impacto medio. Mientras el caso no vuelva a la agenda, la ley sigue aplicándose, se siguen emitiendo licencias con base en ella y la respuesta sobre los efectos retroactivos queda en manos de los ministros.