El Banco Central de Brasil aprobó el 4 de agosto de 2021 la junta directiva del Banco Master que incluía a Angelo Antonio Ribeiro da Silva, un ejecutivo que estaba bajo investigación de la CVM, el regulador del mercado de valores, por supuesta manipulación de precios y cuyo caso ya había sido comunicado formalmente a la autoridad monetaria. La revelación es de ICL Notícias, a partir de un informe de la propia CVM citado en una decisión del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), divulgada el jueves (24). La aprobación ocurrió en la gestión de Roberto Campos Neto al frente del BC e incluyó también a Daniel Vorcaro y Luiz Antonio Bull.
Angelo era responsable de emitir órdenes de negociación del entonces Banco Máxima con cuotas del fondo inmobiliario CARE11, vinculado al sector funerario. El área técnica de la CVM identificó 455 operaciones de compra entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019 y concluyó que el banco actuó de forma coordinada y sistemática, sobre todo en las últimas sesiones de cada mes; en períodos relevantes respondió por entre el 48,9% y el 87% de las compras. En una grabación reproducida en el expediente, el ejecutivo dice que la operación era para que el precio "no cayera" y pide al operador una "protección en el papel".
La investigación se convirtió en el proceso administrativo sancionador 19957.006441/2021-87, con propuesta de responsabilizar al banco y al ejecutivo. El fondo del asunto nunca fue juzgado: en noviembre de 2022 la CVM aceptó un acuerdo por el que Máxima se comprometió a pagar R$ 2,208 millones y Angelo, R$ 736 mil, un total de R$ 2,944 millones, sin reconocimiento de culpa. En su defensa, el banco afirmó que creía en la valorización de los activos del sector funerario, que las compras eran parte de su estrategia de inversión y que la baja liquidez del fondo explicaba el efecto de las órdenes sobre la cotización. No existe condena y Angelo sigue en condición de investigado en el caso Master.
Cronología
En febrero de 2019, el BC rechazó la transferencia del control de Máxima a Vorcaro por insuficiencia de información sobre el origen de los recursos. Ocho meses después, ya con Campos Neto, la dirección colegiada lo reconsideró y autorizó la operación. En 2020, la propia supervisión del BC señaló problemas de liquidez y advirtió a Vorcaro de que incumplir las exigencias podría llevar a la liquidación extrajudicial. En 2021, Máxima pasó a llamarse Master, Angelo fue homologado como director y el BC autorizó la compra del Banco Vipal. Entre 2022 y 2024, la fiscalización envió 31 oficios al conglomerado exigiendo ajustes. En noviembre de 2025, ya bajo Gabriel Galípolo, el banco fue liquidado por una grave crisis de liquidez.
Investigación en el STF
El jueves, Dino ordenó a la Policía Federal investigar la actuación de la CVM en el caso Master por supuesta omisión. Según G1, uno de los focos es el archivo, en 2022, de una denuncia enviada por el FGC, el fondo de garantía de depósitos brasileño, que señalaba más de R$ 3.000 millones en activos ilíquidos, de un total de unos R$ 5.000 millones captados con cobertura del fondo. El informe del grupo de trabajo de la CVM registró que no hubo ninguna acción de investigación tras recibir el relato. Un levantamiento de ICL Notícias muestra que el BC recibió cuatro comunicaciones de la CVM sobre el universo Master entre 2020 y 2022, todas en la gestión Campos Neto, además de otras dos en 2025 y en enero de 2026. Consultado, el BC no respondió qué medidas adoptó.
Campos Neto sostiene que decisiones como la intervención o la liquidación no dependían solo de él y que ninguna propuesta en ese sentido llegó a la dirección colegiada durante su gestión. Según una reportaje del Estadão citado por ICL Notícias, evitó medidas más extremas en al menos dos ocasiones en 2024, cuando el Master se comprometió a captar R$ 15.000 millones a largo plazo y consiguió unos R$ 2.000 millones. Los próximos pasos tienen fecha: la PF debe entregar el primer informe de la investigación en un plazo de 60 días contados desde el 24 de septiembre, la CVM fue intimada a entregar en 72 horas la totalidad del expediente archivado, y Galípolo confirmó al Estadão y a O Globo que declarará ante la PF como testigo en octubre.