El Congreso Nacional de Brasil articula una reforma del Poder Judicial en medio de la crisis del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país. Al menos 30 iniciativas sobre el tema tramitan en las dos cámaras, según el portal G1. La mayoría propone cambios en el propio STF: mandato para los ministros, un nuevo sistema de designación y criterios distintos para ocupar un escaño en la corte.
Dos propuestas de enmienda constitucional circulan en la Cámara de Diputados. El diputado Reginaldo Lopes (PT-MG) propone un mandato único e improrrogable de hasta diez años para ministros de los tribunales superiores y consejeros de los tribunales de cuentas. El mandato termina en el décimo aniversario de la posesión o cuando el magistrado cumpla 75 años. El texto fija además una edad mínima de 50 años y una máxima de 70 para futuras designaciones. "Deberíamos lograrlo antes del fin de semana", dijo Reginaldo a Congresso em Foco, sobre la recolección de firmas.
El diputado Danilo Forte (PP-CE) presentó su propia propuesta la semana pasada. Crea un mandato de ocho años para los nuevos ministros del STF y hace rotativas las designaciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Añade reglas de conducta y de responsabilidad para los magistrados y restringe las decisiones monocráticas, las que toma un solo ministro. Conserva a los actuales integrantes de la corte y prevé una implementación gradual. El Frente Parlamentar del Empreendedorismo, un bloque con más de 250 legisladores, lo respaldó el lunes (14) y ayudará a recoger firmas cuando el Congreso retome las actividades. Una enmienda constitucional necesita las firmas de 171 de los 513 diputados para presentarse formalmente.
La crisis del STF acelera el debate
El movimiento ocurre a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones, fijada para el 4 de octubre. La crisis en la corte se intensificó después de que el ministro André Mendonça levantó el sigilo de informes de la Policía Federal sobre el Banco Master. Uno de los documentos señaló 52 mensajes entre el banquero Daniel Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes, además de encuentros presenciales entre ambos y un contrato de 130 millones de reales entre el banco y el despacho de la esposa de Moraes. El presidente del STF, Edson Fachin, separó los procesos. El juicio sobre los mensajes comenzó el martes (15) y quedó interrumpido por un pedido de vista del ministro Flávio Dino.
El debate ganó fuerza política la semana pasada. El directorio nacional del PT aprobó el jueves (10) una resolución en defensa de la discusión, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, defendió públicamente el debate sobre los mandatos. "Nadie puede quedarse 40 años en el mismo cargo", dijo Lula, según Congresso em Foco. En el Senado, la Comisión de Derechos Humanos aprobó el martes (15) una indicación de la senadora Damares Alves (Republicanos-DF) para que la Comisión de Constitución y Justicia cree un grupo de trabajo y presente un texto unificado en un plazo de 60 días. Dentro del propio STF, el grupo que estudia la reforma recibió 87 propuestas, y un código de ética figura como prioridad de Fachin. El próximo presidente puede elegir hasta cuatro ministros en cuatro años: Luiz Fux, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes llegan a la jubilación obligatoria en ese período, y el escaño de Luís Roberto Barroso sigue vacante.
La última reforma del Poder Judicial data de 2004, cuando se crearon el Consejo Nacional de Justicia y el Consejo Nacional del Ministerio Público, tras casi 13 años de tramitación. Según Folha de S.Paulo, la lentitud, la acumulación de procesos, el exceso de decisiones monocráticas y los salarios desmesurados siguen entre los cuellos de botella del sistema. Reginaldo Lopes espera completar las firmas antes del fin de esta semana. La indicación de Damares Alves pasa ahora a la Comisión de Constitución y Justicia, que decidirá si crea el grupo de trabajo. En el STF, un juicio sobre la conducta de Mendonça está fijado para el 23 de septiembre, según BBC News Brasil, y Dino tiene hasta el 15 de diciembre para devolver el proceso sobre Moraes.