La directiva de Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica), el regulador del sector eléctrico brasileño, discute este martes (6) en Brasilia la ruptura del contrato de concesión de Enel SP, la empresa que distribuye energía en la ciudad de São Paulo y en parte de su región metropolitana. La reunión comenzó a las 9h en la sede del organismo, y el proceso de caducidad (la figura jurídica que permite rescindir una concesión por incumplimiento) es uno de los diez principales puntos de la agenda, según Folha de S.Paulo.

Enel SP atiende a más de 8 millones de unidades consumidoras en 24 municipios del estado, de acuerdo con Aneel. El proceso se abrió en abril de este año, hace seis meses, tras una serie de apagones en la capital paulista. A finales de 2024, 2 millones de inmuebles se quedaron sin energía por fallas en la distribución, informó Folha. Al año siguiente, la cifra subió a 4,4 millones de clientes afectados.

Según un comunicado de la agencia, la fiscalización concluyó que la concesionaria tuvo un desempeño insatisfactorio y por debajo del promedio de otras distribuidoras durante eventos climáticos extremos en 2023, 2024 y 2025, con aumento de interrupciones superiores a 24 horas, demoras en la atención de emergencias y fallas en la planificación y ejecución de planes de contingencia. La empresa presentó un plan de recuperación, pero el área técnica consideró las medidas insuficientes.

Enel sostuvo en su momento que eventos climáticos extremos e imprevisibles, agravados por problemas bajo responsabilidad del poder público, como la falta de poda de árboles y de mantenimiento de los postes, provocaron los apagones. En la decisión que abrió el proceso, Aneel rechazó esos argumentos:

"La mejora puntual de indicadores o de la respuesta a eventos específicos no elimina la caracterización de un servicio inadecuado, especialmente ante la reiteración y la gravedad de los episodios analizados", concluyó la decisión de la agencia.

El camino hasta la mesa de los directores

El caso llegó al colegiado tras un período marcado por el intento de la concesionaria de anular la discusión, según Folha. En febrero, el presidente de Aneel, Sandoval Feitosa, votó por recomendar al gobierno la pérdida del contrato, pero la mayoría de los directores decidió ampliar el plazo de análisis para incluir eventos posteriores a los apagones de 2024, que motivaron el procedimiento inicial.

Si la directiva aprueba la recomendación de caducidad, el proceso pasa al Ministerio de Minas y Energía. La decisión final corresponde al gobierno federal, y la empresa aún puede apelar. Para Enel, está en riesgo el contrato que abastece de energía a la mayor ciudad del país. Para los consumidores, nada cambia de inmediato: mientras el caso no se decida en el ámbito federal, la concesionaria sigue obligada a operar la red y a responder por la calidad del servicio.