El Banco Central de Brasil aprobó el 4 de agosto de 2021 la junta directiva del Banco Master que incluía a Angelo Antonio Ribeiro da Silva, un ejecutivo que estaba bajo investigación de la CVM, el regulador del mercado de valores, por supuesta manipulación de precios y cuyo caso ya había sido comunicado formalmente a la autoridad monetaria. La revelación es de ICL Notícias, a partir de un informe de la propia CVM citado en una decisión del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), divulgada el jueves (24). La aprobación ocurrió en la gestión de Roberto Campos Neto al frente del BC e incluyó también a Daniel Vorcaro y Luiz Antonio Bull.Angelo era responsable de emitir órdenes de negociación del entonces Banco Máxima con cuotas del fondo inmobiliario CARE11, vinculado al sector funerario. El área técnica de la CVM identificó 455 operaciones de compra entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019 y concluyó que el banco actuó de forma coordinada y sistemática, sobre todo en las últimas sesiones de cada mes; en períodos relevantes respondió por entre el 48,9% y el 87% de las compras. En una grabación reproducida en el expediente, el ejecutivo dice que la operación era para que el precio "no cayera" y pide al operador una "protección en el papel".La investigación se convirtió en el proceso administrativo sancionador 19957.006441/2021-87, con propuesta de responsabilizar al banco y al ejecutivo. El fondo del asunto nunca fue juzgado: en noviembre de 2022 la CVM aceptó un acuerdo por el que Máxima se comprometió a pagar R$ 2,208 millones y Angelo, R$ 736 mil, un total de R$ 2,944 millones, sin reconocimiento de culpa. En su defensa, el banco afirmó que creía en la valorización de los activos del sector funerario, que las compras eran parte de su estrategia de inversión y que la baja liquidez del fondo explicaba el efecto de las órdenes sobre la cotización. No existe condena y Angelo sigue en condición de investigado en el caso Master.CronologíaEn febrero de 2019, el BC rechazó la transferencia del control de Máxima a Vorcaro por insuficiencia de información sobre el origen de los recursos. Ocho meses después, ya con Campos Neto, la dirección colegiada lo reconsideró y autorizó la operación. En 2020, la propia supervisión del BC señaló problemas de liquidez y advirtió a Vorcaro de que incumplir las exigencias podría llevar a la liquidación extrajudicial. En 2021, Máxima pasó a llamarse Master, Angelo fue homologado como director y el BC autorizó la compra del Banco Vipal. Entre 2022 y 2024, la fiscalización envió 31 oficios al conglomerado exigiendo ajustes. En noviembre de 2025, ya bajo Gabriel Galípolo, el banco fue liquidado por una grave crisis de liquidez.Investigación en el STFEl jueves, Dino ordenó a la Policía Federal investigar la actuación de la CVM en el caso Master por supuesta omisión. Según G1, uno de los focos es el archivo, en 2022, de una denuncia enviada por el FGC, el fondo de garantía de depósitos brasileño, que señalaba más de R$ 3.000 millones en activos ilíquidos, de un total de unos R$ 5.000 millones captados con cobertura del fondo. El informe del grupo de trabajo de la CVM registró que no hubo ninguna acción de investigación tras recibir el relato. Un levantamiento de ICL Notícias muestra que el BC recibió cuatro comunicaciones de la CVM sobre el universo Master entre 2020 y 2022, todas en la gestión Campos Neto, además de otras dos en 2025 y en enero de 2026. Consultado, el BC no respondió qué medidas adoptó.Campos Neto sostiene que decisiones como la intervención o la liquidación no dependían solo de él y que ninguna propuesta en ese sentido llegó a la dirección colegiada durante su gestión. Según una reportaje del Estadão citado por ICL Notícias, evitó medidas más extremas en al menos dos ocasiones en 2024, cuando el Master se comprometió a captar R$ 15.000 millones a largo plazo y consiguió unos R$ 2.000 millones. Los próximos pasos tienen fecha: la PF debe entregar el primer informe de la investigación en un plazo de 60 días contados desde el 24 de septiembre, la CVM fue intimada a entregar en 72 horas la totalidad del expediente archivado, y Galípolo confirmó al Estadão y a O Globo que declarará ante la PF como testigo en octubre.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinó este viernes (25) que la Procuraduría General de la República (PGR), el ministerio público federal de Brasil, se pronuncie sobre los pedidos pendientes en las investigaciones del caso Master y del INSS, el instituto que paga las pensiones estatales del país. Entre ellos hay solicitudes de revocación de prisiones preventivas y un pedido de la Policía Federal para prorrogar indagatorias. La Procuraduría tiene cinco días para presentar su dictamen; después, los autos vuelven al despacho de Fachin.En la decisión, Fachin pidió que la PGR evalúe la pertinencia, la necesidad y la adecuación de las medidas solicitadas, además de su eventual repercusión sobre las investigaciones en curso. La Procuraduría también debe pronunciarse sobre a quién corresponde resolver esos pedidos: a la Presidencia del tribunal o al relator de los procesos, ministro André Mendonça. Todavía no está definido qué ocurrirá después del dictamen ni quién quedará a cargo de los casos.Los procesos tramitan hoy en la Presidencia del STF, que optó por someter los pedidos a la PGR antes de cualquier decisión. Defensas pidieron la revocación de la prisión de siete investigados del caso Master: Henrique Vorcaro, Felipe Vorcaro, Rodrigo Franco, Marilson Roseno da Silva, Fabiano Zettel, Daniel Monteiro y Sebastião Monteiro Júnior. En el INSS, la defensa del expresidente del instituto Alessandro Stefanutto recurrió a la Presidencia del tribunal contra su prisión preventiva, vigente desde hace más de 300 días, según la columna Painel, de Folha de S.Paulo.Cómo llegaron los casos a la PresidenciaLa disputa en torno a las indagatorias atravesó el mes de septiembre. El G1 y la CNN Brasil informaron que el ministro Alexandre de Moraes pidió indagar la actuación de Mendonça en el caso Master, y la BBC Brasil reportó que Fachin aplazó el 17 el juicio sobre el tema. Antes de la decisión de este viernes, había duda sobre si Fachin analizaría los pedidos o devolvería los procesos al relator. La orden eligió el camino intermedio: escuchar primero a la Procuraduría, comandada por el procurador general Paulo Gonet.El mismo día, el consejo superior del ministerio público federal debatía al propio Gonet. El órgano analizaba representaciones motivadas por menciones al procurador general en mensajes extraídos del celular del banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master y preso en el marco del escándalo financiero, en medio del desgaste provocado por la divulgación de una foto de ambos en un encuentro en Londres. El marcador provisorio era de 3 a 0 para mantener a Gonet al frente del caso y de 2 a 1 contra abrir una investigación contra él, con votos aún en curso; la subprocuradora Janice Ascari defendió recolectar información preliminar. El relator, subprocurador general Francisco Sanseverino, afirmó que "no se pueden examinar frases o intercambios de mensajes de forma aislada o descontextualizada". Gonet, que no presidió la sesión por ser objetivo del procedimiento, niega cercanía con Vorcaro y calificó el contacto entre ambos como "brevísimo y banal".Lo que viene despuésEl próximo paso es el dictamen de la PGR, con plazo de cinco días. De regreso en el STF, Fachin decidirá los pedidos de revocación de prisión y la prórroga de las indagatorias, o enviará los procesos al relator, según la posición de la Procuraduría. Todas las prisiones citadas son preventivas, decretadas dentro de indagatorias, y todas las personas mencionadas tienen la condición de investigados, sin condena registrada hasta ahora.

El Consejo Superior del Ministerio Público Federal de Brasil (CSMPF) avanzó este viernes (25) hacia mantener al procurador general de la República, Paulo Gonet, al frente de las investigaciones del caso Master. Los tres consejeros que ya votaron rechazaron su separación del caso; en el fondo, el marcador es de 2 a 1 por archivar la denuncia penal contra el procurador, y la subprocuradora Janice Ascari defendió recopilar información preliminar. La sesión prosigue con los votos de los demás consejeros.El órgano analiza un procedimiento interno abierto después de que la Policía Federal encontrara menciones a Gonet en mensajes extraídos del celular de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master y preso por el escándalo financiero. Gonet no participó en la sesión por ser el objeto del procedimiento; la mesa fue presidida por el vicepresidente del consejo, el subprocurador Nicolao Dino. Según g1, el procurador afirma que no tenía relación de proximidad con el banquero y calificó el contacto entre ambos como "brevísimo y banal".Los votosEl relator, subprocurador Francisco Sanseverino, dividió su análisis. Primero votó contra separar a Gonet por una cuestión procesal; después negó el pedido de designar a un subprocurador general para conocer de las representaciones, lo que rechaza abrir una investigación. Según Poder360, afirmó que en las más de 200 páginas del informe de la Policía Federal no hay registro de comunicación directa entre Vorcaro y el procurador: las menciones aparecen en conversaciones entre terceros, entre ellas las del exabogado del banquero, Ciro Soares, "sin cualquier participación directa o indirecta del procurador general de la República". El consejero Celso de Albuquerque acompañó íntegramente el voto del relator."No se puede examinar frases o intercambios de mensajes de forma aislada o descontextualizada para no crear una situación artificial que no corresponde a la realidad de los hechos", afirmó Sanseverino.Janice Ascari divergió en parte. Votó contra la separación de Gonet, pero acogió parcialmente la representación para que se designe a un subprocurador o una subprocuradora para conocer de la denuncia penal y de las piezas vinculadas a ella, posición equivalente a recopilar información preliminar antes de cualquier decisión de fondo.El caso y los próximos pasosAntecedentes para quien llega ahora al caso: Vorcaro fue preso en la Operación Compliance Zero, que investiga delitos financieros ligados al Banco Master. En su celular, la Policía Federal encontró mensajes en los que Ciro Soares se presentaba como interlocutor con el procurador general y le reenviaba mensajes suyos. El 19 de junio de 2025, según Poder360, el abogado envió al banquero una foto en la que Gonet y Vorcaro aparecen sentados juntos en un evento en Londres, acompañados de otros dos hombres, con el mensaje "PG me mandou", una referencia al procurador general. El informe de la Policía Federal, que también traía referencias al ministro Alexandre de Moraes y al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, generó debates en el Supremo Tribunal Federal y llevó a la apertura del procedimiento interno.Sanseverino también afirmó que un eventual delito de responsabilidad del procurador general corresponde juzgarlo al Senado, y que el consejo solo puede verificar indicios de delito común. Sobre el plazo pedido por la Procuraduría en marzo de 2026, antes de pronunciarse sobre el pedido de prisión de Vorcaro, el relator dijo que no hubo favorecimiento: había un exceso de documentación en un plazo de 72 horas para analizar la tercera fase de la operación. Los próximos pasos dependen de los votos restantes, aún este viernes (25), sin hora prevista de cierre: si prevalece el archivo, el procedimiento se cierra; si el consejo entiende que hay indicios de delito común, se designará a un subprocurador general para analizar el material.

La Policía Federal detuvo en la mañana de este viernes (25), en Boa Vista, al candidato a diputado federal Daniel Trindade, del Partido Liberal (PL), por sospecha de compra de votos. La detención ocurrió durante la Operación Cunhambebe, que investiga su supuesta participación en la creación y el entrenamiento de una milicia privada para actuar en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, una de las mayores reservas indígenas de Brasil, en el norte de Roraima. Trindade es investigado y goza de presunción de inocencia.La operación cumplió tres órdenes de búsqueda y decomiso emitidas por la Justicia Federal, en direcciones vinculadas al candidato en Boa Vista y en el municipio de Cantá. Las órdenes fueron autorizadas por el juez Victor Oliveira de Queiroz, del 4º Juzgado Federal Penal de Roraima. Según averiguó la emisora Rede Amazônica, los agentes encontraron durante las búsquedas indicios de delitos electorales, y el candidato fue llevado a la sede de la Policía Federal en el estado. El portal G1 informó que intenta contactar a la defensa de Trindade, que no se había pronunciado hasta la publicación.Cómo comenzó el casoLas investigaciones empezaron en mayo de este año, después de que agentes de la Policía Federal de Carreteras y del instituto ambiental Ibama fueran atacados durante una acción contra la minería ilegal de oro en la comunidad Napoleão, una de las zonas más afectadas por la extracción de oro con cianuro dentro de la reserva. Integrantes de un grupo intentaron bloquear el paso de los vehículos, y vídeos registrados en la región muestran a los agentes perseguidos por motocicletas, entre sonidos similares a disparos. La PF descubrió entonces que Trindade impartía un curso clandestino de seguridad privada, sin autorización del órgano, que enseñaba tácticas operativas. A pedido de la policía, la Justicia suspendió el curso por 180 días. Según G1, el candidato es señalado como responsable de incentivar delitos e intentar impedir la fiscalización ambiental en la región, y la milicia estaría formada por indígenas.Qué alega la policía y qué ordenó la JusticiaEn una nota oficial, que no menciona el nombre del candidato, la Policía Federal afirma que el objetivo de la operación es aclarar la extensión de los hechos, identificar posibles participantes e interrumpir actividades ilícitas en curso, y enumera los delitos investigados:"Según los elementos reunidos hasta el momento, hay indicios de la práctica, en tesis, de los delitos de constitución de milicia privada, incitación al delito, receptación calificada, exposición de la vida o de la salud de terceros a peligro, ejercicio ilegal de actividad económica y obstrucción de la fiscalización ambiental."En su decisión, el juez Victor Oliveira de Queiroz prohibió a Trindade entrar en cualquier tierra indígena de Roraima y mantener contacto con miembros de la comunidad Napoleão o con el presidente de la Asociación de Arqueros de Roraima. También ordenó el decomiso de documentos y aparatos electrónicos para pericias y autorizó que el candidato sea registrado en la vía pública, ya que viaja constantemente por el interior en campaña electoral. Si incumple cualquiera de las restricciones, puede dictarse su prisión preventiva.Los próximos pasos son el análisis pericial del material incautado en las búsquedas de este viernes y la presentación de Trindade ante la Justicia Federal, para la cual todavía no había fecha divulgada hasta la publicación. Las acusaciones de compra de votos son juzgadas por la Justicia Electoral, que puede anular la candidatura en caso de condena. Trindade disputa un escaño de diputado federal por Roraima en las elecciones de octubre.

Robson Calixto da Fonseca, alias Peixe, exasesor del exconsejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão y condenado a nueve años de prisión por integrar la organización criminal del caso Marielle Franco, fue señalado por la Policía Federal como intermediario de una enmienda parlamentaria de 200.000 reales del senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato a la Presidencia, a una ONG investigada por sospecha de desvío de dinero público. El diario O Globo detalló este viernes (25) la trayectoria del miliciano. Las enmiendas permiten a los congresistas brasileños destinar fondos federales a proyectos elegidos por ellos. La de Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se envió en noviembre de 2023 al Instituto de Formação Profesional José Carlos Procópio (Ifop), para un proyecto deportivo con niños en Taquara, en Río de Janeiro.La negociación apareció en mensajes de WhatsApp incautados en el celular de Peixe durante la investigación del asesinato de Marielle y del conductor Anderson Gomes, ocurrido en 2018. Los diálogos fueron revelados primero por el diario O Estado de S. Paulo y la revista piauí. El 24 de octubre de 2023, Peixe escribió a Maria de Fátima Bezerra Castro, Fafá, secretaria parlamentaria de la oficina de Flávio en el Senado a quien la Policía Federal describe como "interlocutora directa" del miliciano: "Amiga, vê com o nosso senador se consegue nos ajudar" (Amiga, mira si nuestro senador puede ayudarnos). Fafá pidió un oficio y, dos días después, invitó a Peixe a un evento con el senador, al que debía llevar al entonces diputado Chiquinho Brazão. "Vas también y refuerzas el pedido con el senador", escribió. El 6 de noviembre, Peixe insistió: "No te olvides del Ifop, mira si el senador puede favorecernos". El 29 de noviembre de 2023, la enmienda de 199.999,79 reales fue enviada al Ministerio de Deporte, que transfirió el valor al Ifop mediante un convenio para el proyecto Jogadores do Futuro, que preveía la compra de botines de fútbol. En enero de 2024, tras el desembolso, Fafá pidió al miliciano cuatro entradas para el desfile de los campeones del carnaval en un palco vip, según la PF.De la Alerj a la condena en el STFPeixe es un policía militar retirado. Fue asesor de Domingos Brazão en la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) y lo acompañó cuando el político asumió el TCE-RJ. Para la Procuraduría General de la República, actuaba como una especie de operador del grupo: gestionaba negocios inmobiliarios irregulares y servía de testaferro, o "laranja", de los hermanos Brazão. En la delación del expolicía Ronnie Lessa, quien admitió haber disparado contra Marielle, Peixe es descrito como el "hombre de confianza" y el "hombre para todo" de Domingos, y habría conseguido el subfusil HK MP5 usado en el crimen, versión que él niega. Denuncias al Disque-Denúncia de 2018, citadas en un informe de la PF, lo señalaban como responsable de recolectar dinero de extorsiones de milicianos en la región de Taquara. Las milicias de Río son bandas paramilitares, muchas veces dirigidas por policías, que controlan territorios y servicios en barrios populares.Los hermanos Brazão, condenados como mandantes del asesinato, fueron arrestados en marzo de 2024. Peixe fue detenido en mayo de ese año y juzgado en febrero por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo condenó a nueve años de prisión y a la pérdida del cargo por organización criminal armada. A diferencia de los Brazão, no fue condenado por los homicidios de Marielle y Anderson. En su voto, el ministro Alexandre de Moraes escribió que Peixe participaba en la construcción de inmuebles y lotes clandestinos, la extorsión, la usurpación de tierras y la explotación del "gatonet", las conexiones ilegales de TV por cable.Operación Emendatio y las defensasEl desembolso quedó bajo la lupa de la Operación Emendatio, lanzada por la PF en julio con autorización de Moraes para investigar, junto con la Contraloría General de la Unión (CGU), sospechas de peculado, lavado de dinero y organización criminal en enmiendas a entidades ligadas al grupo Brazão. Según O Globo, que reveló en mayo la investigación sobre la enmienda de Flávio, organizaciones indicadas por Peixe a diputados y senadores recibieron 268 millones de reales entre 2020 y 2024. El Ifop recibió en total 2 millones de reales públicos, los únicos de su historia: 200.000 de Flávio, 300.000 de la diputada Chris Tonietto (PL) y 1,5 millones de Chiquinho Brazão, liberados en 2025, después del arresto del entonces diputado. Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 2025 señaló que la empresa contratada para coordinar el proyecto deportivo es una sociedad de abogacía unipersonal cuyo responsable es el propio presidente del instituto, y padres de alumnos relataron que los botines prometidos no llegaron. Ni Flávio ni Tonietto fueron objeto de órdenes judiciales en la operación.Consultado, Flávio afirmó en una nota publicada por el Estadão que la enmienda siguió la legislación y que el control corresponde a los órganos de fiscalización:"La enmienda fue destinada dentro de la legislación vigente y de los criterios técnicos del Ministerio de Deporte. La entidad ejecutora presentó facturas de los materiales adquiridos y devolvió los valores no utilizados. La responsabilidad por la ejecución de los recursos es de la entidad beneficiaria, no del parlamentario. Eventuales irregularidades deben ser investigadas por los órganos de control, como determina la ley."El senador no comentó los diálogos de Fafá con Peixe; la asesora y la defensa del miliciano no respondieron a los medios. El Ifop niega cualquier relación con el miliciano o con los hermanos Brazão y afirma que los recursos se usaron en clases de fútbol para niños. La defensa de Domingos Brazão dijo que no actúa en este caso, y la de Chiquinho Brazão afirmó no tener conocimiento de la investigación. La pesquisa sigue abierta en el STF, sin fecha prevista de conclusión. Es la segunda investigación reciente de la PF en la que aparece el nombre de Flávio, tras el caso del banquero Daniel Vorcaro y la película Dark Horse, y tiene peso político: compite por la Presidencia en las elecciones de octubre.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, segunda corte más alta del país, decidió que los bancos pueden cerrar cuentas corrientes de clientes por iniciativa propia sin violar el Código de Defensa del Consumidor (CDC). En un juicio realizado el 3 de septiembre y con el fallo publicado el miércoles 23, la Segunda Sección dejó sin aplicación el artículo 39, inciso IX, de esa ley de 1990, que considera abusivo negarse a vender bienes o prestar servicios a quien esté dispuesto a pagar. Como el asunto se juzgó por la vía de los recursos repetitivos, un mecanismo que obliga a los tribunales de todo el país, la tesis orienta ahora los casos similares.El relator, ministro Humberto Martins, sostuvo que el propio CDC exceptúa los servicios regulados por leyes especiales, lo que incluye al sector bancario. Normas del Consejo Monetario Nacional (CMN) ya permiten, según el ministro, que cualquiera de las partes dé por terminado el contrato de cuenta corriente. Añadió dos razones más: la norma del CDC rige para relaciones de pago inmediato, mientras que la cuenta corriente es un contrato de larga duración con varios servicios asociados; y el artículo trata de la negativa a contratar antes de que la relación empiece, situación distinta del cierre de una cuenta ya abierta.Martins observó además que la regulación bancaria obliga a cerrar cuentas en casos de fraude y lavado de dinero, algo incompatible con la prohibición del CDC. Aun así, fijó deberes para el banco.Deben respetarse, sin embargo, el derecho a la información, la notificación previa y la no retención del saldo, así como los procedimientos para que el titular cumpla sus compromisos con la institución financiera o de carácter legal.Cronología del casoEl proceso elegido como representativo de la controversia lo presentaron cuatro empresas contra un banco que les avisó de que sus cuentas serían cerradas por "desinterés comercial". Pidieron ante la Justicia mantener las cuentas o recibir un plazo para transferir sus operaciones a otra institución.febrero de 2019: las cuatro empresas son notificadas del cierre de sus cuentas corrientes;primera instancia: pedidos denegados;Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP): derrota en segunda instancia;3 de septiembre de 2026: la Segunda Sección del STJ juzga el repetitivo;23 de septiembre de 2026: se publica el fallo, que vuelve la tesis obligatoria para todos los tribunales.Según el fallo, el núcleo de precedentes del tribunal había identificado unos 17 fallos anteriores y 1.224 decisiones individuales de ministros sobre el mismo asunto. Durante unas dos décadas, el STJ ya venía decidiendo que la norma del CDC no se aplicaba al cierre de cuentas. En el caso concreto, el recurso de las cuatro empresas no fue admitido a trámite.ReaccionesPara la Febraban (Federación Brasileña de Bancos), la decisión refuerza la seguridad jurídica del sistema financiero. "La decisión aporta mayor claridad sobre las condiciones en que puede finalizarse una relación contractual bancaria, preservando la autonomía de las partes", afirmó la entidad. La federación también defendió que cerrar cuentas es importante para combatir fraudes y lavado de dinero, y recordó que el sector tiene reglas autorreguladas sobre el tema, incluida la comunicación de la decisión a los clientes.La abogada especialista en derecho del consumidor Beatriz Quintas de Melo Teixeira, consultada por Folha de S.Paulo, afirmó que el fallo no creó un poder nuevo para los bancos. "El repetitivo solo consolidó ese entendimiento y lo volvió obligatorio para todos los tribunales. No es una innovación, es una unificación", dijo. En su lectura, el "desinterés comercial" funciona como un paraguas que puede albergar motivos variados, desde la sospecha de uso ilícito de la cuenta hasta riesgo reputacional, cliente investigado, cuenta con pérdidas, reevaluación de riesgo de crédito o simple pérdida de interés en la relación.Con el fallo publicado, los procesos individuales sobre el tema serán resueltos en las demás instancias según la tesis fijada. Para las cuatro empresas del caso modelo, el desenlace ya está definido: el STJ no admitió su recurso.

El ministro Maurício Godinho Delgado, del Tribunal Superior del Trabajo (TST) de Brasil, determinó que al menos el 60% de los empleados de la Caixa Econômica Federal permanezcan en actividad durante la huelga nacional de la categoría. La medida vale para cada sucursal, de forma presencial o remota, y fue concedida de forma provisional en la noche del jueves (24), dentro del conflicto colectivo que el banco llevó a la Justicia del Trabajo.Cada sindicato que incumpla la orden estará sujeto a una multa diaria de 100.000 reales. Según Folha de S.Paulo, la orden rige a partir de la divulgación o notificación de la decisión, y el ministro pidió urgencia para notificar a las partes todavía este viernes (25). La Caixa había pedido el mantenimiento del 80% de la plantilla; el tribunal atendió el pedido solo en parte y fijó un porcentaje menor.CronologíaLos empleados están en huelga desde el 10 de septiembre, cuando rechazaron la propuesta de renovación del acuerdo colectivo de trabajo, vencido el 31 de agosto. El lunes (21), la categoría rechazó una segunda propuesta del banco. Según la Caixa, las negociaciones para el ciclo 2026-2028 no llegaron a un consenso, principalmente por el nuevo modelo de financiamiento del plan de salud Saúde Caixa. En la mañana del jueves (24), el banco recurrió al TST.Lo que sostiene cada parteLa Caixa alega que la paralización afecta servicios esenciales, como la compensación bancaria y el pago de beneficios sociales, entre ellos el Bolsa Família, el programa de transferencia de renta que el banco distribuye. También pidió que se prohibiera a los empleados cualquier actividad que dificultara el libre acceso a las sucursales. Godinho Delgado negó ese punto: afirmó que la ley ya exige una huelga pacífica y que no hay indicios de que el movimiento esté siendo conducido con desvíos o excesos.Para las dos confederaciones que representan a los trabajadores en el proceso, la Contraf (ramo financiero) y la Contec (empresas de crédito), la medida provisional mantiene las cláusulas del acuerdo colectivo 2024-2026 hasta una decisión definitiva, lo que protege a los empleados. Según el TST, el relator sopesó la necesidad de preservar la atención ante demandas inaplazables de los clientes y de la sociedad en general, sin hacer inviable el derecho constitucional de huelga. El ministro también levantó el secreto de justicia del proceso.El conflicto colectivo será juzgado por la Sección Especializada en Disidios Colectivos (SDC) del TST el martes (29), a las 14h30. Hasta entonces, la medida provisional sigue en vigor.

Swedenberger Barbosa, conocido como Berger, subjefe del Gabinete de la Presidencia de Brasil, fue aconsejado por personas cercanas al presidente Lula a renunciar, informó el sitio Metrópoles este jueves (24). La presión llegó un día después de que su columna revelara que el asesor recibió regalos por decenas de miles de reales de la lobista Roberta Luchsinger, socia de Fábio Luís Lula da Silva, Lulinha, hijo mayor del presidente. Según la información, aún no está claro si Berger dejará el cargo ni cuándo. La definición llega a diez días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.Entre los regalos listados por Metrópoles, con base en mensajes obtenidos de la lobista, están un reloj Cartier Tank de oro de 66.000 reales, comprado el 29 de abril de 2024; un cuadro del pintor Antonio Veronese adquirido por 13.000 euros, unos 83.000 reales en la época; un anillo para la esposa del asesor; y una fiesta de cumpleaños en un palco del estadio Mané Garrincha, en Brasilia, el 9 de noviembre de 2024, durante un show de Caetano Veloso y Maria Bethânia. En esa fecha, Berger era el número dos del Ministerio de Salud, en la gestión de la entonces ministra Nísia Trindade, y, según la información, trabajaba con Luchsinger en la liberación de recursos para estados y municipios. El palco de la fiesta pertenece a la empresa 3Structure, para la que Luchsinger hacía lobby y que obtuvo contratos públicos por 86 millones de reales en el gobierno de Lula, según el sitio.En los mensajes divulgados, el asesor agradece la fiesta de sus 67 años:"Buen día, amiga. Agradezco muchísimo toda la consideración y la amistad. La fiesta que usted y otros amigos me dedicaron fue linda, impecable."Cómo el caso llegó al PlanaltoLa crisis nació de las investigaciones de la Policía Federal sobre Lulinha. Según Folha de S.Paulo, la PF analiza mensajes y movimientos financieros en tres investigaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias, y sospecha que Luchsinger defendía intereses privados ante órganos federales junto a dos socios ocultos: Lulinha y el empresario Fernando Bittar. Al menos cuatro integrantes o exintegrantes del gobierno aparecen citados: Ranniêr Costa Ciríaco, secretario ejecutivo adjunto del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social; José Martinho Ferreira de Araújo; Marco Aurélio Santana Ribeiro, el Marcola, exjefe de Gabinete de Lula; y Swedenberger. La salida de Marcola del gobierno, a comienzos de agosto, llevó la crisis a la antesala del Planalto, informó Gazeta do Povo. En una entrevista en TV Globo, el 27 de agosto, Lula negó conocer a la lobista. "No conozco a esa señora. Nunca la he visto en mi vida. Nunca he hablado con esa señora", dijo el presidente, que la llamó "pilantra".Metrópoles también relata que Luchsinger consiguió ropa, entradas para shows y una pieza de joyería para Cláudia Troiano, la Claudinha, secretaria personal del presidente, que se habría hospedado en el departamento de la lobista en São Paulo en marzo de 2025. Cuando la relación entre Berger y la lobista se hizo pública, el Planalto decidió mantenerlo en el cargo para no "quemar la largada", registró el sitio.En nota, el Planalto afirmó que Berger y Claudinha niegan "categóricamente" haber recibido regalos o ventajas indebidas de Luchsinger. Berger guarda silencio sobre las acusaciones; en los mensajes, sin embargo, agradece la fiesta y envía una foto del cuadro de Veronese colgado en su casa, con un emoji de corazón. Hasta ahora no hay imputación divulgada contra ninguna de las personas citadas. El próximo paso inmediato es político: según Metrópoles, el entorno del presidente espera la decisión de Berger sobre el cargo. Sobre las investigaciones de la PF, Folha no informa plazo de conclusión.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió este miércoles (23) que las madres biológicas y las adoptivas tienen derecho al mismo período de licencia de maternidad, sin importar su vínculo laboral. En el juicio de la ADI 7495, una acción de inconstitucionalidad, el Pleno garantizó 120 días de alejamiento remunerado, prorrogables por otros 60 días, para trabajadoras del régimen privado, servidoras públicas federales, militares de las Fuerzas Armadas y miembros del Ministerio Público de la Unión. El relator fue el ministro Alexandre de Moraes.El Pleno declaró inconstitucionales las normas que daban trato diferente a gestantes y adoptantes en el Estatuto de los Servidores Públicos Civiles de la Unión (Ley 8.112/1990), en la CLT, el código laboral brasileño, en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Unión, en el programa Empresa Cidadã y en la regla de licencias parentales de las Fuerzas Armadas. La licencia comienza a contar desde el noveno mes de gestación, el parto, el alta hospitalaria del recién nacido o de la madre (lo que ocurra último), la adopción o la obtención de la guarda con fines de adopción.El caso y los argumentosLa acción fue presentada por la Procuraduría General de la República, que señalaba plazos distintos según el vínculo de la trabajadora. Antes de la decisión, la CLT garantizaba 120 días, prorrogables por 60 si la empresa adhería al programa Empresa Cidadã; las servidoras federales adoptantes tenían 90 días al adoptar a un niño de hasta un año y 30 días en los demás casos; las Fuerzas Armadas no preveían licencia para adoptantes; y la ley de la carrera del Ministerio Público de la Unión daba solo 30 días a quienes adoptaban niños de hasta un año. El procurador general, Paulo Gonet, pidió que el tribunal garantizara 180 días a todas las madres, sin distinción de régimen. El juicio comenzó el 16 de septiembre y terminó el 23, con el Pleno acompañando el voto del relator; según el sitio jurídico Legalcloud, la aprobación fue unánime.En los votos, los ministros sostuvieron que la licencia de maternidad sirve, ante todo, al interés del niño. El ministro André Mendonça recordó que entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 el STF analizó más de una decena de casos sobre el tema, con precedentes contrarios a la discriminación entre madres biológicas y adoptivas. Para el ministro Nunes Marques, las necesidades de cuidado del niño no varían según la condición profesional de la madre."La Constitución protege realidades humanas, y no la naturaleza jurídica del vínculo profesional de madres y padres", afirmó Nunes Marques, según la nota del tribunal.Para las trabajadoras del sector privado con contrato formal el cambio práctico es pequeño, porque la CLT ya garantizaba 120 días a la madre biológica y también preveía el beneficio en la adopción, informó la Folha de S.Paulo. Según la abogada laboral y previsional Adriana Faria, consultada por el diario, la decisión consolida el entendimiento de que la protección se aplica sin importar cómo se constituye la maternidad ni el vínculo funcional.Efectos inmediatos y próximos pasosPor sugerencia del ministro Cristiano Zanin, el tribunal fijó que la decisión surte efectos desde el cierre del juicio, el 23 de septiembre, y no desde la publicación del acta, para proteger a madres y niños que ya están en licencia y podrían tener dificultades para obtener la prórroga. Las licencias ya finalizadas no se ven afectadas. El Pleno señaló además que corresponde al Legislativo definir si y cómo el período puede repartirse entre los integrantes del núcleo familiar. En lo procesal, el siguiente paso es la publicación del acta del juicio, pero los efectos ya rigen para todas las licencias en curso o futuras.

El Consejo Superior del Ministerio Público Federal (CSMPF) decide este viernes (25) si abre una revisión formal por posibles delitos del procurador general de la República, Paulo Gonet, jefe del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil. La sesión extraordinaria está fijada para las 10 de la mañana en Brasilia. El análisis parte de menciones a Gonet en mensajes del banquero Daniel Vorcaro, investigado en el caso Master, la causa sobre el Banco Master que tramita en el Tribunal Supremo Federal (STF). Según el sitio g1, el caso es inédito en el Consejo.Según el g1, los nueve consejeros evaluarán la actuación de Gonet en la conducción de las investigaciones sobre el banco, en la prisión de Vorcaro y en el trámite de las apuraciones del caso, y definirán si las referencias al procurador se archivan o si hay elementos para profundizar. El sitio Metrópoles informa que el procedimiento es una "noticia de hecho", figura de denuncia formal, sobre la conducta de Gonet en procesos ante el STF, en especial las peticiones 15.556/DF y 16.662/DF, que reúnen informes de la Policía Federal con mensajes de Vorcaro que citan a Gonet. El Consejo también debatirá si Gonet debió declararse impedido o sospechoso de actuar en los casos del Master.El casoLas menciones a Gonet se hicieron públicas en julio. Desde entonces, el procurador general venía sumando apoyos entre subprocuradores y la base del MPF, según el g1. El escenario cambió con la divulgación de una foto de Gonet junto a Vorcaro en una reunión social en Londres: el jefe del MPF aparece con un puro en las manos y copas de whisky sobre la mesa. El g1 informa que la imagen habría sido tomada en 2024, tras un evento, y fue enviada por el abogado Ciro Soares en junio de 2025. Su publicación generó duras críticas internas contra Gonet.Gonet niega cualquier proximidad con el banquero. Dijo que la única conexión entre los dos fue "breve y banal". En un oficio al subprocurador general de la República Francisco de Assis Sanseverino, relator del procedimiento, afirmó que el único encuentro presencial ocurrió en abril de 2024, en un evento jurídico público en Londres con otras autoridades. Como citó la columna de Manoela Alcântara, de Metrópoles, escribió:"No tengo con el Sr. Daniel Vorcaro relación de amistad alguna, y mucho menos interés personal en los procesos en los que figure como parte o investigado."La defensa del procurador sostiene que participar en un evento patrocinado por un empresario que después pasó a ser investigado no basta para caracterizar parcialidad. Aliados de Gonet apuestan a que la mayoría del Consejo votará por el archivo, mientras que consejeros críticos de la actual gestión esperan al menos cuestionamientos en la sesión, según el g1. Personas cercanas al procurador consultadas por el analista político Teo Cury, de CNN Brasil, se muestran optimistas; los consejeros con los que habló describieron "sorpresa, incomodidad y malestar" ante los mensajes.Cómo funciona la sesiónLa sesión será presidida por el vicepresidente del Consejo, el subprocurador general Nicolao Dino, hermano del ministro del STF Flávio Dino, según la CNN Brasil. Gonet no debe comparecer, aunque preside el colegiado. Tras la apertura, el relator Sanseverino presenta el caso y los consejeros votan del más nuevo al más antiguo. El viceprocurador general de la República, Hindenburgo Chateaubriand, participa de la votación.Si la mayoría entiende que hay indicios que investigar, se designará a un subprocurador general para analizar los datos y verificar la posible existencia de delito, y luego presentará un informe al Consejo. Si se identifican indicios de delito, los hechos irán al STF, que decidirá sobre la eventual apertura de una investigación; el traslado se explica porque el procurador general responde penalmente ante ese tribunal. El próximo paso es la votación de este viernes (25): archivar las menciones al procurador o profundizar la revisión.

La Policía Federal de Brasil encontró en el celular de la lobista Roberta Luchsinger mensajes que registran pagos en efectivo a dos funcionarios del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, la cartera que administra el programa social Bolsa Família. Según un reportaje del Jornal Nacional de TV Globo emitido en la noche de este jueves (24), las transferencias ocurrieron en junio de 2023, en depósitos de 20.000 reales cada uno. Seis meses después, el ministerio contrató por más de 31 millones de reales a una empresa de tecnología representada por la lobista.Los diálogos fueron extraídos por la PF en una investigación que apura una presunta venta de influencias que involucra a Luchsinger y a Fábio Luís Lula da Silva, Lulinha, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos son objetivo de investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país. En marzo de 2023, Ulisses Barbosa, chofer y asistente personal de la lobista, escribió: "Traje la maleta. Un lado tiene los 500 mil. El otro lado tiene lo que quedó, unos 90 mil más o menos".Los pagos de junio de 2023De acuerdo con el diario O Estado de S. Paulo, citado por G1, parte de ese dinero fue entregada al empresario Fernando Bittar, exsocio de Lulinha. Los mensajes también registran una orden de Luchsinger para que el chofer le entregara 193.000 reales. El 2 de junio de 2023, la lobista pidió:"Ve a mi cuarto, en mi armario, arriba, hay una bolsa con dinero. Toma 60 mil, por favor, para hacer unos pagos para mí".Luego orientó depósitos de 20.000 reales en al menos tres cuentas. Casi tres horas después, el chofer escribió: "Ya estoy en el banco. Por encima de 50 mil al día, por documento, la señorita dijo que el Banco Central ya se fija. Activa una especie de alerta. Solo avisando...". Luchsinger respondió: "Ok. Puede hacer". La PF identificó fotos de dos comprobantes de depósito de 20.000 reales: uno para Rannier Costa Ciriaco, secretario ejecutivo adjunto del ministerio, y otro para José Martinho Ferreira, jefe de ceremonial de la cartera.Contratos posteriores y defensasEn diciembre de 2023, el ministerio contrató a la empresa 3Structure, del empresario de tecnología Cleber Ribas, entonces representado por Luchsinger, por más de 31 millones de reales. Hubo un aditivo de 2 millones en noviembre de 2025 y un nuevo contrato, de 19 millones, en abril de 2026. El ministerio negó que haya habido favorecimiento en la licitación, realizada por subasta electrónica, y afirmó que los dos funcionarios citados no tienen vínculo con el área de tecnología ni participaron del certamen.Según el sitio Brasil em Folhas, la investigación a cargo del ministro del STF André Mendonça apura si Lulinha actuó en negocios de la estatal Dataprev para beneficiar a Ribas, y registra que el jefe de ceremonial ya había sido detenido en 2014 transportando 180.000 reales cuando trabajaba como chofer de Wellington Dias, actual ministro de la cartera. La defensa de Lulinha, por medio del abogado Marco Aurélio de Carvalho, dijo que él desconoce la naturaleza de los pagos y no tiene relación con irregularidades; la de Luchsinger dijo que no comentaría "filtraciones ilegales en vísperas de una elección". G1 informó que no hubo respuesta de las defensas de Ciriaco, Ferreira, Ribas, Barbosa y Bittar.Ninguno de los citados ha sido denunciado. Las investigaciones siguen abiertas en el STF y, si la PF las concluye, la decisión sobre una eventual acusación corresponde al procurador general de la República. La divulgación llega a diez días de la primera vuelta de la elección presidencial, en la que el presidente Lula busca la reelección.

El Tribunal Superior del Trabajo (TST) de Brasil decidió este jueves (24) que la huelga de los trabajadores de Correos, la empresa estatal de correos, no es abusiva. El fallo, dictado por la sección de disputas colectivas del tribunal, cerró el caso dos semanas después de que la huelga comenzara el 10 de septiembre. La relatora, la ministra Maria de Nazaré Medeiros Rocha, vio su voto acogido íntegramente, según Folha de S.Paulo.La decisión se adoptó por mayoría de votos. Según G1, quedaron en minoría la ministra Maria Cristina Peduzzi y los ministros Ives Gandra da Silva Martins Filho y Caputo Bastos, que defendían declarar abusiva la huelga. Correos también pedía una multa de 100.000 reales para los sindicatos de la categoría, informa Folha. El tribunal autorizó la compensación de los días no trabajados, punto que no generó divergencia entre los jueces. "Declaro que el movimiento de huelga no es abusivo y, en esa línea, declaro la compensación de los días parados", afirmó el presidente del TST, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, al cerrar la sesión.Cómo el caso llegó al tribunalLa huelga comenzó el 10 de septiembre, después de que la empresa y los trabajadores no alcanzaran un acuerdo en la negociación colectiva. El principal obstáculo es el plan de salud de los empleados, jubilados y dependientes. Según G1, Correos acudió a la justicia al día siguiente del inicio del paro. Folha informa de que el TST había concedido una medida cautelar que exigía el funcionamiento del 80% de las actividades y de que la empresa sostiene que no se cumplió. En la evaluación de Vieira de Mello Filho, los incidentes aislados registrados durante el movimiento no demostraron un bloqueo efectivo de las actividades ni el incumplimiento de determinaciones judiciales. "Es natural que en una huelga haya algún tipo de trabajo para concientizar a los trabajadores sobre el movimiento. Eso no significa que hayan desacatado la decisión que yo dicté", afirmó el ministro. El juicio había comenzado el lunes (21) y fue suspendido ese día para que los sindicatos tuvieran 48 horas para analizar documentos nuevos presentados por Correos.Lo que dice cada parteLa Findect, federación que representa a la categoría, afirma que las negociaciones avanzaron en los demás puntos y que el plan de salud es el único obstáculo para firmar el acuerdo. Los trabajadores reclaman mantener el modelo actual, en el que Correos actúa como mantenedor del beneficio. Según la entidad, un cambio en el modelo puede aumentar los gastos de las familias, y la preocupación afecta a más de 170.000 trabajadores, jubilados y dependientes. La federación dice también que ya pidió formalmente a la empresa reanudar las negociaciones. Correos informa de que las agencias siguen abiertas y funcionando con normalidad y de que adoptó un plan de acción contra el impacto de la huelga, con personal administrativo apoyando la operación y jornadas extraordinarias de entrega.Sobre el efecto práctico del fallo, los medios divergen. Folha informó de que el tribunal ordenó el regreso inmediato al trabajo este viernes (25) como parte de la decisión sobre la disputa colectiva. G1, en cambio, destacó que el rechazo de la tesis de la abusividad aleja, por ahora, el riesgo de que la huelga sea terminada por orden judicial. En su informe, la relatora negó pedidos de los trabajadores sin correspondencia con la propuesta de la empresa, entre ellos el vale cultura y un adicional por complejidad, y confirmó la fecha base de la categoría en 1 de agosto de 2026.El próximo hito es el viernes (25), fecha de regreso fijada por la decisión, según Folha. En el terreno negociador, los sindicatos esperan respuesta a su pedido formal de reanudar las tratativas sobre el plan de salud. El tema también se conecta con una disputa anterior: cuatro cláusulas del acuerdo colectivo anterior, entre ellas la del plan de salud, fueron suspendidas por una cautelar del 26 de enero (Ticket Extra, Plan de Salud, Trabajo en Día de Descanso y Gratificación de Vacaciones del 70%).

Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola, quien entonces era jefe de Gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, habló de la situación del Banco Master con Walfrido Warde, abogado del banquero investigado Daniel Vorcaro, en un grupo de WhatsApp llamado "Amigos". Los mensajes, intercambiados en julio de 2025, forman parte del material que la Policía Federal extrajo del celular de Vorcaro y analiza en la investigación del caso Master, el escándalo en torno a la caída del banco. La revelación la hizo el diario O Globo este jueves (24), y también la informó la radio CBN.En la conversación, Warde pidió a Marcola que le transmitiera al presidente una queja contra el Banco Central. Según el abogado, el presidente de la autoridad monetaria, Gabriel Galípolo, estaba frenando ("embarreirando", en el original) las negociaciones para vender el Master al BRB, el banco público de Brasilia. "@Marco Aurélio Marcola teremos de ir pra cima do Bacen. Peço pra avisar o presidente" (tendremos que ir contra el Banco Central; pido que avise al presidente), escribió Warde. Cuatro minutos después llegó la respuesta del entonces jefe de Gabinete: "Vixe. Blz" (algo así como: uy, de acuerdo).Los diálogos ocurrieron después de que Vorcaro contara que supo de una reunión en la que Galípolo habría señalado errores contables en el Master. "Não dá mais (...) Temos que ir pro embate" (ya no da, tenemos que ir al choque), escribió el banquero a su abogado. "Avise presidente amanhã e vamos pra guerra" (avise al presidente mañana y vamos a la guerra), pidió Vorcaro. "Ja fiz isso" (ya lo hice), respondió Warde. Cuando el abogado volvió a quejarse de que Galípolo "pidió hacer la operación del BRB y está frenando", Marcola escribió: "Avisarei aqui. Dou notícias" (avisaré aquí. Doy noticias). Según O Globo, el Banco Central ya había identificado en auditorías indicios de gestión fraudulenta en operaciones del Master con el BRB, información enviada al Ministerio Público Federal.Cronología del casoAbril de 2024: según O Globo, Warde inicia una articulación con Marcola para poner a Vorcaro en contacto con Lula; en un audio, el abogado dice que el jefe de Gabinete pedía un correo con los asuntos de interés del banquero para programar una reunión.4 de diciembre de 2024: único encuentro entre Lula y Vorcaro, según el gobierno.Julio de 2025: mensajes en el grupo "Amigos", en el que también estaba el abogado Rafael Valim, socio de Warde.Septiembre de 2025: el Banco Central rechaza formalmente la compra del Master por el BRB, tras cinco meses de análisis.24 de septiembre de 2026: O Globo publica las conversaciones incautadas por la Policía Federal.Defensas y respuestasConsultado, Marcola, que ya dejó el cargo, afirmó a través de su asesoría que "nunca intermedió negociaciones, envió documentos referentes a compras y licitaciones públicas ni actuó a favor de interés privado". En nota, dijo que el caso "se refería a la amenaza de liquidación de un banco" y que, al ser buscado por interlocutores de la institución, "solo informó que haría los encaminamientos institucionales y llevaría la información a las instancias competentes". La versión difundida por la CBN añade que él solo pidió formalizar una eventual solicitud de audiencia. Warde no se manifestó; la defensa de Vorcaro tampoco comentó.La Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom) afirmó que Lula se reunió una sola vez con Vorcaro, el 4 de diciembre de 2024. "No hubo ningún otro contacto entre el presidente y Daniel Vorcaro. El presidente no tiene conocimiento de la supuesta articulación" de Warde y "tampoco envió recado", dice la nota. En esa ocasión, Vorcaro habría dicho que se sentía perseguido, y Lula habría respondido que eventuales denuncias debían ser analizadas técnicamente por el Banco Central. Consultado, el Banco Central dijo que no se pronunciará.La investigación de la Policía Federal sobre el Master sigue abierta. Galípolo confirmó este jueves (24) que fue citado para declarar como testigo, con testimonio previsto para comienzos de octubre. También fueron convocados el expresidente del Banco Central Roberto Campos Neto, el dueño de BTG Pactual, André Esteves, y el director de fiscalización de la autarquía, Ailton de Aquino, según una crónica del Estado de Minas (Folhapress). En la misma investigación, dos exdirectivos del Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza y Belline Santana, son investigados por la sospecha de actuar a favor de los intereses de Vorcaro dentro del regulador; la defensa de ambos niega cualquier favorecimiento. Ninguno de los citados en este episodio ha sido condenado.

El empresario Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido como "Mineiro" y colaborador premiado del caso Banco Master, aparece como "ganador" en 570 comunicaciones sobre apuestas y premios registradas entre enero de 2020 y junio de 2025, en operaciones que suman R$ 176,4 millones, según la Fiscalía del estado de São Paulo. Los datos respaldaron allanamientos ejecutados este jueves (24) en la tercera fase de la Operación Carbono Oculto, llamada Crédito Oculto, dirigida por el Gaeco, el grupo especial contra el crimen organizado de la Fiscalía paulista, con apoyo de la Receita Federal, el fisco brasileño. Freixo es investigado por lavado de dinero y no ha sido denunciado en esta fase.Según g1, las comunicaciones sobre premios y apuestas llegaron al Coaf, el consejo brasileño de inteligencia financiera, por presentar señales consideradas atípicas, y Freixo figura en las 570 ocurrencias como "ganador". Los fiscales describen un patrón de triangulación: terceros harían las apuestas, pero los premios serían transferidos directamente a cuentas de empresas vinculadas al empresario, como Cactus Assessoria e Serviços Ltda. Para la Fiscalía, la frecuencia inusual de los premios, el volumen movido y el uso de casas de lotería indican que los registros podrían servir para disimular el origen de recursos, y no representar ganancias por suerte. Las loterías no son investigadas ni integran el presunto esquema."Se destapó, más allá de actos característicos de lavado de capitales, una red de estructuración financiera fraudulenta que involucra premios y apuestas, aparentemente con el objetivo de lavar dinero de sus clientes", escribieron fiscales del Gaeco en la solicitud presentada a la Justicia, citada por InfoMoney.Una cronología del casoFreixo se hizo conocido en las investigaciones del Banco Master, del exbanquero Daniel Vorcaro, extinto en medio de las indagatorias. En agosto firmó un acuerdo de colaboración premiada con la Procuraduría General de la República (PGR), homologado en septiembre por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF). En la delación detalló operaciones financieras con Vorcaro, entre ellas transferencias al fondo que financió la película Dark Horse, sobre el expresidente Jair Bolsonaro, según InfoMoney. Su empresa, Entre Investimentos, ya había sido liquidada por el Banco Central en marzo, tras la Operación Compliance Zero, que investigó fraudes en el Master. Freixo empezó a trabajar a los 14 años como mensajero de oficina, pasó por el mercado financiero y fundó el Grupo Entre en 2016.El vínculo con los combustiblesEn la fase actual, la investigación lo describe como líder del Grupo Entre Investimentos y uno de los principales proveedores de blindaje financiero y lavado de capitales para la organización criminal atribuida a Roberto Augusto Leme da Silva, el "Beto Louco", y a Mohamad Hussein Mourad, el "Primo", ambos prófugos y ligados a la distribución de combustibles. El vínculo con ese mercado aparece a través de sus empresas: la EntrePay recibió R$ 166,5 mil de la Ceopag, fintech que habría sido usada por empresas ligadas a los dos prófugos, y la Entre Investimentos transfirió R$ 620 mil a la Quimicolor, señalada como parte de una estructura de pagos con metanol desviado para adulterar combustibles. El g1 advierte que la existencia de esas transacciones no significa que Freixo haya sido señalado como integrante de la organización.Según la Receita Federal, los mandamientos involucraron a 13 personas físicas y 19 jurídicas en siete estados: 26 en São Paulo y uno en cada uno de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Río de Janeiro y Santa Catarina. La autorización fue del juez Sandro Nogueira de Barros Leite, del 2.º Juzgado Criminal de Catanduva (SP), según InfoMoney. En la conferencia de prensa, el superintendente de la Receita Federal declaró que "existe una industria de suministro de estructuras financieras para lavar dinero", según registraron O Globo y UOL. El objetivo declarado de la fase es desbaratar estructuras de lavado usadas para comprar una de las mayores distribuidoras de combustibles del país; según el órgano, un ingenio azucarero habría recibido R$ 100 millones que atravesaron cuentas de paso en fintechs en pocos minutos.El g1 informó que intentaba localizar a la defensa de Freixo para escucharla sobre la operación, sin éxito hasta la publicación. Como investigado, conserva la presunción de inocencia. El próximo paso es el análisis de los documentos y equipos incautados, y los fiscales dicen buscar aclarar el contexto y la finalidad de los movimientos. Su acuerdo de colaboración con la PGR, homologado en septiembre, sigue vigente en el STF.

El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, confirmó este jueves (24), en Brasilia, que fue citado por la Policía Federal para declarar como testigo en la investigación del caso del Banco Master, la entidad del exbanquero Daniel Vorcaro, investigado por la justicia. La declaración debería producirse a comienzos de octubre. Preguntado por la fecha exacta, Galípolo dijo no recordarla, según CNN Brasil.Además del titular de la autoridad monetaria, que regula y supervisa el sistema bancario brasileño, la Policía Federal citó también al expresidente del BC Roberto Campos Neto, al dueño de BTG Pactual, André Esteves, y al director de fiscalización del regulador, Ailton de Aquino, para prestar información. La orden de citación fue divulgada por G1 el 9 de septiembre.La investigación apunta a dos exdirectivos del Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza, exdirector de fiscalización, y Belline Santana, exjefe de Supervisión Bancaria. Según el expediente, según informó Folha de S.Paulo, ambos habrían actuado a favor de los intereses de Vorcaro dentro del BC y habrían filtrado información sobre la fiscalización del regulador. Las defensas de los dos niegan que hayan adoptado medidas para favorecer al exbanquero. Desde marzo, la CGU, el órgano federal de control interno, también examina su conducta en un proceso administrativo disciplinario que puede acabar en la destitución de los servidores. Ninguna de las personas citadas ha sido condenada.Cómo llegó el caso hasta aquíFebrero de 2022: la CVM, el regulador del mercado de valores de Brasil, abrió un proceso a partir de una comunicación del FGC, el fondo privado de garantía de depósitos, con indicios de problemas en el Master; el caso fue luego archivado sin investigaciones, según una decisión del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF).Marzo: la CGU abre el proceso administrativo disciplinario sobre los dos exdirectivos del BC.9 de septiembre: G1 informa de que la Policía Federal ordenó citar a Galípolo, Campos Neto y Esteves.24 de septiembre: Galípolo confirma la citación; el mismo día, Dino ordenó a la Policía Federal abrir una investigación sobre la supuesta omisión de la CVM.Reportajes de Folha basados en mensajes extraídos del teléfono de Vorcaro señalan pagos del Master, en 2025, a empresas vinculadas a un familiar de un servidor del BC y a un exservidor: 120.000 reales a LR Consultoria, de Leonardo Eyer Harris, hermano de Ricardo Eyer Harris, jefe de gabinete del director Gilneu Vivan, y 3 millones de reales a JGM Solutions, de João André Calviño Marques Pereira, exjefe del departamento de Regulación del Sistema Financiero. Ricardo Eyer Harris dijo haber informado a la alta dirección del BC sobre el contrato de su hermano y negó participación directa o indirecta en decisiones relacionadas con el Master; João André afirmó que los pagos comenzaron en agosto de 2025, después de su exoneración, en junio de ese año. Galípolo defendió la presunción de inocencia del servidor y dijo que este comunicó a sus superiores directos la asesoría que su hermano prestó a Vorcaro en el área minera.El próximo paso es la declaración de Galípolo ante la Policía Federal, como testigo, prevista para comienzos de octubre. No se han divulgado fechas para las declaraciones de Campos Neto, Esteves y Aquino.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este jueves 24 de septiembre la apertura de una investigación policial para esclarecer una eventual omisión de la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios, el regulador del mercado de valores) en el caso del Banco Master. La decisión se tomó en una acción que examina la capacidad de fiscalización del organismo, vinculado al Ministerio de Hacienda y encargado de regular el mercado de capitales brasileño. La Policía Federal deberá investigar posibles ilícitos en la actuación de funcionarios de la agencia y de autoridades de alto escalano que puedan haber influido en sus decisiones.El eje central de la investigación es un proceso abierto en febrero de 2022 a partir de una comunicación formal del FGC (Fondo Garantidor de Créditos), el fondo privado que garantiza los depósitos bancarios en Brasil, con un papel similar al de los fondos de garantía de depósitos de otros países. Según G1, un informe de la CVM citado en la decisión de Dino registra que la comunicación traía indicios detallados de una posible insuficiencia financiera del Grupo Master, de inconsistencias en sus estados contables y de manipulación de cotizaciones de fondos abiertos. El área técnica del organismo, en esa época, trató el documento como una denuncia anónima "desprovista de elementos suficientes" y lo archivó sin realizar investigaciones, según informó Folha de S.Paulo.De acuerdo con G1, la alerta señalaba además el uso de recursos captados con la cobertura del fondo para comprar activos de baja liquidez, estimados en más de 3.000 millones de reales de un total de 5.000 millones, y un mecanismo en el que nuevos aportes servían para pagar rescates anteriores, anticipando riesgos que solo se hicieron públicos años después.Qué ordena la decisiónDino escribió que hay sospechas que "superan la esfera de posibles irregularidades exclusivamente administrativas o regulatorias". En un pasaje citado por Folha, el ministro afirmó:"Hay indicios que configuran el deber legal de investigar eventuales ilícitos relacionados con la actuación funcional de funcionarios públicos ligados a la Comisión de Valores Mobiliarios, así como de autoridades de alto escalano que habrían influido en procesos decisorios del organismo."Para el ministro, la tramitación del proceso archivado "describe circunstancias que, en teoría, superan el dominio de simples fallas operacionales o deficiencias regulatorias". Dino mantuvo la nueva investigación bajo su relatoría, al entender que tiene conexión con la indagación ya en curso sobre operaciones financieras entre el Master, del empresario Daniel Vorcaro, y concesionarias de cementerios del municipio de São Paulo. La CVM fue intimada a entregar, en un plazo de 72 horas, copia íntegra del proceso archivado y a informar qué unidades técnicas y funcionarios tuvieron acceso al material, los fundamentos del secreto aplicado y las medidas adoptadas tras el archivo. La Policía Federal deberá presentar el primer informe en un plazo de 60 días.Cronología del casoFebrero de 2022: el FGC envía a la CVM una comunicación formal con indicios detallados sobre el Grupo Master.Poco después: el área técnica de la CVM clasifica el material como denuncia anónima sin elementos suficientes y archiva el proceso, sin investigaciones.24 de septiembre de 2026: Dino ordena la investigación policial sobre la actuación de la CVM; el organismo tiene 72 horas para entregar el proceso archivado.La decisión no señala nombres. Corresponderá a la Policía Federal identificar eventuales responsables, que responderán solo como investigados hasta una eventual acusación y condena. En la investigación más amplia del caso Master, el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmó este jueves que fue citado por la Policía Federal para declarar como testigo en octubre, según Folha.

El Supremo Tribunal Federal (STF), máximo tribunal de Brasil, decidió por unanimidad este miércoles (23) igualar la licencia de maternidad de las madres biológicas y adoptivas. Todas tendrán derecho a una licencia remunerada de 120 días, ampliable en 60 días más, tanto para trabajadoras del sector privado regidas por la CLT, el código laboral brasileño, como para funcionarias públicas del régimen estatutario. El relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes, fue seguido por los otros diez integrantes de la corte.El juicio, que comenzó el 16 de septiembre, terminó este miércoles. La decisión vale para licencias nuevas y para las que estaban en curso el 23 de septiembre; los períodos ya concluidos no se ven afectados. El plazo se contará a partir del noveno mes de embarazo, del parto, de la adopción, de la obtención de la guarda con fines de adopción o del alta hospitalaria del recién nacido o de la madre, lo que ocurra último. Los ministros también prohibieron discriminar en la concesión del beneficio según el tipo de vínculo laboral de la madre.La regla anterior y la acción de la ProcuraduríaEn la función pública federal, una madre biológica estatutaria tenía 120 días de licencia remunerada, mientras que una madre adoptante tenía 90 días si el niño tenía hasta un año y solo 30 días si era mayor. La CLT, que rige el empleo privado, ya equiparaba ambos casos. El caso llegó al tribunal por una acción presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que pidió declarar esas normas incompatibles con la Constitución para vincular tanto a órganos del Poder Judicial como a la administración pública.Según la PGR, el STF ya había decidido en 2023 que no es posible discriminar el tiempo de licencia entre madres biológicas y adoptantes, citando los principios de dignidad humana, igualdad entre hijos biológicos y adoptados y el interés superior del niño. Para la Procuraduría, sin embargo, ese precedente solo guió a órganos del Poder Judicial, no suspendió las leyes contrarias y la distinción siguió ocurriendo en la práctica."Es por tanto admisible esta acción directa, que busca no solo apartar la aplicación de normas que hoy configuran un trato discriminatorio en la concesión de la licencia parental, sino también fijar, en el plano jurídico objetivo, la tesis de que el sistema de protección parental debe someterse a un régimen jurídico uniforme, con independencia del vínculo laboral de la categoría que se beneficie de él", argumentó la PGR.Cómo fue el juicioEn la apertura del juicio, el 16 de septiembre, Moraes fue acompañado por los ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino y Dias Toffoli. Este miércoles lo siguieron Cristiano Zanin, André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes y el presidente de la corte, Edson Fachin. "Si todos son hijos, la madre es madre de todos, de los hijos naturales, biológicos, adoptivos, entonces la licencia de maternidad debe ser igual para todos", afirmó el relator, según G1.El ministro Kassio Nunes Marques sostuvo que el régimen jurídico "puede disciplinar innumerables aspectos de la relación de trabajo o funcional, pero no puede alterar la intensidad de la protección constitucional debida a la maternidad y a la infancia". "El niño no necesita más o menos cuidado según que su madre sea empleada, funcionaria o militar", añadió. Cármen Lúcia declaró que "hay una sola madre y cada hijo es único para nosotros". El tribunal negó solo uno de los pedidos de la PGR, el reparto de la licencia parental entre los integrantes del núcleo familiar; según CNN Brasil, los ministros entendieron que corresponde al Legislativo regular esa división. Con el juicio cerrado, el caso pasa a la redacción de la sentencia, que será publicada en el diario oficial electrónico del tribunal, aún sin fecha definida.

Una investigación de la Policía Federal señala que la lobista Roberta Luchsinger ordenó a su chofer y asistente personal, Ulisses Barbosa, pagos en efectivo a dos integrantes de la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de Brasil, la cartera que administra el programa social Bolsa Familia, y a una tercera persona vinculada a uno de ellos. Los depósitos, por un total de 60.000 reales en efectivo, se realizaron el 2 de junio de 2023.Los mensajes fueron hallados en el celular de Roberta y publicados este miércoles (23) por el diario O Estado de S. Paulo, que dice haber tenido acceso a las conversaciones y a los comprobantes de los depósitos. Folha de S.Paulo confirmó la información tras examinar el mismo material y añadió que la lobista guardaba dinero en efectivo en maletas en su residencia.Según la Policía Federal, una de las cuentas es de Ranniêr Costa Ciríaco, secretario ejecutivo adjunto del MDS y hoy el número 3 del ministerio. Otra es de José Martinho Ferreira de Araújo, actual coordinador del ceremonial de la cartera, que trabajó como chofer en el despacho del ministro Wellington Dias en el Senado. La tercera cuenta pertenece, según los investigadores, a la madre de la hija de José Martinho.Cómo se hicieron los pagosEn los diálogos, Roberta pidió a Ulisses que retirara de su casa los 60.000 reales en efectivo y los depositara en las tres cuentas el mismo día. El asistente expresó preocupación por el volumen y por los controles bancarios, y ejecutó la orden de todos modos."Este monto de 60 mil tiene que diluirse para depositarlo... porque el banco hace una serie de preguntas", escribió Ulisses. Ya en el banco, avisó: "Ya estoy en el banco. Por encima de 50 mil por día por CPF, la empleada dijo que el Banco Central ya se fija... activa como una alerta. Solo aviso."Roberta es investigada, junto con Fábio Luís Lula da Silva, Lulinha, hijo mayor del presidente Lula, del Partido de los Trabajadores, en tres indagatorias por sospecha de corrupción y tráfico de influencias, delito previsto en la ley brasileña. Todas las personas citadas son investigadas; ninguna ha sido denunciada ni condenada por estos hechos. Etapas anteriores de la investigación ya habían revelado pagos de 217.000 reales de la lobista a Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, exjefe del gabinete de la Presidencia.Según Folha, el MDS firmó un contrato con un empresario de tecnología representado por Roberta unos seis meses después de los pagos. Consultado, el ministerio no se pronunció, y no fue posible ubicar a la defensa de Ulisses Barbosa.Cronología2014: José Martinho es detenido por la Policía Federal de Carreteras en Bahía transportando 180.000 reales en efectivo de Brasilia a Piauí, sin comprobación de origen; en la época trabajaba para el despacho de Wellington Dias en el Senado.2 de junio de 2023: Ulisses Barbosa realiza los depósitos de 60.000 reales por orden de Roberta.Unos seis meses después: el MDS contrata a un empresario de tecnología representado por la lobista, según Folha.23 de septiembre de 2026: O Estado de S. Paulo publica los mensajes incautados; Folha confirma que tuvo acceso al material.Qué dicen las defensasLa defensa de Roberta, a través del abogado Roberto Podval, dijo desconocer las conversaciones. "La defensa desconoce esas conversaciones, insiste en que el expediente está bajo secreto y lamenta estas filtraciones ilegales con puro interés político electoral. Estamos seguros de que las autoridades no quedarán pasivas ante tales filtraciones", afirmó.El abogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, sostuvo que no es posible confirmar la autenticidad de los mensajes y negó la relación de su cliente con los depósitos. "Fábio reitera que no tiene relación con ningún tipo de irregularidad ni desvío o sospecha relacionados con dinero público. Él habla solo por sí", declaró.Según Estado, el próximo paso es el análisis, por la Policía Federal, del levantamiento de los sigilos de Roberta Luchsinger, para verificar si hubo pagos a otros servidores de la cartera. Las indagatorias siguen bajo secreto y no hay fecha definida para su conclusión.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, el ministro Kassio Nunes Marques, determinó el martes (22) que el presidente Lula, del Partido de los Trabajadores y candidato a la reelección, retire de las redes sociales, en un plazo de 24 horas, un video grabado en el Palacio de Alvorada, la residencia oficial del presidente, en el que habla del caso Master. La medida es una cautelar que atiende una denuncia del senador Flávio Bolsonaro, del PL, rival de Lula en la carrera presidencial de este año. Según G1, a las 8h45 del miércoles (23) el video seguía en línea en YouTube e Instagram del presidente.En el video de un minuto y veinte segundos, grabado y publicado el 3 de septiembre en cuentas registradas ante la justicia electoral como canales oficiales de la campaña, Lula defiende un código de ética para el Poder Judicial y critica lo que llama filtraciones selectivas en el caso Master, un conjunto de investigaciones centradas en el Banco Master. Las afirmaciones sobre el caso son del propio presidente; ningún investigado ha sido condenado."El escándalo del Banco Master es el mayor robo de la historia de Brasil. Le robaron a millones de personas de muchos estados y municipios. El banquero que lideraba el esquema tiene relaciones con mucha gente poderosa. Fue en mi gobierno cuando fue detenido y su banco fue cerrado. Hay sospechas de políticos y agentes públicos involucrados. Nuestra democracia no puede quedar rehén de filtraciones selectivas", dijo Lula en el video.Lo que dice la decisiónEn la denuncia, Flávio Bolsonaro acusa a la fórmula de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) de una conducta prohibida por el artículo 73 de la ley electoral brasileña, que veda el uso de bienes públicos en beneficio de una candidatura. Una resolución del TSE permite que los presidentes graben contenido electoral en una habitación de la residencia oficial, siempre que el ambiente sea neutro. Para Nunes Marques, la condición no se cumplió: las imágenes muestran a Lula con la bandera nacional y el estandarte presidencial de fondo, elementos de carácter institucional."La realización de una manifestación de contenido electoral en una habitación de la residencia oficial no está, por lo tanto, prohibida en sí misma. Su licitud depende, sin embargo, del cumplimiento acumulativo de las condiciones establecidas por la norma, entre ellas la utilización de un ambiente neutro, desprovisto de elementos asociados al poder público o al cargo ocupado", escribió el ministro.El ministro también prohibió el uso del video, entero o por fragmentos, en la franja electoral gratuita de radio y televisión, y ordenó a las plataformas retirar el material. Según CNN Brasil, se negó un pedido para que las redes preservaran los datos de las publicaciones, porque un informe técnico ya incorporado al proceso documenta el contenido.Próximos pasosNunes Marques dio cinco días a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Comunicación (Secom) y al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) para informar al TSE quién entró al palacio para la grabación, quién autorizó el acceso, qué funcionarios y equipos públicos se usaron en la producción y si los gastos fueron pagados por el comité de campaña o por el gobierno federal. Las respuestas servirán para apurar si también hubo uso de funcionarios y servicios públicos, vedado por el mismo artículo.Lula y Alckmin tendrán cinco días para presentar su defensa una vez que sean notificados. La decisión es una cautelar dictada en un proceso aún en trámite y no cierra la apuración. CNN Brasil dijo que contactó a la campaña de Lula y no había recibido respuesta al momento de la publicación.

Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, mantenía al menos 14.300 millones de reales invertidos en 16 demandas judiciales cuyo resultado dependía de decisiones de los tribunales. El mapeo fue publicado por Folha de S.Paulo este miércoles y se basa en un informe del despacho Galdino Advogados obtenido por el periódico. Conocidos en el mercado como pre-precatórios, estos derechos a futuras indemnizaciones pagadas por el Estado brasileño eran uno de los principales negocios del Master y, según el diario, están en la raíz de la red de contactos que Vorcaro construyó en el Poder Judicial.El documento fue elaborado en 2024, pagado por el propio Vorcaro y luego entregado al Banco Central para sustentar la fiscalización del Master, que investigaba inconsistencias en la institución. El dictamen estimaba la posibilidad de que los créditos contra el Estado se convirtieran en pago y el plazo para ello. No evaluaba si el precio asignado a esos activos en el balance del banco era correcto, una laguna señalada por investigadores del caso, según Folha.Cómo funcionaba la apuestaEl caso principal involucra la fijación de precios por el Instituto del Azúcar y del Alcohol (IAA) en las décadas de 1980 y 1990. Ingenios alegaron que la política los obligaba a vender etanol y azúcar por debajo del costo de producción y pidieron indemnizaciones a la Justicia. La Abogacía General de la Unión estima en 178 el número de demandas sobre el tema. Según el Consejo de la Justicia Federal, los títulos ya expedidos en el sector azucarero suman unos 47.800 millones de reales, y la ley de directrices presupuestarias de 2025 proyecta un impacto fiscal de 79.600 millones.La lógica del negocio era comprar esos derechos por valores cercanos al 20% del estimado para cada demanda. Cuando el STJ o el STF, los dos tribunales superiores de Brasil, acogían tesis favorables al pago, los tenedores embolsaban diferencias multimillonarias pagadas por el Estado, ya que las sentencias firmes se convierten en precatórios, los títulos de deuda que el gobierno debe honrar. Un contrato obtenido por el portal Metrópoles muestra la dimensión: honorarios de 427 millones de reales, equivalentes al 5% de lo que el banco recibiría en 12 procesos capaces de destrabar 8.500 millones en precatórios.Mensajes y defensasLas relaciones de Vorcaro con magistrados salen a la luz por mensajes extraídos de su teléfono, incautado en la investigación del caso Master, que tramita en el STF bajo la relatoría del ministro André Mendonça. En una conversación citada por Folha, el banquero y el director jurídico Luiz Rennó hablan del pago de 500.000 reales mensuales al abogado Kevin de Carvalho Marques, hijo del ministro Kassio Nunes Marques. Según el diario, Kevin acumuló casi 28 millones de reales en poco más de dos años de ejercicio profesional.En nota, el ministro Kassio Nunes Marques afirmó:"Nunca votó a favor de Daniel Vorcaro, nunca intercambió mensajes con él y nunca le pidió nada al banquero. El ministro tampoco autorizó a nadie a hablar en su nombre. Es irresponsable cualquier tentativa de relacionar la actuación del ministro con los servicios prestados por el hijo o por terceros".El Master también mantenía un contrato de 129 millones de reales con el despacho de Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro Alexandre de Moraes. Consultado por la asesoría del STF, el ministro no respondió. En el STJ, conversaciones muestran al ministro Benedito Gonçalves diciendo a Vorcaro que está "siempre a disposición"; no respondió a las preguntas de Folha cuando los mensajes fueron revelados. Parte de los investigadores del caso pasó a llamar al banquero "conserje del Poder Judicial".La cronología siguiente resume el caso:Años 1980 y 1990: el IAA fija precios de etanol y azúcar; ingenios acuden a la Justicia contra el Estado brasileño para pedir indemnizaciones.2024: Vorcaro paga el dictamen de Galdino Advogados sobre los créditos; el documento se entrega al Banco Central.Julio de 2026: la Policía Federal envía a los ministros del STF el disco duro con los mensajes del teléfono de Vorcaro.Septiembre de 2026: los ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino y Gilmar Mendes exigen el archivo completo; Folha publica el mapeo de los 14.300 millones de reales.Vorcaro es investigado y está preso en el marco del caso Master. El siguiente paso conocido es el examen por los ministros del tribunal del disco completo enviado por la Policía Federal, reclamado la semana pasada. Mendonça niega dirigir la investigación de forma sesgada. No hay fecha divulgada para los próximos pasos.

El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó este martes (22) el archivo de la investigación contra tres exdirectores de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), la policía federal de carreteras de Brasil, acusados de intentar dificultar o impedir el desplazamiento de electores en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. La decisión siguió el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), que concluyó que no había elementos para mantener la investigación contra los tres.El archivo beneficia a Djairlon Henrique Moura, exdirector de Operaciones; Luis Carlos Reischak Junior, exdirector de Inteligencia y exsuperintendente de la PRF en Río Grande do Sul; y Rodrigo Cardozo Hoppe, exdirector sustituto de Inteligencia. Según G1, el portal de noticias de Globo, Moraes afirmó que, ante el entendimiento de la PGR, el caso debe cerrarse.Cómo comenzó el casoLa investigación nació de los operativos de control que la PRF realizó el 30 de octubre de 2022, día de la segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Los controles se concentraron en el Nordeste, región donde Lula lideraba las encuestas de intención de voto. Un informe obtenido en la época por el blog de la periodista Andréia Sadi, de G1, muestra que la corporación inspeccionó 2.185 autobuses en el Nordeste contra 571 en el Sudeste entre el 28 y el 30 de octubre.La víspera de la votación, el entonces director general de la PRF, Silvinei Vasques, había declarado su voto por Bolsonaro. El día de la elección, Moraes ordenó la suspensión inmediata de los controles, bajo amenaza de prisión para el director general. La orden fue desobedecida por la corporación, informan G1 y el portal Imprensa 24h.En enero de 2025, la Policía Federal inculpó a cinco personas en la investigación, entre ellas los tres exdirectores. La policía reunió indicios de los delitos de desobediencia, prevaricato, restricción del ejercicio del derecho al voto y participación, por omisión, en un intento de abolir el Estado Democrático de Derecho. El señalamiento policial es una etapa investigativa y no equivale a una condena.Qué significa el archivoEl archivo cierra la persecución penal contra los tres exdirectores sin que se haya presentado denuncia y sin decisión sobre el fondo. La medida siguió el entendimiento de la PGR de que faltaban elementos contra los exgestores y no equivale a un veredicto de culpabilidad o inocencia. Según la legislación procesal penal brasileña, la investigación puede reabrirse si surgen nuevas pruebas. No hay actos futuros programados en esta línea del caso, y G1 no detalla la situación de las otras dos personas inculpadas.

El juez federal de apelación Newton Pereira Ramos Neto, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), que juzga causas federales en gran parte de Brasil, votó en dos ocasiones, en enero y junio de 2024, en contra de recursos del gobierno federal y a favor de los intereses del Banco Master en un proceso de la usina azucarera Cansanção de Sinimbu, de Jequiá da Praia, en el estado de Alagoas. Cerca de seis meses después del segundo voto, la esposa del magistrado, la abogada Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos, y un hijo suyo firmaron con el banco un contrato que preveía honorarios de hasta 427 millones de reales. La revelación es del diario O Estado de S. Paulo, publicada este martes (22) y también reportada por Folha de S.Paulo.Los dos votos se produjeron en sesiones virtuales de la 11ª Turma del TRF-1, ambas decididas por unanimidad, según Estadão. En la primera, entre el 22 y el 26 de enero de 2024, la turma acogió el recurso de la usina y limitó la pericia que servirá para calcular la indemnización debida por el gobierno federal, que defendía un análisis más amplio con documentos nuevos. En la segunda, entre el 3 y el 7 de junio, el colegiado rechazó los recursos del gobierno y mantuvo en la práctica la restricción al trabajo de los peritos.La usina está en recuperación judicial, un régimen de protección frente a los acreedores, y exige del gobierno federal una indemnización por pérdidas que atribuye a la política de control de precios del sector azucarero y de alcohol. El Master actuó en el proceso junto con la empresa y, según la Policía Federal, compraba derechos crediticios de usinas en recuperación para inflar artificialmente la liquidez del banco, propiedad del empresario Daniel Bueno Vorcaro, encarcelado durante las investigaciones, según reportó la Folha. El contrato posterior, firmado por Camilla y por el hijo del magistrado, Gabriel Ribeiro Gonçalves Ramos, preveía pago en caso de éxito en 12 demandas que sumaban 8.500 millones de reales, ligadas a "precatórios", pagos de deudas judiciales del Estado brasileño. Según la Folha, Camilla es señalada junto a Newton como integrante de la "Turma do KN", expresión que sería una referencia al ministro del Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques, amigo del juez, de quien Newton fue juez auxiliar.Cómo llegó el caso hasta aquíEnero de 2024: en una sesión virtual de la 11ª Turma del TRF-1, Newton Ramos vota con la mayoría que acoge el recurso de la usina y limita la pericia de cálculo de la indemnización.Junio de 2024: la turma rechaza los recursos del gobierno federal y mantiene la restricción a la pericia.Cerca de seis meses después: la esposa y el hijo del juez firman el contrato de honorarios de hasta 427 millones de reales con el Master, revelado después en investigaciones sobre el banco.22 de septiembre de 2026: Estadão publica la relación entre los votos y el contrato, y un abogado presenta una queja disciplinaria contra el juez ante el CNJ.La defensa del juezContactado por Estadão, Newton Ramos afirmó que el fallo no se decidió de forma aislada. "Fue juzgado en bloque, en una sesión virtual con aproximadamente 300 procesos", dijo el magistrado, que añadió al diario:"En aquella época no había en los autos indicación de interés del Banco Master, cuyo ingreso ocurrió solo después del juicio y, desde entonces, el impedimento legal está debidamente anotado."La abogada Camilla Ramos no se manifestó hasta la publicación del reportaje de Estadão. La Folha informó que buscó este martes a la asesoría de prensa del TRF-1 y al despacho de la abogada, sin respuesta hasta el cierre de esta información.Este martes, el abogado Alex Ferreira Borralho presentó al Consejo Nacional de Justicia (CNJ), el órgano que fiscaliza a los jueces en Brasil, una queja disciplinaria en la que pide abrir una investigación sobre la conducta del magistrado. "Es importante determinar si existe un compromiso funcional en la actuación del demandado (Newton Ramos) en beneficio de un tercero (Daniel Bueno Vorcaro) y de su esposa, con contornos de dimensiones profundas que destacan relaciones y conexiones económico-financieras e intereses privados dirigidos a él y al Banco Master", escribió Borralho en la petición.El próximo paso es el examen de la queja por el CNJ, que decidirá si abre un procedimiento disciplinario contra el juez. No hay plazo divulgado para esa decisión, y el tribunal y el despacho de Camilla aún pueden pronunciarse sobre las nuevas informaciones. Hasta ahora no se ha presentado ninguna acusación formal contra Newton Ramos, que responde solamente a la queja disciplinaria.

La Policía Federal de Brasil detuvo en flagrancia, en la mañana de este martes (22), al concejal de Río de Janeiro Jorge Canella (União Brasil), coronel de la reserva de la Policía Militar, después de que agentes encontraran dos fusiles y una subametralladora de uso restringido, en desacuerdo con lo previsto por la ley, en una propiedad del barrio de Barra da Tijuca. La acción es la séptima fase de la Operación Unha e Carne, lanzada para investigar la sospecha de posesión irregular de armas de fuego de uso restringido contra uno de los investigados del caso.La PF cumplió tres órdenes de registro y decomiso, en Barra da Tijuca, en Recreio dos Bandeirantes y en la Cámara Municipal de Río. Según CNN Brasil, las órdenes fueron expedidas por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que conduce la investigación. El canal informó que no había orden de prisión contra el concejal; la detención en flagrancia se produjo por el hallazgo de las armas. Canella, cuyo nombre de registro es Jorge Eduardo Barreto de Andrade Filho según la revista Veja, fue llevado junto con las armas a la Superintendencia Regional de la PF en Río.En una nota, la PF afirmó que responderá por posesión ilegal de arma de fuego de uso restringido. CNN Brasil informó que buscó contacto con la defensa del concejal y no recibió respuesta. La policía investiga el vínculo entre Jorge Canella y Márcio Canella, exalcalde de Belford Roxo; Veja describe al concejal como ligado al exalcalde.Cómo llegó el caso a la séptima faseLa Operación Unha e Carne investiga un presunto esquema de lavado de dinero en Río que, según un informe de la unidad de inteligencia financiera Coaf citado por CNN Brasil, movió más de 7.600 millones de reales en seis años. La PF sospecha que una red de estaciones de servicio de la región metropolitana servía de plataforma para el esquema, con participación de agentes públicos. En fases anteriores fueron detenidos los políticos Rodrigo Bacellar, TH Joias y Thiago Rangel y el pastor Márcio Poncio.En la sexta fase, el 7 de julio, Márcio Canella, entonces presidente estatal del União Brasil y precandidato al Senado, fue detenido en flagrancia tras encontrarse un fusil calibre .556 en su auto. Él negó ser el dueño del arma y, según la policía, era señalado como brazo político del grupo investigado.Al ser detenido en flagrancia, Jorge Canella debe ser presentado ante un juez en una audiencia de custodia en un plazo de 24 horas, como establece la ley brasileña. En esa audiencia, en la que el juez decide si mantiene la prisión o convierte la flagrancia en otra medida cautelar, reside el próximo paso del caso, que no tenía horario divulgado al cierre de esta información.

El Tribunal de Justicia de São Paulo afirma que credenciales vinculadas a una jueza de Rio Grande do Sul fueron usadas para adulterar, en el BNMP (Banco Nacional de Medidas Penales y Prisiones), la orden de prisión del empresario Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, señalado por la policía como integrante del PCC (Primeiro Comando da Capital) y conocido como Baianão o "Escorpión del PCC". La principal sospecha es de un ataque hacker, según la justicia gaúcha. El caso fue revelado por Folha de S.Paulo este martes (22), único medio, por ahora, en informar sobre el fraude.Con la alteración, el registro del acusado pasó a mostrar el nombre y el CPF (documento de identidad fiscal) de otra persona. En la práctica, Alex dejó de figurar como buscado cuando las policías del país consultaban su nombre, según el diario. El fraude habría ocurrido el 23 de agosto. Una verificación del tribunal paulista constató que el RJI (Registro Judicial Individual) del acusado fue modificado mediante la clave y el usuario de una jueza de la ciudad de Planalto, en Rio Grande do Sul.Cómo llegó el caso hasta aquíAlex es réu (acusado formalmente) bajo la acusación de matar a su compañera Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, en la madrugada del 29 de noviembre de 2025, en el décimo piso de un edificio en Vila Andrade, zona sur de São Paulo. Según la investigación, la habría lanzado desde el balcón del apartamento donde vivían. El medio Metrópoles informó que la decisión que convirtió su prisión en preventiva, firmada por la jueza Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreiro, citó informaciones de que el acusado se jactaba de ser "escorpión del PCC" y una condena penal anterior.El 6 de agosto, el juez Antonio Carlos Pontes de Souza le concedió libertad provisional al empresario, que fue liberado, según la Folha. El Metrópoles relató que la soltura vino con medidas cautelares, como alejarse de los testigos y comparecer periódicamente ante la justicia. El Ministerio Público apeló, y el desembargador Hermann Herschander restableció la orden de prisión el 10 de agosto, citando la "peligrosidad" del acusado. Según la Fiscalía, Alex es considerado prófugo. La adulteración fue descubierta cuando el Ministerio Público percibió, el 16 de septiembre, que la orden de prisión ya no aparecía en el sistema.Investigación y próximos pasosSegún la Folha, la justicia de Rio Grande do Sul afirma que las credenciales de la jueza habrían sido "hackeadas/robadas" y también usadas para modificar y firmar fraudulentamente otros documentos. El caso fue remitido al CNJ (Consejo Nacional de Justicia), el órgano que supervisa el poder judicial brasileño, para investigación. El consejo dijo al diario que no comenta casos específicos. El Ministerio Público informó que, hasta ahora, no se ha identificado al responsable del fraude.La defensa del empresario niega el crimen, afirma que la joven se suicidó y niega que pertenezca a la facción criminal. Alex sigue como réu en el proceso por homicidio, que continúa en curso en la justicia de São Paulo. No hay plazo divulgado para la conclusión de la investigación del CNJ.

Mensajes enviados por Daniel Vorcaro, ex dueño controlador del Banco Master, indican que usó dos empresas para pagar, en mayo de 2024, un viaje del ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, a Nueva York y un almuerzo en homenaje al magistrado. La revelación la publicó Folha de S.Paulo este martes (22). Las conversaciones constan en el teléfono de Vorcaro, incautado por la Policía Federal dentro de una investigación sobre el banco. Vorcaro es investigado y no hay condena relacionada con el caso.Según el diario, entre marzo y mayo de 2024 Vorcaro dio instrucciones a una empleada para comprar los pasajes y el hospedaje de Fux y de la esposa del ministro, Eliane Fux, y pidió que los gastos se procesaran a través de Antonio Camarotti, CEO y publisher de la revista Forbes en Brasil. En un intercambio, un empleado le dice a Vorcaro que Camarotti había confirmado la presencia del ministro en uno de los eventos de la revista en Nueva York."Vamos a emitir el pasaje y el hospedaje de él y de su esposa. ¿Podemos seguir?", escribió el empleado. "Puede, pero tenemos que hacerlo a través de Camarotti. No podemos hacer nosotros mismos la emisión", respondió Vorcaro.En una nota enviada por la oficina de prensa del STF, Fux afirma que nunca intercambió mensajes con Vorcaro y que "nunca fue invitado por él a eventos". El ministro dice que fue "invitado directamente por Forbes" y que "dictó una conferencia en un evento de la revista, en mayo de 2024, sobre seguridad jurídica y el riesgo Brasil". Sostiene, además, que no tuvo contacto con Vorcaro durante el almuerzo.El almuerzo fue organizado por Forbes con el patrocinio de BeFly, empresa del mercado de turismo que tuvo al banco de Vorcaro como socio financiero. Los diálogos incautados indican que el banquero apoyó los eventos de la revista a través de esa agencia, según Folha. En nota, Forbes Brasil confirma que BeFly patrocinó el almuerzo en homenaje a Fux y que Master fue uno de los apoyadores de la Forbes Party en Nueva York, realizada al día siguiente, y defiende que se trata de "relaciones comerciales de patrocinio, formales, regulares y transparentes".Línea de tiempoMaster compró en 2023 el derecho a cobrar precatórios, deudas judiciales del Estado brasileño, a través de fondos administrados por empresas hoy investigadas en la Operación Compliance Zero, según una pesquisa de G1. La Policía Federal sospecha que los títulos fueron expedidos por la Justicia antes del fin de los procesos, cuando la Unión aún podía apelar. El Cade, el consejo antimonopolio de Brasil, aprobó en mayo de 2025 la venta del banco al BRB. El teléfono de Vorcaro fue incautado por la PF y, un día después de que se hicieran públicas conversaciones entre el ex banquero y el abogado Rodrigo Fux, hijo del ministro, Fux pidió a los investigadores los datos del aparato.El caso Master domina la cobertura de la campaña presidencial a doce días de la primera vuelta, fijada para el 4 de octubre. No hay, por ahora, fecha divulgada para el próximo paso procesal vinculado a este episodio.

El gobierno de São Paulo, el estado brasileño que dirige el gobernador Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos, estrena este martes (22) un nuevo modelo de vigilancia con motocicletas y uso de fusiles para recorrer los corredores urbanos de la capital, sobre todo en zonas con alta incidencia de robos. La columna Painel del diario Folha de S.Paulo anticipó el anuncio y subrayó el calendario: la medida entra en operación 13 días antes de la elección.La estructura movilizará 250 policías y 150 motocicletas en la capital paulista, con foco en los corredores urbanos, según Brasil 247, que describió la fuerza como una estructura militar. Folha publicó una foto de dos agentes del Bravo, el Batallón de Respuesta Operativa Avanzada.De propuesta de campaña a lanzamientoLa idea no surgió esta semana. El 12 de agosto, Jovem Pan incluyó un batallón de motos con fusil entre las propuestas de seguridad pública presentadas por Tarcísio, junto con un boletín de ocurrencia (B.O.) integrado. Este martes, el plan pasó del papel a la práctica.El objetivo declarado es contener los robos en los corredores urbanos, las vías rápidas que atraviesan la capital. Sobre el momento del anuncio, los dos medios que cubrieron el lanzamiento señalan el mismo dato: llega 13 días antes de la elección nacional de Brasil, que este año también define a los gobernadores estatales.Las rondas empiezan a operar en la capital esta misma semana, 13 días antes de que los electores vayan a las urnas.

El ministro Kassio Nunes Marques, del Supremo Tribunal Federal (STF, la máxima corte judicial de Brasil) y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), evalúa revocar su decisión de apartarse y volver a votar en los procesos de la investigación del Banco Master después de las elecciones de octubre, según el diario Folha de S.Paulo. Se declaró impedido de participar en la sesión del 15 de septiembre, cuando el pleno comenzó a analizar el informe que reúne mensajes del banquero investigado Daniel Vorcaro al ministro Alexandre de Moraes.Según interlocutores escuchados por la Folha, el alejamiento se explicaría por el temor al impacto electoral del análisis, ya que Kassio preside la justicia electoral en plena campaña. Habría dicho a personas cercanas que la decisión valió para aquel momento específico y que cada nueva discusión se evaluará de forma independiente. El portal Metrópoles registró una lectura parecida: el impedimento declarado respecto a Moraes no se extendería automáticamente a la petición de investigación contra el ministro André Mendonça, relator del caso Master, por supuesto abuso de autoridad. Colaboradores del ministro esperan que vote contra la apertura de una investigación, aunque la decisión aún no está cerrada.Cómo llegó el caso a este puntoEl conflicto nace de la investigación sobre la compra de precatórios por el Banco Master, de Vorcaro, títulos de deudas judiciales del Estado que se negocian con descuento. Después de que la Policía Federal incautara el celular del banquero, mensajes extraídos del aparato mostraron contactos con autoridades, entre ellas Moraes y familiares. Llegaron al STF pedidos para investigar a Moraes y a Mendonça. En la sesión del 15 de septiembre, el pleno discutió una cuestión de orden sobre el juzgamiento conjunto de los dos pedidos: el marcador parcial quedó en 4 a 3 en contra, y el ministro Flávio Dino pidió vista, lo que suspendió el análisis. La sesión prevista para el miércoles (23) fue aplazada por el presidente de la corte, el ministro Edson Fachin.Kassio y el ministro Dias Toffoli quedaron fuera de esa votación. Toffoli se declaró sospechoso tras difundirse relaciones comerciales con Vorcaro y dejó de actuar en los juicios ligados al caso. Kassio afirmó, al anunciar el impedimento, que lo ideal sería no participar en un juicio con potencial de afectar el rumbo de la elección. Según la Folha, sostiene en privado que presidir la corte electoral lo coloca como árbitro de la disputa, en una posición más delicada que la de sus colegas. Su ausencia debilitó a Mendonça: Kassio venía votando a su lado en todos los procesos hasta entonces.Por qué aparece el nombre de Kassio en los mensajesEl nombre del ministro también aparece en el material de la investigación. Horas antes de la sesión del 15 de septiembre se filtraron fragmentos de mensajes del celular de Vorcaro con citas a Kassio, entre ellos diálogos que mencionan pagos a su hijo, el abogado Kevin Marques, informó la Folha. El portal g1 relató que la investigación apunta a un grupo apodado "turma do KN" (equipo de KN, en portugués), iniciales atribuidas a Nunes Marques, ligado al juez federal de apelaciones Newton Ramos y a la abogada Camilla Ramos. En una conversación de junio de 2025, ella celebró con Vorcaro una victoria de ingenios azucareros en la segunda sala del STF, por 3 a 2, destacando "un excelente voto del Min Nunes Marques". En nota, el ministro afirmó que "nunca autorizó a nadie a hablar en su nombre". Las citas siguen bajo investigación y ninguna de las personas mencionadas ha sido condenada.Kassio y Mendonça también comparten tareas en el TSE: integran, junto a la ministra Estela Aranha, la comisión que trata los procesos sobre propaganda electoral, según la Folha. Por ahora, el juzgamiento de los pedidos contra Moraes y Mendonça sigue suspendido por la vista pedida por Dino, y la sesión del miércoles fue retirada de la agenda por Fachin. Si mantiene la evaluación actual, el regreso de Kassio al pleno en el caso Master solo debería ocurrir después de las elecciones de octubre.

La Policía Federal de Brasil halló en el celular del banquero Daniel Vorcaro un borrador de contrato, fechado en marzo de 2024, que preveía pagos de hasta R$ 427 millones del Banco Master al estudio de abogados Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos, de la abogada Camilla Ramos, esposa del desembargador Newton Ramos, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), la corte que revisa causas federales en gran parte del norte del país. La investigación fue publicada por Metrópoles el lunes y confirmada por g1, el portal de noticias de Globo.El contrato preveía la actuación del estudio en procesos vinculados a precatórios, deudas judiciales de la Unión reconocidas por la Justicia, del sector de azúcar y etanol, con honorarios del 5% neto sobre el monto recuperado por el banco en cada caso. Según g1, las demandas sumaban R$ 8.500 millones y una victoria total podría haber generado R$ 427 millones en honorarios. El documento es un borrador; las reportajes no informan si el contrato llegó a firmarse.Mensajes con el desembargadorTras la elaboración del borrador, Vorcaro le escribió a Newton para recordarle un "juicio el día 4 [de diciembre]" de interés del banco y recibió como respuesta "lembrei" y "tudo certo" (en portugués, "recordé" y "todo en orden"), según la reportaje. El 3 de junio de 2025, la PF identificó un mensaje de Camilla al banquero celebrando una victoria de los ingenios azucareros en el Supremo Tribunal Federal (STF), con elogios al voto del ministro Kassio Nunes Marques, y un intento de reunirse con el desembargador para "hablar rápidamente"."Grande vitória hoje para as Usinas na 2a Turma do STF! Placar 3x2 a favor das Usinas, para não aplicar o Tema 826. E um excelente voto do Min Nunes Marques fazendo a distinção dos casos em que o título judicial trouxe os critérios da indenização", escribió Camilla Ramos, en portugués: "Gran victoria hoy para los ingenios en la segunda sala del STF. Marcador 3-2 a favor de los ingenios, para no aplicar el Tema 826. Y un excelente voto del ministro Nunes Marques distinguiendo los casos en que el propio título judicial trajo los criterios de la indemnización".La investigación apunta a que Camilla y Newton integrarían la "Turma KN", la etiqueta usada por auxiliares de Vorcaro para el grupo de personas ligadas a Nunes Marques, cuyas iniciales KN supuestamente corresponden al ministro. El 20 de febrero de 2025, el operador de viajes del banquero le avisó de que la "turma do KN/Newton" había enviado seis nombres para sumarse a un palco del Carnaval de Río de Janeiro pagado por Vorcaro. Los mensajes indican también que el Carnaval de 2025 de Newton, con estadías en hoteles Fasano de Salvador y Río, fue organizado y costeado por el banquero. En mayo de 2025, días antes de que el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) aprobara la venta del Master al Banco Regional de Brasília (BRB), una asistente de Vorcaro trasladó un pedido del desembargador de una "tarifa promocional" para que el ministro Nunes Marques se hospedara en el Fasano. "Pode pegar e colocar na minha conta", respondió Vorcaro: "tómalo y cárgalo a mi cuenta". En otras ocasiones, el desembargador pidió al banquero entradas para un show en un hotel de São Paulo y para la Fórmula 1.Defensa y próximos pasosNunes Marques afirmó en una nota que "nunca autorizó a nadie a hablar en su nombre". La reportaje de g1 no registra nota de defensa del desembargador Newton Ramos, de la abogada ni del estudio. Nadie citado ha sido condenado; los mensajes forman parte de una investigación policial en curso y todos los mencionados son, por ahora, solo investigados o citados en conversaciones incautadas.Para quien llega ahora al caso: el Banco Master compró en 2023 el derecho a cobrar precatórios mediante fondos de inversión administrados por empresas investigadas en la Operación Compliance Zero. La sospecha es que parte de los precatórios fue emitida antes del fin de los procesos, cuando la Unión aún podía apelar. Los mensajes de Vorcaro alimentaron una crisis en el STF: el 15 de septiembre, la corte comenzó a analizar un informe con conversas del banquero con el ministro Alexandre de Moraes, y Nunes Marques, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), se declaró impedido de votar en esa sesión por temor a un impacto electoral. Según Folha de S.Paulo, el alejamiento llegó después de que diálogos citaran pagos a su hijo, el abogado Kevin Marques, y el ministro evalúa volver a participar en los juicios sobre el Master después de las elecciones de octubre, aún sin fecha definida.

Mensajes extraídos por la Policía Federal (PF) de Brasil del celular de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master e investigado en el escándalo de la entidad, muestran que el presidente de la CVM, el regulador de valores brasileño, Otto Lobo, lo habría apodado "leoncito de la montaña" mientras buscaba apoyo para mantenerse al frente del organismo. En otros diálogos, Vorcaro se definía como "el número 1" del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. Las conversaciones fueron divulgadas este lunes (21) por el diario O Globo y detalladas por Valor Econômico, que dijo tener acceso al material de la policía.En un audio enviado a Vorcaro el 19 de julio de 2025, el abogado Ciro Soares relató que Lobo, que entonces respondía interinamente por la CVM, pidió ayuda para hablar con el senador Otto Alencar porque quería quedarse en la presidencia del organismo. Según Soares, Lobo habría creado el apodo al hablar del entonces banquero."El Otto Lobo de la CVM me pide ayuda para hablar con el senador Otto (Alencar). (...) Hasta me dijo que a ti te llama 'leoncito de la montaña'. Yo le dije: 'Me gustó el apodo, ¿eh?'. Y él dijo: 'Sí, el leoncito de la montaña, el muchacho es vivo, trabajador'"Vorcaro respondió: "Excelente. Hay que ponerlo en la presidencia". En los diálogos siguientes, Soares dice que llevaría a Lobo al Senado y al senador Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores, para "trabajar para que este tipo se quede". "Vamos a hacerlo pasar. Voy a hablar con mi gente", respondió Vorcaro. Soares completó: "Tú empuja de un lado, que yo empujo del otro".En nota, Lobo afirmó que "no tiene conocimiento ni injerencia sobre conversaciones privadas de terceros" y que "nunca tuvo relaciones ni buscó apoyo de Daniel Vorcaro". Destacó que fue aprobado por el Senado el 20 de mayo de 2026, dos meses después de que la CVM creara un grupo de trabajo sobre el Banco Master, y que el organismo ya aplicó multas de unos 200 millones de reales en el caso, de los cuales 20 millones recayeron sobre Vorcaro. Lobo también defendió su voto de desempate en la oferta de acciones de Ambipar, decisión que, según él, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) consideró correcta en dos procesos. La defensa del senador Jaques Wagner negó que la conversación citada haya ocurrido y dijo que el parlamentario no tiene relación con Vorcaro ni actuó en favor del banco. Valor informó que buscó a los demás citados y no obtuvo respuesta antes de la publicación.Vorcaro se presentaba como el "número 1" de Hugo MottaEn una conversación del 2 de febrero de 2025 con el entonces director jurídico del Master, Luiz Rennó, Vorcaro dijo estar en Brasilia "con Davi y Hugo", referencia al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y al diputado. Preguntado si tenía buena relación con Motta, respondió: "¿Buena relación? Jajaja. Soy el 'número 1'. Amigo hermano". El mensaje fue enviado un día después de la elección de Motta como presidente de la Cámara en primera vuelta, con 444 votos y el apoyo de 17 partidos. Consultado, Motta no se había pronunciado hasta la publicación.Según apuraciones de la PF citadas por O Globo, Vorcaro pagó suites de hotel en Lisboa, en 2024, para Motta y para el senador Ciro Nogueira, a quien la policía sospecha de haber recibido ventajas indebidas por actuar a favor del banco en el Congreso. Motta dijo en aquella ocasión que no veía problema en el pago de las diarias, pues el evento era "corporativo y jurídico". El presidente de la Cámara también figura entre las autoridades presentes en una degustación de whisky y puros promovida por Vorcaro en el Carnegie Club, en Nueva York, el 14 de mayo de 2024, con una cuenta total de US$ 1.023.646, equivalentes a R$ 5.257.036 en la conversión hecha por la PF.Cronología del casoMarzo de 2024: la cuñada de Motta, Bianca Medeiros, toma con el Master un préstamo de al menos R$ 22 millones para comprar un terreno en João Pessoa, según Folha de S.Paulo.Mayo de 2024: Motta participa de la degustación en el Carnegie Club, en Nueva York, con una cuenta de US$ 1.023.646.2024: la PF señala que Vorcaro costeó la estadía de Motta y de Ciro Nogueira en Lisboa.1 de febrero de 2025: Motta es elegido presidente de la Cámara con 444 votos; al día siguiente, Vorcaro se dice "número 1" del diputado en un mensaje.19 de julio de 2025: en el audio a Vorcaro, Ciro Soares relata que Otto Lobo quiere apoyo para quedarse en la presidencia de la CVM y cita el apodo "leoncito de la montaña".Marzo de 2026: la CVM crea un grupo de trabajo sobre el Banco Master; el 20 de mayo el Senado aprueba a Lobo para la presidencia, y él asume en junio.21 de septiembre de 2026: O Globo y Valor publican los mensajes extraídos por la PF del celular de Vorcaro.Los próximos pasos no tienen fecha definida. Según la nota de Lobo, otras denuncias que involucran al Banco Master están en análisis por el equipo técnico de la CVM y serán apreciadas por el colegiado del organismo en el futuro. Los mensajes ahora divulgados integran el material que la PF extrajo del celular de Vorcaro en la investigación del caso Master. O Globo informó que mantiene abierto el espacio para que Motta se pronuncie sobre los diálogos.

La coalición "O Brasil Pronto pra Mais", que agrupa al PT y a aliados que apoyan la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentó el domingo (20) ante el TSE, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, una acción de investigación judicial electoral (AIJE) que pide anular el registro de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, del partido PL, de cara a las elecciones de octubre. El caso, repartido al ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, alcanza también al candidato a vicepresidente, el diputado federal Alfredo Gaspar (PL), y al diputado Mario Frias (PL), que busca la reelección.Según la demanda, relatada por Valor Econômico y por la columna de Matheus Leitão en Metrópoles, los tres se habrían beneficiado de una red de páginas de apoyo en Instagram organizada con publicaciones colaborativas, las collabs. El recurso hace que una misma publicación aparezca en el perfil de todos los coautores y llegue a los seguidores de cada uno. La tesis de la coalición es que asociar cuentas de campaña con páginas de apoyo no declaradas permitió que la propaganda circulara más allá de los límites legales y eludiera las restricciones que el sistema de recomendaciones de la plataforma aplica a las cuentas electorales.Los estudios anexados miden el crecimiento de la red. En el corte del 7 de septiembre se identificaron 508 publicaciones únicas, 492 de ellas collabs con 324 perfiles, agrupados en 13 conjuntos. En la actualización, con datos hasta el 17 de septiembre, el total subió a 1.826 collabs y 492 perfiles, un alza de 271,1% en diez días, y la suma nominal de seguidores pasó de 130,9 millones a 147,4 millones, cifra que los propios investigadores señalan como duplicada por solapamiento de audiencias. El estudio registró 74 cuentas ligadas a candidaturas o campañas en 207 de las 492 collabs iniciales (42,1%) y, en la actualización, el 68,6% de las publicaciones repetía exactamente los mismos conjuntos de coautores.La demanda también aborda la monetización. Según el Valor, el levantamiento identificó 11 perfiles que difundían enlaces de venta de productos ligados a la elección en Shopee, nueve de ellos en un mismo grupo de la red, con más de 10 millones de seguidores en conjunto; InfoMoney, citado por Amazônia Online, contabiliza 12. Entre los productos aparece una gorra con el número 22. Metrópoles reporta que las rendiciones de cuentas de Flávio y de Michelle Bolsonaro registran valor cero en el rubro "Comercialización de Bienes". El perfil oficial de Mario Frias aparece en diez collabs del primer estudio, nueve junto a la página @flaviobolsonaroapoio y seis junto a @flaviobolsonaros2, ambas distintas del perfil oficial de Flávio. Entre los perfiles mapeados, solo la cuenta @matheus_cambui figura en la base de 61.511 direcciones electrónicas informadas a la Justicia Electoral.En carácter de urgente, la coalición pide que Meta preserve los datos de los perfiles y de las collabs, incluidos los registros de las cuentas, el acceso, los metadatos y el historial de invitaciones y aceptaciones de las coautorías, y que se suspendan los enlaces de venta, con multa diaria de 50 mil reales. La acción exige además documentos de Meta y de Shopee para identificar a los responsables de las cuentas y de la tienda y el destino de los ingresos, además de informaciones de la Cámara y del Senado sobre funcionarios, contratos y gastos de las oficinas parlamentarias de Flávio, Alfredo Gaspar y Frias desde el 1º de febrero. En el fondo, pide la anulación de los tres registros y la declaración de inelegibilidad por ocho años, por uso indebido de los medios de comunicación y abuso del poder económico y político. La coalición quiere que el caso también vaya al procurador general electoral, para investigar la participación de otros candidatos ante los tribunales regionales electorales.Lo que los estudios admiten no probarLas acusaciones siguen siendo alegaciones en etapa inicial, sin condena ni decisión de fondo. Los propios estudios anexados reconocen, según el Valor, que la existencia de las collabs no prueba por sí sola quién controla las páginas, si hubo pago o quién comanda la red: la coautoría solo demuestra la publicación compartida, y la titularidad, el mando y la remuneración dependen de otras pruebas. Hasta el lunes (21) no había respuesta pública de la campaña de Flávio Bolsonaro en los reportajes consultados, y el TSE aún no se había pronunciado. El caso llega en medio de una batalla judicial entre ambas campañas: el 15 de septiembre, según G1, la campaña de Flávio pidió al TSE que prohibiera a Lula hacer transmisiones en vivo desde el Palacio de Alvorada durante la campaña.Línea de tiempo26 de agosto: una collab citada en la acción reúne el perfil oficial de Frias, su cuenta de noticias @mariofrias_noticias, el perfil @jorgeseifjunior y dos páginas de apoyo a Flávio, en una publicación en la que Frias agradece el apoyo a su reelección.7 de septiembre: primer corte del levantamiento identifica 492 collabs y 324 perfiles.8 a 17 de septiembre: nueva recolección registra 1.334 collabs adicionales; la red llega a 1.826 publicaciones.20 de septiembre: la coalición presenta la AIJE ante el TSE; el caso va al ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.Próximo paso: decisión del relator sobre los pedidos urgentes, entre ellos la preservación de datos por Meta. No hay fecha definida; el fondo se juzga después.

El ex dueño del Banco Master Daniel Vorcaro, investigado en el caso del banco ante el Supremo Tribunal Federal (STF), instruyó a una empleada que, según las investigaciones, gestionaba sus viajes, para dar prioridad al vuelo que atendería a la abogada Viviane Barci, esposa del ministro Alexandre de Moraes. Los diálogos fueron transcritos por la Policía Federal y detallados en un reportaje del diario Estadão publicado el domingo (20). Un día después del intercambio, el 22 de agosto de 2025, el propio ministro viajó en el jet de matrícula PP-NLR, un Legacy 650 propiedad de Prime You, empresa vinculada al banquero, según imágenes divulgadas por el diario O Globo.Según las transcripciones, el 21 de agosto de 2025 Vorcaro consultó al contacto identificado como "Thatiane Prime" sobre el fletamiento de un vuelo de Brasilia a Roraima. Un integrante de la operación respondió que la aeronave ya estaba reservada: "Tenemos el vuelo de Barci en el PP-NLR, despegando de Catarina a las 13:00", dice el mensaje, en probable referencia al aeropuerto ejecutivo São Paulo Catarina, en São Roque, estado de São Paulo. Vorcaro respondió: "No dejes de atender a Barci". El Estadão informa que el vuelo tenía como destino el aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, donde el video muestra a la pareja desembarcando el día 22, cuando Moraes participó como panelista en un foro del Lide, grupo que reúne a ejecutivos brasileños.Consultado, el estudio de abogados Barci de Moraes, del que Viviane es socia, admitió contratar servicios de taxi aéreo de distintas empresas, entre ellas Prime Aviation, operadora del vuelo. En nota, afirmó que Vorcaro nunca estuvo a bordo de las aeronaves de la empresa y que "en determinados vuelos, Viviane Barci de Moraes fue acompañada por su esposo, el ministro Alexandre de Moraes del STF"."La contratación de los servicios de taxi aéreo sigue criterios operativos y no implica ningún vínculo personal con propietarios de aeronaves ni operadores específicos. La elección de las aeronaves utilizadas corresponde a las propias empresas de aviación civil contratadas", dice la nota, que reitera además que el estudio no tiene contrato con Prime Aviation ni compró participaciones de la empresa.La admisión contrasta con la nota divulgada por el gabinete del ministro el 31 de marzo. En esa ocasión, después de que Folha de S.Paulo registrara que Moraes habría estado en al menos ocho vuelos en aviones ligados a Vorcaro, el gabinete calificó el reportaje de "fantasioso" y afirmó que él "jamás viajó en ningún avión de Daniel Vorcaro". En defensa escrita presentada al STF el 15 de septiembre, Moraes negó la existencia de un segundo contrato, de R$ 50 millones, que la Policía Federal señala como firmado el 12 de mayo de 2025 entre el estudio y Viking Participações, representada por Vorcaro.Línea de tiempoEnero de 2024: el Banco Master firma con el estudio Barci de Moraes un contrato de R$ 131 millones, en 36 cuotas mensuales de R$ 3,6 millones, según la PF.12 de mayo de 2025: la PF señala la firma de un contrato de R$ 50 millones con Viking Participações; un acuerdo el 19 de mayo preveía saldar R$ 40 millones con participaciones en empresas de aeronaves.21 y 22 de agosto de 2025: Vorcaro pide prioridad para el vuelo de la familia ("No dejes de atender a Barci"); el día 22, Moraes y Viviane aparecen en un video desembarcando del PP-NLR en Santos Dumont.31 de marzo de 2026: el gabinete del ministro niega que haya volado en aeronaves ligadas a Vorcaro.15 de septiembre de 2026: en defensa escrita ante el STF, Moraes niega el segundo contrato.20 de septiembre de 2026: O Globo divulga el video, el Estadão publica las transcripciones y el estudio admite el uso de Prime Aviation.En el STF, el episodio aviva el choque entre Moraes y el ministro André Mendonça, relator del inquérito del Master. Moraes acusa a su colega de abuso de autoridad y de actuar políticamente para perjudicarlo. Mendonça, por su parte, pidió al plenario examinar los mensajes intercambiados entre Vorcaro y Moraes; la petición está detenida desde que el ministro Flávio Dino pidió vista y, según el blog de Valdo Cruz, del G1, solo debería volver al plenario después de las elecciones. Ex ministros del tribunal defienden que la relación entre el banquero y el magistrado sea investigada.Ningún tribunal ha reconocido delito alguno en relación con los vuelos. Vorcaro es investigado en el inquérito del Master, y tanto el estudio como el ministro niegan irregularidades. El próximo paso procesal es el plazo que vence este lunes (21) para que Mendonça responda por escrito a las acusaciones de abuso de autoridad, improbidad y crimen de responsabilidad formuladas por Moraes, según el Estadão.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil despidió al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, del cargo de escribano (escrivão) de la Policía Federal. El acto fue firmado el 18 de septiembre por el ministro Wellington César Lima e Silva y publicado este lunes (21) en el Diário Oficial da União, la gaceta oficial federal. Según el portal G1, el despido se basa en la infracción disciplinaria de abandono de cargo, aplicada a quien falta al servicio "injustificadamente por un período superior a treinta días consecutivos".Eduardo ingresó en la Policía Federal en 2010, tras aprobar un concurso público, y estaba alejado de sus funciones para ejercer el mandato de diputado federal electo por São Paulo. El mandato le fue revocado a fines de 2025 por exceso de faltas, según una regla de la Constitución que prohíbe a diputados y senadores ausentarse de más de un tercio de las sesiones deliberativas del año. Las fuentes discrepan sobre la fecha exacta: G1 registra el 18 de diciembre, y Metrópoles, el 18 de noviembre de 2025.El proceso disciplinarioSin el mandato, Eduardo debía volver a su puesto de escribano en Río de Janeiro, lo que no ocurrió. Según Metrópoles, un proceso administrativo disciplinario fue abierto a comienzos de este año y concluido por la Policía Federal en julio, con informe final divulgado el 21 de julio; la decisión final correspondía al ministro de Justicia. El corregidor regional de la Policía Federal en Río también ordenó la entrega de la credencial funcional y del arma de fuego.La defensa y la causa penalEduardo vive en Estados Unidos desde febrero de 2025. Afirma que dejó Brasil para escapar de una supuesta persecución política y judicial, en busca de refugio. En el ámbito penal, fue condenado en junio de este año a cuatro años y dos meses de prisión, en régimen semiabierto, por intentar interferir en el juicio de su padre en el caso del complot golpista, según G1. La condena también lo vuelve inelegible por 12 años, hasta 2038.El viernes (18), la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó por unanimidad un recurso de la defensa contra la condena. El relator, el ministro Alexandre de Moraes, fue seguido por Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin en el plenario virtual. El despido de la Policía Federal surte efectos a partir de su publicación en la gaceta de este lunes. Los reportes no indican fecha para el inicio del cumplimiento de la pena ni eventuales nuevos recursos de la defensa.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino ordenó este domingo (20) que el Gobierno federal revise las normas que regulan el mercado de capitales y la actuación de la CVM, la comisión de valores mobiliarios de Brasil, con foco en los fondos de inversión y la prevención del lavado de dinero. La Unión tiene 90 días para presentar conclusiones, medidas propuestas y justificaciones técnicas, en un trabajo coordinado por el Ministerio de Hacienda, del que depende el organismo.La decisión se dictó en una acción presentada por el partido Novo que discute la estructura presupuestaria y la capacidad de fiscalización de la CVM. Según Folha de S.Paulo, el proceso recibió nuevo material tras un oficio enviado al Supremo por Transparencia Internacional. O Globo añade que Dino analizó también documentos del llamado GT Master, un grupo de trabajo creado dentro del propio organismo. Para el ministro, los problemas de la CVM no se limitan a la falta de recursos e incluyen gobernanza y mecanismos de supervisión, dificultades que, según la decisión, se agravaron tras cambios regulatorios de 2021 y 2022.Uno de los puntos que motivó la orden fue el tratamiento dado a una denuncia presentada ante la CVM en 2022. Según los documentos citados por Dino, la comunicación anticipaba, "con un alto grado de detalle", irregularidades identificadas después en el Banco Master, entre ellas activos ilíquidos, manipulación de cotizaciones y recompra de créditos. El área técnica la archivó con el argumento de que la información era inverosímil. La decisión también señala fallas en la protección de denunciantes: denuncias sensibles habrían sido tramitadas fuera de la plataforma Fala.BR, sin mecanismos adecuados para preservar la identidad de los informantes, lo que los expondría a represalias.Cronología del caso Master2021 y 2022: la CVM edita normas que flexibilizan el mercado de fondos, entre ellas la Resolución 175 de 2022.2022: una denuncia que detallaba irregularidades en el Banco Master es archivada por el área técnica de la CVM.4 de marzo de 2026: la Policía Federal detiene preventivamente en São Paulo al controlador del Banco Master, Daniel Vorcaro, y a otras tres personas; según Conjur, era su segunda detención en el caso. Vorcaro, investigado, pidió luego la revocación de la prisión, informó Folha.20 de septiembre de 2026: Dino ordena a la Unión revisar las normas de la CVM y fija un plazo de 90 días.Qué debe abarcar la revisiónSegún O Globo, la determinación alcanza tres resoluciones de la CVM. La central es la Resolución 175, que permite que fondos inviertan en cuotas de otros fondos semejantes en capas sucesivas y sin límite cuantitativo. "Esa circunstancia dificulta la visualización de la composición económica final de las operaciones y aumenta los desafíos inherentes a la supervisión regulatoria", escribió el ministro. Dino citó además la expansión del mercado: el número de fondos regulados pasó de 14,4 mil en 2014 a 32,3 mil en 2026, y los FIDC, fondos de derechos creditorios, crecieron 810% en el período. También pidió revisar normas que trasladaron a los gestores la verificación de la existencia de los créditos de las carteras, antes a cargo de depositarios independientes, con comprobación por muestreo o incluso dispensada en ciertos casos.En el terreno del lavado de dinero, el ministro afirmó que las normas actuales obligan al mercado a monitorear y comunicar operaciones sospechosas, pero no exigen rechazar un negocio cuando no es posible identificar al beneficiario final de estructuras societarias complejas. En su evaluación, el escenario de baja transparencia habría creado, en teoría, condiciones para fraudes de gran repercusión económica y para el uso del mercado regulado por estructuras criminales. En la decisión, Dino escribió:Estas dificultades acaban ampliando la actuación de organizaciones criminales dedicadas a gravísimos delitos (narcotráfico; tráfico de armas; corrupción; desvío de enmiendas parlamentarias; compra y venta de decisiones judiciales que involucran a magistrados, asesores y abogados; fraude en licitaciones; mercado ilegal de precatórios, entre otros).Es la segunda determinación de Dino en la misma acción. Antes ya había resuelto que la CVM aplique el 70% de lo que recauda con la tasa de fiscalización en su propia estructura, sin trasladar los recursos al Tesoro Nacional. Según Folha, el ministro también sugirió que Hacienda revise la norma de la CVM sobre procesos sancionadores. En los reportajes consultados no hay registro de manifestación de la CVM ni del ministerio sobre la decisión. El siguiente paso es el plazo: las conclusiones, coordinadas por Hacienda, deben entregarse en 90 días, que, contados desde la decisión del 20 de septiembre, vencen hacia el 19 de diciembre.

La Policía Federal (PF) de Brasil encontró, entre los archivos extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master e investigado en el caso, una fotografía del procurador general de la República, Paulo Gonet, con un puro en la mano, sentado junto al exbanquero en un evento en Londres. La imagen fue revelada este sábado (19) por el diario O Globo y recogida por G1, y la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó su autenticidad. El mismo día, la oposición pasó a exigir el alejamiento del procurador.Según G1, la foto llegó al teléfono de Vorcaro el 19 de junio de 2025, enviada por el abogado Ciro Soares, exdefensor del Banco Master, con el mensaje "PG me mandou" ("el PG me lo mandó"), iniciales de Paulo Gonet. En la imagen, el procurador aparece sentado cerca de Vorcaro y de otros dos hombres, con vasos de whisky sobre dos mesas. La CNN Brasil informó que el evento ocurrió en abril de 2024, el mismo encuentro citado por Gonet ante el Tribunal Supremo Federal (STF) el 15 de septiembre. La cronología de mensajes divulgada por G1 registra, además, arreglos para un viaje a Londres con Gonet y su hijo en marzo y abril de 2025.Ante G1, la PGR afirmó que el propio Gonet ya admitió públicamente que participó en el evento, organizado por Vorcaro y con otras autoridades presentes, y recordó que el ministro André Mendonça, relator de las investigaciones del caso Master en el STF, ya calificó la mención al procurador en los mensajes como algo sin gravedad. Citado en el informe de la PF, Gonet defiende la nulidad del documento: según la PGR, fue producido a pedido de Mendonça sin requisición previa de la propia PGR o de la policía, y haría falta autorización del plenario del STF para investigar. En la sesión del 15 de septiembre, dijo que no tuvo una relación de proximidad con Vorcaro y que la única conexión entre los dos fue "brevíssima e banal" (brevísima y banal).Cronología del casoAbril de 2024: en mensajes a Vorcaro, Ciro Soares escribe que "Gonet é firme" ("Gonet es firme"); según los mensajes, Gonet habría ayudado a viabilizar la elección de Jarbas Soares Júnior para presidir el consejo nacional de procuradores generales (CNPG).Marzo de 2025: tras el mensaje "Ele quer falar com você" ("Él quiere hablar contigo"), la pericia registra cuatro llamadas seguidas entre Vorcaro y Ciro, lo que, para la PF, indica que el banquero habló con Gonet por el teléfono del abogado; días después, Ciro reenvía mensajes atribuidos al procurador, como "Oba!!! Tomara que tenha charuto e macalan!" (referencia al whisky The Macallan), y organiza el viaje a Londres de Gonet y su hijo, con gastos aprobados por Vorcaro.1 de septiembre: Mendonça hace público un informe de la PF con los mensajes del teléfono de Vorcaro, que también citan al ministro Alexandre de Moraes, y pide al presidente del STF, Edson Fachin, que lleve el caso al plenario.15 de septiembre: el plenario del STF empieza a analizar el caso; Gonet niega proximidad con el banquero, y el ministro Flávio Dino interrumpe el juicio con un pedido de vista.19 de septiembre: O Globo publica la foto de Gonet y Vorcaro en Londres; la oposición exige el alejamiento del procurador general.Presión de la oposiciónLa divulgación de la imagen abrió un nuevo frente de presión. Este sábado, el diputado y candidato presidencial Nikolas Ferreira (PL) presentó una representación ante el presidente del STF, Edson Fachin, pidiendo que la Corte analice el alejamiento cautelar de Gonet. Para el parlamentario, la fotografía, los mensajes y las referencias al procurador y a familiares en el material de la investigación justifican examinar un posible conflicto de intereses; pide que Fachin remita el caso al órgano competente del STF y que la discusión llegue al plenario. El candidato Romeu Zema (Novo) defendió la renuncia de Gonet y vinculó la crisis al gobierno de Lula, responsable de su indicación para el cargo. Flávio Bolsonaro (PL) publicó la foto en redes sociales y afirmó que los involucrados estarían "rindo da cara do povo sofrido" (riendo en la cara del pueblo sufriente).Los próximos pasos están en el STF. El juicio iniciado el 15 de septiembre quedó suspendido tras el pedido de vista del ministro Flávio Dino, y no hay fecha para su reanudación. La representación de Nikolas aguarda la decisión de Fachin sobre su tramitación. La CNN Brasil informó que buscó a la PGR para comentar la foto y que el espacio sigue abierto.

El máximo tribunal electoral de Brasil suspendió cautelarmente la candidatura al Senado por Paraná de Deltan Dallagnol, exfiscal jefe de la operación anticorrupción Lava Jato. La medida, firmada en la noche del sábado 19 de septiembre por el ministro Floriano de Azevedo Marques del Tribunal Superior Electoral (TSE), atendió una solicitud de la coalición Paraná Para Todos y de la Federación Brasil de la Esperanza, que incluyen al Partido de los Trabajadores (PT) y al PDT. Hasta que el pleno del tribunal juzgue el recurso, Dallagnol, del partido Novo, no puede recibir ni usar dinero público de campaña ni hacer campaña.En la práctica, pierde el acceso al Fondo Partidario y al Fondo Especial de Financiamiento de Campaña (FEFC), queda prohibido de emitir propaganda electoral en radio y televisión y no puede realizar actos de campaña, según CNN Brasil. El ministro consideró que hay indicios de que el Tribunal Regional Electoral de Paraná (TRE-PR) contradijo la jurisprudencia del TSE al mantener la candidatura el pasado 9 de septiembre. A su juicio, la decisión regional fue tomada en desafío al tribunal superior, sin el mínimo respaldo jurídico y con efectos perturbadores del proceso electoral (frases traducidas del portugués)."Un candidato inelegible puede cambiar, con los votos a él dedicados, de forma irreversible el resultado de la elección, porque sus electores habrán sido impedidos de hacer otra combinación de voto a su criterio"escribió Floriano en la decisión, expedida con carácter de urgencia. La solicitud que llevó a la suspensión fue firmada por seis abogados que actúan para la coalición y la federación adversarias en la disputa, según CNN Brasil. El diario Estadão informa de que la medida será analizada en un juicio colegiado.Cronología2022: Dallagnol pidió su exoneración como fiscal federal 11 meses antes de las elecciones, mientras respondía a procedimientos internos en el Ministerio Público Federal, y se postuló a la Cámara de Diputados. El TRE-PR aprobó su registro; hubo recurso al TSE, pero, sin decisión definitiva, compitió, fue elegido y asumió el cargo.2023: el TSE anuló el registro de su candidatura. El relator del caso, ministro Benedito Gonçalves, entendió que hubo fraude a la ley de antecedentes limpios (Ficha Limpa), porque la renuncia se presentó de forma anticipada para evitar procedimientos disciplinarios que podían llevar a su destitución y, en consecuencia, a su inelegibilidad. La Cámara de Diputados confirmó la pérdida del escaño meses después.9 de septiembre de 2026: el TRE-PR acogió, por 4 votos a 3, un recurso de la defensa de Dallagnol y permitió el registro de su candidatura al Senado.19 de septiembre de 2026: el ministro Floriano de Azevedo Marques, del TSE, suspendió la candidatura en medida cautelar, a pedido de la coalición adversaria, hasta el juicio colegiado del recurso.Las dos partes y los próximos pasosEn Paraná, la tesis de la defensa había prevalecido por 4 votos a 3 en el tribunal regional. Ante el riesgo de perder la candidatura en definitiva, Dallagnol ya habló públicamente de un plan alternativo: en una entrevista al pódcast A Tia Pod, en junio, afirmó que puede indicar a su esposa, Fernanda Dallagnol, o al vicealcalde de Curitiba, Paulo Martins, para disputar el Senado en su lugar si se niega el registro, según el sitio O Antagonista.La suspensión alcanza a uno de los nombres punteros en las encuestas de intención de voto para el Senado en Paraná, según un sondeo de Paraná Pesquisas citado por CNN Brasil, a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil, fijada para el 4 de octubre. El siguiente paso es el juicio del recurso por el colegiado del TSE, que definirá si Dallagnol puede competir; no se ha divulgado ninguna fecha hasta el cierre de esta información. La medida cautelar es provisional y no decide el fondo de la candidatura.

Mensajes extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro por la Policía Federal muestran que el dueño del Banco Master trataba al senador Otto Alencar (PSD), presidente de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil, como su "consejero" y "comandante". Según un reportaje del periódico O Globo publicado este viernes (19), un informe de la Policía Federal señala que el abogado Ciro Soares actuaba como intermediario: avisaba a Vorcaro cuando estaba con el parlamentario, le enviaba fotos a su lado y lo llamaba para transmitir recados atribuidos al senador. Alencar niega cercanía con el banquero y, según el periódico, no es investigado en el caso.El caso, en resumenVorcaro fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, cuando se preparaba para abordar un jet privado con destino a Malta. La operación, bautizada Compliance Zero, investiga la supuesta emisión de títulos de crédito falsos, y el Banco Central decretó después la liquidación extrajudicial del Master. El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, declaró ante una comisión del Senado sobre crimen organizado que el fraude investigado pudo haber movido cerca de 12.000 millones de reais. El contenido del teléfono del banquero, estimado en 500 gigabytes, fue enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) con acceso restringido, y fragmentos alimentan informes policiales como el que cita a Alencar.Los mensajesEn mensajes traducidos del portugués, el primer diálogo citado por los investigadores es del 30 de mayo de 2024, cuando Alencar integraba tanto la CCJ como la Comisión de Asuntos Económicos, que analiza proyectos de interés del sector financiero. "Otto quería hablar contigo", escribió Soares. Tras una llamada, Vorcaro respondió: "Manda un abrazo a nuestro comandante. Él es nuestro consejero y nuestro comandante". El 5 de diciembre de ese año, el abogado volvió al tema: "Dani, es muy importante que hablemos. Otto hizo un gran movimiento por ti. Te estuvo esperando ayer y hoy". Vorcaro respondió que estaba en "un momento muy complicado".Los registros continúan a lo largo de 2025, el año en que Alencar asumió la presidencia de la CCJ. El 12 de noviembre, días antes de la prisión de Vorcaro, Soares escribió: "Estoy con Otto ahora. Pregunta por ti". Vorcaro respondió: "Mándale un abrazo. Estamos construyendo un cambio de rumbo. Pero voy a necesitarlos a ustedes". En la misma conversación, con lenguaje soez, el abogado dijo que el senador había sido duro ese día en la audiencia del Senado sobre la renovación del fiscal general de la República, Paulo Gonet, aprobada ese mismo día. El 19 de junio, tras una llamada no atendida, Soares escribió: "Ottón dice que te extraña". "Y yo a él", respondió Vorcaro, que después impulsó que el senador asistiera a un evento en Londres patrocinado por el Master: "Tiene que ir. Vamos a tomar los mejores Macallan", en referencia al whisky. Los informes describen también intentos de organizar encuentros presenciales entre ambos en Salvador y Brasilia.Las versionesConsultado, Alencar afirmó primero que es amigo de Soares, abogado del PSD en Bahía, y negó cualquier contacto con Vorcaro. "Nunca lo vi ni intercambié mensajes. Nunca fui a una fiesta, ni a Londres, ni intermedie una conversación con Vorcaro ni con absolutamente nadie", dijo el senador, que también negó llamadas u otros contactos. Tras la publicación del reportaje, reconoció haber hablado con el banquero "dos o tres veces por teléfono", desde el aparato del abogado, y afirmó que Vorcaro pidió su apoyo a la llamada enmienda Master, que ampliaría de 250.000 a 1 millón de reais el límite de garantía del Fondo Garantizador de Crédito (FGC). Según las investigaciones, la propuesta fue presentada por el senador Ciro Nogueira (PP-PI) en acuerdo con el banco, pero fue rechazada por el relator de la enmienda constitucional de autonomía del Banco Central, el senador Plínio Valério (PSDB-AM). Alencar dijo que discrepaba de la iniciativa y que ya había sido advertido de los riesgos por el entonces ministro de Hacienda, Fernando Haddad.Soares, que según O Globo tampoco es objetivo de pesquisas ligadas al caso, dijo que sería "natural una reunión entre un líder político y un líder empresarial", pero negó haber organizado almuerzos o encuentros entre los dos. La defensa de Vorcaro no se manifestó sobre los mensajes y reitera, según el periódico, que el banquero está a disposición de la Justicia para dar esclarecimientos. Este viernes (19), los ministros del STF André Mendonça y Luiz Fux informaron a la Policía Federal que no consiguieron abrir las copias del teléfono que recibieron y pidieron ayuda técnica, según el sitio G1. Hasta ahora no hay investigación en curso contra Alencar ni contra Soares en el caso Master.

Los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil André Mendonça y Luiz Fux informaron a la Policía Federal, en oficios enviados este sábado (19), que no han podido acceder a la copia de la íntegra de los datos extraídos del celular de Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master e investigado en la Operación Compliance Zero. En los documentos, ambos pidieron apoyo técnico para examinar el material, de unos 500 gigabytes, entregado por la Policía Federal a sus despachos el jueves (17).Según InfoMoney, cada ministro envió un oficio por separado al director general de la corporación, Andrei Rodrigues. Los dos textos registran que los gabinetes no lograron, hasta la tarde de este sábado, el "acceso efectivo al material allí contenido". Señalan las mismas hipótesis para el problema, "dificultades de orden técnica operacional" o "algún tipo de defecto contenido en el medio entregado", y afirman que los datos siguen indisponibles para examen y análisis. Los ministros pidieron a la Policía Federal "el auxilio técnico operacional necesario" y la comprobación de la "higidez del material específicamente entregado", para verificar la integridad del medio.Cómo llegó el caso hasta aquí18 de noviembre de 2025: la Policía Federal incauta el celular de Vorcaro en la primera fase de la Operación Compliance Zero, que investiga supuestas fraudes en el Banco Master. El aparato figura en los oficios identificado por el número de serie y dos códigos IMEI.Revelaciones: mensajes extraídos del celular alimentaron una crisis en el STF, la máxima corte de Brasil. El material incluye conversaciones del investigado con el abogado Rodrigo Fux, hijo del ministro Luiz Fux, y referencias al ministro Kassio Nunes Marques.Distribución: ministros del tribunal solicitaron acceso al material, y la Policía Federal entregó copias de la íntegra de los datos a gabinetes del STF. La última entrega, el jueves (17), fue para Fux y Mendonça, que lo habían pedido.Martes (15): en sesión del tribunal, Mendonça afirmó que recién entonces tomó conocimiento de referencias a otros integrantes de la corte en el material, y que una copia de seguridad recibida antes seguía lacrada, sin acceso, en su gabinete.Sobre quién ya recibió copias, las informaciones divergen. Según g1, la Policía Federal puso el material a disposición de los gabinetes de Mendonça, Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes y Kassio Nunes Marques. InfoMoney, citando el diario O Globo, informa que la entrega del jueves elevó a cinco el número de ministros con el contenido: además de Fux y Mendonça, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes ya lo habían recibido directamente de la Policía Federal.Qué contiene el materialSegún relatos hechos a g1, los datos están divididos en carpetas con conversaciones, audios y logs, los registros de actividad del aparato. La organización corrió por cuenta del software pericial IPED (Indexador y Procesador de Evidencias Digitales), que indexa las evidencias y permite búsquedas por palabras clave en conversaciones y documentos. Los peritos también usaron herramientas para recuperar datos borrados o protegidos por contraseña y rastrear registros de envío de mensajes y archivos. Para dimensionar el volumen, g1 estima que los 500 GB equivalen a unas 140 mil imágenes en alta resolución, más de 120 mil archivos de audio en MP3 y unas 40 horas de películas en alta definición.Hasta el cierre de este despacho, la Policía Federal no se había pronunciado públicamente sobre los oficios. El siguiente paso es la respuesta de la corporación, con el apoyo técnico pedido por los ministros y la verificación de la integridad del medio entregado a los dos gabinetes. Ninguna de las fuentes menciona un plazo.

Ejecutivos del Banco Master trataban a la abogada Dalide Corrêa, que recibió R$ 33 millones de la institución, como "socia" del ministro Gilmar Mendes del STF (Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil). La referencia aparece en mensajes de diciembre de 2024 intercambiados con el exbanquero Daniel Vorcaro, cuyo celular fue incautado por la Policía Federal. Los diálogos fueron obtenidos por la columnista Malu Gaspar, del diario O Globo, y el caso fue recogido el sábado (19) por la Folha de S.Paulo. La oficina del ministro dice que la afirmación es falsa.En la conversación, el entonces director jurídico del banco, Luiz Rennó, presionaba a Vorcaro para liberar una factura de R$ 15 millones destinada a la abogada, que reclamaba pagos atrasados. Las iniciales "GM" mencionadas en el mensaje se refieren a Gilmar, el decano de la corte."¡Hola, amigo! ¡Ese pago es para Dalide! ¡Aquellos precatórios! ¡Ella es socia del GM del STF! El Leandro, socio de ella, es muy complicado y operan con el BTG. Autoriza ese", escribió Rennó, según los diálogos obtenidos por la Policía Federal.Según la columna, además de la supuesta cercanía con el ministro, el mensaje cita la operación con el BTG Pactual, el banco de inversión que Vorcaro veía como su principal rival.Cronología del casoSegún O Globo, Dalide trabajaba a favor de los intereses de Vorcaro en el mercado de precatórios, créditos judiciales que los gobiernos brasileños deben pagar tras perder juicios. Los litigios del sector azucarero y alcoholero ante el STF derivan de reclamos de indemnización de ingenios por el congelamiento de precios impuesto por el gobierno federal en las décadas de 1980 y 1990, causas de miles de millones que se arrastran hace más de 30 años. Fechas clave:Hasta noviembre de 2016: Dalide fue directora general del IDP, institución de enseñanza fundada por Gilmar y hoy comandada por uno de sus hijos, cargo que ocupó unos nueve años, según ella misma.Abril de 2024: Gilmar recibió a Vorcaro y a abogados del Master en su oficina del STF para tratar un proceso sobre un precatorio del ingenio Alcídia, según información prestada por la propia oficina del ministro. Votó en contra de los intereses del banco.27 de agosto de 2024: Rennó exigió a Vorcaro autorizar con urgencia la factura de R$ 15 millones de Dalide, citando una "victoria importante en el caso Catende", un ingenio de Pernambuco.Diciembre de 2024: en una nueva ronda de cobros, Rennó llamó a la abogada "socia del GM del STF".Septiembre de 2026: la columna de O Globo divulga los diálogos; Gilmar y Dalide niegan cualquier sociedad.Lo que dice cada parteEn nota, la oficina de Gilmar calificó de "falsa" la asociación hecha por los ejecutivos del Master y afirmó que el ministro nunca tuvo sociedad con Dalide, ni en el IDP ni en otra empresa. Según la nota, la abogada ocupó un "cargo técnico de directora general" del instituto y salió en noviembre de 2016. La oficina sostiene que Gilmar "no tiene conocimiento" de la actuación de ella en procesos relacionados con precatórios del sector azucarero y que votó en contra del pago en todos los casos del sector que juzgó, en línea con las tesis del gobierno federal: "En ninguno de ellos el voto fue favorable a los intereses del Banco Master".Dalide negó cualquier sociedad con Gilmar y cualquier vínculo societario con el IDP, y dijo no tener relación con el BTG. Según su oficina, actuó en procesos presentados inicialmente por empresas que vendieron créditos al Master y que después fueron sucedidas por el banco en las acciones. Gilmar dijo a la Folha que no tiene relación personal ni profesional con ella y la considera una ex empleada. La columna de O Globo, sin embargo, constató que ambos siguen próximos hasta hoy.El pago de R$ 33 millones a la oficina de Dalide fue detectado por una auditoría interna del BRB, el banco estatal de Brasilia que intentó comprar el Master, según el diario O Estado de S. Paulo. La Policía Federal también encontró mensajes en los que el ejecutivo Alberto Félix trata a la abogada como "canal directo con el STF". Nadie ha sido condenado, y los diálogos integran el material del celular de Vorcaro en análisis en las investigaciones del caso Master. Según G1, los ministros André Mendonça y Fux informaron a la Policía Federal, en oficios, que no consiguen acceder a la íntegra de la copia del celular y pidieron auxilio técnico. No hay fecha definida para los próximos pasos.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil admitió el viernes (18) una acción de investigación judicial electoral contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB), candidatos a la reelección, por supuesto abuso de poder político y económico y uso indebido de los medios de comunicación en el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, en febrero, durante el Carnaval de Río. La decisión es del corregidor electoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, y solo permite que el proceso siga adelante, sin resolución del fondo ni reconocimiento de ninguna irregularidad.La acción fue presentada por el candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y su candidato a vice, Alfredo Gaspar, rivales de Lula y Alckmin en la elección de 2026. También figuran como investigados la primera dama, Rosângela da Silva, Janja, el candidato a diputado federal del PT Marcelo Freixo y el alcalde de Niterói, Rodrigo Neves. Según G1, el ministro ordenó citar a todos y fijó un plazo de cinco días para la defensa. Si prospera al final, la acción puede anular el registro o el diploma del candidato beneficiado e inhabilitar a los responsables por ocho años, según el artículo 22 de la Ley Complementaria 64 de 1990.Cómo llegó el caso al TSEJulio de 2025: según la demanda, se anuncia el argumento de Acadêmicos de Niterói dedicado a la trayectoria personal y política de Lula.15 de febrero de 2026: la escuela desfila en el Carnaval de Río con el argumento sobre el presidente, según Brasil 247.Viernes, 18 de septiembre: el corregidor electoral admite la acción, cita a los investigados y abre un plazo de cinco días para la defensa.Lo que alega la demandaFlávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar sostienen que los municipios de Río de Janeiro y Niterói, el estado de Río y la agencia federal de turismo Embratur destinaron, en conjunto, 9,65 millones de reales a la escuela después del anuncio del argumento, en julio de 2025. Según los autores, habría además ingresos privados sin aclarar, posiblemente de empresas con contratos públicos y sin historia de patrocinio a escuelas de samba. Alegan también uso indebido de los medios de comunicación: el desfile habría sido transmitido por televisión abierta en cadena nacional durante unos 79 minutos, y la grabación seguiría disponible en plataformas digitales, una exposición que, en la lectura de los candidatos, escaparía a las reglas de la propaganda electoral.En la petición, los autores piden la producción de pruebas en organismos y entidades públicos y privados, y las declaraciones de Janja, Freixo y Rodrigo Neves. Si el abuso es reconocido, piden la anulación de las candidaturas de Lula y Alckmin y su inhabilitación por los ocho años siguientes.Al examinar el expediente, Antonio Carlos Ferreira concluyó que los hechos relatados bastan, en tesis, para encuadrar abuso de poder político y económico y uso indebido de los medios de comunicación. Según Brasil 247, la petición vino acompañada de comprobantes de pago, publicaciones oficiales, documentos de tribunales de cuentas, del libro "Livro Abre-Alas" de la escuela y de una lista de testigos. "Así, en un primer análisis, entiendo que la petición inicial cumple los requisitos de admisibilidad", escribió el ministro. Para Márcio Nogueira, presidente del colegio de abogados de Rondônia y especialista en derecho electoral citado por G1, la acción de investigación judicial es uno de los instrumentos "más severos de responsabilidad en la Justicia Electoral" y se distingue de las representaciones electorales, destinadas a infracciones específicas, como propaganda irregular.El instrumento ya tuvo peso en la política brasileña: las dos condenas del expresidente Jair Bolsonaro (PL) en el TSE, que lo volvieron inelegible hasta 2030, se dieron en acciones de investigación judicial electoral, una por la reunión con embajadores de julio de 2022 y otra por los actos del bicentenario de la Independencia, el 7 de septiembre de 2022. Sobre el caso actual, G1 informó que buscó a la asesoría de campaña del PT y no obtuvo respuesta. Lula, Alckmin y los demás citados figuran como investigados y mantienen la presunción de inocencia. El próximo paso es la defensa, en el plazo de cinco días contados desde la citación; después, el caso avanza a la producción de pruebas. Los medios consultados no informaron una fecha para esa etapa.

Mensajes intercambiados el 12 de diciembre de 2024 indican que Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, encargó dos certificados internacionales de vacunación contra la fiebre amarilla con fecha retroactiva de aplicación de las dosis. Según un reportaje de Folha de S.Paulo publicado este sábado (19), los diálogos, obtenidos por el periódico, ocurrieron con Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, alias Sicário, señalado por la Policía Federal como jefe de la milicia privada del banquero. En la conversación, Vorcaro envió datos personales de la actriz Monique Alfradique y recibió dos certificados con registro de aplicación el 9 de abril de 2024.El intercambio ocurrió entre las 8h57 y las 13h30, según la Folha. A las 8h57, Vorcaro envió a Sicário un certificado de vacunación y escribió que necesitaba dos certificados como aquel. Hacia el mediodía, Sicário reenvió un mensaje de un interlocutor no identificado que decía que el trabajo ya estaba listo y preguntaba si se insertaba en el sistema del gobierno. Después pidió el número de documento fiscal de la mujer y prometió enviar todo "listo y resuelto". Vorcaro respondió con el nombre completo, el CPF y la fecha de nacimiento de Monique Alfradique.A las 13h25, el interlocutor, en mensajes reenviados por Sicário, afirmó haber registrado una dosis como aplicada el 9 de abril de 2024 y dijo que el RNDS, la Red Nacional de Datos en Salud que genera los PDF de certificados en el sistema público brasileño (SUS), estaba procesando el registro. Sicário envió el enlace del sitio Meu SUS Digital, del gobierno federal, dijo que el asunto ya debería aparecer en la cartera digital de vacunación, se ofreció para más ayuda y entregó dos certificados a Vorcaro.Consultada por la Folha, la oficina de prensa de la actriz dijo que "las dos dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla aplicadas a Monique Alfradique ocurrieron de forma absolutamente regular, en puestos de salud debidamente acreditados, en observancia de los protocolos oficiales". La última dosis habría sido aplicada el 22 de abril de 2024, en la Fiocruz. El periódico advierte que no está claro si la actriz conocía el pedido. El Ministerio de Salud informó que los sistemas del SUS cuentan con "mecanismos de seguridad, control de acceso y trazabilidad" y que "no hay ningún registro de compromiso de estos mecanismos". La defensa de Vorcaro no se manifestó.Cronología del casoDiciembre de 2024: los mensajes sobre los certificados se intercambian el 12 de diciembre.Noviembre de 2025: Vorcaro es detenido por primera vez en el escándalo del Master.4 de marzo de 2026: Sicário es detenido por orden del ministro André Mendonça, del STF, en la tercera fase de la Operação Compliance Zero, la investigación federal sobre el Banco Master. Murió por suicidio en el calabozo de la Policía Federal en Minas Gerais.Junio de 2026: la Folha reveló que mensajes del celular de Vorcaro muestran que ordenó a Sicário "moer" (gíria brasileña para golpear) a una empleada de la actriz; su oficina dijo que ella desconocía cualquier amenaza.Septiembre de 2026: un informe de la Policía Federal sobre el celular de Vorcaro es hecho público por Mendonça el 1 de septiembre; el pleno del STF comienza a analizarlo el día 15, cuando el ministro Flávio Dino lo suspendió con una petición de vista.Los investigadores describían a Sicário como jefe de la "Turma", grupo que, según la Policía Federal, obtenía información confidencial para Vorcaro y amenazaba a adversarios del banquero. Documentos del celular del exbanquero fueron enviados a la comisión de investigación del INSS, el instituto de pensiones brasileño, en la que un contacto de la actriz figuraba registrado como "Alan TI", según la Folha. El episodio tiene paralelo con la investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro por la supuesta falsificación de un certificado de vacunación contra la Covid: la Policía Federal lo indició por inserción de datos falsos en 2024, pero la Procuraduría General de la República pidió el archivo del caso en 2025, al entender que no hay elementos para responsabilizarlo.Las investigaciones del caso Master cursan en el STF bajo la relatoría de André Mendonça. El procurador general de la República, Paulo Gonet, citado en el informe policial, sostiene que el documento es nulo porque se produjo sin una solicitud previa de la Procuraduría o de la propia Policía y sin autorización del pleno de la corte. El debate en el pleno, iniciado el martes (15), quedó interrumpido por la petición de vista de Dino y todavía no tiene fecha para retomarse. Vorcaro es investigado y conserva la presunción de inocencia.

Los gabinetes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzaron a analizar, con acceso restringido, las copias de los datos extraídos del celular del exbanquero Daniel Vorcaro, investigado en el caso del Banco Master. El archivo comprimido, enviado por la Policía Federal por determinación de ministros del tribunal, tiene 500 gigabytes. Según relatos recogidos por el g1 este sábado (19), los ministros aún no decidieron los próximos pasos y no hay plazo para el fin del análisis, que ocurre en medio de una crisis que ha paralizado asuntos importantes de la agenda del tribunal en plena campaña presidencial.Para dimensionar el volumen, el g1 compara el tamaño con unas 140 mil imágenes en alta resolución, más de 120 mil archivos de audio en MP3 o cerca de 40 horas de películas en alta definición. Los datos están divididos en carpetas de conversaciones, audios y logs, los registros de actividad del aparato. La organización corrió por cuenta del software forense IPED, que permite búsquedas por palabras clave y genera un código que asegura la integridad de las pruebas y detecta intentos de alteración. Los peritos también usaron herramientas para recuperar datos borrados o protegidos por contraseña. Según el g1, el barrido combina una búsqueda general sobre puntos señalados por los propios ministros con la revisión del recorte hecho por la Policía Federal para sus informes, con cuidado de preservar cuestiones personales presentes en la extracción. En una nota, la corporación afirmó:"Las copias entregadas son idénticas a la extracción realizada del aparato. El material original permanece íntegramente en las dependencias de la institución, dentro de una cadena de custodia formalmente documentada, con los respectivos precintos íntegros y mecanismos de verificación de integridad digital."La copia fue enviada a los ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, André Mendonça y Nunes Marques, según el g1. Hasta el jueves (17), cinco de ellos habían recibido el material, informó Poder360. El envío es resultado de una disputa interna por el acceso irrestricto al archivo digital de Vorcaro: Zanin y Mendes acudieron al presidente del tribunal, Edson Fachin, exigiendo la entrega de la totalidad de la imagen del aparato, y Fachin decidió escuchar a Mendonça, relator del caso Master, quien alegó que la divulgación causaría turbulencia en el juzgamiento. Aun sin decisión del presidente, Zanin, Mendes y Moraes determinaron que la Policía Federal enviara copias, y Mendonça y Fux también solicitaron el material. Mendonça afirmó que la copia que recibió era de seguridad, cifrada y precintada, como contraprueba en caso de extravío del original, y que no manipuló el medio.Cómo llegó el caso hasta aquíEl celular fue incautado por la Policía Federal el 17 de noviembre de 2025, el día en que la Justicia decretó por primera vez la prisión preventiva de Vorcaro. La extracción identificó contacto del exbanquero con autoridades de los tres Poderes, incluidos ministros del STF y parientes, diputados, senadores y directores del Banco Central. El material ya sirvió de base para búsquedas contra los senadores Ciro Nogueira (PP-PI) y Jaques Wagner (PT-BA). El 12 de septiembre, Fachin suspendió provisionalmente las relatorías de Mendonça en los casos del Master y del fraude en los descuentos del INSS, la seguridad social brasileña, según Poder360. El 15 de septiembre, el STF abrió una sesión para decidir sobre la apertura de una investigación contra Moraes, después de que Mendonça levantara el sigilo de un informe de la Policía Federal que lo identifica como interlocutor en 52 mensajes de Vorcaro. El juicio quedó interrumpido por un pedido de vista del ministro Flávio Dino.Según el informe de la Policía Federal, elaborado por orden de Mendonça, Moraes actuó directamente en el análisis y la edición de un contrato de 130 millones de reales firmado entre el Banco Master y el despacho Barci de Moraes, de la abogada Viviane Barci, esposa del ministro. La Policía señala además que dos días antes de ser detenido, Vorcaro preguntó a Moraes si tenía que dejar Brasil, y que pidió ayuda al ministro para contener acciones de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal contra el banco. El informe registra ocho encuentros entre los dos. Moraes calificó de fantasiosos los mensajes en que la Policía lo identifica como interlocutor y afirmó que nunca favoreció a Vorcaro ni al Master. También pidió la apertura de una investigación contra Mendonça por abuso de autoridad e improbidad administrativa, y Fachin determinó que ese pedido solo será incluido en la agenda después de concluida la cuestión de orden sobre el caso Vorcaro-Moraes.Próximos pasosCon Mendonça alejado provisionalmente de las relatorías y el juicio suspendido por el pedido de vista de Dino, las investigaciones del Master y del INSS están paralizadas en la práctica, según Poder360, y el análisis del caso Vorcaro-Moraes podría quedar para mediados de diciembre. En los bastidores del tribunal, los ministros dicen que aún no decidieron qué hacer tras la lectura del material y que no hay plazo definido.

Mensajes extraídos del celular de Daniel Vorcaro por la Policía Federal de Brasil muestran que el abogado Ciro Soares, exdefensor del Banco Master, le envió al exbanquero, el 19 de junio de 2025, una foto del procurador general de la República, Paulo Gonet, fumando un puro a su lado en un club privado de Londres. Justo después, el abogado escribió "PG me mandó", iniciales del procurador general. La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la autenticidad de la imagen y dijo que no hará comentarios, según una reportaje de O Globo del viernes.En la imagen, Vorcaro aparece sentado junto a Gonet, que sostiene un puro frente a una mesa con vasos de whisky; el propio Ciro Soares figura en la foto, al lado del exbanquero. Según Folha de S.Paulo, personas con conocimiento de las investigaciones afirman que la imagen fue tomada el 25 de abril de 2024, durante una degustación de whisky en el club privado George Club, en el barrio londinense de Mayfair, un evento que habría sido costeado por Vorcaro. La columnista Malu Gaspar, de O Globo, registró que el entonces dueño del Master desembolsó 3,2 millones de reales para promover la degustación de whisky Macallan.Ambas partes dieron su versión. En declaraciones a Folha, la asesoría de la PGR dijo que la foto es del evento de 2024, en el que el propio Gonet dijo haber participado junto con otras autoridades, y recordó que el ministro del Supremo André Mendonça reconoció que no hay nada irregular en las menciones al procurador general. La asesoría de Ciro Soares afirmó que la imagen "es de un evento de 2024, cuando no había ninguna investigación sobre el empresario Daniel Vorcaro" y que "no hay ninguna irregularidad en la foto".En una sesión del Supremo el martes pasado, Gonet dijo que tuvo un único encuentro con Vorcaro, en abril de 2024, con varias autoridades presentes."No tuve una relación de proximidad con el señor Vorcaro. El único encuentro que tuve con el señor Vorcaro se dio con varias autoridades en abril de 2024. La única llamada intermediada por un abogado fue brevísima y banal. La actuación del Ministerio Público Federal en primera instancia y en el Supremo siempre fue por el total esclarecimiento de los hechos y por el éxito de la persecución penal", dijo el procurador general.Cómo los mensajes salieron a la luzLas conversaciones entre Gonet y Vorcaro, intermediadas por Ciro Soares, empezaron a filtrarse hace unas dos semanas, cuando Mendonça hizo público un informe de la Policía Federal con el contenido extraído del celular del exbanquero, preso preventivamente en las investigaciones sobre el Banco Master. El documento también menciona al ministro Alexandre de Moraes. Mendonça pidió al presidente de la Corte, Edson Fachin, que llevara el tema al plenario. El debate comenzó el martes 15 y quedó interrumpido por una petición de vista del ministro Flávio Dino, sin fecha para reanudarse.Citado en el informe, Gonet sostiene la nulidad del documento policial porque, según él, fue producido a pedido de Mendonça, sin solicitud previa del Ministerio Público o de la propia Policía Federal, y porque la ley exige autorización del plenario del Supremo para investigar a un integrante de la Corte. En la sesión, Mendonça diferenció los mensajes que citan a Gonet de los demás diálogos incautados: "Aquí no estoy haciendo un juicio de valor sobre el procurador general, también porque la información que salió es, en mi evaluación, información de otra densidad".Los intercambios entre Soares y Vorcaro registrados por la Policía Federal van más allá de la foto de Londres. En abril de 2024, el abogado le escribió al entonces banquero "La amistad lo es todo, ¿eh, hermano" y luego "Gonet es firme". En marzo de 2025 envió una foto junto al procurador con el recado "Llama aquí. Él quiere hablar contigo". También reenvió mensajes que presentó como enviados por Gonet, entre ellos "¡Qué bueno! ¡Estoy en la barra por ustedes!" y "¡Ya te extraño! Estoy embarcando a Roma". Sobre la segunda edición de un foro jurídico patrocinado por Master en Londres, luego cancelada, retransmitió el mensaje "¡Ojalá haya puro y Macallan!". Al día siguiente, preguntó si el hijo de Gonet podía acompañar al grupo en el viaje; Vorcaro respondió: "Obvio".Próximos pasosEste viernes 18, la defensa de Vorcaro pidió a Fachin la revocación de la prisión preventiva. La PGR, encabezada por Gonet, debe pronunciarse en los próximos días. En el Supremo, el análisis del caso Master sigue suspendido hasta que Dino devuelva los autos al plenario.

Mensajes extraídos del celular de Daniel Vorcaro por la Policía Federal registran una foto del procurador general de la República, Paulo Gonet, máxima autoridad del Ministerio Público brasileño, con un cigarro en las manos, frente a una mesa con vasos de whisky, junto al dueño del Banco Master, en un club privado de Londres. La imagen fue obtenida por el diario Folha de S.Paulo, y la asesoría de la PGR confirmó su autenticidad, sin comentar más. Según Valor Econômico, el abogado Ciro Soares, exdefensor del Master, envió la foto al exbanquero el 19 de junio de 2025 con el mensaje "PG me mandou" (en portugués, "PG me la mandó"), iniciales de Paulo Gonet.Fuentes con conocimiento de las investigaciones consultadas por la Folha afirman que la foto fue tomada el 25 de abril de 2024, durante una degustación de whisky en el club privado George Club, en el barrio de Mayfair, un evento que habría sido costeado por Vorcaro. Según el Valor, el banquero desembolsó 3,2 millones de reales para la degustación privada del rótulo Macallan, a la que también asistieron el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.Lo que dice cada parteEn una manifestación enviada el jueves (17) al Consejo Superior del Ministerio Público Federal (CSMPF), el órgano de control interno del ministerio, Gonet negó tener amistad con Vorcaro y admitió un único encuentro presencial con el exbanquero, en abril de 2024, en lo que describió como un evento jurídico público en Londres, con la participación de otras autoridades. Los reportajes que revelaron la foto describen la ocasión como una degustación privada pagada por el banquero."No tengo ninguna relación de amistad con el Sr. Daniel Vorcaro, ni mucho menos interés personal en los procesos en los que figure como parte o investigado."Sobre una llamada del 15 de marzo de 2025 citada en informes de la PF, el procurador afirmó que fue un "saludo breve", a pedido de Soares, sin asunto relevante y anterior a cualquier conocimiento suyo de actividades ilícitas. Dijo también que Soares le fue presentado "como abogado y empresario exitoso". La asesoría de Soares afirmó que la imagen "es de un evento de 2024, cuando no había ninguna investigación sobre el empresario Daniel Vorcaro" y que "no hay ninguna irregularidad en la foto". La asesoría de la PGR recordó a la Folha que el ministro André Mendonça, del STF, reconoció que "no hay nada de malo en las menciones al procurador general".Cómo llegó el caso hasta aquíLos mensajes entre Soares y Vorcaro integran el material incautado por la PF en las investigaciones sobre el Banco Master, en las que Vorcaro, hoy preso preventivamente, es investigado. Según señaló la PF, la relación entre Gonet y el banquero comenzó a través de Soares en abril de 2024, cuando el abogado escribió "la amistad lo es todo, hermano" y después "Gonet es firme", en conversaciones que trataban inicialmente de Jarbas Soares Júnior, exprocurador general de Justicia de Minas Gerais. En 2025, los dos organizaban en Londres la segunda edición de un foro jurídico patrocinado por el Master, después cancelado. En los intercambios, Soares reenvió a Vorcaro un mensaje atribuido a Gonet sobre el encuentro: "¡Qué bueno! Ojalá haya cigarro y Macallan". Vorcaro respondió agradeciendo el cariño y añadió: "vamos a fijar una fecha para estar juntos".25 de abril de 2024: degustación de Macallan en el George Club, en Mayfair, pagada por Vorcaro; la foto registra a Gonet junto al banquero.15 de marzo de 2025: llamada breve entre Gonet y Vorcaro, admitida por el procurador en su manifestación al CSMPF.19 de junio de 2025: Soares envía la foto a Vorcaro con el mensaje "PG me mandou".15 de septiembre de 2026: el STF aplaza el debate sobre el informe de la PF que cita a Gonet y Moraes, tras el pedido de vista del ministro Flávio Dino.17 de septiembre de 2026: Gonet niega amistad con Vorcaro en una manifestación al CSMPF; al día siguiente, Folha y Valor publican la foto y detalles de las conversaciones.Los mensajes se hicieron públicos cuando el ministro André Mendonça, del STF, envió al tribunal un informe de la PF que también menciona a Moraes y pidió que el caso fuera llevado al pleno, que debe evaluar si autoriza o no una investigación contra el magistrado. Citado en el documento, Gonet defiende la nulidad del informe, producido a pedido de Mendonça sin solicitud previa del Ministerio Público o de la PF, y recuerda que la ley exige autorización del pleno del STF para investigar a un integrante del tribunal.El próximo paso es el regreso del tema al pleno del STF, todavía sin fecha definida. En paralelo, la manifestación de Gonet sobre su relación con Vorcaro sigue en examen en el CSMPF.

El expresidente de la Cámara Municipal de São Paulo Milton Leite se presentó a la policía civil en la tarde de este viernes (18) en Mogi das Cruzes, en la región metropolitana de la capital paulista, y quedó detenido en cumplimiento de una orden judicial de prisión temporal de 30 días. Se entregó en la sede de la Dise, la comisaría de investigaciones de estupefacientes donde tramita la indagación de la Operación Vectura Corrupta, según Folha de S.Paulo. Leite es investigado por la presunta infiltración del PCC (Primer Comando de la Capital), la mayor facción criminal de Brasil, en el transporte público del estado de São Paulo. No hay acusación formal en su contra y él niega las sospechas.El exconcejal era considerado prófugo desde el jueves (17), cuando los agentes no lo encontraron en su domicilio al ejecutarse los mandatos. Él afirmó entonces que se entregaría en 24 horas y negó las acusaciones. En la mañana del viernes, la policía civil y la fiscalía del estado de São Paulo (MP-SP) registraron un inmueble de un asesor suyo en Sorocaba, en el interior del estado. No lo hallaron, pero decomisaron unos 740.000 reales en efectivo, parte en dólares, dentro de una maleta, y encontraron un pasadizo secreto entre esa propiedad y una casa de Leite, según InfoMoney. El origen del dinero no fue informado.Lo que apunta la investigaciónLa Vectura Corrupta, lanzada el jueves por la policía civil y el MP-SP, investiga la sospecha de que empresas de autobuses que prestan servicio en municipios paulistas pasaron a ser administradas por integrantes del PCC tras ganar licitaciones. De las 16 órdenes de detención temporal autorizadas por la Justicia, diez se habían ejecutado antes de la entrega de Leite, y otras cinco personas siguen prófugas, entre ellas Paulo Sirqueira Korek Farias, presidente del club de fútbol Água Santa. También se investigan presuntos sobornos a funcionarios públicos y el financiamiento de campañas por el PCC en las elecciones municipales de 2024 y en la disputa actual. La operación es derivada de la Dercúrio, de agosto de 2024, contra un esquema de lavado de dinero del narcotráfico atribuido a la facción.La detención fue autorizada por el desembargador Sergio Ribas. En la decisión citada por InfoMoney, escribió que el político es "citado nominalmente por diversas veces como responsable directo de la operación de algunas de las empresas controladas por el PCC" y que hay declaraciones de policías militares, en un proceso ante el Tribunal de Justicia Militar, según las cuales sería el dueño de facto de Transwolff. La empresa de autobuses operó durante años líneas en la capital paulista y su contrato con la municipalidad fue rescindido en 2024, tras ser blanco de la Operación Fim da Linha del MP-SP por presuntos vínculos con la facción, que la compañía niega.Lo que dicen las defensasLeite rechazó las sospechas. "Lo niego vehementemente, no conozco a nadie del PCC en mi vida. Mi relación con el sector (del transporte) fue institucional, a pedido del entonces alcalde Bruno Covas. No hay ninguna hipótesis de que yo sea el dueño [de la Transwolff]", declaró, según Folha. La defensa de Transwolff afirmó que nunca tuvo participación accionaria en la empresa, ni participó de la gestión ni dio órdenes a empleados, y que afirmaciones en ese sentido son equivocadas. Leite fue concejal durante siete mandatos consecutivos, presidió la Cámara Municipal durante seis años y dejó el Legislativo a fines de 2024, tras 28 años, aunque mantuvo influencia en la política paulista.La prisión temporal vale por 30 días, un plazo que se cierra hacia el 18 de octubre. Hasta entonces, la policía y la fiscalía deben concluir la indagación o pedir a la Justicia la conversión de la detención en prisión preventiva, mientras la defensa puede solicitar la revocación en cualquier momento. El delegado Fabrício Intelizano, de la Dise de Mogi das Cruzes, dijo en rueda de prensa que se investigará la posible filtración de la operación, aunque no hay confirmación de que haya ocurrido.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes (18) una fuerza de tarea conjunta entre los gobiernos federal, estatal y municipal para reforzar el combate al robo de carga en los principales corredores viales de Río de Janeiro. El anuncio se hizo a las 10 de la mañana en la superintendencia de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) en Irajá, en la zona norte de la capital, durante un acto sobre acciones integradas contra el crimen organizado, junto al gobernador en ejercicio del estado, Ricardo Couto.Según el portal G1, la acción prevé el despliegue de la PRF en las carreteras, el uso de imágenes y datos de inteligencia de Civitas, la plataforma de monitoreo de la prefectura de Río, y el apoyo de las policías Militar y Civil estatales. El programa actuará, inicialmente, en cuatro ejes: la vía Dutra (BR-116 Sur), la Washington Luís (BR-040), la Niterói-Manilha (BR-101 Norte) y el Arco Metropolitano.Una estrategia más ampliaEl sitio Poder360 informa que la fuerza de tarea amplía un acuerdo definido el jueves (17) entre el gobierno federal y el estatal. La estrategia reúne a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), la Policía Federal, la PRF y las fuerzas de seguridad de Río, con el objetivo de integrar patrullaje, fiscalización, inteligencia e investigación. Las áreas de actuación incluyen la avenida Brasil, las líneas Vermelha y Amarela y los accesos al puerto de Río de Janeiro y al aeropuerto internacional Tom Jobim, contra robos de carga y de vehículos, receptación y organizaciones que mueven armas, drogas y dinero de origen criminal.CronologíaEl refuerzo federal llega tras un mes de ataques a cargas en las mismas carreteras. El 29 de agosto, el soldado de la Policía Militar Paulo Roberto dos Santos Ferreira Júnior, de 36 años, fue baleado durante un abordaje a un vehículo sospechoso de robo de carga y murió a causa de las heridas, según el diario O Globo. El lunes (14), una operación conjunta de la Policía Civil y la PRF en la BR-040 y en la Dutra, parte de una fuerza de tarea que reúne siete delegaciones especializadas, dejó un sospechoso muerto y tres detenidos. Según la investigación, integran una banda especializada en robo de carga y asaltos a centros de distribución, que actúa en grupos de hasta 30 personas y también es investigada por la muerte del policía.El delegado Vinícius Domingos, titular de la Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, explicó al diario el destino de la mercadería robada."La mercadería robada va al Parque União y desde allí se pulveriza hasta otros estados, como São Paulo. Es la mayor banda de robo de carga. No en cantidad de robos, sino en aparato, armamento bélico, violencia."El anuncio llega a menos de 20 días de la primera vuelta de la elección presidencial brasileña, el 4 de octubre. Según Poder360, tras el acto en Río, Lula viajó a Guarulhos, en São Paulo, para participar a las 19 horas de un evento de campaña. La fuerza de tarea empieza a operar en los cuatro corredores viales; no se divulgó fecha para ampliarla a las vías urbanas.

El exconcejal y expresidente de la Cámara Municipal de São Paulo Milton Leite (Unión Brasil) seguía fugitivo este viernes (18), más de 24 horas después de anunciar que se entregaría a las autoridades para demostrar su inocencia. Fuentes de la Policía Civil y del Ministerio Público confirmaron al g1 que las diligencias para localizarlo y detenerlo continúan. Leite es investigado por sospecha de integrar un esquema que vincula a las operadoras de transporte colectivo de São Paulo con el PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor organización criminal de Brasil. Él niega todas las acusaciones.Leite es objetivo de una orden de prisión temporal en la Operación Vectura Corrupta, lanzada el jueves (17) por el Ministerio Público y la Policía Civil. Al no ser hallado en su residencia durante el cumplimiento de las órdenes, dijo por teléfono a Folha de S.Paulo que estaba fuera de São Paulo y que se organizaba con sus abogados para entregarse en 24 horas. Su asesoría de prensa también difundió una nota aquella mañana:"Estoy de viaje, no estoy fugitivo y me presentaré a las autoridades en un plazo de 24 horas. Voy a demostrar mi inocencia frente a todas las acusaciones."Diligencias en SorocabaEn la mañana del viernes, policías y fiscales registraron un inmueble en Sorocaba, ciudad del interior del estado de São Paulo, donde sospechaban que Leite estaba escondido. El exconcejal no fue encontrado. Según el g1, en el lugar había dinero y documentos en poder de otra persona, que no supo explicar su origen: fueron incautados 280.000 reales y 89.000 dólares (unos 457.000 reales). Folha constató que Leite habría pasado por el inmueble el miércoles, la víspera de la operación, pero ya no estaba allí este viernes.En total, la Justicia ordenó 16 prisiones temporales y expidió 18 órdenes de registro, cumplidas en la capital y en Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande y Cubatão. Según el g1, diez investigados fueron detenidos y seis, entre ellos Leite, seguían fugitivos; el medio informó de que no pudo localizar a su defensa para comentar el incumplimiento del plazo. Entre los arrestados están Levi dos Santos Oliveira, expresidente de SPTrans, el organismo de transporte de la ciudad, y Danilo Marco Morgado Silva, excandidato a la alcaldía de Praia Grande y actual candidato a diputado estatal.Lo que alega la investigación y qué dicen las defensasLa Vectura Corrupta es un desdoblamiento de la Operación Decúrio, de 2024, e investiga lavado de dinero, corrupción y el uso de empresas de autobuses para mover recursos ligados a la facción. El Ministerio Público sostiene que al menos 12 de las 22 empresas de transporte de la capital estarían controladas directa o indirectamente por el PCC, una afirmación de la investigación aún sujeta a verificación judicial. La decisión que autorizó la operación señala a Leite como "dueño de facto" de Transwolff, empresa investigada en 2024 en la Operación Fim da Linha y acusada de lavar dinero para la facción. Según Folha, la orden contra el exconcejal se basa principalmente en menciones de terceros: una conversación de julio de 2024 del empresario José Daniel Satilite, de Translider, con un abogado, y un mensaje de un sargento de la Policía Militar que lo llamaba "jefe".Leite niega participación en Transwolff y cualquier relación con el PCC. La empresa también niega las acusaciones y afirmó que el exconcejal nunca tuvo participación accionaria, nunca participó de la gestión ni dio órdenes en la compañía. Como investigado, conserva la presunción de inocencia hasta una decisión judicial en sentido contrario. La búsqueda de los seis fugitivos continúa. En caso de arresto o de entrega voluntaria, Leite deberá pasar por una audiencia de custodia, trámite obligatorio en Brasil en un plazo de 24 horas tras la detención, en el que un juez evalúa la legalidad y la necesidad de la prisión.

La Policía Federal de Brasil identificó al menos cinco viajes internacionales realizados en conjunto por el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del partido PL e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, y el abogado Willer Tomaz, investigado por presunta participación en el esquema de fraude del INSS, en el primer semestre de 2025. Las pruebas provienen de fotos, reservas y correos electrónicos incautados en agosto durante registros en la oficina del abogado en Brasilia, según una reportaje del diario O Globo publicado este viernes. Además de los viajes, la amistad incluyó el uso, durante la campaña, de un apartamento en São Paulo vinculado al banquero Daniel Vorcaro, y se convirtió en una fuente de desgaste para el candidato a dieciséis días de la primera vuelta.El viaje más llamativo ocurrió en marzo de 2025, nueve meses antes de que Flávio lanzara su candidatura. En un itinerario de una semana por Sudáfrica que incluyó un safari, viajó con familiares, Willer y el senador Weverton Rocha, del PDT, también investigado en el caso del INSS. En una foto localizada por la policía, Flávio, Weverton y Willer aparecen con niños en una zona de sabana, todos con camisetas iguales estampadas con animales africanos y la inscripción "Big Five", el término del turismo de safari para elefante, león, leopardo, rinoceronte y búfalo. Según O Globo, hubo también viajes a Portugal, Francia y Estados Unidos, y en enero de 2025 ambos volaron de Estados Unidos a Brasilia en un jet de Prime You, empresa que tuvo a Vorcaro entre sus socios.El apartamento de Vila Nova ConceiçãoA comienzos de agosto, Flávio se instaló en un apartamento de 158 metros cuadrados del edificio l'Adresse, en Vila Nova Conceição, uno de los barrios más caros de São Paulo. Desde el inmueble, cedido por Willer, el candidato grabó videos para la franja electoral gratuita de televisión y reunió al equipo que definió la estrategia final de la campaña. Hasta febrero, el apartamento pertenecía a Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro y descrito por la policía como su principal operador. Vorcaro, excontrolador del Banco Master, está preso bajo sospecha de comandar la mayor fraude contra el sistema financiero del país. La revelación del uso del apartamento la hizo la revista piauí el 16 de septiembre y fue confirmada por O Globo. Según piauí, que atribuye el hallazgo de la venta a Folha de S.Paulo, Zettel compró el apartamento por 5,5 millones de reales en abril de 2025 y lo vendió en febrero a la empresa del abogado por 3,5 millones, una pérdida nominal de 2 millones.La transferencia se registró en el notariado el 4 de marzo, dos meses después de que el Supremo Tribunal Federal ordenara el bloqueo de los bienes de Zettel y el mismo día en que fue detenido en la tercera fase de la Operación Compliance Zero, que investiga crímenes vinculados al Banco Master. El uso del apartamento por parte de Flávio motivó cuestionamientos de adversarios ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), la máxima corte electoral brasileña, con el argumento de que la cesión debió declararse como donación de campaña, según O Globo. La diputada Erika Hilton, del PSOL, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue el caso, informó el sitio PSOL 50. La diputada Fernanda Melchionna, también del PSOL, recurrió al TSE para pedir la investigación de un posible abuso de poder económico, según Sul 21.La investigación del INSS y las respuestasWiller fue blanco de una operación de la Policía Federal en agosto, bajo sospecha de mantener una estructura de empresas y operadores financieros para lavar u ocultar recursos obtenidos con desvíos ilegales de pensiones. En el informe policial que sustentó los registros, se le describe como el "hub financiero, patrimonial y logístico" del grupo investigado, sostenido por "empresas, inmuebles, aeronaves, pilotos, funcionarios, operadores financieros e interlocutores políticos". El documento cita una transferencia de 11 millones de reales de empresas vinculadas a Willer a la esposa de Weverton. El senador de Maranhão, objetivo de una operación en diciembre, es descrito por la policía como "liderança y sostén de las actividades empresariales y financieras" del grupo que defraudó al INSS, el instituto de seguridad social brasileño. Willer niega ser investigado por fraude contra el sistema previsional; Weverton niega irregularidades. La conexión entre Flávio y el abogado entró en el foco de la policía dentro de esa investigación.Consultado, Flávio dijo que mantiene una "relación de amistad" "legítima" con Willer y que "cualquier intento de insinuar irregularidad a partir de esa afinidad personal es una mera ilación, sin ningún fundamento en los hechos". No informó si el abogado pagó gastos suyos. Willer afirmó, en nota, que los viajes "son de carácter estrictamente privado", fueron "costeados con recursos propios" y "no tienen nada que ver con función pública, contratos o cualquier interés de terceros", y que "jamás mantuvo" relación personal, comercial o societaria con Zettel o Vorcaro. Según piauí, en un primer contacto telefónico el abogado negó que Flávio hubiera usado el apartamento. Weverton dijo que Willer es su "compadre y amigo de hace muchos años" y que los viajes en familia son "relaciones privadas, que no involucran dinero ni intereses públicos". O Globo informa además de que Willer prestó una casa en Angra dos Reis para la fiesta de cumpleaños de una hija del senador en febrero y de que ambos actúan juntos, como abogados, en un proceso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).Los próximos pasos están en manos de la justicia. El TSE aún no decidió si abre una investigación sobre el uso del apartamento y la PGR no se pronunció sobre la petición de Hilton. En la Policía Federal, los investigadores siguen analizando el material incautado a Willer dentro del expediente de la fraude del INSS. La primera vuelta de la elección presidencial está fijada para el 4 de octubre.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzó a juzgar este miércoles (16) la acción que discute la igualación de la licencia por maternidad entre madres biológicas y adoptivas. El relator, el ministro Alexandre de Moraes, votó por garantizar a todas las madres el mismo permiso remunerado de 120 días, prorrogable por 60 más, y fue acompañado por los ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia y Flávio Dino. El juicio quedó suspendido por el horario y se reanudará la próxima semana, según el portal g1.La acción directa de inconstitucionalidad ADI 7.495, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), impugna normas que dan un trato distinto según la forma de constitución de la maternidad y el vínculo profesional, y alcanza a trabajadoras del sector privado, servidoras públicas civiles y militares e integrantes del Ministerio Público. Hoy, una madre biológica con contrato estatutario federal tiene 120 días de licencia remunerada; una madre adoptante tiene 90 días si el niño tiene hasta un año y 30 días si es mayor, según el g1. La CLT, la consolidación de leyes laborales que rige el empleo privado en Brasil, ya iguala ambos casos, pero algunas leyes estatutarias mantienen diferencias formales.Con el voto del relator, todas las madres tendrían una licencia de idéntico contenido, ya sea regidas por la CLT o por un estatuto funcional. El plazo se contaría desde el noveno mes de embarazo, del parto, de la adopción o de la obtención de la guarda con fines de adopción y, en casos de internación, desde el alta hospitalaria de la madre o del recién nacido. Moraes afirmó que la licencia es un derecho de los hijos tanto como de la mujer. "La Constitución protege a estas dos personas", dijo."Si todos son hijos, la madre es madre de todos, de los hijos naturales, biológicos, adoptivos, entonces la licencia por maternidad debe ser igual para todos."Moraes rechazó apenas una petición de la PGR, el reparto del permiso parental entre los integrantes del núcleo familiar. En ese punto siguió precedentes del tribunal y sostuvo que definir la distribución de los períodos corresponde al Legislativo, según el servicio jurídico Migalhas. El relator también consideró inconstitucional la reducción de la licencia según la edad del niño adoptado, un criterio que, a su juicio, carece de razonabilidad y puede dificultar aún más la adopción de niños mayores. La ministra Cármen Lúcia dijo que la interpretación del relator es más coherente con la Constitución: "Solo hay una madre y cada hijo es único para nosotros. El hijo es hijo y punto".Cronología del casoEn 2023, el STF decidió que no es posible discriminar la duración de la licencia por maternidad entre la madre biológica y la adoptante, con base en los principios de la dignidad humana, la igualdad entre hijos biológicos y adoptados y el interés superior del niño. La PGR sostiene, sin embargo, que aquella decisión orientó solo a órganos del Poder Judicial y no alcanzó a la administración pública, por lo que la discriminación continuó. La ADI 7.495 pide que se declare la incompatibilidad de las normas con la Constitución para vincular tanto al Poder Judicial como a la administración. El análisis empezó en el plenario virtual, donde Moraes y Dino ya habían votado por el fin de la diferencia, y pasó al plenario físico a pedido del propio relator. En alegatos orales, el defensor público Gustavo Zortea, de la Defensoría Pública de la Unión, defendió 120 días prorrogables por 60 para todas las beneficiarias y la extensión de la protección al padre que ejerza solo la parentalidad.Primer voto tras la crisis en el tribunalLa votación ocurrió un día después de la sesión extraordinaria en la que el pleno debatió el proceso que involucra al propio Moraes, marcada por choques entre ministros y calificada por integrantes del propio tribunal de "vergonzosa", según el g1. La sesión terminó sin decisión sobre unir o mantener separados los casos de los ministros Alexandre de Moraes y André Mendonça, tras un pedido de vista de Dino. Moraes no estaba presente al inicio de la sesión de este miércoles (16); llegó después, pidió vista en otro proceso de la pauta y luego emitió su voto en la ADI 7.495, según el seguimiento en vivo del g1. Fue su primer voto en plenario desde la sesión del martes (15).Moraes, Toffoli, Cármen Lúcia y Dino suman por ahora cuatro votos por la igualación, sin votos contrarios registrados hasta la suspensión. Aún deben votar los ministros Edson Fachin, presidente de la corte, Gilmar Mendes, Fux, Kassio Nunes Marques, André Mendonça y Zanin, presentes en la sesión. El juicio se reanudará la próxima semana, sin fecha exacta definida en la cobertura consultada.

Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reunió este miércoles (16) con integrantes del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en el Departamento de Estado, en Washington, y pidió sanciones de Estados Unidos contra tres ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo tribunal de Brasil: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes y Flávio Dino. La petición amplía una ofensiva que hasta ahora tenía a Moraes como único objetivo en la corte. Según CNN Brasil, el encuentro ocurrió un día después de una sesión del STF que debía examinar un informe de la Policía Federal sobre el ministro dentro del llamado Caso Master y terminó sin ninguna decisión.El empresario Paulo Figueiredo, que acompañó a Bolsonaro, dijo a CNN Brasil que ambos sostuvieron ante el gobierno estadounidense que Moraes debería volver a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el órgano del Tesoro de Estados Unidos que había anunciado en diciembre de 2025 la remoción de la designación del ministro."Nuestra posición es que Moraes sigue designado bajo la Ley Global Magnitsky y que no hay razón para que no vuelva a la lista SDN [lista de personas designadas y bloqueadas] del OFAC", declaró Figueiredo.Sobre los otros dos ministros, el empresario afirmó que existe base para incluirlos: "Hay elementos suficientes para demostrar que Flávio Dino y Gilmar Mendes están prestando apoyo material a un individuo designado. Y, por lo tanto, también deben ser designados". La Ley Global Magnitsky es una norma estadounidense que permite sanciones por corrupción y abusos de derechos humanos. Según Figueiredo, la reunión trató principalmente de la crisis institucional en Brasil y del combate al crimen organizado, y mencionó el documento enviado por el gobierno Trump al Congreso estadounidense el martes (15), en el que el presidente afirmó que Brasil fracasó al confrontar al PCC (Primeiro Comando da Capital) y al Comando Vermelho, dos de las mayores facciones criminales del país. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva niega fallas u omisiones en el enfrentamiento de los grupos, informó Gazeta do Povo.La sesión de la vísperaEl encuentro en Washington llegó un día después de la sesión del martes (15) en el STF, convocada por el presidente de la corte, ministro Edson Fachin, para examinar la petición 16.662, sobre un informe de la Policía Federal que vincula a Moraes con el banquero Daniel Vorcaro dentro del Caso Master. El pleno no llegó al fondo del asunto: los ministros pasaron el día discutiendo una cuestión de orden presentada por Mendes, por sugerencia de Dino, que proponía unificar ese juicio con el fijado para el 23 de septiembre, sobre la petición 16.704, basada en un informe de inteligencia de la Policía Federal que sugiere irregularidades en la conducción del caso por el relator, ministro André Mendonça. Dino pidió vista, una suspensión para estudiar el proceso, y el juicio quedó interrumpido sin fecha para volver. Según BBC News Brasil, la sesión terminó sin decisión, y ningún ministro citado en los informes ha sido condenado: los documentos todavía aguardan el examen del tribunal.Durante el juicio, Dino leyó en el pleno titulares sobre nuevas sanciones y calificó la maniobra de "ambiente de presión ilegítima" del gobierno estadounidense para intentar dirigir las decisiones de la Justicia en Brasil. Sugirió que la corte enviara una manifestación al presidente Lula y al canciller Mauro Vieira sobre el tema. Eduardo Bolsonaro, señalado por VEJA como articulador de las medidas de la Casa Blanca contra ministros del STF, respondió en X: "El castigo internacional de criminales no ofende la soberanía nacional, mucho menos nuestra Constitución". El martes ya había anunciado el paso: "Todo registrado y listo para exponer en Washington DC donde, si Dios quiere, se iniciará una nueva ronda de sanciones".Próximos pasosEn Estados Unidos, la última palabra sobre nuevas sanciones corresponde al Tesoro, a través del OFAC, y no se había anunciado ninguna medida hasta la publicación de este reportaje. Figueiredo dijo esperar novedades pronto: "Estoy optimista de que los brasileños de bien van a agradecer las noticias que vendrán de EE.UU. en las próximas semanas. Y los bandidos, no".En Brasil, el STF está convocado para el 23 de septiembre para la petición 16.704, sobre el informe que sugiere irregularidades del relator André Mendonça en el Caso Master. El examen del informe que involucra a Moraes sigue suspendido por el pedido de vista de Dino, sin fecha para volver a la agenda.

El ministro Flávio Dino del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil afirmó en un oficio que su colega Alexandre de Moraes estaba impedido, figura legal que lo inhabilita para juzgar, de actuar en el proceso que analiza un informe de la Policía Federal con supuestos diálogos entre Moraes y Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master. Aun así, Moraes, que es parte en el procedimiento y vicepresidente del tribunal, votó con normalidad en la cuestión de orden de la sesión del martes (15). Juristas consultados por Folha de S.Paulo y BBC News Brasil critican el voto y el silencio de los demás ministros.El oficio de DinoSegún la Folha, el documento fue enviado al decano de la corte, ministro Gilmar Mendes, y fue usado en la sesión por el sector favorable a Moraes para sustentar la cuestión de orden, aunque el propio texto afirmaba que el ministro estaba impedido en el caso. En el oficio, Dino impugna decisiones del presidente del tribunal, Edson Fachin, que suspendió medidas cautelares de colegas y asumió la relatoría del proceso. Dino afirma que el presidente recurrió a una maniobra irregular y que, por eso, estaría impedido de actuar en el caso y de evaluar la petición. Como también consideró impedido a Moraes, Dino citó un artículo del reglamento interno para justificar el envío del oficio al decano.El debate preliminar ocupó la sesión, marcada por discusiones airadas entre los ministros y descrita por integrantes del propio tribunal como "vergonzosa", según el sitio g1. El punto central era si el caso de Moraes se juzgaría junto con el del ministro Mendonça, acusado por el propio Moraes, y si la relatoría quedaría con Fachin o sería redistribuida. La cuestión de orden, presentada por Gilmar Mendes, pedía un juzgamiento conjunto. Según BBC News Brasil, la votación estaba empatada cuando Dino pidió vista, plazo para estudiar el expediente; Fachin la concedió, anunció un marcador parcial de 4 a 3 por juzgar los dos casos por separado y desestimó el voto de Dino, que no protestó. El Supremo cerró la sesión sin definir si une o mantiene separados los casos, informó g1.Por qué se critica el votoEspecialistas consultados por la Folha critican tanto el voto de Moraes como la ausencia de impugnación de los demás ministros. Para parte de ellos, la corte parece haber adoptado el entendimiento de que el ministro podía votar en esa cuestión preliminar, aunque se declare impedido más adelante. Juristas oídos por la BBC evalúan que Moraes y Mendonça pudieron votar porque la cuestión de orden es preliminar y no el fondo del juicio, pero Ivar Hartmann, doctor en Derecho Público por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj), sostiene que ambos deberían estar impedidos de votar en el resto del proceso. Los ministros Kássio Nunes Marques y Dias Toffoli ya se declararon sospechosos y no votarán en el juicio, según la BBC.El juicio que originó la crisis no decide si Moraes cometió alguna ilicitud: evalúa si el informe de la Policía Federal, que registra mensajes en los que Vorcaro pide asesoría a un contacto atribuido al ministro, es válido y si debe abrirse una investigación. El procurador general de la República, Paulo Gonet, cuestionó el documento y afirmó que Mendonça no podía haber solicitado un informe policial contra otro ministro sin autorización previa del plenario. Mendonça responde que solo pidió a la policía identificar al destinatario de los mensajes de Vorcaro y que envió el caso a la corte cuando Moraes fue identificado. Como reacción, Moraes presentó acusaciones contra Mendonça, que habría actuado de forma ilegal y con sesgo político en la conducción de las investigaciones de los casos Master e INSS.El juicio sobre esas acusaciones está fijado para el 23 de septiembre, aunque Fachin todavía evalúa si lo aplazará, según apuró BBC News Brasil. En el caso de Moraes, Dino tiene hasta el 15 de diciembre, plazo de 90 días tras la vista, para liberar la reanudación del juicio. Como el STF entra en receso el 20 de diciembre y retorna el 1º de febrero, la reanudación podría darse recién en 2027, después de las elecciones y de la asunción del próximo presidente de la República.

La Policía Civil de São Paulo considera fugitivo a Milton Leite, expresidente de la Cámara Municipal de la ciudad y exconcejal, después de que agentes acudieran a su domicilio este jueves (17) para arrestarlo en el marco de la Operación Vectura Corrupta, una acción conjunta del Ministerio Público y la Policía Civil para investigar la supuesta infiltración del PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor facción criminal de Brasil, en el poder público y en el transporte colectivo de la capital. Leite es objeto de una orden de prisión temporal de 30 días. Una empleada relató a los agentes que el exconcejal salió en la noche del miércoles (16) por un compromiso de campaña.La operación cumple 16 órdenes de prisión y 18 de registro y decomiso en siete ciudades: São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande y Cubatão. Las órdenes fueron emitidas por la 8ª Sala de Derecho Penal del Tribunal de Justicia de São Paulo y por el juzgado estatal especializado en garantías para casos de crimen organizado y lavado de dinero. Según la investigación, los objetivos serían integrantes de núcleos de la facción con funciones de liderazgo. El caso es conducido por la comisaría de investigaciones de estupefacientes de Mogi das Cruzes, con apoyo del Gaeco, el grupo especial contra el crimen organizado de la fiscalía paulista.Lo que alega la investigaciónSegún el Ministerio Público, "fueron identificadas al menos 12 empresas de transporte colectivo de pasajeros en operación en la ciudad de São Paulo que serían controladas directa o indirectamente por el PCC", parte de ellas ya objeto de investigaciones anteriores, "incluso con denuncias ya presentadas". Un sondeo de GloboNews indica que las decisiones estratégicas de esas empresas dependerían del conocimiento o de la aprobación política de Leite, conclusión sustentada en interceptaciones telefónicas de operadores y en otros procedimientos sobre su papel decisorio. En la solicitud que sustentó las órdenes, el exconcejal es citado como responsable directo de la operación de parte de las compañías, y el documento menciona declaraciones de policías militares, prestadas en un proceso ante el Tribunal de Justicia Militar, según las cuales él sería el dueño de hecho de Transwolff. Las empresas citadas son Viação Transcap, Alfa Rodobus, Transwolff, A2 Transportes, Imperial Transportes, Move Bus, Pêssego Transportes, Allianz Transportes, Transunião, Qualibus Transportes, Norte Bus y Spencer Transportes.Cómo llegó el caso hasta aquíVectura Corrupta es un desdoblamiento de la Operación Decúrio, de agosto de 2024, que mapeó una red de comunicación mantenida por el PCC entre sus integrantes, incluidos presos, y supuestos líderes de los núcleos Sintonia Restrita y Sintonia dos Gravatas, este último formado por abogados que, según la policía, actuarían en beneficio de la facción. También en 2024, la fiscalía condujo la Operación Fim da Linha, que alcanzó a Transwolff y llevó a la prisión de su entonces presidente, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conocido como Pandora, sospechoso de vínculos con la organización. Según la Policía Civil, Alfa Rodobus y Sancetur asumieron líneas antes operadas por Transwolff y UpBus tras aquella acción. Los investigadores analizan además el supuesto financiamiento de campañas por la facción en las elecciones municipales de 2024 y en la disputa electoral en curso este año.Otras detenciones y la defensaTambién fueron detenidos Levi dos Santos Oliveira, expresidente de SPTrans, el organismo que gestiona el transporte colectivo de la capital, y Danilo Marco Morgado Silva, que disputó la Alcaldía de Praia Grande en 2024 y vio anulada su candidatura a diputado estatal. Según los investigadores, Levi mantenía encuentros periódicos con José Daniel Satilite, señalado como una de las figuras centrales del esquema, para tratar intereses de la facción en el sector tras Fim da Linha. Sobre Danilo, la policía apunta un "fuerte vínculo" con integrantes del PCC e indicios de que su campaña de 2024 habría sido financiada por la organización.Leite fue concejal durante siete mandatos, de 1997 a 2024, presidió la Cámara Municipal cuatro veces y dejó la vida pública el año pasado. Hoy preside el União Brasil en la capital y, en julio, fue elegido presidente estatal de la Federación União Progressista, formada con el PP. Es investigado, no acusado, y conserva la presunción de inocencia. En una nota, negó las acusaciones:"Estoy de viaje, no estoy fugitivo y me presentaré a las autoridades en un plazo de 24 horas. Voy a demostrar mi inocencia frente a todas las acusaciones."La orden de prisión temporal contra el exconcejal vale por 30 días, plazo en el que el Ministerio Público puede pedir prórroga o, al concluir la investigación, presentar la denuncia ante el juzgado de crimen organizado. El próximo paso conocido es la presentación de Leite ante las autoridades, que él mismo anunció para las próximas 24 horas.

Una decisión judicial que autorizó la prisión temporal de Milton Leite, expresidente de la Cámara Municipal de São Paulo (partido União Brasil), señala que integrantes del PCC, la mayor facción criminal de Brasil, tenían poder de decisión sobre aportes de dinero a campañas políticas en la capital paulista. La conclusión integra el fallo que sustentó la Operación Vectura Corrupta, lanzada este jueves (17 de septiembre) por la Policía Civil y el Ministerio Público de São Paulo, según el diario Folha de S.Paulo.Según la investigación citada por la Justicia, 12 de las 22 empresas de autobuses de São Paulo están controladas por la facción. En nota, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP-SP) informó que se cumplen 16 órdenes de prisión y 18 de registro en siete ciudades: São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande y Cubatão. Hasta la mañana del jueves, nueve sospechosos habían sido detenidos. El reportaje de Folha habla de órdenes de prisión contra 13 personas. Todos los señalados son investigados; nadie ha sido condenado.Lo que dice la decisiónUno de los puntos centrales de la investigación fue el análisis del teléfono del investigado José Daniel Satilite, propietario de la empresa de autobuses Translider. Según el documento judicial citado por Folha, los diálogos recuperados trataban de la actuación de la facción ante el sistema judicial y el poder público:"Los diálogos tratarían de cuestiones relacionadas con la 'Sintonia dos Gravatas' [sector que reúne a abogados ligados al PCC], pago de honorarios, estrategias jurídicas en favor de integrantes presos, medidas judiciales de interés de la facción y articulaciones con agentes políticos."En ese contexto, la decisión señala que miembros de la facción definían aportes de dinero a campañas electorales en São Paulo, según Folha. El sitio Poder360 describió la fase actual como una investigación del "brazo político" del PCC, y la nota de la SSP-SP afirma que las investigaciones identificaron "abogados y políticos que integraban la estrategia criminal". La revelación llega a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones de 2026, fijada para el 4 de octubre.La defensa y los próximos pasosEsta es la tercera fase de la Vectura Corrupta, conducida por la delegación de investigación de estupefacientes (Dise) de Mogi das Cruzes, con apoyo del Ministerio Público. Las fases anteriores investigaron la infiltración de la facción en el transporte colectivo de la capital. Leite, que llegó a presidir la Cámara Municipal, no fue encontrado en sus direcciones registradas. Por teléfono, dijo a Folha que está fuera de São Paulo y que no está prófugo: "Voy a entregarme en 24 horas. Me estoy organizando con mis abogados".Leite niega todas las acusaciones, entre ellas la de que sería el propietario de la empresa de autobuses Transwolf. En un audio enviado a Poder360, afirmó:"Niego rotundamente toda y cualquier relación con el PCC, desconozco a cualquier miembro de él en esta ciudad o en este país. Mi relación con las empresas de autobuses fue una relación institucional, porque a pedido del alcalde Bruno Covas, en 2019, él me pidió que asumiera esa cartera, la cartera de transporte [...] Además, no estoy prófugo, voy a presentarme en 24 horas."El próximo paso esperado es la presentación de Leite ante la policía, prometida dentro de las 24 horas siguientes a su declaración, es decir, hasta este viernes (18). La prisión temporal es una medida cautelar destinada a la investigación y no equivale a una condena. Tras el cumplimiento de las órdenes, el Ministerio Público decidirá si presenta acusación formal contra los investigados.

El ministro Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil cuestionó formalmente la forma en que la Segunda Turma, un panel de cinco ministros, condujo la sesión virtual que ratificó, el 8 de septiembre, el apartamiento del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del director de Inteligencia de la corporación, Leandro Almada. En un oficio enviado al presidente del órgano, el ministro Luiz Fux, el 11 de septiembre y hecho público este jueves (17), Gilmar sostiene que hubo un "acuerdo previo" entre Fux y el relator del caso, el ministro André Mendonça, sin comunicación anticipada al resto de los integrantes.Lo que dice el oficioGilmar, el decano del tribunal, escribió que la secuencia de horarios registrada en los sistemas de la corte "demuestra que la designación de esa sesión virtual extraordinaria ocurrió mediante un entendimiento directo entre Vuestra Excelencia y el relator, sin comunicación previa a parte de los integrantes del colegiado". El reglamento, argumentó, define la Turma como un "colegio de cinco miembros" cuyo presidente coordina los trabajos "mediante diálogo con todos los integrantes, sin inclinación por ninguno de ellos". Convocar la sesión de esa manera, evaluó, choca con el principio de colegialidad y con la lealtad institucional entre los ministros."No escribo este oficio por apego a las formalidades, ni por inconformismo con el colegiado. Lo escribo porque entiendo indispensable preservar la institución a la que pertenecemos."Los horarios citados muestran la velocidad del episodio. La decisión individual de Mendonça fue registrada a las 8h43 del 8 de septiembre; a las 9h29 el proceso entró en pauta; a las 9h38 la oficina de Gilmar fue informada de que habría una sesión virtual extraordinaria a las 10h. Gilmar pidió vista al inicio. A las 10h04, Fux adelantó su voto acompañando al relator y, a las 10h06, el ministro Kassio Nunes Marques votó en el mismo sentido. Poco más de una hora después de expedida, la decisión que apartó a dos jefes de la Policía Federal ya había sido publicada, pautada y sometida a votación, según CartaCapital.Al día siguiente, el ministro Flávio Dino derribó el apartamiento y reintegró a Andrei Rodrigues al cargo, informó Metrópoles. El episodio se inscribe en la crisis abierta por la investigación del Banco Master, que examina supuestas fraudes multimillonarios y los contactos del dueño del extinto banco, Daniel Vorcaro, actualmente preso, con ministros del propio tribunal. El apartamiento del comando de la Policía Federal y los mensajes entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes, señalados en un informe de la corporación, están en el centro de los enfrentamientos entre los ministros.Lo que viene ahoraLas críticas de Gilmar atravesaron la sesión del 15 de septiembre, en la que el pleno del STF discutió los próximos pasos de la investigación sobre los mensajes entre Vorcaro y Moraes. La votación terminó 4 a 3 a favor de separar los procesos, y Dino pidió vista, con un plazo de hasta 90 días para devolver el caso al pleno, según Metrópoles. Este jueves, el presidente del tribunal, ministro Edson Fachin, retiró de la pauta el juicio sobre la actuación de André Mendonça, previsto para el 23 de septiembre, y escribió que la inclusión en pauta "será oportunamente redesignada". Fachin también canceló una sesión extraordinaria del pleno tras los choques públicos entre Gilmar y Mendonça.

La Policía Federal de Brasil entregó este jueves (17) a los despachos de los ministros Luiz Fux y André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), la íntegra de los datos extraídos del celular de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, preso e investigado en el marco de la investigación conocida como caso Master. La entrega fue confirmada por el portal Metrópoles y por Folha de S.Paulo.Los dos ministros pidieron el acceso el miércoles (16); las solicitudes fueron reveladas por Metrópoles y confirmadas por Folha. El pedido de Fux se produjo un día después de que se hicieran públicas conversaciones encontradas en el aparato en las que el exbanquero y el abogado Rodrigo Fux, hijo del ministro, muestran una relación de cercanía, según Folha. El martes (15) también se conocieron diálogos que tratan de pagos que serían destinados al abogado Kevin Marques, hijo del ministro Kassio Nunes Marques.El material es el mismo que la Policía Federal ya había entregado a los ministros Cristiano Zanin y Gilmar Mendes el lunes (14), según Metrópoles. Según Folha, los datos también fueron enviados a Alexandre de Moraes, y Nunes Marques debe solicitar el acceso.Cómo llegó el caso hasta aquíVorcaro está preso en el marco del caso Master, un conjunto de investigaciones sobre sospechas ligadas al banco que controla. En mayo, la Policía Federal detuvo a su padre, el también investigado Henrique Vorcaro, por la sospecha de integrar el llamado "núcleo violento" del grupo, compuesto por las células "A Turma" y "Os Meninos" y señalado, según una fuente policial citada por el blog de Andreia Sadi, de G1, por crímenes de intimidación, coacción, obtención de información confidencial e invasión de dispositivos informáticos. En junio, el STF confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva.El acceso al celular se convirtió en motivo de disputa dentro del tribunal. Antes de la sesión del martes (15), Zanin había pedido a Mendonça, entonces relator del caso, el contenido completo del celular. El ministro respondió que los elementos necesarios para el análisis ya estaban disponibles y que divulgar la íntegra podría "tumultuar" la sesión; según dijo, una copia completa de los datos permanecía sellada en su despacho. La Policía Federal informó entonces al presidente del STF, Edson Fachin, que mantenía una copia y podía entregar versiones idénticas a los ministros sin comprometer la cadena de custodia. Zanin y Gilmar pasaron a pedir el material directamente a la corporación, y Gilmar solicitó a Fachin que todos los ministros tuvieran acceso.Próximos pasosLa disputa por los datos se sumó a las divergencias públicas entre los ministros. En la sesión del martes, el juicio de una cuestión de orden quedó interrumpido tras el pedido de vista de Flávio Dino, sin decisión sobre la apertura de una investigación ligada a los mensajes atribuidos a Vorcaro y a Moraes, cuya interpretación es, según Metrópoles, objeto de controversia y parte de investigaciones en curso. Gilmar criticó públicamente la actuación de Mendonça y Fux en la tramitación del caso; Mendonça respondió que existe una "preocupación selectiva" con la exposición de terceros en los mensajes divulgados. Durante la sesión, también afirmó que solo en ese momento conoció las referencias a sus colegas.En el plano policial, la Policía Federal citó a declarar a Daniel y Henrique Vorcaro el 30 de septiembre, a las 14h y 16h, respectivamente, último acto previsto antes de la conclusión de la tercera fase de la investigación, según el blog de Andreia Sadi, de G1. La defensa de Henrique pidió el miércoles (16) la revogación de la prisión, alegando que lleva más de 90 días detenido y que el STF todavía no juzgó ningún recurso contra la prisión. En el tribunal, la reanudación del juicio interrumpido por Dino no tiene fecha definida, y Nunes Marques aún puede pedir acceso al celular.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato a la reelección, afirmó este jueves (17) que su relación con Milton Leite, expresidente de la Cámara Municipal de São Paulo y objetivo de una orden de prisión temporal en la operación que investiga la infiltración del PCC en el transporte colectivo de la capital, "siempre fue institucional". Habló con periodistas durante una visita a las obras del Hospital Regional de Itapetininga, en el interior del estado."Siempre fue una relación institucional, una relación propositiva, orientada a proyectos, y así es como hemos trabajado. Esto no tiene nada que ver con otras cuestiones, que son objeto de investigación", dijo el gobernador, según InfoMoney. Según ese medio, Tarcísio citó como ejemplo del diálogo con Leite las discusiones sobre saneamiento básico y la llegada del tren a Parelheiros, en la zona sur de la capital, y no respondió directamente si la operación cambia su apoyo a las candidaturas de los hijos del exconcejal. "De nuestra parte, lo que hubo siempre fue una relación institucional", reiteró. Para el gobernador, "las operaciones no ven personas, no ven partidos, no ven posicionamientos políticos. Ven hechos".Cómo llegó el caso hasta aquíLa Operación Vectura Corrupta, lanzada este jueves por la Policía Civil y el Gaeco, el grupo contra el crimen organizado del Ministerio Público de São Paulo (MP-SP), cumplió, según InfoMoney, 16 órdenes de prisión y 18 de registro y allanamiento para investigar la actuación del PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor facción criminal de Brasil, en el sistema de buses de la capital. Leite, que presidió la Cámara Municipal durante seis años, es sospechoso de integrar el esquema, es considerado prófugo por la policía y negó las acusaciones en una entrevista con Folha de S.Paulo. Momentos clave:30 de agosto: Tarcísio participó en el lanzamiento de las candidaturas de los hijos de Leite, Alexandre Leite (diputado estadual) y Milton Leite Filho (diputado federal), ambos de União Brasil, en un acto en el barrio de Campo Grande, en la zona sur de la capital. Según Folha, Leite donó 60 mil reales a las campañas de sus hijos, 30 mil para cada uno.17 de septiembre: se lanzó la operación y Leite pasó a ser objetivo de una orden de prisión temporal. En un video, Alexandre Leite dijo que él y su hermano suspendieron las agendas de campaña "hasta que logremos reorganizarnos" y que supo de la orden contra su padre por la prensa. El mismo día, Tarcísio habló del caso en Itapetininga.Reacciones y próximos pasosEn un video difundido en redes sociales, Alexandre Leite calificó la decisión judicial de "cobardía"."Es una cobardía, una persona de 70 años con una carrera pública intachable, en un momento como este, a las puertas de la elección, [sufrir] este tipo de decisión."Según InfoMoney, el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aliado de Leite, elogió la "historia" del expresidente de la Cámara y afirmó que le corresponde a él demostrar su inocencia. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de octubre, y Tarcísio no dijo si mantiene el apoyo a los hijos del investigado.La orden de prisión temporal contra Leite sigue sin cumplirse y la policía lo mantiene como prófugo. Otro objetivo en la misma condición es el empresario Paulo Korek, conocido como Paulinho Camarão, señalado por la investigación como testaferro de la facción en el sector del transporte; su defensa informó al portal G1 que pretende presentarse a las autoridades, y su empresa, A2 Transportes, niega vínculos con el PCC. La prisión temporal, prevista en la Ley 7.960/89, tiene plazo determinado, y el fin de ese plazo define el siguiente paso procesal: el MP-SP deberá decidir si presenta denuncia contra los investigados.

El ministro André Mendonça, del TSE (Tribunal Superior Electoral), rechazó este jueves (17) el pedido del diputado federal Zé Trovão (PL-SC) de suspender el alza del 15,04% del Bolsa Família anunciada horas antes por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Designado relator del caso, Mendonça dio por terminado el proceso sin analizar el fondo y entendió que el parlamentario, candidato a la reelección en Santa Catarina, carece de legitimidad para demandar electoralmente a un candidato presidencial, cargo que se disputa en circunscripción nacional.Según el relator, la jurisprudencia del TSE exige que ambas partes disputen cargos en la misma circunscripción electoral para que un candidato pueda presentar una representación contra otro, criterio aplicado en decisiones recientes del tribunal en casos de candidatos a la Cámara que cuestionan hechos ligados a la carrera presidencial, como registró la Folha de S.Paulo. Mendonça dejó claro que cerrar el proceso no equivale a avalar la medida del gobierno."Destaco que el reconocimiento de la falta de legitimidad no implica pronunciamiento sobre la legalidad o la constitucionalidad del reajuste del programa Bolsa Família, ni sobre su eventual encuadre en el art. 73, párrafo 10, de la Ley 9.504/1997", escribió el ministro en la decisión, citada por G1.Cómo llegó el caso al TSEEn la mañana del jueves, Lula anunció una corrección del 15,04%, que eleva el piso del programa de 600 reales a 691 reales a partir de octubre. El valor mínimo estaba congelado desde 2022, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro (PL) elevó el beneficio un 50%, de 400 a 600 reales, también en vísperas de una elección presidencial, según recordó la BBC News Brasil. El beneficio medio pasa de unos 675 a 777 reales.Horas después del anuncio, hecho a 17 días de la primera vuelta, Zé Trovão, aliado del candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL-RJ), presentó una representación ante el TSE en la que acusa al jefe del Ejecutivo de abuso de poder político durante el período electoral. En la petición, citada por G1, el diputado sostuvo que es "necesaria la intervención de la Justicia Electoral" para impedir que la estructura administrativa y los recursos públicos se usen de manera de "comprometer la igualdad de oportunidades entre los candidatos". Pidió que Mendonça impidiera de forma provisional la aplicación de los nuevos valores hasta el fallo definitivo o el fin de las elecciones, y argumentó que el alcance nacional de la medida y el número de beneficiarios pueden influir en la elección del electorado.La defensa del gobiernoEl gobierno niega cualquier lectura electoral. El Ministerio de Hacienda afirmó, según G1, que la corrección solo repone pérdidas inflacionarias de los últimos años, lo que no equivaldría a un aumento del beneficio, y el ministro de Planeamiento, Bruno Moretti, negó vínculo con el pleito. "La ley del Bolsa Família nos da una autorización para hacer la reposición inflacionaria, para garantizar el poder de compra de los beneficiarios, la población más vulnerable de este país", dijo Moretti, que citó un INPC acumulado del 15,04% desde la versión actual del programa, creada en 2023. Para la Advocacia-Geral da União (AGU), la asesoría jurídica del Estado brasileño, esa ley autoriza al Ejecutivo a corregir los valores y prohíbe su reducción. Según el Ministerio de Planeamiento, el reajuste costará 5.800 millones de reales este año y 22.700 millones en 2027.La decisión cierra la representación presentada el jueves, informó InfoMoney, pero el tribunal no se pronunció sobre la compatibilidad del alza con las reglas electorales. El próximo hito es práctico: los pagos con el nuevo piso comienzan el 19 de octubre, entre la primera vuelta y un eventual ballotaje.

La Policía Civil de São Paulo afirmó este martes (15) que indiciará al menos a cuatro personas por homicidio con dolo eventual por el derrumbe de un edificio en construcción en la rua Tequici, en el distrito de Penha, zona este de la ciudad. La estructura cayó sobre una casa en la madrugada del sábado (12) y mató a seis personas, cinco de ellas inmigrantes bolivianos y una paraguaya, según Folha de S.Paulo. Entre los indiciados están los tres investigados ligados a la constructora New Home y una inspectora de la prefectura. Nadie ha sido condenado: el indiciamiento es un acto policial dentro de la investigación y no define culpa.Según el delegado seccional de Itaquera, Antônio José Pereira, serán indiciados los tres investigados que ya tienen prisión temporal decretada y la servidora municipal. Para la policía, el dolo eventual significa, en tesis, que los responsables conocían los riesgos capaces de causar la muerte y aun así habrían continuado con la obra. Ya fueron escuchadas doce personas.Cronología del casoLos problemas en el lugar tienen al menos cinco años, según la prefectura. En 2021, el municipio pidió a la Justicia la demolición de una construcción irregular en el sitio y aplicó una multa de R$ 119 mil. En 2022, la constructora presentó un nuevo proyecto, y en 2023 la prefectura emitió un permiso condicionado a la demolición de la estructura anterior. En febrero de 2024, una inspección de la subprefectura de Penha registró la demolición de 154 m². En el informe, la inspectora Viviane Rodrigues de Palma, de 54 años, escribió que la demolición "fue efectuada en su integralidad, dando lugar a la ejecución de edificación nueva en curso". Las fotos adjuntas al documento, sin embargo, parecen mostrar el edificio levantado desde 2019, y el abogado de la constructora confirmó, tras el derrumbe, que nada había sido demolido.El testimonio de la inspectora y la defensaEscuchada durante unas dos horas el martes, Viviane admitió que no entró en la obra durante la inspección."Cuando llegué al lugar, la obra estaba paralizada y ya estaba bien avanzada, ya tenía varios pisos, pero no estaba terminada. (...) nosotros no entramos en una obra particular sin autorización."La inspectora negó haber atestiguado la demolición. "En ningún momento declaré que aquella edificación había sido demolida", afirmó, según G1. La prefectura la apartó del cargo por 120 días para evitar que interfiera en las investigaciones.El empresario Ronaldo Vivacqua, de 63 años, señalado por la policía como socio oculto de New Home, tuvo su prisión temporal mantenida en audiencia de custodia. No aparece en los registros de las empresas, pero testigos relataron a la policía que él "actuaba, administraba, gestionaba y participaba efectivamente de la obra". Su hijo, el ingeniero Cristiano Vivacqua, autor del proyecto y responsable de la ejecución, e Isis Brandão, que figura como propietaria formal de la empresa, siguen prófugos. La defensa niega que Ronaldo sea socio oculto, dice que él solo acompañaba a su hijo, considera las prisiones prematuras y pidió su liberación o prisión domiciliaria alegando una "condición de salud grave y documentada". El lunes (14), los abogados afirmaron que la pareja se entregaría en los próximos días. New Home informó que abrió una investigación interna, que aún no hay elementos para determinar la causa del colapso y que no se exime de eventual responsabilidad señalada por las indagaciones.El indiciamiento aún será formalizado en el inquérito, con la individualización de la conducta de cada investigado, y la policía detallará la participación de cada uno. Quedan pendientes la decisión sobre el pedido de liberación de Ronaldo y la localización de la pareja prófuga. La prefectura, por su parte, paralizó este martes 26 emprendimientos ligados a las constructoras responsables de la obra.

La crisis institucional del STF (Supremo Tribunal Federal), la máxima corte de Brasil, apunta a retrasar decisiones con efectos directos sobre trabajadores, empresas y las cuentas públicas. Según Folha de S.Paulo, procesos sobre la contratación como persona jurídica (la llamada pejotización), el trabajo por aplicaciones, la reforma de pensiones de 2019 y el derecho tributario están parados mientras el tribunal discute el caso Banco Master. Especialistas consultados por el diario estiman que los temas laborales y previsionales no serán juzgados antes de las elecciones de este año y podrían quedar para 2027.Cómo empezó la crisisLa parálisis tiene origen en las investigaciones del Banco Master, hoy extinto. El relator del caso, el ministro André Mendonça, levantó el sigilo de informes de la Policía Federal, y uno de los documentos, según G1, apuntó 52 mensajes entre el fundador del banco, Daniel Vorcaro, y el ministro Alexandre de Moraes, además de encuentros presenciales entre ambos y un contrato de 130 millones de reales entre la institución y el despacho de la esposa de Moraes. Ningún ministro es procesado ni condenado. Lo que el pleno discute es si abre una investigación formal contra Moraes, algo inédito contra un integrante de la propia corte.En la sesión extraordinaria del martes (15), los ministros votaron por 4 a 3 mantener separados los análisis de la conducta de Moraes, en su relación con Vorcaro, y de Mendonça, en la conducción de la relatoría, según G1. Por la separación votaron Fachin, Mendonça, Fux y Cármen Lúcia; Gilmar Mendes, Zanin y Moraes defendían el juzgamiento conjunto. Antes del final, el ministro Flávio Dino pidió vista y suspendió el juicio por hasta 90 días, un plazo que vence en diciembre."Tengo que interrumpir esta situación porque tenemos una cuestión de orden. No tenemos condiciones de deliberar. El clima va de mal en peor, y la sociedad está viendo algo distinto del rito que la ley manda", dijo Dino.En el enfrentamiento, Moraes acusó a Mendonça de parcialidad y de haber presionado a la Policía Federal para incluirlo en una delación premiada. "¿Quién le teme a la Policía Federal?", preguntó. Mendonça respondió: "Eso es mentira". El relator también niega haber liberado los autos de forma selectiva y afirma que mantuvo bajo sigilo solo lo necesario para preservar investigaciones en curso y datos de terceros. El ministro Nunes Marques se declaró impedido de votar por presidir el Tribunal Superior Electoral en año de elecciones, y Dias Toffoli se declaró sospechoso.Lo que queda en esperaCon el pleno ocupado por el caso Master, decisiones de amplio alcance económico quedaron sin fecha: la validez del contrato como persona jurídica, el vínculo laboral de los conductores de aplicaciones y las disputas sobre la reforma de pensiones de 2019, que incide en el déficit del INSS, el instituto de seguridad social brasileño. "La pejotización es una cuestión aún más central porque puede alcanzar distintos sectores de la sociedad y producir efectos no solo sobre los derechos de los trabajadores, sino también sobre la seguridad social y otras estructuras de protección", afirmó a Folha la profesora Olívia Pasqualeto, de la Escuela de Derecho de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas. En su visión, la decisión afectará a empresas que usan ese tipo de contratación y a trabajadores contratados como personas jurídicas, y lo ideal es que el juicio ocurra con los ánimos más calmados, aunque ya exista debate suficiente para decidir.El próximo paso corresponde al presidente de la corte, Edson Fachin: mantener para el 23 de septiembre el juicio sobre las acusaciones de Moraes contra Mendonça o aplazar la sesión, como quieren ministros alineados con el relator. Si Dino no se pronuncia dentro de los 90 días, el proceso sobre Moraes vuelve automáticamente a la agenda.

Nueve hombres murieron la tarde de este martes (15) durante una operación de la Policía Militar en Cajazeiras, en la periferia de Salvador, capital de Bahía. Según la corporación, la operación tenía como objetivo el crimen organizado y los muertos son sospechosos de integrar la facción criminal Bonde do Maluco (BDM). Sus identidades no habían sido divulgadas hasta la publicación de esta información.La versión de la policíaEn una nota, la Policía Militar, el cuerpo uniformizado que patrulla las calles en los estados brasileños, afirmó que equipos de su Batallón de Patrullaje Táctico Móvil (BPATAMO) realizaban incursiones entre los barrios Cajazeiras V y Cajazeiras XI cuando se toparon con hombres armados que dispararon contra los policías y huyeron por una zona de selva. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía (SSP-BA), hubo un enfrentamiento durante el intento de detención de integrantes de una facción criminal y algunos sospechosos resultaron heridos. Los nueve fueron llevados al Hospital Eládio Lasserre, en Cajazeiras II, pero no resistieron las heridas. La corporación dijo que ningún policía resultó herido y que un hombre fue detenido.Según g1 y Folha de S.Paulo, fueron incautadas 11 armas de fuego: cuatro fusiles, cinco pistolas, una carabina de 9 mm y una escopeta automática calibre 12. El Correio informó el mismo total con una composición distinta: cuatro fusiles, cinco pistolas y dos carabinas. También fueron recogidos cargadores, municiones, porciones de drogas y teléfonos celulares, además de una placa de chaleco balístico que, según la SSP-BA, pudo ser desviada del Ejército Brasileño.InvestigaciónLa secuencia que llevó a la operación comenzó hace cerca de un mes, cuando, según la Folha, el grupo habría realizado ataques armados contra rivales en la región. Una investigación previa de la Policía Militar mapeó imágenes en redes sociales en las que los sospechosos exhibían armas y señales de la facción. El intercambio de disparos ocurrió en una zona de selva y se escuchó en distintos puntos del barrio. La corporación informó que "el patrullaje continúa reforzado en la región".El hombre detenido y el material incautado fueron presentados en la Delegación de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), en el barrio de Itapuã, donde se investigará el caso. La Policía Militar afirmó que las circunstancias de las muertes y la actuación de los policías militares involucrados pasarán por los procedimientos legales pertinentes, "observadas las atribuciones de los órganos competentes". El vínculo de los muertos con la facción es una afirmación policial aún en investigación, sin decisión judicial.

Mensajes incautados por la Policía Federal en el celular de Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y preso por sospecha de fraude, muestran una relación de cercanía entre el banquero y el abogado Rodrigo Fux, hijo del ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil. Los diálogos van de mayo de 2024 a agosto de 2025 y fueron divulgados el martes (15) por Metrópoles y el portal Metro1. El contenido del teléfono había sido entregado el lunes (14) a los gabinetes de los ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, que lo solicitaron para la sesión en la que la corte analizaba la relación entre Moraes y el exbanquero.En varios momentos, Rodrigo Fux se dirige a Vorcaro como "irmao" (hermano). El 17 de mayo de 2024 abre una conversación con "Fala irmao. Tudo bem?"; en noviembre, al decirse libre para una llamada, escribe "Vamos irmao? Liberei". El 4 de diciembre de 2024, al acordar un encuentro en su despacho de Río de Janeiro, dijo que reprogramó otro compromiso para recibir al banquero a las 14h y luego envió: "Tapete vermelho irmao" (alfombra roja, hermano). Vorcaro respondió: "Valeu irmao!". Un mes antes, el banquero había escrito "Quero te chamar pra me ajudar num caso" (quiero pedirte que me ayudes en un caso). El hijo del ministro respondió "Será um prazer, se eu puder ajudar" y, tras una videoconferencia, recibió un documento para analizarlo.El vínculo con el gabinete de FuxLa conexión directa con el ministro aparece en conversaciones de marzo de 2025, según Metro1. El día 11, Rodrigo Fux buscó a Vorcaro para programar una reunión en Brasilia y dijo que antes pasaría por el cumpleaños del ministro Luís Roberto Barroso. A las 10h12 del día 12 avisó: "Bom dia. 10:30hs tô aí". A las 13h29 preguntó "Qual a data de Londres mesmo?" (¿cuál era la fecha de Londres?) y pidió que el material sobre el compromiso fuera enviado a su correo y a Patrícia, secretaria de Luiz Fux en el STF. "E para a Patrícia. Secretária do meu pai. Com cópia pra mim", escribió, indicando una dirección con dominio institucional del tribunal. Vorcaro respondió "Vou pedir!". Para el Metro1, los diálogos indican que el abogado articuló la participación del padre en un evento ligado a Vorcaro en Londres, pero no aclaran cuál sería el papel del ministro ni permiten concluir que se haya encontrado con el banquero.Los propios reportajes destacan los límites del material: los mensajes no identifican a quienes participarían en los encuentros y, por sí solos, no permiten afirmar que Luiz Fux estuviera involucrado. Las conversaciones mezclan temas profesionales y sociales. Según Metrópoles, hubo un encuentro en Brasilia en febrero de 2025, en una casa del barrio Lago Sul, y en el Carnaval de Río de 2025 el banquero invitó al abogado y a su familia a un palco.En nota, el despacho Fux Advogados afirmó que nunca actuó como abogado, prestó servicios ni recibió pagos de Vorcaro, del Banco Master ni de empresas y fondos ligados al grupo. Según el despacho, el tono de las conversaciones refleja un intento de aproximación comercial del banquero y de socios que no se concretó y ocurrió más de un año antes de las noticias sobre sospechas de fraude e implicaciones penales que involucran a Vorcaro. El ministro fue contactado por la asesoría de prensa del STF y no se había manifestado hasta la publicación. Ninguno de los reportajes cita una acusación formal contra Rodrigo Fux.Cómo llegó el caso hasta aquíEl celular fue incautado por la PF en las investigaciones sobre el Banco Master, y el contenido salió a la luz horas antes de la sesión del martes (15), en la que el STF analizaba supuestos diálogos entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes, cuya esposa, Viviane Barci de Moraes, firmó un contrato de 131 millones de reales con el banco, según G1. En la misma tanda de mensajes, conversaciones entre Vorcaro y el exdirector jurídico del Master mencionaban supuestos pagos de 500 mil reales mensuales al abogado Kevin Marques, hijo del ministro Kassio Nunes Marques. Kevin negó haber recibido esos valores y dijo que cobró 281,6 mil reales de la consultora Consult por servicios tributarios sin relación con el STF. Nunes Marques afirmó que su hijo nunca prestó servicios al Master y se declaró impedido de participar del juicio, en su condición de presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), que organiza las elecciones de Brasil.La sesión terminó sin decisión sobre la conducción de los casos de Moraes y del ministro André Mendonça, relator del caso Master: la votación quedó en 4 a 3 por el análisis separado, el ministro Flávio Dino pidió vista y el juicio fue interrumpido. Según Folha de S.Paulo, la reanudación puede tardar hasta 90 días y quedar para después de las elecciones del 4 de octubre. Los mensajes que involucran a Rodrigo Fux integran el material de la PF en análisis por los ministros.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este miércoles (16) que no puede ser responsabilizado por las designaciones de los ministros Alexandre de Moraes, Kássio Nunes Marques y André Mendonça en el Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil, porque no ocupaba la Presidencia cuando fueron nombrados. Es la primera vez que cita nominalmente a los ministros desde la sesión del martes (15), en la que la Corte suspendió sin decisión el análisis sobre la apertura de una investigación contra Moraes. En una entrevista en el podcast "Desce a Letra Show", Lula defendió juicios con derecho de defensa y castigo para quien cometa un delito."Todo el que cometió un error tiene que ser juzgado. Yo defiendo un juicio justo, derecho de defensa, pero, si cometió un delito, tiene que pagar. Vale para mí, vale para Fachin, vale para Moraes. Esa es mi tesis."Antes, el presidente había sostenido que la responsabilidad por las designaciones es de quien ocupaba el cargo en ese momento. "Yo no era presidente cuando el ministro Alexandre de Moraes fue indicado para la Suprema Corte. Yo no era presidente cuando indicaron a Kássio. Yo no era presidente cuando indicaron a André Mendonça", dijo. Moraes fue designado por el entonces presidente Michel Temer en febrero de 2017; Nunes Marques y Mendonça fueron designados por Jair Bolsonaro. Según el G1, cuando el Senado confirmó a Moraes, Flávio Bolsonaro era diputado estatal en Río de Janeiro y solo asumió como senador en enero de 2019, por lo que no votó en aquella designación, al contrario de lo que sugirió Lula.Cómo empezó la crisisLa crisis nació del escándalo del Banco Master. A finales de agosto, Mendonça, relator de la investigación sobre el banco, pidió a la Policía Federal un informe que identificó a Moraes como destinatario de mensajes sospechosos del banquero Daniel Vorcaro, preso y señalado como sospechoso de fraudes multimillonarios, y envió el material al ministro Edson Fachin, que llevó el caso al plenario. Según Folha de S.Paulo, los mensajes mostrarían a Vorcaro consultando a Moraes, días antes de su detención, sobre la posibilidad de huir del país, y el diario registró un contrato de 131 millones de reales entre el Master y el despacho de la abogada Viviane Barci, esposa del ministro. Ninguna de esas sospechas fue probada y no hay investigación abierta contra Moraes.En la sesión del martes, el plenario debatió si abre la investigación, pero el ministro Flávio Dino pidió vista antes del examen del fondo y el juicio terminó sin conclusión, marcado por choques entre los ministros. El decano Gilmar Mendes acusó a Mendonça de "desfachatez" y de actuar con un "sentimiento policial"; Mendonça respondió gritando "desfachatez de su excelencia" y negó irregularidades, afirmando que solo pidió a la Policía Federal que identificara al remitente de los mensajes de Vorcaro.Peso electoralLas declaraciones tienen peso electoral: Lula busca la reelección en octubre contra el senador Flávio Bolsonaro, que el martes publicó un video asociando al presidente con Moraes. Según Folha, Flávio es investigado en el escándalo del Master. "Su rabia es porque Moraes mandó prender a quien mató a Marielle. Y porque prendió a su padre y a los golpistas. Ese es su pavor", afirmó Lula, en referencia a la concejala carioca Marielle Franco, asesinada en 2018, y al proceso que llevó a Jair Bolsonaro a la cárcel. En la misma entrevista, el presidente elogió al ministro: "Yo creo que Moraes prestó un servicio a la democracia", dijo, citando el período en que Moraes presidió el Tribunal Superior Electoral en la elección de 2022, marcada por los ataques de Bolsonaro a las urnas electrónicas. Desde el inicio de la crisis, a comienzos de mes, Lula evitaba comentar el caso; interlocutores escuchados por el G1 atribuyen la estrategia al intento de separar la campaña del desgaste entre los ministros.El próximo paso corresponde a Dino, que tiene hasta 90 días para devolver el proceso al plenario, en una fecha que fijará Fachin. El caso sobre las acusaciones que Moraes presentó contra Mendonça, por supuestos abusos en la conducción de las investigaciones del Master y del INSS, sigue en la agenda de la sesión del 23 de septiembre. Según la BBC News Brasil, sin embargo, no está garantizado que ese juicio ocurra en esa fecha.

La Policía Federal de Brasil incautó cerca de R$ 990.000 en efectivo, además de US$ 10.000 y € 1.255, al ejecutar órdenes de registro e incautación de la Operación Dinastia do Lago desplegada este miércoles (16). La operación investiga sospechas de fraude en contratos públicos de la administración de Coari, ciudad del interior del estado de Amazonas, y entre sus principales objetivos están el diputado federal Adail Filho (MDB) y su padre, el alcalde Adail Pinheiro (Republicanos). Ambos figuran como investigados y no han sido acusados formalmente.En Manaus, los agentes federales incautaron R$ 352.750, US$ 10.000 y € 1.255, además de 11 autos en domicilios vinculados a los investigados, incluida la residencia del diputado. En Coari, la Policía Federal encontró unos R$ 637.750 y otros 10 vehículos, con lo que los autos incautados llegan a 21. Imágenes divulgadas por la corporación muestran también relojes y joyas entre los bienes recogidos, sin valor estimado informado. Según el sitio Congresso em Foco, se cumplieron 29 órdenes en las dos ciudades.Qué investiga la operaciónSegún la Policía Federal, la investigación apunta a una posible actuación coordinada entre empresarios, agentes públicos y terceros, con sospechas de direccionamiento de licitaciones, desvío de recursos públicos y movimientos financieros para pagar ventajas indebidas y ocultar el origen y los destinatarios finales del dinero. Los hechos podrían configurar, en teoría, los delitos de corrupción, lavado de dinero, fraude en licitación, peculado y organización criminal. Por determinación del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, Adail Pinheiro, quien según Congresso em Foco cumple su cuarto mandato, y secretarios municipales fueron apartados de sus cargos por 90 días. Adail Filho fue objeto de registro e incautación, pero conserva su escaño en la Cámara de Diputados; por ser legislador federal en ejercicio, su causa se tramita en el STF.Cómo comenzó el casoLa operación es un desdoblamiento de una investigación abierta en el STF por Moraes a pedido de la Fiscalía General de la República (PGR). La indagación empezó tras la detención en flagrancia de tres empresarios, Cesar de Jesus Gloria Albuquerque, Erick Pinto Saraiva y Wagner Santos Moutinho, en el aeropuerto de Brasilia en mayo de 2025. Transportaban cerca de R$ 1,25 millones en efectivo en un vuelo entre Manaus y Brasilia y no presentaron, en esa ocasión, prueba del origen del dinero.Documentos y aparatos electrónicos recogidos fueron analizados con autorización judicial y, según el proceso, indicaron movimientos financieros sospechosos, empresas vinculadas a los investigados con contratos con la Prefectura de Coari y transferencias de enmiendas presupuestarias de diputados (fondos que los legisladores destinan a municipios específicos) enviadas a la ciudad en 2024 y 2025. El 24 de junio de 2026, Moraes prorrogó la investigación por 60 días más, a pedido de la Policía Federal, que citó la complejidad de los hechos y la cantidad de personas físicas y jurídicas involucradas. En una de sus decisiones, el ministro escribió:"En la misma ocasión fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos que, tras un análisis autorizado judicialmente, revelaron transferencias financieras realizadas por personas jurídicas vinculadas a los investigados en beneficio del diputado federal Adail Filho y de su padre, Manoel Adail, alcalde del Municipio de Coari/AM."La defensa de Adail Pinheiro y Adail Filho afirmó que recibió el cumplimiento de las órdenes "con sorpresa". El abogado Fabricio de Melo Parente calificó de "innecesario" el apartamiento del alcalde y dijo que presentará las medidas pertinentes después de acceder al contenido de la investigación. Según los abogados, los registros no implican culpabilidad ni reconocimiento de la práctica de delitos, y los investigados no tendrían relación con los hechos que dieron origen a la indagación. G1 informó que todavía intenta localizar a la defensa de los tres empresarios detenidos en 2025. El próximo paso es el análisis por la Policía Federal del dinero, los vehículos y los documentos incautados este miércoles, que puede sustentar un eventual señalamiento que será informado al STF, mientras el apartamiento del alcalde rige por 90 días.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó que todos los procedimientos sobre la incautación de R$ 510 mil en efectivo, ocurrida el 25 de agosto en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, sean remitidos al tribunal. En una decisión divulgada este lunes (14), el ministro registró nominalmente que el dinero estaba en un equipaje de mano transportado por la abogada Valéria Rodrigues Linhares, descrita en el documento como esposa del diputado federal Cezinha de Madureira (partido PL, São Paulo), investigado por presunto tráfico de influencias.Según el g1, que tuvo acceso a la decisión, la Policía Federal incautó el dinero cuando Valéria abordaba un vuelo a Brasilia, durante el control de rayos X del equipaje. Para Dino, la incautación es relevante porque contratos hallados en un celular ya requisado por la policía preveían honorarios de éxito de R$ 500 mil, R$ 1 millón y R$ 2 millones para la sociedad individual de abogacía de Valéria. El efectivo transportado físicamente, escribió el ministro, dificultaría el rastreo de esos pagos, lo que justificaría el decomiso de documentos, contratos, registros financieros y dispositivos electrónicos de los investigados.Lo que apunta la investigaciónLa causa es la tercera fase de la Operación Transparencia, que investiga presunta explotación de prestigio, tráfico de influencias, corrupción pasiva y lavado de dinero. Según la decisión, la Policía Federal apunta una actuación articulada entre la abogada Mariângela Fialek, señalada como responsable de captar y formalizar causas y elaborar memoriales; Valéria; y el propio diputado, a quien la investigación atribuye la actuación ante ministros de los tribunales superiores. Mensajes extraídos del celular de Fialek llevaron a la policía a señalar una asociación para obtener decisiones favorables en procesos del STF con la ayuda del parlamentario. Este lunes se cumplieron cuatro órdenes de registro y decomiso en el Distrito Federal y en São Paulo, contra el diputado y el despacho de Valéria, con autorización para aprehender documentos, dispositivos electrónicos y efectivo por encima de R$ 10 mil.La decisión aclara que los ministros del STF, del STJ y del TSE citados en los mensajes no son investigados. Según Dino, no consta en los autos noticia de solicitud, aceptación o recepción de ventaja indebida por integrantes del Poder Judicial; los magistrados aparecen solo como posibles destinatarios de la influencia que habría sido ofrecida por los investigados.El caso hasta aquíLos contratos y conversaciones citados en la decisión son de mayo a julio de 2025 y abarcan reclamaciones que tramitaban en el STF. La Operación Transparencia comenzó en diciembre de 2025 para investigar irregularidades en la destinación de enmiendas presupuestarias del Congreso, según el Congresso em Foco. El 25 de agosto, la Policía Federal incautó los R$ 510 mil con Valéria en Congonhas; este lunes se divulgó la decisión de Dino y se cumplieron los registros.En el momento de la incautación, Valéria afirmó que el dinero había sido declarado en el Impuesto de Renta y que presentaría la comprobación de su origen. Su defensa sostiene que los valores provienen de honorarios de abogacía recibidos de un cliente y que la documentación fiscal será presentada después. El diputado no estaba con ella en el momento del control. La decisión la describe como esposa de Cezinha; la defensa de Valéria dice que es su exesposa.La defensa del diputado, del bufete Carneiros Advogados, negó irregularidades y criticó el momento de la operación, realizada a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones. Los abogados sostuvieron que medidas de ese grado de repercusión deberían adoptarse "con la debida distancia de cualquier circunstancia política o electoral", y afirmaron en una nota:"Con la tranquilidad de quien confía plenamente en la Justicia y la certeza de su conducta siempre intachable, el diputado federal Cezinha de Madureira está a disposición de las autoridades y prestará todas las aclaraciones necesarias."Con la decisión, el STF pasa a concentrar la supervisión de los dos procedimientos, el de la incautación del dinero y el de la investigación sobre el diputado, que según Dino tienen conexión probatoria. El tribunal evaluará más adelante si los casos deben separarse; no hay fecha definida. Todos los investigados mantienen la presunción de inocencia.

Cerca de 3.000 trabajadores despedidos por el grupo brasileño Casas Bahia siguen sin recibir su liquidación final, más de un mes después de que comenzara la ola de despidos que precedió a la solicitud de recuperación judicial de la cadena, un proceso de reorganización de deudas supervisado por la Justicia similar al capítulo 11 estadounidense. Según G1, el dinero quedó bloqueado porque la empresa incluyó a los despedidos en la lista de acreedores del proceso, y los ex empleados también reportan dificultades para acceder al FGTS, el fondo de ahorro laboral obligatorio en Brasil, y al seguro de desempleo hasta este martes (15).La secuencia comenzó el 13 de agosto, cuando el grupo inició despidos masivos y el cierre de 298 tiendas en todo el país. La plantilla ya venía cayendo, de 41.866 empleados en 2023 a 30.117 a mediados de este año, una reducción de cerca del 28%, según InfoMoney. El 16 de agosto, la compañía pidió la recuperación judicial para renegociar deudas estimadas en 17.300 millones de reales. Documentos de la propia empresa apuntan a unos 3.000 despidos en esta etapa; la Confederación Nacional de los Trabajadores del Comercio (CNTC) habla de cerca de 1.900.Lo que decidió la Justicia del TrabajoEl 19 de agosto, la jueza Katarina Roberta Mousinho de Matos, del 11º Juzgado del Trabajo de Brasilia, suspendió los efectos de los despidos colectivos por falta de intervención previa del sindicato, aplicando el precedente 638 del Supremo Tribunal Federal, que exige intervención sindical antes de los despidos masivos. Según InfoMoney, la medida cautelar ordenó restablecer provisionalmente los vínculos laborales, reincorporar a los afectados a la nómina y, en 48 horas, devolver los planes de salud y beneficios asistenciales cancelados por causa de los despidos. La decisión fijó una multa de 500 reales por trabajador despedido si la empresa no cumplía las determinaciones en cinco días.El inspector general de la Justicia del Trabajo, el ministro José Roberto Freire Pimenta, negó después una petición de la empresa para derribar la medida, que sigue vigente y también condiciona nuevos despidos coletivos a la intervención sindical previa. El grupo espera ahora que el Tribunal Regional del Trabajo de la 10ª Región (TRT-10) analice su recurso, sin fecha definida.En la fila de acreedoresSegún la CLT, el código laboral brasileño, la liquidación debe pagarse en un plazo de 10 días tras el fin del contrato. Con la recuperación judicial, los montos pasaron a la clase I de acreedores, la categoría de los créditos laborales, con prioridad sobre las demás deudas. Como los créditos generados antes de la solicitud pueden entrar en el plan de pago, el cobro depende del calendario que apruebe la Justicia."El trabajador entra en la fila de acreedores y pasa a esperar la definición del plan de pago. Muchos ni siquiera saben cuánto les corresponde o cuándo lo recibirán", afirmó João André Vidal de Souza, que representa a la CNTC. La entidad pide que las liquidaciones queden fuera del régimen de créditos de la recuperación y se paguen con prioridad.Entre los afectados, los relatos hablan de un retraso generalizado. La ex vendedora Talita Magalhães, de 42 años y ocho en la empresa, dice que recibió la clave para acceder al FGTS, pero no la liquidación ni la multa del 40% del fondo. Según ella, el plan de salud fue cancelado y ex colegas siguen siendo cobrados por cuotas del sistema de compras a plazos de los empleados. "Pasaron los 10 días y nadie recibió nada. No recibimos explicación y quedamos completamente a oscuras", relata.En nota al G1, el Grupo Casas Bahia afirmó que los derechos de los trabajadores desligados siguen garantizados y que los valores de las liquidaciones pasaron a seguir las reglas y los procedimientos previstos en el proceso de recuperación. La empresa dijo que ya facilitó orientaciones para acceder al seguro de desempleo y al retiro del FGTS. El siguiente paso en la disputa sobre la validez de los despidos es el fallo del recurso en el TRT-10, aún sin fecha.

El ministro André Mendonça, del STF (Tribunal Supremo Federal), afirmó que ordenó a la Policía Federal identificar a las personas mencionadas en informes sobre el exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del extinto Banco Master, para aclarar quiénes integrarían una supuesta red de influencia y monitoreo comandada por él. La explicación fue enviada al presidente del tribunal, Edson Fachin, al final del lunes (14), en vísperas de la sesión en la que el pleno empieza a analizar el informe de la Policía Federal sobre mensajes intercambiados entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes. Según CNN Brasil, el documento responde a una de las preguntas de Fachin sobre la conducción de las investigaciones ligadas al caso Master.Mendonça supervisa en el STF los desdoblamientos de la Operación Compliance Zero, la indagación de la Policía Federal sobre el caso Master. El 24 de agosto citó personalmente a su despacho a los delegados responsables de la investigación y les dio 72 horas para presentar información actualizada sobre integrantes aún no identificados de la supuesta organización criminal. Un informe producido por la Policía a pedido del ministro sacó a la luz mensajes y registros que involucran a Moraes y a Vorcaro y desató la crisis actual entre los ministros. Fachin fijó entonces plazo para que Mendonça, Moraes, el procurador general de la República, Paulo Gonet, y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, dieran explicaciones antes del análisis del material por el pleno.Lo que dice el despachoSegún el texto, divulgado por CNN Brasil y el portal TMC, elementos obtenidos del celular de Vorcaro indicaron que el investigado tuvo acceso anticipado a información sobre investigaciones en curso que podrían perjudicarlo, incluidas apuraciones del Banco Central. Los datos también levantaron la hipótesis de que buscaba intervenir ante autoridades involucradas en esos procesos. Mendonça escribe que los elementos apuntaban a una "verdadera red de monitoreo e influencia", con potencial de infiltración en instituciones públicas, y que, como la Policía indicó que quedaban integrantes sin identificar, exigió a los delegados, en 72 horas, datos sobre la llamada "red de influencia y monitoreo". El ministro sostiene que la orden no tenía el propósito de investigar a autoridades de la Policía Federal ni del Ministerio Público.El despacho, registrado en la Petição 16.704/DF, explica también por qué los delegados fueron citados en persona el 24 de agosto, a las 17h40. Uno de los informes de la Policía mencionaba a Rodrigues y a Gonet en una nota enviada por Vorcaro a un interlocutor aún no identificado, después reenviada por WhatsApp y reproducida en un documento de la corporación. Ante esas menciones, afirmó el ministro, la medida fue adoptada "por cautela", para preservar el sigilo y la conducción de la investigación, "sin imputar cualquier sospecha a quien sea". Para Mendonça, había que preservar la integridad de los autos, con compartimentación de las actividades de inteligencia y de policía judicial.Cuenta regresiva hacia la sesiónDel otro lado, la PGR (Procuraduría General de la República) defiende formalmente la anulación y el archivo del informe de la Policía por supuestos vicios formales: según G1, el documento fue producido a pedido de Mendonça sin provocación del Ministerio Público ni de la propia Policía y sin aviso a la Presidencia del tribunal. Gonet es citado en el informe y delegados de la Policía llegaron a pedir que se declarara impedido de actuar en las apuraciones; se espera que participe de la sesión. Moraes niega haber favorecido a Vorcaro y ya calificó la investigación de "inconstitucional e ilegal".El pleno se reúne este martes (15), a las 10h, en sesión extraordinaria. Fachin, relator del caso, presenta su voto primero, tras la manifestación de la PGR. Entre las salidas en debate está declarar la nulidad del informe por vicio de origen y enviar los datos a un nuevo subprocurador general para evaluar la apertura de una investigación formal. Interlocutores oídos por G1 estiman un resultado ajustado, de 4 a 3, por la apertura de algún tipo de apuración sobre los mensajes; un eventual pedido de vista, con plazo regimental de 90 días, llevaría el desenlace a febrero de 2027. Sigue abierto si Moraes y Mendonça pueden votar. El ministro Dias Toffoli no debe votar, por haberse declarado impedido en desdoblamientos del caso Master.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, pidió este martes (15) que el juicio sobre el informe de la Policía Federal que trata de supuestos intercambios de mensajes entre el exbanquero Daniel Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes se aplace hasta el 23 de septiembre y se decida junto con la sesión ya programada para examinar los indicios que involucran la conducta del ministro André Mendonça en el caso Master, la investigación centrada en el antiguo banco de Vorcaro. En una cuestión de orden presentada justo después de que el presidente de la Corte, Edson Fachin, leyera el informe, Dino afirmó que hubo irregularidades en la conducción de los procesos por la presidencia, que reunió varios informes en su gabinete.El argumento central de Dino es que el reglamento interno del tribunal no autoriza al presidente a "avocar", es decir, asumir para sí la relatoría de procesos distribuidos a otros ministros. Dice que los temas debieron reasignarse por sorteo y que hubo una "clara ruptura legal" cuando Fachin retiró las relatorías y pasó a supervisar el asunto."Ni la Constitución Federal, ni ninguna otra legislación vigente en el ordenamiento brasileño, contempla esa posibilidad", escribió Dino.Dino pidió que la Corte reconozca la supuesta irregularidad y que ambos análisis, uno sobre Moraes y otro sobre los indicios que involucran a Mendonça, se juzguen juntos por un relator que no sea el presidente. "La investigación debe alcanzar a todos los que se involucraron con el caso, sin recortes de orden político o ideológico, ni preferencias personales", defendió. Dirigió el pedido al decano Gilmar Mendes, el ministro con más tiempo en la Corte y que, según Dino, sería el sustituto legal del presidente para decidir la materia. Gilmar respaldó la cuestión de orden y afirmó que hay una motivación político-electoral detrás del pedido contra Moraes; Mendonça, relator del caso, le respondió que estaba siendo "frívolo". La sesión fue suspendida y retomada a las 14 horas.Cómo llegó el caso hasta aquíInformes de inteligencia de la Policía Federal analizaron la actuación del relator de los casos Master e INSS y plantearon la sospecha de un posible direccionamiento de las investigaciones. Según InfoMoney, los propios documentos registraban no tener valor probatorio.Mendonça pasó a cuestionar el origen y el contenido de los informes, calificándolos de apócrifos. En una manifestación a Fachin, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, afirmó que los documentos se produjeron de forma regular y se entregaron en cumplimiento de una determinación de Moraes en la investigación de las fake news.El 8 de septiembre, Mendonça ordenó el alejamiento de Andrei Rodrigues y del director de Inteligencia, Leandro Almada. Fachin suspendió después ese alejamiento y también una decisión de Dino que había reincorporado a los dos agentes, manteniendo a Andrei al mando de la corporación.Moraes pasó a acusar a Mendonça de intentar dirigir la actuación de la Policía Federal contra él. Este martes dijo tener testigos del supuesto pedido para que investigadores buscaran elementos en su contra y mencionó un intento de incluirlo en una colaboración premiada.El choque escaló en el pleno. Interrumpido por Mendonça, Moraes preguntó: "¿Vamos a llamar a ese testigo? ¿Vamos a llamarlo?". El colega respondió: "No se puede llamar a quien quiera". Moraes también preguntó "quién llamó a la Policía Federal y exigió que pusiera a un colega en la colaboración premiada", calificó de "fraudulenta" la investigación en su contra y defendió juzgar los temas de forma conjunta: "No se puede juzgar una cosa sin la otra". Mendonça niega haber conducido las investigaciones de forma ilegal. Ninguno de los ministros es acusado en esta etapa: la sesión de este martes solo decide si hay elementos para abrir una investigación contra Moraes.Al retomar los trabajos a las 14 horas, el pleno debía decidir primero la cuestión de orden de Dino: aceptar el aplazamiento y unificar las materias para el 23 de septiembre, o rechazar el pedido e ir directamente a la votación sobre la apertura de una investigación contra Moraes. La sesión del 23 de septiembre sobre Mendonça ya está en la agenda definida por la presidencia. Según G1, los ministros Dias Toffoli y Kassio Nunes Marques no participan del juicio de este martes, el primero por declararse sospechoso y el segundo por estar impedido.

La mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC), es citada en decisiones del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), dentro de las investigaciones sobre la presunta destinación de dinero público al filme Dark Horse, biopic del expresidente Jair Bolsonaro, según la BBC en su servicio en portugués. El vínculo señalado es el empresario Alex Leandro Bispo dos Santos, procesado por feminicidio y señalado por la policía como controlador de Favela Conectada, empresa subcontratada por el Instituto Conhecer Brasil (ICB). El instituto está al mando de Karina Ferreira da Gama, dueña también de la productora Go Up, responsable del filme.Las menciones a la facción aparecen en dos decisiones recientes de Dino, relator del caso en el STF, la corte suprema brasileña. El 10 de septiembre, al ordenar la operación Make Up de la Policía Federal y unificar en el STF y la PF las pesquisas por desvío de enmiendas parlamentarias, Dino citó "actos ligados" al PCC y afirmó que, según "organismos de inteligencia de la policía", uno de los investigados era integrante de la facción. Según la BBC, se trata de Alex Bispo. El 13 de septiembre, al retirar el secreto de documentos enviados por la Justicia de São Paulo, Dino escribió que se fortalecía la hipótesis de:"Una imbricación inseparable en un sofisticado esquema de destinación y desvío de recursos públicos [...] Esa organización alcanzaría, incluso, vínculos con la facción PCC (Primeiro Comando da Capital), conforme línea investigativa mencionada en los autos."La sospecha de pertenencia de Alex al PCC no nació en la pesquisa sobre el filme. Apareció primero en la investigación por el feminicidio de Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, que murió tras caer del piso 10 de un edificio en Vila Andrade, zona sur de São Paulo, el 29 de noviembre de 2025. El Ministerio Público lo denunció y el Tribunal de Justicia recibió la denuncia, convirtiéndolo en procesado. En un audio grabado por un vecino antes de la muerte y transcrito en el informe policial, Alex dice "Tenho escorpião do PCC, não devo satisfação" ("tengo escorpión del PCC, no doy satisfacción a nadie"). Los investigadores también destacaron sus tatuajes de escorpión, carpa y dragón y escribieron que la combinación refuerza "la idea de un miembro que superó grandes desafíos" en la facción.El fiscal Lincoln Gakiya, del Gaeco de Presidente Prudente, grupo especial del Ministerio Público contra el crimen organizado, dijo al g1 que Alex tiene una extensa hoja delictiva y cumplió pena en dos penales donde están presos integrantes de la cúpula del PCC, Mirandópolis y Presidente Venceslau, en el oeste paulista. Un sondeo del g1 en los archivos del Consejo Nacional de Justicia muestra que aparece citado en más de 60 procesos judiciales, lo que no significa que sea procesado en todos. La defensa de Alex negó ante la BBC que él pertenezca al PCC o a cualquier organización criminal.Cómo llegó el caso hasta aquíJunio de 2024: el ICB firma con la Prefectura de São Paulo, en la gestión del alcalde Ricardo Nunes (MDB), un contrato para instalar wifi gratuito en las periferias; el g1 informa 108 millones de reales al año y la Policía Civil calcula 157 millones en total.Noviembre de 2025: muere Maria Katiane Gomes da Silva; la empresa de Alex, Favela Conectada, ya había instalado más de 900 puntos de internet y recibido más de 3,8 millones de reales.Diciembre de 2025: los portales The Intercept Brasil y Metrópoles revelan los contratos entre el ICB y la empresa de Alex.Enero de 2026: el control de Favela Conectada pasa a Tatiane Camargo de Oliveira Fernandes, que vive en la misma dirección que Alex, según el registro mercantil; la empresa cambia de nombre a Urban Connect.Junio de 2026: la operación Wi-Fi de la Policía Civil cumple mandamientos en direcciones ligadas a Karina y se incautan 27 aparatos.Septiembre de 2026: Dino ordena la operación Make Up de la PF, unifica las investigaciones y cita al PCC; el día 13 retira el secreto de documentos.El contrato preveía 5.000 puntos de wifi gratuito en las periferias hasta junio de 2025, pero solo se instalaron 3.200, y al menos tres aditivos aplazaron el plazo, según el g1. El primer contrato entre el ICB y Favela Conectada fue de 12 millones de reales, firmado poco después de que la ONG fuera contratada por la prefectura, aunque no tenía experiencia en el servicio y tercerizaba la instalación.Lacres de 27 aparatos y la respuesta del gobierno de SPLos documentos liberados por Dino también detallaron un impasse sobre la cadena de custodia de los 27 aparatos incautados en la operación Wi-Fi, el 1 de junio: 9 notebooks, 5 celulares y 13 pendrives. En oficios del 3 de junio, la perita criminal Viviane Menezes rechazó el material y escribió que los empaques "presentan espacio suficiente para la entrada de cable de alimentación y transferencia de datos, siendo posible la manipulación de los datos dentro del equipo". Cinco días después, los aparatos fueron devueltos a la delegación que investiga delitos contra la administración pública para la "readecuación de los envoltorios" y, relacrados, fueron aceptados por la pericia. Según el g1, los autos no registran si se verificó la integridad de los datos.Este lunes (14), la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Tarcísio de Freitas (Republicanos), comandada por el delegado Osvaldo Nico Gonçalves, negó que haya habido violación de lacres. "No hubo acceso, extracción o manipulación de los datos, ni compromiso de la cadena de custodia", afirmó la cartera, que sostuvo que los lacres estaban íntegros, que algunos empaques presentaban "pequeños espacios" y que el rechazo inicial de la pericia tuvo "carácter preventivo". La secretaría añadió que "la fotografía utilizada por la prensa no retrata los objetos incautados en la operación".Karina, objetivo de la Make Up junto con el diputado federal Mario Frias (PL-SP), guionista y productor ejecutivo del filme, negó a CNN Brasil, según la BBC, que la película haya recibido recursos de enmiendas y relató amenazas que atribuye a personas con quienes tuvo vínculos profesionales y personales. Las pesquisas sobre las enmiendas y sobre el contrato municipal siguen unificadas en la Policía Federal, bajo la relatoría de Dino en el STF. Alex permanece preso preventivamente desde febrero y es procesado en el caso de feminicidio, que tramita en la Justicia de São Paulo.

Un tribunal de Brasilia dio a Spribe, desarrolladora del juego de apuestas online Aviator, conocido en Brasil como el juego del avioncito, 10 días para cortar el suministro del producto a plataformas que operan sin licencia en el país. La orden fue firmada el lunes (14) por la jueza Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, del 7º Juzgado Civil de Brasilia, en una acción civil pública de la fiscalía del Distrito Federal y Territorios (MPDFT). Si la empresa incumple, pagará una multa diaria de 100.000 reales, con un tope inicial de 10 millones de reales, según el portal Metrópoles.En una tutela urgente, la jueza ordenó a Spribe suspender de inmediato integraciones, credenciales, licencias y accesos que permitan a operadores no autorizados ofrecer el Aviator en Brasil. La empresa también deberá presentar un informe con los operadores, agregadores, distribuidores y socios autorizados, informar los dominios, integraciones, credenciales y API usados para distribuir el juego, crear y comprobar mecanismos de monitoreo continuo, trazabilidad, georrestricción y bloqueo, y preservar contratos, registros, logs y auditorías. Por ahora, la jueza rechazó el pedido de la fiscalía de suspender el juego también en las plataformas autorizadas, al considerar la medida "excesivamente gravosa y desproporcional", y podrá revisar ese punto tras el contradictorio. Parte del expediente sigue bajo acceso restringido.Cómo llegó el caso a la JusticiaLa investigación del MPDFT comenzó en junio, para determinar si Spribe suministraba el juego al mismo tiempo a casas de apuestas regulares, con licencia del Ministerio de Hacienda, y a sitios clandestinos. En tres diligencias virtuales entre julio y septiembre, investigadores accedieron a plataformas ilegales, registraron la presencia del juego y preservaron las pruebas, el mismo método usado en la acción contra la casa de apuestas Blaze que citó a la influencer Virgínia Fonseca, informa la Folha de S.Paulo.Notificada, Spribe auditó las direcciones señaladas, retiró el juego de una parte de ellas e informó haber encontrado "posible clonación no autorizada del producto". Las plataformas, sin embargo, volvieron a funcionar con pequeñas alteraciones de subdominio o de parámetros técnicos. "Identificamos más de 30 nuevas direcciones en el curso de la investigación, y 10 surgieron después de que Spribe afirmara haber adoptado medidas de remoción", afirmó el fiscal Paulo Roberto Binicheski en la demanda. Uno de los sitios verificados por la fiscalía seguía en línea en la mañana de este martes (15), con el Aviator listado como la tragamonedas más jugada. El caso también llegó a la Senacon, el órgano de defensa del consumidor del Ministerio de Justicia, que abrió su propia investigación sobre la desarrolladora.Lo que alega cada partePara la Fiscalía de Defensa del Consumidor, la empresa obtiene "importantes ganancias financieras con la alta popularidad del juego, con ingresos globales estimados en 200 millones de dólares", mientras traslada a los consumidores los costos de la ilicitud. En la demanda, Binicheski escribió:"La persistencia de la oferta irregular, incluso después de notificaciones y remociones puntuales, sugiere fallas estructurales en los mecanismos de licenciamiento, autenticación, georrestricción, trazabilidad, distribución, auditoría y supervisión."En nota, la defensa de Spribe afirmó que acatará la decisión y destacó que la propia jueza consideró desproporcional el bloqueo total pedido por la fiscalía. "Hemos ayudado de forma continua y proactiva en la remoción de sitios no autorizados y adoptado medidas firmes para restringir el acceso a nuestros productos en plataformas irregulares", dice la empresa. Para la compañía, el problema descrito por la fiscalía es estructural y afecta a todos los proveedores de juegos. "La asimetría de trato, al dirigir la medida a una sola empresa en lugar de afrontar la situación del sector en su conjunto, genera preocupaciones y será debidamente tratada en el proceso."La decisión llega en medio del esfuerzo del gobierno contra las llamadas "bets" ilegales: las casas autorizadas pagan una licencia de 30 millones de reales al Ministerio de Hacienda. Según el ministro de Hacienda, Dario Durigan, más de 56.000 aplicaciones y sitios de apuestas ilegales fueron retirados entre enero de 2025 y junio de 2026, y casi mil perfiles de influencers fueron excluidos de las redes sociales. Contados desde la firma de la decisión, el 14 de septiembre, los 10 días de plazo terminan el 24 de septiembre. Tras la defensa de la empresa, la jueza puede reevaluar la suspensión total del Aviator en las plataformas autorizadas. El Ministerio de Hacienda espera publicar aún este año las reglas para los proveedores de casinos online.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil concluyó que existe "doble nulidad" en la orden del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal, para que la Policía Federal profundizara la información sobre el ministro Alexandre de Moraes. La posición figura en un dictamen leído por el presidente de la Corte, Edson Fachin, en la sesión del plenario de este martes (15) que analiza la Petición 16.662, el expediente que concentra la crisis entre los dos ministros, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y el fundador del Banco Master, Daniel Vorcaro. Para la PGR, el relator debe reconocer la nulidad y extinguir la petición.Según el dictamen, citado por Poder360, la primera nulidad está en el origen de la orden, dada "sin pedido del Ministerio Público" y "sin iniciativa de la autoridad policial". En palabras del organismo, "la orden dada a la autoridad policial para investigar personas específicas, sin pedido del Ministerio Público, sin iniciativa de la autoridad policial, es nula por exceder los límites de la competencia del magistrado en la fase preprocesal". El texto agrega que "decisiones paradigmáticas del STF no dejan duda de que la asunción por un juez de funciones ajenas a las suyas es causa de nulidad que afecta los resultados de la acción"."La orden de investigación dada por el ministro relator y los elementos recogidos por ella sufren, por tanto, una doble nulidad."La segunda nulidad se deriva, según la Procuraduría, de que la investigación involucraba a otro integrante del propio tribunal. Aunque hubiera indicios de irregularidades penales, dice el dictamen, no le correspondía a Mendonça profundizar las pesquisas sobre su colega: debía haber acudido al presidente de la Corte "para que el plenario pudiera evaluar el acierto de su impresión, concordando o no con la investigación". El texto concluye que "siendo nula la orden y su resultado, corresponde al relator reconocerlo y extinguir la petición".Cómo empezó el casoLa crisis comenzó el 1 de septiembre, cuando Mendonça, relator de las investigaciones sobre el Banco Master, hizo público un informe de la Policía Federal que señala una interlocución entre Moraes y Vorcaro, investigado como líder de la mayor estafa contra el Sistema Financiero Nacional, según Poder360. Desde entonces, el caso alcanzó a otros ministros: Dias Toffoli se declaró sospechoso y Kassio Nunes Marques, impedido, y ambos quedaron fuera del juicio. Este martes, el plenario empezó a debatir, por primera vez en la historia de la Corte, la apertura de una investigación contra un ministro en ejercicio, según G1.La sesión y los próximos pasosEl juicio quedó suspendido antes del mérito. Por 4 votos a 3 se formó mayoría para mantener separados los análisis de las situaciones de Moraes y Mendonça, con los votos de Fachin, Mendonça, Luiz Fux y Cármen Lúcia; Gilmar Mendes, Cristiano Zanin y el propio Moraes defendían el examen conjunto. El ministro Flávio Dino, que acompañaba esa corriente, pidió vista y suspendió la sesión. Según G1, el juicio se retomará la próxima semana, sin fecha definida.En la sesión, el procurador general de la República, Paulo Gonet, dijo que la actuación del Ministerio Público Federal "siempre fue por el total esclarecimiento de los hechos y por el éxito de la persecución penal" y negó proximidad con Vorcaro: "No existe y no tuve relación de proximidad con el señor Vorcaro". Al defenderse de las críticas, Mendonça afirmó que no consideró verdadero el contenido de los archivos ni concluyó que hubo delito, y que pidió información a la Policía Federal para entender el contexto de los mensajes, bajo secreto. En paralelo, el Consejo Superior del Ministerio Público Federal fijó para el 25 de septiembre el análisis de mensajes de Vorcaro que citan a Gonet, informó G1.

La Caixa Econômica Federal, el banco público federal de Brasil, renunció a presentar un dissidio colectivo (demanda laboral colectiva) ante el TST (Tribunal Superior del Trabajo) contra la huelga nacional de los bancarios, iniciada el jueves 10, después de que la categoría rechazara la propuesta del banco. Sin la demanda, la paralización de las sucursales continúa en todo el país por tiempo indeterminado.Según la Folha de S.Paulo, la decisión fue comunicada la noche del domingo 13, en respuesta a un oficio de la Contraf-CUT, la confederación nacional de trabajadores del sector financiero. En el documento, el banco informó la reapertura de la mesa de negociación y dijo que suspenderá las sanciones contra los huelguistas que había anunciado antes. Para el Sindicato de Bancarios de São Paulo, Osasco y Región, la mayor base del país, la respuesta reconoció la importancia de la negociación colectiva y reafirmó los canales de diálogo.Cronología del conflictoLas negociaciones del acuerdo colectivo específico de la Caixa (ACT) comenzaron en junio y sumaron 13 rondas en más de dos meses, según el sindicato paulista. El miércoles 9, la Fenaban (federación nacional de los bancos) y los sindicatos firmaron el convenio colectivo de la categoría, con reposición íntegra de la inflación medida por el INPC más un aumento real del 0,6% en 2026 y 2027, válido para unos 414.000 trabajadores de 171 bancos. Como los puntos específicos de la Caixa no avanzaron, la huelga comenzó el jueves 10, tras el rechazo de la propuesta por más del 90% de las bases sindicales, según la Comisión Ejecutiva de los Empleados (CEE). En el Banco do Brasil, la paralización es parcial y ocurre solo en las bases que votaron en contra del acuerdo. La noche del viernes 11, los empleados de la Caixa rechazaron en asamblea la oferta del banco; en la mayor base, São Paulo, Osasco y Región, el 68% de los votos fueron contrarios.El punto del plan de saludEl plan de salud es el principal punto de divergencia. La oferta rechazada preveía un premio de reconocimiento de R$ 3.000 por empleado, el pago de la participación en los beneficios (PLR) el viernes 18 y la ampliación del tope de costeo del Saúde Caixa del 6,5% al 8%. En el plan, los bancarios pagarían entre el 2,30% y el 4,10% del salario base, según la edad, además de R$ 480 a R$ 660 por dependiente. La Caixa ofreció también adelantar su parte de la 13ª mensualidad del plan de 2028, 2029 y 2030 para cubrir el déficit del Saúde Caixa, pagar valores del PAMS (programa de asistencia médica) a partir de 2027 y destinar R$ 236 millones a acciones preventivas de salud desde enero de 2027.Para los sindicatos, además del plan de salud, la pauta incluye la aplicación de la NR-1, norma de seguridad y salud en el trabajo, el combate a metas consideradas abusivas y la búsqueda de ambientes laborales más saludables. Durante la paralización, la Caixa orienta a los clientes hacia los canales digitales, como la aplicación, la banca por internet, el Caixa Tem, los cajeros automáticos y las loterías, e informa que la huelga no suspende por sí sola el pago de beneficios.En una nota divulgada al inicio de la huelga, la Caixa afirmó que:"mantiene el diálogo abierto con las entidades representativas de los empleados y volvió a la mesa de negociación con el objetivo de construir un entendimiento que contemple los intereses de todas las partes involucradas".La mesa de negociación fue reabierta, pero hasta el cierre de este reportaje no había fecha anunciada para la próxima ronda. La orientación de los sindicatos es que la huelga continúe hasta que eventuales avances sean sometidos a las asambleas de la categoría.

El Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Brasil presentó una acción civil pública contra el empresario Luciano Hang, dueño de la cadena de tiendas Havan, en la que pide 30 millones de reales de indemnización por daño moral colectivo por presunto acoso electoral. La causa tramita en la Justicia del Trabajo de Goiânia, en el centro del país. Para el órgano, se trata de un segundo caso del mismo tipo: en 2018 ya demandó a Hang y a Havan por manifestaciones políticas ante empleados durante aquella campaña.El caso se originó en un discurso de Hang el 29 de agosto, en la inauguración de una tienda Havan en Caldas Novas, en el estado de Goiás, en el que criticó la propuesta de eliminar el turno 6x1, seis días de trabajo y uno de descanso, para los contratados del nuevo local. El video del discurso circuló ampliamente en redes sociales, según InfoMoney. "Ustedes van a tener que buscar otro empleo. Un subempleo. (...) Esto no es nada más ni nada menos que una estafa electoral. Ellos quieren ganar el voto de ustedes en octubre", afirmó Hang, según la transcripción hecha por el MPT.Antes de acudir a la Justicia, el MPT notificó al empresario por lo que consideraba una posible irregularidad. Para los fiscales, el discurso asoció el voto de los empleados en las elecciones de octubre con una pérdida personal: quien apoyara candidatos favorables al fin del turno 6x1 podría quedarse sin trabajo.Las peticionesAdemás de los 30 millones de reales por daño moral colectivo, el MPT pide una indemnización individual no inferior a 20 veces el último salario para cada empleado afectado. También solicita que Hang grabe, en un plazo de 48 horas, un video de retractación y que Havan libere a los trabajadores el 4 y el 25 de octubre, fechas de la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales brasileñas, sin descuento salarial. La demanda pide además prohibir nuevas manifestaciones políticas en tiendas y eventos de la cadena y crear un programa permanente de neutralidad político-electoral. El órgano quiere que la Justicia del Trabajo de Goiânia determine las medidas y reconozca la responsabilidad de la empresa y del empresario por las conductas señaladas.El MPT sostiene que la acción apunta al contexto del discurso, pronunciado por un empleador en un evento interno dirigido a empleados, y afirma que no busca silenciar al empresario."Lo que separa el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de lo ilícito no es el contenido de la opinión, sino la presencia del elemento coercitivo y la asimetría de poder inherente a la relación de empleo. Los directivos representan institucionalmente a la empresa y sus manifestaciones se leen de forma natural como orientación, presión o favorecimiento", escribieron los fiscales en un comunicado del órgano.Cronología y próximos pasosLa secuencia hasta ahora: el discurso del 29 de agosto, la notificación del MPT enseguida y, sin acuerdo, la demanda presentada esta semana. El caso repite el guion de 2018, cuando el MPT llevó a la Justicia un episodio similar con Hang y Havan en la elección ganada por Jair Bolsonaro, el candidato que Hang apoyó. Según el Ministerio Público Federal, citado por g1, el acoso electoral puede constituir un delito previsto en el Código Electoral brasileño y también caracterizar abuso de poder económico. El propio g1 informa que el MPT ya recibió 223 denuncias de este tipo en 2026.Por ahora, la demanda representa solo la acusación presentada por el MPT y todavía debe ser analizada por el juez. No aparece respuesta pública de Hang o de Havan en los reportajes consultados. El siguiente paso es la decisión de la Justicia del Trabajo de Goiânia sobre las medidas pedidas, que los fiscales quieren vigentes antes de la primera vuelta, el 4 de octubre.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, determinó este jueves (17) el envío a la Policía Federal de indicios de crímenes en las operaciones del Banco Master con concesionarias de cementerios de la prefectura de São Paulo, y comunicó al presidente de la Corte, Edson Fachin, la mención del ministro André Mendonça en los autos. Dino, relator del caso, prohibió a la policía cualquier acto investigatorio sobre su colega y pidió a Fachin que adopte las medidas pertinentes."Aclaro que está vedado cualquier acto investigativo que pueda alcanzar al Exmo. Ministro André Mendonça, pues este encaminamiento compete exclusivamente al presidente del STF junto al Colegiado", escribió Dino.En el despacho, Dino señala una "densificación de indicios de crímenes" y amplía el alcance de la investigación: además de la concesionaria Cortel, citada en una decisión del 15 de septiembre, los aparentes vínculos del conglomerado de Master alcanzan ahora a Cemitérios e Crematórios SP, del Grupo Maya. Según documentos citados en la decisión, el banco financió 78 millones de reales a empresas que eran dueñas de la concesionaria, y ellas entregaron a Master todas sus acciones como garantía del préstamo. Los contratos habrían dado al acreedor poder para orientar el voto de los accionistas en ciertas situaciones, y los créditos habrían pasado por estructuras de Master Holding en las Islas Caimán, según el ministro.Dino envió el material al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, determinó la inclusión del Grupo Maya en la investigación y dio 15 días a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el regulador del mercado, para levantar las relaciones del grupo con fondos de inversión y con todas las concesionarias privadas de cementerios de la ciudad. El grupo también entró en la lista de fiscalización prioritaria. La decisión reúne denuncias contra el servicio, como el cobro de 12 mil reales por el entierro de un recién nacido en el cementerio Cemitério da Saudade. Según G1, el despacho no afirma que Mendonça haya favorecido a nadie, y cualquier paso sobre el ministro corresponde al presidente del STF junto al pleno.En nota, SP Regula, la agencia municipal que regula los servicios públicos de São Paulo, afirmó que "las relaciones financieras mantenidas por las concesionarias de servicios funerarios de la ciudad de São Paulo con bancos o fondos privados no configuran, por sí solas, ninguna irregularidad contractual". Dijo que la capacidad económico-financiera de las empresas se acompaña de forma permanente y que la Procuraduría General del Municipio "fue notificada y está analizando la situación".Cómo llegó el caso hasta aquí7 de marzo de 2025: en la ADPF 1196, acción del PCdoB que cuestiona la privatización y los valores cobrados por cementerios y servicios funerarios del municipio, Dino concede una medida cautelar y ordena a la prefectura ampliar la divulgación de los criterios para solicitar gratuidad y mejorar la fiscalización de las concesionarias.14 de marzo de 2025: el banquero Daniel Vorcaro, de Master, se reúne con Mendonça. Según un reportaje de Uol reproducido en la decisión, Vorcaro tenía créditos garantizados por acciones de una concesionaria que sería afectada por un fallo del STF.15 de marzo de 2025: Mendonça pide tiempo para analizar el caso. Cuando el juicio se reanudó, en abril de 2025, votó contra la decisión de Dino.15 de septiembre de 2026: Dino señala, en decisión, que Mendonça habría favorecido intereses de Master y de la prefectura a cambio de fondos para el Instituto Iter, fundado por el ministro, que habría firmado con la prefectura un contrato de 380 mil reales en septiembre de 2025. El ministro también citó al hermano de Mendonça, Alexandre de Almeida Mendonça, que actúa en el área funeraria y cementerial de SP Regula. Ese mismo día, la sesión del pleno sobre la tramitación del caso se interrumpió tras una solicitud de vista de Dino.17 de septiembre de 2026: Dino publica el despacho de esta noticia. El mismo día, Fachin canceló la sesión extraordinaria del pleno y retiró de la agenda, sin nueva fecha, el juicio sobre la actuación de Mendonça previsto para el 23 de septiembre.Ahora la Policía Federal investiga las operaciones de Master con las concesionarias, y la CVM tiene hasta principios de octubre para cumplir el plazo de 15 días. En el STF, Dino tiene hasta 90 días para devolver al pleno el proceso que recibió con vista el 15 de septiembre. Sobre la sesión sobre Mendonça, Fachin escribió que su inclusión en la agenda "será oportunamente reprogramada", todavía sin fecha.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este jueves (17) que el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, debe juzgar en conjunto los casos que involucran a los ministros Alexandre de Moraes y André Mendonça, y exigió que se hagan públicas las informaciones ya reunidas sobre el caso Master. En una entrevista con la radio Itatiaia, en Brasilia, Lula, que busca la reelección este año, dijo que la investigación del escándalo del Banco Master está lejos de terminar: "El caso Master no ha sido develado"."Si quieren hacer justicia en la votación, tienen que juzgar a todos el mismo día. Vamos a saber si la llamada telefónica es verdad, si [Luiz] Fux está involucrado, si [André] Mendonça está involucrado, si el presidente del TSE [el tribunal electoral] está involucrado. No se puede juzgar a una persona antes de las elecciones y al resto después. Ahora todos tienen el material, solo hay que hacerlo público."Según G1, Lula sostuvo que el tribunal ya cuenta con el material necesario para esclarecer los hechos y que todas las personas citadas en las investigaciones deben recibir el mismo trato. Defendió la actuación de Moraes en los procesos vinculados a los ataques a la democracia, aunque admitió que cualquier sanción correspondería decidirla a la propia corte: "Si Alexandre de Moraes cometió un error, es decisión de la Suprema Corte. Si se equivocó, tendrá que pagar por lo que cometió. Pero queremos lo mismo para todos." Lula también volvió a vincular al senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) con el escándalo y afirmó que el parlamentario tendrá que responder a las acusaciones.Lo que analiza la corteLa exigencia de Lula replica una discusión que ya dividía al tribunal. Según la BBC News Brasil, ante el STF corren dos procedimientos distintos. La petición 16.662 reúne un informe de la Policía Federal con mensajes intercambiados entre Moraes y el exbanquero Daniel Vorcaro, citado en las investigaciones del caso Master. El procurador general de la República, Paulo Gonet, cuestiona la validez del documento y sostiene que Mendonça no podía pedir a la Policía Federal una indagación contra otro ministro sin autorización previa del pleno. Mendonça responde que solicitó el levantamiento solo para identificar al destinatario de los mensajes hallados en el celular de Vorcaro, y que remitió el caso a sus colegas cuando Moraes fue identificado. Por su parte, la petición 16.704, presentada por Moraes, reúne acusaciones contra Mendonça respaldadas en un informe de la Policía Federal solicitado por el propio Moraes, que señala supuestas conductas irregulares del colega. Según Moraes, Mendonça actuó de forma ilegal y con sesgo político en la conducción de las investigaciones de los casos Banco Master e INSS, este último vinculado al instituto federal de seguridad social. Ninguno de los dos ministros es procesado; las acusaciones aún están en análisis preliminar del pleno. Esta semana hubo dos episodios principales:15 de septiembre: en la sesión sobre la petición 16.662, el ministro Gilmar Mendes presentó una cuestión de orden pidiendo el juzgamiento conjunto de los casos de Moraes y Mendonça. La votación iba 4 a 3 por el análisis separado cuando el ministro Flávio Dino pidió vista, suspensión que congeló el juicio.17 de septiembre: Dino informó que identificó indicios de vínculo de Vorcaro con una nueva concesionaria de cementerios y ordenó enviar los datos a la Policía Federal, que citó a declarar al exbanquero y a su padre, según G1. Mendonça negó irregularidades y motivación política, dijo que ya esperaba represalias y afirmó no tener "nada que temer". El presidente del STF, Edson Fachin, retiró de la pauta el juicio sobre las acusaciones contra Mendonça, previsto para el 23 de septiembre, canceló la sesión y citó en un despacho la "directa relación" entre la cuestión de orden y el caso, que incluye "cuestionamiento sobre la regularidad de la propia relatoría".Próximos pasosDino tiene hasta el 15 de diciembre, plazo de 90 días previsto en las reglas del tribunal para el pedido de vista, para autorizar la reanudación de la votación, y el regreso a la pauta depende de Fachin, quien escribió en el despacho que la inclusión "será oportunamente redesignada". Como el STF entra en receso del 20 de diciembre al 1 de febrero, la BBC News Brasil señala que es posible que los casos solo se juzguen el próximo año, después de las elecciones presidenciales y de la asunción del nuevo presidente. Lula dijo que los hechos deben esclarecerse de forma transparente y que la corte "debe ser respetada": "Si no hay respeto, queda difícil creer que es la guardiana de la Constitución. Es la única instancia de la que no se puede recurrir."

La Policía Federal brasileña citó al exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, y a su padre, Henrique Vorcaro, a declarar el 30 de septiembre en la investigación sobre la sospecha de uso de una milicia privada para intimidaciones e invasiones de sistemas informáticos. Daniel declarará a las 14h y Henrique a las 16h, según Folha de S.Paulo y el blog de la periodista Andréia Sadi en G1.Las audiencias estaban previstas para la semana pasada, pero fueron aplazadas a pedido de la defensa del dueño del Banco Master. La PF considera la nueva fecha como el último acto antes del cierre de esta fase de la investigación. El blog de G1 supo que el temor de los investigadores es que ambos, presos en la actualidad, sean liberados antes de ser escuchados.Cronología del casoLa investigación apunta a dos núcleos. El primero, llamado A Turma, es investigado por hacer amenazas por orden del exbanquero y estaba ligado a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conocido como Sicário, sospechoso de haber actuado para Vorcaro en la milicia privada. Se suicidó en marzo, cuando estaba siendo detenido. El segundo núcleo, Os Meninos, reunía, según las pesquisas, a hackers pagados para derribar perfiles en redes sociales de críticos a Vorcaro y al Master, además de invadir dispositivos y cuentas de opositores.Henrique Vorcaro fue arrestado el 14 de mayo, en la sexta fase de la Operação Compliance Zero, bajo sospecha de integrar lo que una fuente de la PF describió a G1 como el "núcleo violento" del grupo. En la misma operación fueron detenidos un agente de la Policía Federal y tres hackers. En junio, el STF, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, confirmó su prisión preventiva. Fabiano Zettel, cuñado de Daniel e investigado como operador financiero del grupo, sigue preso desde marzo.Las defensas y la indefinición en el STFEl abogado de Henrique, Eugênio Pacelli, dijo a Folha que su cliente pide ser escuchado desde hace tres meses. El miércoles (16), la defensa pidió al STF la revocación de la prisión, con el argumento de que lleva más de 90 días detenido sin que ningún recurso por su libertad haya sido juzgado. La defensa de Daniel Vorcaro fue consultada y no se pronunció. Los abogados de Zettel dijeron temer que la "reorganización excepcional de la conducción de los procesos produzca un vacío jurisdiccional" sobre su cliente.Los pedidos se apoyan en la indefinición que tomó el caso en el tribunal. El presidente de la corte, Edson Fachin, determinó el envío de las investigaciones del caso Master y del INSS (el instituto de seguridad social brasileño) a su gabinete. Según Folha, las pesquisas de la PF siguen en curso y solo quedan pendientes las solicitudes que dependen de un despacho del ministro André Mendonça, relator de los casos. También está paralizado el juicio que decidiría si se abre una investigación sobre las relaciones de Vorcaro con el ministro Alexandre de Moraes.El próximo paso ya tiene fecha: las declaraciones de Daniel y Henrique el día 30, a las 14h y a las 16h. Tras las audiencias, la PF debe cerrar esta fase de la investigación, y el caso sigue en manos de Mendonça en el STF, donde el pedido de revocación de la prisión de Henrique aún espera juicio.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Kassio Nunes Marques negó el pedido de la Policía Federal de ejecutar un registro contra ACM Neto, exalcalde de Salvador y candidato de União Brasil al gobierno de Bahía, dentro de la investigación de la Operación Overclean por un presunto desvío de fondos de emiendas parlamentarias, las partidas presupuestarias que los legisladores brasileños destinan a proyectos en sus regiones. La decisión se conoció este jueves (17), el mismo día en que se ejecutó la décima fase de la operación, y se produjo pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) había respaldado el pedido policial, según el portal G1.La nueva fase cumplió 24 órdenes de registro e incautación en seis estados (Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Paraná, Espírito Santo y Bahía), todas autorizadas por Nunes Marques, relator del caso en el tribunal. El foco son contrataciones de la Secretaría de Educación de Belo Horizonte entre 2024 y 2025; al menos tres procedimientos derivaron en contratos que suman más de 80 millones de reales (unos 15 millones de dólares). "Se investigan indicios de direccionamiento de procedimientos para el suministro de servicios y de material didáctico", informó la Policía Federal.Entre los objetivos de las órdenes están Bruno Barral, exsecretario municipal de Educación de Belo Horizonte, destituido en abril de 2025 tras ser objetivo de la tercera fase de la Overclean, y el empresario bahiano José Marcos Moura, apodado el "Rey de la Basura" por su actividad en la gestión de residuos, indiciado por la policía en agosto bajo sospecha de participar en el esquema. También figura Alex Maciel, descrito por los investigadores como empresario y socio de Moura. La fase investiga delitos contra la administración pública, fraude en licitaciones y contratos, organización criminal y lavado de dinero. Ninguna de las informaciones publicadas hasta ahora menciona una imputación o una denuncia contra ACM Neto; la única medida a su respecto noticiada es la orden de registro que Nunes Marques negó.CronologíaAbril de 2025: Bruno Barral, entonces secretario de Educación de la capital mineira, es destituido tras ser objetivo de la tercera fase de la operación.Enero de este año: la Policía Federal presenta el pedido de la décima fase, autorizada solo en las últimas semanas, según una información del diario Estadão difundida por InfoMoney.Agosto: José Marcos Moura es indiciado por la policía bajo sospecha de participar en el esquema de desvío de emiendas.17 de septiembre: la décima fase cumple 24 órdenes en seis estados; el pedido de registro contra ACM Neto es negado por Nunes Marques, aunque la PGR había estado de acuerdo con él.Consultada, la oficina de Nunes Marques dijo que no comentaría la decisión, y los motivos de la negativa no se hicieron públicos. El candidato, por su parte, aún no se había pronunciado públicamente al momento de las primeras informaciones. El caso sigue a cargo de Nunes Marques en el STF, donde la Overclean continúa investigando una presunta red de empresarios, funcionarios y operadores sospechosos de desviar dinero público mediante contratos y emiendas parlamentarias.La decisión llega a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, prevista para el 4 de octubre, en la que ACM Neto disputa el gobierno de Bahía. La investigación sigue abierta en el STF, y nuevos actos policiales en la operación dependen de la autorización del relator.

La Policía Federal de Brasil cumple este jueves (17) 24 órdenes de registro contra el exsecretario municipal de Educación de Belo Horizonte Bruno Barral, el empresario bahiano José Marcos Moura, conocido como el "Rey de la Basura", y su socio Alex Parente. Es la décima fase de la Operación Overclean, autorizada por el ministro Kassio Nunes Marques, del Supremo Tribunal Federal (STF), y apura sospechas de fraude en contratos y dirección de licitaciones en la Secretaría de Educación de la capital minera.Según la PF, entre abril de 2024 y abril de 2025 el núcleo político de una organización criminal con base en Bahía habría infiltrado a miembros en la gestión de la secretaría para dirigir contratos públicos de servicios y material didáctico hacia empresas vinculadas al grupo. La investigación identificó seis procesos de contratación, de los cuales tres terminaron en contratos por casi 84 millones de reales, de los que más de 77 millones ya fueron pagados. Las órdenes se cumplen en seis estados y, según el sitio g1, se incautaron unos 230.000 reales en efectivo en Ervália, en Minas Gerais, y en São Paulo.Quiénes son los objetivosBarral dejó la Secretaría de Educación de Belo Horizonte en abril de 2025, tras la tercera fase de Overclean. Antes de asumir el cargo en la capital minera, había sido secretario municipal de Educación de Salvador, en la gestión de ACM Neto, según el sitio Metrópoles. CNN Brasil informa que la investigación apunta a que habría formado parte del grupo de José Marcos Moura para contratar en Belo Horizonte a empresas del empresario y de Alex Parente.Moura, que actúa en el sector de limpieza urbana, y los hermanos Fábio y Alex Parente son objetivos antiguos de la operación. Según la columna de Mirelle Pinheiro en Metrópoles, los tres fueron detenidos en la primera fase, de diciembre de 2024, y luego quedaron en libertad bajo medidas cautelares. En agosto, la PF indició a Moura y a otras 24 personas en el frente que apura el desvío de enmiendas presupuestarias del Congreso. La misma columna señala que el diputado ACM Neto (União Brasil), candidato al gobierno de Bahía, es formalmente investigado por la sospecha de haber participado en la indicación de un secretario para la prefectura de Belo Horizonte. La PF pidió al STF autorización para registrar su domicilio, la Procuraduría General de la República se mostró favorable, pero el ministro Nunes Marques la negó por considerar insuficiente la base legal, por lo que el parlamentario no figura entre los objetivos de este jueves.Lo que dice cada parteEn una nota, la Policía Federal afirmó:"Los involucrados son investigados por los crímenes de frustración del carácter competitivo de licitación, fraude en contratación y pagos sobrefacturados, peculado, corrupción pasiva y activa, integración de organización criminal y lavado de dinero."La corporación califica los hechos como sospechas y la investigación continúa. Ninguno de los investigados ha sido acusado formalmente ni condenado, y el indiciamiento policial es una etapa de investigación, sin efecto de culpabilidad. El sitio g1 informó que buscó a las defensas de los investigados y no obtuvo respuesta hasta la publicación.Consultada por TV Globo, la prefectura de Belo Horizonte afirmó que la actual gestión no firmó contratos para comprar material didáctico y que la red municipal usa libros del programa federal PNLD."La Secretaría de Educación subraya que no recibió ninguna solicitud ni demanda relacionada con la investigación de la Operación Overclean, pero que está a entera disposición de las autoridades competentes y de los órganos de control para prestar cualquier aclaración necesaria."La investigación tramita en el STF bajo la relatoría de Nunes Marques. Según la PF, todavía se analizan otros procesos de contratación, lo que puede elevar el monto apurado, y los equipos siguen en campo. Al cierre de la investigación, la Procuraduría General de la República decidirá si presenta acusación contra los investigados. No hay fecha prevista.

La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves (17) la décima fase de la Operación Overclean, con 24 órdenes de registro e incautación en seis estados, para investigar un supuesto fraude en contratos de más de 80 millones de reales celebrados por la Secretaría Municipal de Educación de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, entre 2024 y 2025. Según la policía, al menos tres contratos ya analizados suman ese valor, y otros procesos de contratación también están siendo examinados, lo que podría elevar la cifra final.Las órdenes se cumplieron en Minas Gerais, Bahía, São Paulo, Tocantins, Paraná y Espíritu Santo. Durante los registros se incautaron unos 230.000 reales en efectivo en Ervália, en la región de Zona da Mata de Minas Gerais, y en la ciudad de São Paulo, informa el portal G1. Los equipos seguían en el terreno y el monto podía aumentar. De confirmarse, los hechos podrían configurar delitos contra la administración pública, fraude en licitaciones y contratos, organización criminal y lavado de dinero.Entre los objetivos de la fase están el exsecretario de Educación de Belo Horizonte Bruno Barral, que también ocupó una secretaría en Salvador, y personas vinculadas al empresario José Marcos Moura, conocido como el "rey de la basura", según CNN Brasil. La investigación señala que Barral habría favorecido la contratación de empresas de Moura y del empresario Alex Parente en la capital de Minas Gerais. Barral ya había sido objetivo de una fase anterior de la operación. Para la Policía Federal, los hechos siguen siendo sospechas en investigación, y todos los investigados gozan de presunción de inocencia.Cómo llegó el caso hasta aquíLa Overclean fue autorizada por la Justicia Federal en diciembre de 2024 para investigar irregularidades en una contratación del Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra las Secas) en Bahía. Como el caso involucra a políticos con fuero privilegiado, fue enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), donde el relator es el ministro Nunes Marques. Según los investigadores, el grupo movilizó 1.400 millones de reales y se dedicaba a desviar fondos públicos de contratos de ingeniería, incluso mediante enmiendas presupuestarias del Congreso. En agosto, la Policía Federal señaló formalmente como sospechosos a Moura y a otras 24 personas, entre funcionarios públicos y agentes privados. En esa ocasión, Moura negó cualquier irregularidad.La prefectura de Belo Horizonte afirmó que la actual gestión no firmó contratos para la compra de material didáctico y que utiliza libros del programa nacional de material didáctico del gobierno federal, el PNLD. Añadió que no recibió ninguna solicitud relacionada con la operación y que está a disposición de las autoridades para aclaraciones.El próximo paso es el análisis del material incautado, que se sumará a la investigación en curso en el STF. La Policía Federal no divulgó plazo para cerrar las pesquisas ni anunció nuevas fases. Según el G1, la corporación trata los hechos como sospechas y considera la investigación abierta.

Dos asociaciones de funcionarios públicos de Bahía investigadas en el caso Banco Master acumulaban en 2025 más de 103.000 autorizaciones de descuento en nómina de servidores estatales, en una cartera estimada en R$ 1.000 millones. Las cifras constan en una investigación de la Policía Federal cuyo sigilo fue levantado el 10 de septiembre por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, según reveló una reportaje de João Pedro Pitombo, del diario Folha de S.Paulo, publicada este jueves (17).Las entidades son Asteba y Asseba, que según el Jornal de Brasília reúnen a trabajadores de la salud y a personal técnico-administrativo del estado. Están vinculadas al empresario Augusto Ferreira Lima, dueño del Banco Pleno y exsocio de Daniel Vorcaro en el Banco Master. Ambas fueron objeto de registros en la primera fase de la Operación Compliance Zero, en noviembre de 2025. Lima, investigado y sin condena, llegó a ser arrestado, fue liberado a fines de noviembre y hoy usa tobillera electrónica.Cómo entraron las asociaciones en el casoEl Master informó al Banco Central, en un oficio del 25 de marzo de 2025, que las dos asociaciones estaban en el origen de créditos con descuento en nómina que integraban una cartera de R$ 6.700 millones vendida al BRB, el banco público de Brasilia. Después, el banco de Vorcaro retrocedió y pasó a atribuir los créditos a la empresa Tirreno, según la Folha. Un fragmento de la investigación citado por Banda B afirma que las entidades, "controladas por Augusto Lima", fueron indicadas al Banco Central por el Master como originadoras de los créditos vendidos.La Policía Federal atribuye a Lima la elaboración de carteras fraudulentas. Una auditoría estimó en al menos R$ 5.000 millones el perjuicio al banco público por la compra de esos activos. En una escala mayor, un informe de la PF citado por Jornal do Comércio señala que el BRB transfirió cerca de R$ 17.000 millones al Master en la compra de carteras de crédito.Defensa, gobierno de Bahía y próximos pasosLa defensa de Lima rechaza las acusaciones y dice que no se sostienen ante los elementos reunidos en la investigación; sostiene que la información sobre el origen de los créditos fue dada de forma equivocada al Banco Central por el propio Master. En una nota de junio al Poder360, firmada por los abogados Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo y Sebastián Mello, la defensa afirmó que Lima "siempre actuó dentro de los límites de la ley, con transparencia, responsabilidad técnica y observancia de las normas que rigen el sistema financiero y la administración pública". Buscadas por la Folha, las entidades no se pronunciaron: en la Asteba, una empleada dijo que no había miembros de la dirección y no hubo respuesta a los recados; en la Asseba, nadie atendió las llamadas. La Secretaría de Administración de Bahía, del gobierno de Jerônimo Rodrigues (PT), informó que no se manifestaría sobre los contratos de cooperación con las asociaciones, que prestan servicios como planes odontológicos, compra de celulares y asistencia jurídica.El Banco Master fue liquidado por el Banco Central tras el inicio de Compliance Zero, lanzada en noviembre de 2025 por un tribunal federal de Brasilia. Vorcaro fue arrestado el 17 de noviembre, cuando intentaba salir del país, y liberado el 29 de noviembre. El caso pasó al Supremo en diciembre de 2025 y está con el ministro Mendonça desde febrero. Vorcaro volvió a ser arrestado a inicios de marzo y presentó una propuesta de delación premiada, aún en análisis. En junio, la novena fase de la operación citó a Lima en una indagación sobre la relación entre ejecutivos del Master y el senador Jaques Wagner (PT-BA). La investigación sigue abierta y, según la Gazeta do Povo, la defensa de Vorcaro pidió el 11 de septiembre, nuevamente, aplazar su declaración ante la Policía Federal sobre los negocios con el BRB; no hay nueva fecha anunciada.

Fiscales de São Paulo denunciaron a 19 personas sospechosas de montar una red clandestina de servicios financieros que la Fiscalía describe como un "banco del crimen", presuntamente usada para lavar dinero de integrantes y colaboradores del PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor facción criminal de Brasil. Según Folha de S.Paulo, la denuncia se presentó el lunes (14); Metrópoles indica que la entrega ocurrió el viernes (11). Los denunciados responden por organización criminal y lavado de dinero, entre otros delitos según la actuación individual de cada uno.Para el Gaeco, el grupo de fiscales especializado en crimen organizado, el esquema funcionó al menos entre 2019 y 2025. El servicio principal era el "cambio de transferencia por efectivo": el grupo recibía dinero en efectivo que sabía de origen ilícito y, mediante comisión, hacía una transferencia bancaria de valor equivalente desde cuentas propias, de prestanombres o de empresas de fachada. La operación también funcionaba a la inversa, con recursos bancarios convertidos en efectivo. Mensajes obtenidos en celulares decomisados en las operaciones Recidere y Bazaar indican, según la denuncia, que los involucrados conocían el origen del dinero y usaban esa información para fijar el descuento cobrado en cada transacción. La acción resulta de las operaciones Janus y Bazaar, que investigaron movimientos de valores ilícitos y un presunto esquema de corrupción en la Policía Civil paulista; la Janus fue lanzada en julio de este año, según Metrópoles.En la denuncia, los fiscales describen así la estructura:"central de servicios financieros ilícitos, o verdadero 'Banco del Crimen', puesta a disposición de integrantes y colaboradores del PCC para ocultar y disimular el origen, la naturaleza y la propiedad de bienes y valores provenientes del narcotráfico y de otros delitos".De Lava Jato al PCCSegún G1, el Gaeco sitúa en el centro de la estructura a tres operadores: Cléber Azevedo dos Santos, Leonardo Meirelles, prófugo, y Paulo Rogério Silva, alias "Paulo Barão". La Fiscalía afirma que los tres fueron señalados en otras investigaciones y causas penales y movieron "sumas multimillonarias". Entre los denunciados también está la contadora Meire Bonfim da Silva Poza, que actuó en esquemas revelados por la Operación Lava Jato, lanzada en 2014; según el Ministerio Público, recibía 70.000 reales mensuales de Azevedo por la exclusividad de sus servicios, valor reconocido por la propia contadora en un mensaje de febrero de 2023. Raphael Flores Rodriguez, alias "Batata", igualmente prófugo, fue condenado en el ámbito de Lava Jato; la denuncia sostiene que su participación iba más allá de la de cliente, con compra de inmuebles en sociedad con otros operadores y cajas compartidas con recursos criminales.Entre los señalados como usuarios del servicio figuran Leonardo Monteiro Moja, alias "Léo do Moinho", preso desde el 6 de agosto de 2024, y Alexandre Salles Brito, alias "Buiú", ya denunciado en la Operación Fim da Linha por presuntos vínculos con el PCC y la empresa de autobuses UpBus. Según la Fiscalía, al menos diez operaciones, por 232.000 reales, se hicieron en beneficio de Buiú. Mensajes interceptados citados por Folha indican que Léo habría indicado cuentas bancarias a uno de los prestadores del servicio, que recibió depósitos de decenas de miles de reales. Metrópoles informa que una de las empresas del esquema movió más de 28 millones de reales en seis meses, pese a declarar ingresos anuales de unos 5 millones."Tribunal del crimen" y corrupciónLa denuncia afirma que los operadores financieros conocían términos internos de la facción, participaban en sesiones del llamado "tribunal del crimen", el tribunal interno de la banda, y llegaban a recurrir al poder de coerción de la organización para resolver sus propias disputas patrimoniales. La estructura también se habría apoyado en la corrupción de agentes públicos: según el Gaeco, el denunciado Marlon Antonio Fontana intermediaba pagos de ventajas. Una copia íntegra del expediente fue enviada a la Justicia Militar para abrir investigaciones sobre tres coroneles de la Policía Militar citados en el documento, José Augusto Coutinho, Luiz Carlos Pereira Martins y un oficial identificado solo como "Patricio". Ninguno de los tres fue denunciado en esta acción, y el documento no especifica qué delito habría cometido cada uno.Rodrigo Antunes Benetti, abogado de Léo do Moinho, dijo a Folha que "quedará demostrada la inocencia del señor Leonardo" y rechazó las acusaciones contra su defendido, preso desde agosto de 2024. El Ministerio Público pide además que los denunciados paguen, de forma solidaria, una indemnización mínima de 10 millones de reales por daños morales colectivos y sociales. Ahora corresponde a la Justicia de São Paulo analizar la denuncia y decidir si la admite y abre proceso penal; según Folha, no hay plazo para esa decisión. Hasta una sentencia definitiva, todos los denunciados gozan de presunción de inocencia.

Las Fuerzas Integradas de Combate al Crimen Organizado (FICCO) de Brasil cumplieron este miércoles (16) 106 órdenes de arresto y 173 órdenes de registro en 19 estados, según el portal G1. La Policía Federal llamó a la acción conjunta Operación Fuerza Integrada IV e informó de la movilización de 20 bases de las FICCO. Las decisiones judiciales de la operación también determinaron bloqueos, decomisos y otras restricciones patrimoniales por más de 508 millones de reales.Las órdenes alcanzan a investigados sospechosos de tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y otras infracciones vinculadas a organizaciones criminales violentas. Las medidas patrimoniales afectan inmuebles, vehículos, activos financieros y otros bienes ligados a los grupos investigados. Uno de los objetivos declarados, según el G1, es golpear la estructura financiera de los grupos mediante la descapitalización.Cómo se articularon las accionesLas FICCO son grupos de tareas coordinados por la Policía Federal que reúnen a organismos de seguridad de distintas esferas: policías civil, militar y penitenciaria, guardias municipales, la Policía Federal de Carreteras (PRF), la Secretaría Nacional de Políticas Penales (Senappen) y secretarías estatales de Seguridad Pública. Esa misma mañana, el boletín oficial de la Policía Federal registró acciones paralelas de bases estatales de las FICCO: en Sergipe, tres registros contra un grupo investigado por préstamos ilegales, extorsión y amenazas; en Tocantins, dos órdenes por lavado de dinero y tráfico transnacional de drogas, con bloqueos de hasta 412,5 millones de reales; en Río Grande del Norte, la Operación Enclave cumplió arrestos en Natal, Caicó y Ceará-Mirim; y en Paraíba, la segunda fase de la Operación Trapiche, junto al Gaeco, la unidad anticrimen del Ministerio Público, actuó contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero.Todas las personas alcanzadas por las órdenes tienen por ahora la condición de investigados y se benefician de la presunción de inocencia garantizada por la Constitución brasileña. Los reportajes consultados no citan nombres de los objetivos ni manifestaciones de defensa publicadas.Aún no se había divulgado el balance final con el número de arrestos efectivados. Como siguiente paso procesal, los detenidos en cumplimiento de orden judicial deben ser presentados ante los tribunales que emitieron los mandatos, y los bloqueos y decomisos quedan sujetos a confirmación judicial en los procesos en curso. La Policía Federal no anunció fechas para nuevas fases.

El ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, defendió este martes (15) el cese del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, ordenado por el ministro André Mendonça y sometido a la Segunda Sala del tribunal. Sus comentarios ocurrieron durante la sesión del plenario que analiza si se abre una investigación contra el ministro Alexandre de Moraes a partir de mensajes extraídos del celular de Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master.Según G1, Fux afirmó: "Tiene que haber responsabilidad judicial. No se puede admitir que un órgano siga actuando contra el Supremo Tribunal Federal, desafiando a un ministro del STF". En concordancia con su colega, Mendonça, que hablaba fuera del micrófono, declaró: "Hoy tenemos una PF paralela"."La Segunda Sala percibió una serie de desvíos de finalidad en la actuación del director general de la PF. [...] Lo que no puede ser es que la PF trabaje contra el Poder Judicial; que instrumentalice personas para sostener posiciones contra el Poder Judicial", dijo Fux, quien también afirmó tener "la mayor admiración por la Policía Federal".Cronología de la crisisLa crisis en la cúpula del órgano nació de las investigaciones del caso Master, de las que Mendonça es relator. El ministro levantó el secreto de un informe de la Policía Federal producido a su pedido, con mensajes hallados en el celular de Vorcaro. Los diálogos mencionaban directamente el nombre "Andrei", identificado por la propia corporación como el director general. Según G1, el material también apuntó 52 mensajes entre Vorcaro y Moraes y un contrato de 130 millones de reales entre el banco y el despacho de la esposa del ministro, Viviane Barci de Moraes.Luego, Moraes levantó el secreto de seis "informes de inteligencia" producidos de forma oculta por la Policía Federal durante agosto. Los documentos contenían señalamientos sobre la actuación de Mendonça en los casos Master y del INSS y sobre el abogado general de la Unión, Jorge Messias. El 8 de septiembre, Mendonça ordenó el cese de Andrei y del director de inteligencia Leandro Almada, alegando que los papeles revelaban una actuación irregular contra integrantes del STF y otras autoridades. El ministro Flávio Dino llegó a reincorporar a los dos delegados, pero el presidente del STF, Edson Fachin, suspendió ambas decisiones y mantuvo a Andrei al mando de la Policía Federal.Versiones y próximos pasosAndrei Rodrigues niega irregularidades. En una manifestación enviada a Fachin, según InfoMoney, el director general afirmó que los informes fueron producidos con regularidad y entregados en cumplimiento de una determinación de Moraes en la investigación de las fake news. Los propios documentos registraban que no tenían valor probatorio. Mendonça califica los informes de apócrifos, sin firma y sin elementos formales de identificación, y sostiene que hubo desvío de finalidad. Moraes responde que no son apócrifos, porque fueron elaborados por delegados, y llama "fraudulenta" a la indagación en su contra. Este martes, el ministro acusó a su colega de intentar dirigir la actuación de la Policía Federal y dijo tener testigos; Mendonça respondió que la acusación "es mentira".La votación virtual de la Segunda Sala ya cuenta con mayoría para refrendar el cese, según G1, pero su conclusión quedó interrumpida tras un pedido de vista del ministro Gilmar Mendes. La situación definitiva de Andrei Rodrigues será definida por Fachin. Las acusaciones de Moraes contra Mendonça están marcadas para el plenario del 23 de septiembre.

Mensajes extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro, expresidente del Banco Master detenido por la Policía Federal brasileña bajo sospecha de fraude, mencionan supuestos pagos de R$ 500 mil mensuales al abogado Kevin Marques, hijo del ministro Kassio Nunes Marques, del Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil. Los diálogos fueron con Luiz Rennó, exdirector jurídico del banco, y salieron a la luz este martes, horas antes de que el tribunal abriera la sesión en la que decide si ordena una investigación contra el ministro Alexandre de Moraes por sus vínculos con Vorcaro. La información es de G1.Según G1, el 4 de julio de 2025 Rennó envió a Vorcaro el contacto del hijo y preguntó: "Esse aqui - 500 mil mês - mantém?" ("Este, 500 mil al mes, ¿se mantiene?"), y añadió: "Então esse aqui já era né" ("Entonces este ya se acabó, ¿no?"). El 1 de octubre de 2024, el exdirector jurídico había reportado la victoria del Master en el proceso de "Alcídia", una disputa sobre precatórios, los pagos de deudas judiciales del sector azucarero y de alcohol carburante, e informó de que los votos favorables habían sido de los ministros Edson Fachin, Dias Toffoli y Nunes Marques. Acto seguido, envió el contacto del hijo del ministro con el mensaje "Dominado aquí".La consultora y la negativa de Kevin MarquesEl material también registra a la consultora Consult. Cuando Rennó envió, en agosto de 2025, una lista de consultoras y bufetes ligados a autoridades y preguntó por prioridades, Vorcaro respondió: "Consult? Guido e Lewandowski". El 8 de agosto, Rennó escribió: "Dos pagamentos essenciais está faltando a consult" ("Entre los pagos esenciales falta la consult"). De acuerdo con G1, Consult pertenece a un socio del hijo del ministro y comparte la misma dirección de correo electrónico con el IPTF, un instituto de investigación tributaria propiedad de Kevin.En una nota, Kevin Marques negó haber recibido recursos de Vorcaro y afirmó que su trabajo como abogado no tiene relación con el STF:"Como se informó anteriormente, el abogado Kevin Marques recibió R$ 281,6 mil de Consult, empresa a la que prestó servicios jurídicos especializados en el área tributaria administrativa. La actuación profesional del abogado Kevin Marques en favor de Consult no tiene ninguna relación con el Supremo Tribunal Federal."Lo que dijo Nunes MarquesAl inicio de la sesión, Nunes Marques pidió la palabra y defendió su imparcialidad. "Mi hijo nunca prestó ningún servicio al banco ni fue remunerado por el banco", afirmó, según BBC News Brasil. El ministro dijo que nunca juzgó un proceso relacionado con el Master, que nunca intercambió mensajes con Vorcaro y que el secreto bancario de su hijo ya fue levantado: "No sirve de nada especular de otra forma". "Si me sintiera incómodo o cooptado de alguna forma, jamás habría votado a favor de confirmar la prisión de Daniel Vorcaro, de su padre y de otras personas involucradas", añadió.Acto seguido se declaró impedido de participar en el juicio, en su condición de presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), que organiza las elecciones brasileñas, y dejó el plenario. "En la condición de presidente del TSE no me siento cómodo para participar en este juicio y afirmo mi impedimento", dijo, al sostener que la decisión puede afectar al escenario de las elecciones del 4 de octubre. El ministro Dias Toffoli se declaró sospechoso, por fuero íntimo, y tampoco votará. Los mensajes difundidos este martes integran el mismo material extraído del teléfono de Vorcaro en el que aparecen el ministro André Mendonça, relator del caso Master en el STF, y un hijo del ministro Luiz Fux.Cómo llegó el caso hasta aquíLa Policía Federal detuvo a Vorcaro en noviembre de 2025, en la operación Compliance Zero. El 1 de septiembre, Mendonça levantó el secreto de un informe de la policía sobre las interacciones entre el banquero y Moraes, que abordaban, entre otros puntos, el contrato de R$ 131 millones entre el Master y el bufete Barci de Moraes, de la esposa del ministro. Moraes niega irregularidades y, el 3 de septiembre, pidió una investigación contra Mendonça. Este sábado, el presidente del STF, Edson Fachin, asumió la relatoría de la petición 16.662, en la que la corte decide si valida el informe y si abre una investigación contra Moraes. La Fiscalía General de la República pidió la nulidad de la investigación.La sesión continúa este martes, con los votos aún abiertos y sin hora prevista de cierre. Antes de deliberar sobre el destino de Moraes, los ministros deben decidir si Mendonça actuó de forma irregular al pedir a la Policía Federal el informe sin consultar al colegiado.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, André Mendonça, comunicó al presidente del tribunal, Edson Fachin, que no cometió irregularidades al ordenar la elaboración del informe de la Policía Federal que identificó a su colega Alexandre de Moraes como interlocutor de Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master. La respuesta fue presentada un día antes de la sesión en la que, por primera vez en la historia del tribunal, los ministros se reúnen para decidir si uno de ellos debe ser investigado.En una petición al STF, Mendonça afirmó que el material le fue entregado personalmente por la Policía Federal en agosto y que, ante la mención en las conversaciones del director general del organismo, Andrei Rodrigues, y del fiscal general de la República, Paulo Gonet, "se imponía, con mayor razón, la adopción de medidas", según Folha de S.Paulo. BBC News Brasil informa de que el ministro sostuvo que convocó a los delegados de forma directa y presencial por cautela, "sin imputar sospecha alguna a nadie", y que la indagación debía respetar la separación entre las actividades de inteligencia y de policía judicial, la preservación del secreto y el principio de funcionalidad.Lo que alega MoraesEn la víspera de la sesión, Moraes envió a Fachin un oficio de 44 páginas dividido en 121 puntos, en el que niega cualquier irregularidad y acusa a su colega de "venganza" y de usar la investigación del Banco Master con fines "político-electorales". Sostiene que no hubo interferencia suya para beneficiar a Vorcaro antes del arresto del exbanquero, en noviembre de 2025."A pesar de la farsa montada y divulgada, no existe absolutamente nada y todos conocen la motivación político-electoral de esas criminales mentiras. VENGANZA. Está muy clara la tentativa de venganza de los aliados de quienes intentaron acabar con la Democracia y el Estado de Derecho y fueron condenados por el Supremo Tribunal Federal", escribió el ministro.Según BBC News Brasil, los diálogos recabados por la Policía Federal muestran que Vorcaro exigía atención especial a los pagos de un contrato de 131 millones de reales entre el Banco Master y el despacho Barci de Moraes, dirigido por Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro. El 8 de febrero de 2024, el tesorero del banco envió a Vorcaro el comprobante de una transferencia de 3,42 millones de reales al despacho. Moraes niega favorecimiento y no es investigado formalmente.El fiscal general de la República también cuestionó la conducta de Mendonça. En una manifestación presentada el 1 de septiembre, día en que el ministro hizo públicas los mensajes, Gonet pidió que la decisión fuera declarada nula. Para la Fiscalía General, la indagación excedió los límites de la actuación de un juez en la fase previa al proceso, y correspondía al propio STF decidir sobre una eventual investigación contra uno de sus integrantes.Cronología del casoNoviembre de 2025: Vorcaro es arrestado; es investigado por sospecha de fraudes estimados en 12.200 millones de reales en el Banco Master.Agosto de 2026: la Policía Federal entrega personalmente a Mendonça, relator de la investigación de los fraudes, un informe que identifica a Moraes como interlocutor de Vorcaro, con 52 mensajes intercambiados.1 de septiembre: Mendonça hace públicos los mensajes; se abre en el STF la petición 16.662, que originó la sesión de este martes; la Fiscalía pide la anulación de la orden.14 de septiembre: Moraes envía el oficio en el que habla de "farsa" y "venganza"; Mendonça responde negando irregularidades.En la sesión de este martes (15), Fachin, que asumió la relatoría del caso y vota primero, afirmó que "corresponde al plenario del Supremo Tribunal Federal investigar a sus integrantes" y leyó un fragmento de la manifestación de la Fiscalía, según el cual la orden de investigar a Moraes es nula por "exceder los límites de la competencia del juez". Dos ministros abandonaron el colegiado: Kássio Nunes Marques se declaró impedido por presidir el Tribunal Superior Electoral en año electoral, y Dias Toffoli se declaró sospechoso por cuestiones de conciencia. Nunes Marques negó haber juzgado procesos vinculados al Master y dijo que su hijo nunca prestó servicios al banco.Según G1, Fachin ha señalado a sus colegas la intención de concluir el fallo este mismo martes. El sector cercano a Moraes no descarta pedir vista, lo que daría más tiempo para el análisis y retrasaría la decisión. Si se autoriza la apertura, Moraes pasaría a la condición de investigado en una indagación del STF.

El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo tribunal de Brasil, envió el lunes (14) al presidente de la Corte, Edson Fachin, una explicación sobre la decisión del 24 de agosto por la que citó personalmente a delegados de la Policía Federal para identificar a los destinatarios de mensajes enviados por el exbanquero Daniel Vorcaro. El informe elaborado tras ese pedido señaló al ministro Alexandre de Moraes como uno de los interlocutores de Vorcaro. El documento llegó horas antes de la sesión de este martes (15), la primera en la historia del tribunal en la que los ministros se reúnen para decidir si abren una investigación contra un colega. La explicación atiende a un plazo fijado por Fachin para que Mendonça, Moraes, el procurador general de la República, Paulo Gonet, y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, se manifestaran antes del juicio.En la manifestación, Mendonça afirma que actuó "por cautela", buscando "preservar la integridad de los autos y la eficiencia de las investigaciones", "sin imputar sospecha alguna a nadie". Según el ministro, las conversaciones mencionaban a Gonet y a Rodrigues, lo que, a su juicio, exigía aún más cuidado con el sigilo. También sostiene que pidió la identificación para esclarecer una "verdadera red de monitoreo e influencia coordinada por el investigado, con potencial infiltración en las más altas instancias de varias instituciones de la República". Según Folha de S.Paulo, negó ante Fachin haber cometido irregularidades y afirmó que la Policía Federal le entregó el material personalmente en agosto.Gonet ya había pedido, el 1 de septiembre, que Mendonça declarara nula la decisión que llevó a la Policía Federal a producir el informe. Para la Procuraduría General de la República, la investigación "excedió los límites de la competencia del juez" en la fase previa al proceso, y correspondía al propio pleno del STF decidir sobre la investigación de uno de sus integrantes. Moraes respondió el lunes con un oficio de 44 páginas dividido en 121 puntos. Según la BBC News Brasil, califica el caso de "farsa" y habla de "venganza" con motivación político-electoral. También escribe que el intento de golpe "no terminó el 8 de enero de 2023" y que el Supremo "sabrá resistir"."A pesar de la farsa montada y divulgada, no existe absolutamente nada, y todos conocen la motivación político-electoral de estas mentiras criminales. VENGANZA", escribió Moraes, que niega cualquier irregularidad y afirma que nunca favoreció a Vorcaro.Cómo llegó el caso hasta aquíVorcaro, excontrolador del Banco Master, fue arrestado en noviembre de 2025 en la operación Compliance Zero y es investigado por presuntas fraudes financieras estimadas en 12,2 mil millones de reales. Llegó a ser liberado y fue detenido de nuevo en marzo de este año. Mendonça relataba en el tribunal la investigación sobre las fraudes cuando, el 1 de septiembre, levantó el sigilo de documentos y dio a conocer mensajes que asocian a Moraes con Vorcaro, lo que abrió camino a la petición 16.662, hoy en análisis. Según G1, el informe de la Policía Federal apunta 52 mensajes intercambiados entre Moraes y el exbanquero. Los diálogos muestran a Vorcaro exigiendo atención especial a los pagos de un contrato de 131 millones de reales entre el banco y el despacho Barci de Moraes, dirigido por Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro, incluida una transferencia de 3,42 millones de reales documentada en febrero de 2024. Hasta ahora no se ha abierto ninguna investigación contra Moraes, y la sesión de este martes decide precisamente si será autorizada.La sesión inédita de este martesAl abrir los trabajos, Fachin hizo un llamamiento institucional. "Esta institución no nos pertenece. Tenemos el deber de preservarla en el presente", afirmó, antes de leer la manifestación de la Procuraduría y sostener que "compete al plenario del Supremo Tribunal Federal investigar a sus integrantes". Dos ministros abandonaron el colegiado de juzgamiento: Kassio Nunes Marques se declaró impedido por presidir el Tribunal Superior Electoral a semanas de las elecciones y dijo que nunca intercambió mensajes con Vorcaro y que su hijo nunca prestó servicios al banco; Dias Toffoli se declaró sospechoso, por foro íntimo, una convicción personal, y afirmó que seguirá en la sesión y podrá hacer uso de la palabra. Gilmar Mendes planteó una cuestión de orden para debatir, antes de la votación, un documento en el que el ministro Flávio Dino pide a Fachin investigar vínculos entre el Banco Master y un instituto ligado a Mendonça.Después de la lectura del informe de Fachin, los ministros deben votar si autorizan la apertura de una investigación contra Moraes. Fachin señaló a sus colegas la intención de concluir el juicio en este mismo martes, pero el sector próximo a Moraes no descarta pedir vista, es decir, más tiempo para el análisis, según la columna de Valdo Cruz en G1. La sesión ocurre 19 días antes de la primera vuelta de las elecciones generales brasileñas, y el caso ya entró en la campaña presidencial: Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado y Romeu Zema comentaron el juicio a lo largo de la mañana, según G1.

La Procuraduría General de la República (PGR, la fiscalía federal de Brasil) pidió al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, que verifique si el ministro André Mendonça, relator del caso del Banco Master, tomó alguna decisión sobre una solicitud de la Policía Federal (PF) presentada hace unos seis meses. En marzo de 2026, la PF pidió a Mendonça autorización para obtener del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) la complementación de un informe de inteligencia financiera que involucra a una autoridad con "foro", la prerrogativa que permite a ciertos funcionarios brasileños ser juzgados solo por tribunales superiores como el STF. El g1 informó de la presentación este lunes (14).La manifestación de la PGR no revela el nombre de la autoridad. Entre los registros expuestos por el levantamiento del sigilo de un nuevo frente del caso, el órgano citó una "representación formulada por la Policía Federal, protocolada en marzo de este año, para obtener del Coaf la complementación de un Informe de Inteligencia Financiera, mantenido bajo sigilo por la Unidad de Inteligencia por referirse a una autoridad con prerrogativa de foro". Según el periódico O Globo, el informe enviado por el Coaf ocultaba con barras el nombre de la autoridad."Como no consta en los autos puestos a disposición ningún registro de tramitación posterior del proceso, y no habiéndose pronunciado el Ministerio Público Federal sobre la representación policial, se pide que el Gabinete del Ministro Relator certifique si de hecho no hubo ninguna decisión y, en caso contrario, en la hipótesis de que se hubiera concedido, si el documento está disponible para consulta de los Ministros, conforme se solicitó", escribió la PGR.Cronología del casoEl caso Master investiga al Banco Master y al banquero Daniel Vorcaro, preso en Brasilia. Durante la pesquisa, la PF pidió al Coaf informes de inteligencia financiera sobre personas físicas y jurídicas vinculadas a la investigación. El que se refiere a la autoridad con foro siguió bajo sigilo. El domingo (13), el ministro Alexandre de Moraes pidió a Fachin el levantamiento del sigilo del inquerito antes del juicio de este martes (15). La PGR se manifestó a favor, Fachin pidió a Mendonça levantar los sigilos y el STF ya hizo públicos 53 procedimientos relacionados con el caso.El Informe de Inteligencia Financiera (RIF) es un documento técnico que señala movimientos atípicos o sospechosos. El Coaf lo elabora con alertas de bancos, aseguradoras y otras instituciones obligadas por ley a reportar, con datos sobre valores globales, partes involucradas e indicios de delitos como el lavado de dinero.Lo que viene ahoraEl pedido de la PGR llega la víspera de la sesión del martes (15), en la que los ministros del STF decidirán si abren una investigación sobre la relación de Moraes con Vorcaro. En paralelo, el gabinete de Fachin debe tramitar la solicitud de certificación. La manifestación de la PGR no fija plazo, y no hay registro, en los autos ya divulgados, de decisión alguna de Mendonça sobre el pedido de la PF de marzo.

Mensajes extraídos del teléfono del banquero Daniel Vorcaro y en poder de la Policía Federal de Brasil registran un almuerzo el 14 de mayo de 2024, en Nueva York, entre el abogado Rodrigo Fux, hijo del ministro Luiz Fux del Supremo Tribunal Federal, y el entonces dueño del Banco Master. La información la publicó este lunes la columna Painel de Folha de S.Paulo, uno de los principales diarios de Brasil. Según el periódico, el encuentro ocurrió durante la Brazil Week, un evento de negocios realizado en la ciudad.Folha informa que los registros no muestran el tema de la conversación ni identifican el restaurante. En la misma fecha, Rodrigo Fux participó en una degustación de whisky patrocinada por Vorcaro, con unos 40 invitados. El nombre del abogado ya había aparecido antes en la lista de invitados del palco del banquero en el Sambódromo de Río de Janeiro durante el carnaval de 2025. Reportes de junio del diario O Globo y del sitio Metrópoles situaron la degustación en el Carnegie Club, cerca del Central Park, con un costo de cerca de US$ 1 millón según datos de la PF, y con políticos como Cláudio Castro, Hugo Motta y Ciro Nogueira entre los presentes.La oficina de Rodrigo Fux dijo a Folha que el abogado no almorzó a solas con Vorcaro ni se sentó en la misma mesa que el banquero. Añadió que su paso por la degustación fue breve y que no hubo contacto con el exdueño del Master. El ministro Luiz Fux no se pronunció. Ninguna acusación penal deriva del almuerzo, y los registros, por sí solos, no indican irregularidad.Cronología del caso MasterEl caso Master comenzó como una investigación de la Policía Federal sobre el Banco Master y se convirtió este año en una crisis institucional en el STF, la corte suprema de Brasil, después de que mensajes del teléfono de Vorcaro, incautado por la corporación, fueran asociados al ministro Alexandre de Moraes. En los últimos días, la PF entregó copias de los datos del aparato a los ministros Moraes, Zanin y Gilmar Mendes, y el ministro André Mendonça levantó el secreto sobre la red de pagos del banco. Vorcaro es objeto de las indagaciones; dice que no recuerda el destinatario de un mensaje que la PF atribuye a Moraes.Aliados de Moraes empezaron a usar los encuentros de Rodrigo Fux para cuestionar la participación de Luiz Fux en la sesión del martes. Según el sitio de noticias políticas Poder360, los hijos de Fux y del ministro Nunes Marques ya figuraban citados en reportajes sobre el entorno del Banco Master, sin pruebas de que esas relaciones familiares hayan influido en votos de la corte.Próximos pasosEl plenario del STF se reúne el martes para definir si abre una investigación contra Moraes en el caso Vorcaro. Según Poder360, el juicio comenzará por el análisis de recusaciones. Vorcaro estaba citado para declarar ante la PF este lunes, en la investigación del caso Master-BRB, pero la audiencia fue reprogramada para el 24 de septiembre a pedido de la defensa, informó Brasil 247.

El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ordenó este lunes (14) el fin del sigilo del expediente que reúne detalles de la red de pagos atribuida al exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master e investigado por la Policía Federal. La decisión atendió un pedido del presidente de la Corte, Edson Fachin, presentado horas antes a partir de una solicitud del ministro Alexandre de Moraes y de la Fiscalía General de la República (PGR), en vísperas de la sesión en que el pleno analizará la eventual apertura de una investigación contra Moraes.El expediente hizo público un impasse que atraviesa la investigación desde marzo. Según CNN Brasil, que tuvo acceso al proceso, la Policía Federal pidió al Coaf, el consejo brasileño de inteligencia financiera, los informes de inteligencia financiera de los investigados para rastrear un posible movimiento de dinero ilícito de Vorcaro. El Coaf atendió solo parte del pedido: al identificar pagos a personas que tendrían fuero por prerrogativa de función, un privilegio que eleva sus casos a tribunales superiores, informó que esos datos solo podrían entregarse con autorización expresa del STF. La Policía Federal pidió entonces esa autorización a Mendonça. Según O Globo, la solicitud espera respuesta desde hace seis meses y no consta en el proceso resolución alguna del ministro. El nombre de la autoridad beneficiada, por lo tanto, sigue en secreto.CartaCapital informa que el informe de inteligencia menciona al menos 303 personas físicas y 520 personas jurídicas, y señala posibles beneficiarios con fuero por prerrogativa ante el Superior Tribunal de Justicia y el propio STF. La Policía Federal argumentó ante la oficina de Mendonça que la liberación completa es indispensable para evitar vacíos en el rastreo financiero y alejar riesgos de nulidad procesal.Lo que muestran los documentosEntre los puntos destacados del informe del Coaf entregado a la Policía Federal aparece el movimiento de más de 57 millones de reales de la Iglesia Bautista Lagoinha entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. La institución, según CNN Brasil, fue objeto de indagaciones en la comisión parlamentaria sobre el INSS, el órgano de pensiones, y de sospechas de desvío de enmiendas parlamentarias. El cuñado de Vorcaro, Fabiano Zettel, trabajaba como pastor en la iglesia y transfirió 19,2 millones de reales a la institución en el período analizado. CartaCapital añade que otros giros sospechosos sumaron 28 millones de reales directo a la cuenta de la iglesia, cuya facturación anual presunta era de 950 mil reales. El medio buscó a la Lagoinha y no recibió respuesta hasta la publicación.Cómo llegó el caso hasta aquíEl caso Master llevó a la Policía Federal a decomisar el celular de Vorcaro, un iPhone 17 Pro, y un informe de la corporación señaló mensajes intercambiados entre el exbanquero y el ministro Moraes, lo que desató una disputa interna en la Corte por el acceso integral a los datos. Los pasos principales:Marzo de 2026: la Policía Federal pide a Mendonça autorización para que el Coaf entregue pagos hechos a una autoridad con fuero, según O Globo y el sitio Cláudio Dantas; el pedido sigue sin resolución.Domingo (13): Moraes pide el fin del sigilo de todas las peticiones del caso Master y la liberación de los autos a todos los ministros antes de la sesión del martes.Lunes (14): Fachin atiende a Moraes y a la PGR y pide a Mendonça el levantamiento del sigilo; la Policía Federal entrega copias de los datos del celular de Vorcaro a las oficinas de Moraes, Cristiano Zanin y Gilmar Mendes; Mendonça derriba el sigilo de los pagos.Martes (15): el pleno del STF analiza el informe de la Policía Federal sobre los mensajes entre Vorcaro y Moraes y decide si abre investigación contra el ministro.En la disputa por el acceso, Moraes afirmó que el expediente contiene "elementos esenciales" para la sesión y declaró que "no le corresponde al ministro relator elegir qué documentos son accesibles al colegiado para dictar su fallo". Gilmar Mendes sostuvo que la retención de los datos compromete el equilibrio interno y la paridad de la Corte. Mendonça, por su parte, ya afirmó haber levantado el sigilo de toda la información y explicó que guarda una copia de seguridad cifrada y precintada, como contraprueba, sin haber manipulado el soporte.La PGR, que defendió la divulgación, informó que ni siquiera conocía la existencia de esos archivos en el sistema de la Corte, según CartaCapital. Vorcaro sigue en condición de investigado en el caso Master.El próximo paso es la sesión del pleno del martes (15). El pedido de marzo sobre la entrega integral de los datos del Coaf sigue sin fecha para resolverse.

La Policía Federal de Brasil informó este lunes (14) que entregó a los despachos de los ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin y Gilmar Mendes copias de los datos extraídos del celular incautado al exbanquero Daniel Vorcaro. En una nota, la corporación afirmó que las copias "son idénticas a la extracción realizada del aparato", un iPhone 17 Pro recogido en operaciones del caso Master, y que el material original permanece íntegramente en sus dependencias, dentro de una "cadena de custodia formalmente documentada", con precintos intactos y mecanismos de verificación de integridad digital.La entrega responde a pedidos formalizados en los últimos días por los tres ministros ante el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, Edson Fachin, y ocurre en vísperas de la sesión plenaria del martes (15), convocada para tratar la crisis entre los despachos. El pleno debe examinar el informe de la Policía Federal que señaló mensajes intercambiados entre Vorcaro y Moraes y decidir si abre una investigación sobre la conducta del ministro, que hoy no es acusado ni investigado formalmente.El desencuentro entre los despachosZanin sostuvo que el colegiado necesita conocer el contexto completo de los datos para deliberar y recordó que la propia defensa de Vorcaro ya tuvo acceso a la totalidad del contenido. Moraes respaldó el pedido y escribió a Fachin que "no le corresponde al ministro relator elegir qué documentos son accesibles al Colegiado para realizar su juicio". Gilmar Mendes, decano del tribunal, afirmó que retener el archivo solo en el despacho del relator, André Mendonça, compromete el equilibrio interno y la paridad de la corte, y se comprometió a mantener el material bajo un "régimen riguroso de restricción", con acceso limitado a su gabinete.Mendonça, relator del caso Master, defendió en un despacho del domingo que todo el material necesario para el juicio ya está disponible íntegramente a los ministros y que liberar el resto "solo contribuiría a alterar el juicio", además de poner en riesgo "todo el seguimiento y éxito de las investigaciones". Dijo haber recibido, en marzo, únicamente una copia de seguridad en disco rígido cifrado, mantenida precintada como contraprueba y nunca manipulada. La Policía Federal informó sin embargo a Fachin que esa copia no corresponde al material original, que "jamás salió de la custodia de la institución".De la prisión de Vorcaro a la sesión del martesVorcaro, excontralador del Banco Master, fue arrestado en noviembre de 2025 y es investigado por presuntas fraudes financieras estimadas en 12,2 mil millones de reales. La crisis en el STF salió a la luz el 1 de septiembre, cuando Mendonça levantó el secreto de un informe de la Policía Federal con indicios de que Vorcaro habría pedido consejos e intercambiado información con Moraes. Dos días después, Moraes retiró el secreto de informes de inteligencia de la corporación sobre supuestas conductas irregulares de Mendonça. El 9 de septiembre, Fachin le quitó a Moraes la relatoría de la investigación de las Fake News y convocó la sesión del martes; el jueves (10) ordenó el fin del secreto sobre registros vinculados al banco. Mendonça liberó entonces parte de los documentos, lo que llevó a Moraes a señalar, en un oficio, una "elección selectiva" del relator.El próximo paso es la sesión plenaria extraordinaria del martes (15), a partir de las 10h de Brasilia, según el portal G1. Además del examen del informe, Emílio Peluso, profesor de derecho constitucional de la Universidad Federal de Minas Gerais citado por BBC News Brasil, evalúa que el juicio puede ampliarse a otros episodios del enfrentamiento entre los ministros. Vorcaro sigue en condición de investigado, sin condena, y ninguna de las imputaciones que involucran a los ministros ha derivado hasta ahora en una acusación formal.

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, afirmó al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Edson Fachin, que el informe de la corporación que sustentó un pedido de investigación contra el ministro André Mendonça fue enviado al tribunal por determinación del ministro Alexandre de Moraes. En una manifestación entregada este viernes (11), Andrei negó que la PF haya vigilado o investigado a su colega.Según el documento, al que accedieron Folha de S.Paulo y CNN Brasil, la entrega del material se produjo en cumplimiento de una orden judicial dictada en la investigación de las fake news, que entonces estaba a cargo de Moraes. Andrei defendió la "absoluta licitud" de los informes y negó que resultaran de "acciones de vigilancia, recolección clandestina de datos o cualquier medida invasiva". Para la defensa, se trataba de análisis de escenarios elaborados con información que los policías ya conocían en el ejercicio de sus funciones, y no de un seguimiento "dirigido y continuo". "No existió, en absoluto, ningún monitoreo ilícito de ministro de este STF ni del Ilmo. Abogado General de la Unión", registró el texto."El órgano policial no dio causa a ninguna divulgación del material sigiloso ni tampoco a envíos externos por iniciativa propia, salvo, como se dijo, para cumplir una orden judicial proveniente del STF", escribió Andrei.Línea de tiempoLa crisis entre el STF y la PF empezó el martes (8), cuando Mendonça dispuso el apartamiento preventivo de Andrei y del director de Inteligencia Policial, Leandro Almada, y ordenó que la Corregiduría de la corporación investigara la producción de los informes. La decisión fue una reacción al uso del documento por parte de Moraes, que pidió al STF investigar la conducta de Mendonça por abuso de autoridad, improbidad administrativa y crimen de responsabilidad en la conducción de los casos del Banco Master y del INSS, el instituto brasileño de seguridad social. Según Moraes, su colega habría orientado las investigaciones "con ruptura de la imparcialidad judicial y favorecimiento de determinados grupos políticos". Mendonça, por su parte, sostiene que la PF produjo informes sobre autoridades con fuero privilegiado. Horas después del apartamiento, el ministro Flávio Dino, en otro proceso, ordenó el regreso de los dos directores a sus cargos. El miércoles (9), Fachin suspendió ambas decisiones, habló de un "inconciliable conflicto de posiciones judiciales", dio 48 horas para que Andrei presentara informaciones y 72 horas para que Mendonça explicara el apartamiento.En la manifestación, Andrei también cuestionó el fundamento de su propio apartamiento. La medida había sido solicitada por el partido Novo, y la defensa sostiene que una agrupación partidaria no tiene legitimidad para pedir medidas cautelares contra una autoridad, pues eso depende de una solicitud del Ministerio Público. Folha informa que integrantes de la corporación, bajo reserva, ya habían dicho que el informe se produjo para uso interno y fue enviado a la oficina de Moraes a pedido de él. La investigación de las fake news fue retirada de la competencia de Moraes por decisión de Fachin.El próximo paso está en el plenario del STF. Fachin convocó una sesión extraordinaria para el martes (15), cuando los ministros deben analizar la crisis abierta entre Moraes y Mendonça. Este viernes, el presidente del tribunal también determinó que Mendonça retire, en un plazo de 24 horas, el sigilo de las investigaciones vinculadas al Banco Master, con reserva para diligencias en curso. Sobre Andrei, Fachin todavía no decidió si permanece al mando de la PF.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha quejado en privado ante aliados de lo que considera inoperancia del ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva, pero un cambio en el mando de la cartera queda descartado por ahora. La información es de la columna Painel, del diario Folha de S.Paulo, publicada este sábado (12).Según la Folha, las quejas ocurren en medio de una crisis de proporciones inéditas que involucra al Supremo Tribunal Federal (STF), a la Fiscalía General de la República (PGR) y a la Policía Federal. El Ministerio de Justicia, cartera de Wellington, es la que comanda la Policía Federal, institución en el centro del choque entre ministros del tribunal.Cómo empezó la crisisLa disputa en el STF nació de investigaciones de la Policía Federal sobre fraudes en el Banco Master, del exbanquero Daniel Vorcaro, y sobre el financiamiento de la película "Dark Horse", una biografía del expresidente Jair Bolsonaro. Un informe de la corporación señaló más de 50 mensajes de Vorcaro al ministro Alexandre de Moraes. Otro documento, de inteligencia y sin valor probatorio, fue enviado al tribunal por orden de Moraes, en la investigación de las fake news, y cuestiona la conducta del relator André Mendonça en los casos Master e INSS, el instituto de seguridad social brasileño, citando una supuesta falta de imparcialidad.Este sábado, el presidente del STF, el ministro Edson Fachin, rechazó el pedido de Moraes de juzgar ambos asuntos en conjunto. Moraes acusa a Mendonça de una "elección selectiva" al levantar el secreto de solo una parte de los expedientes, con unos 180 documentos omitidos. Mendonça lo niega y calificó de "prudente y responsable" la decisión de mantener en secreto parte de los archivos. Ninguno de los dos ministros es procesado: las sesiones del STF decidirán si se abren investigaciones contra ellos.Próximos pasosEl tribunal se reúne el martes (15), en sesión extraordinaria, para analizar el informe de la Policía Federal sobre los mensajes entre Vorcaro y Moraes. El 23 de septiembre, el pleno examina los cuestionamientos sobre la conducción de Mendonça en los casos Master e INSS.Un cambio en el Ministerio de Justicia es una decisión exclusiva del presidente de la República. Hasta este sábado, según la Folha, no hay previsión de reemplazo de Wellington Lima e Silva.

La hoja de costos de la película Dark Horse, que el senador Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial del PL, presentó al banquero Daniel Vorcaro, preveía US$ 4 millones (unos 20,5 millones de reales al cambio actual) para su protagonista, el actor estadounidense Jim Caviezel, que interpreta al expresidente Jair Bolsonaro. Las cifras constan en la investigación de la Policía Federal sobre presuntas irregularidades en el financiamiento del filme, hecha pública el viernes por la noche (11 de septiembre) por decisión del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF). Según documentos del Coaf, el consejo brasileño de inteligencia financiera, citados en el informe, al menos US$ 12,3 millones (63 millones de reales) de los US$ 24 millones (123 millones de reales) solicitados por el senador al banquero fueron efectivamente pagados.Caviezel no aparece nombrado de forma explícita. Las dos primeras cuotas que el banquero debía pagar, de 2 millones de dólares cada una, figuran como "talento principal parte 1" y "talento principal parte 2", el término que la industria del cine usa para referirse a los artistas. Como la hoja registra solo el presupuesto previsto, no es posible saber si los pagos se realizaron ni cuál fue el costo final de la obra, informa la BBC News Brasil, que tuvo acceso al expediente.En su informe, la Policía Federal señala el desequilibrio entre los valores de Dark Horse y los observados en el mercado audiovisual brasileño, con la salvedad de que esa diferencia, por sí sola, no configura un delito."Aunque no constituye por sí misma ningún ilícito penal, refuerza la necesidad de profundizar la investigación sobre el destino efectivo de los recursos y la compatibilidad económica de la operación financiera identificada", dice el documento.Comparaciones con HollywoodProfesionales de la industria consultados por la BBC, bajo reserva de sus nombres, consideran exagerados los 4 millones de dólares. Como referencia del propio mercado estadounidense, Robert Downey Jr. cobró la misma cifra por Oppenheimer, aun en un papel secundario de peso, mientras que su protagonista, Cillian Murphy, habría recibido 10 millones. Joaquin Phoenix ganó 4,5 millones por interpretar al Joker en la primera entrega y solo llegó a unos 20 millones en la secuela después de que la primera superara los US$ 1.000 millones en taquilla. Los productores de Dark Horse proyectan recaudar US$ 100 millones en el escenario más optimista, el mismo total que logró Challengers (estrenada en Brasil como Rivais), película reciente protagonizada por Zendaya.Cronología del casoLa investigación integra las indagaciones ligadas al Banco Master, la institución que Vorcaro controlaba antes del escándalo. La PF registra una serie de encuentros, llamadas y mensajes entre Flávio y Vorcaro desde el 20 de agosto de 2025. El 8 de septiembre de ese año, el senador reclamó en un audio transferencias atrasadas y expresó temor de dejar de pagar a figuras prestigiosas del cine estadounidense, citando a Caviezel y al director Cyrus Nowrasteh. Una llamada del 16 de septiembre coincide con el último envío de US$ 1,66 millones hecho por Entre Investimentos al fondo Havengate Development Fund, en Estados Unidos, según el Coaf. Vorcaro fue detenido el 17 de noviembre de 2025, al intentar abordar un jet privado rumbo al exterior, en vísperas de la primera fase de la Operación Compliance Zero.Flávio Bolsonaro primero negó haber pedido recursos a Vorcaro y después confirmó la solicitud. Afirma que los contactos integraron una relación privada de captación de patrocinio y niega haber recibido algún valor directamente o haber cometido irregularidades. Su asesoría remitió preguntas sobre Dark Horse a la productora Go Up Entertainment, que no respondió a la BBC antes de la publicación. Nowrasteh defendió los costos en X. "La comparación de costos que está haciendo la prensa brasileña es errónea", escribió, al sostener que los presupuestos en Estados Unidos se divulgan sin los gastos de marketing. La BBC señala que la hoja entregada a Vorcaro no incluye gastos de distribución, categoría que abarca el marketing, y que esa etapa suele representar al menos el 30% de los demás costos de una película.La PF sostiene que Flávio actuó como interlocutor directo del banquero para viabilizar los aportes y recomienda profundizar las pesquisas sobre el origen de los recursos, el papel de empresas intermediarias, la función del fondo Havengate, registrado en Texas, y los beneficiarios finales del dinero. Los documentos fueron abiertos después de que el presidente del STF, Edson Fachin, acogiera un pedido de la Procuraduría General de la República (PGR). No hay, por ahora, fecha definida para el próximo paso decisivo en el caso, que sigue bajo investigación.

El senador Jaques Wagner (PT-BA), exlíder del gobierno de Lula en el Senado, se negó a entregar a la Policía Federal las contraseñas de dos celulares incautados en un allanamiento realizado en su casa, en Salvador, el 18 de junio. El registro figura en un informe del cuerpo policial que se hizo público este viernes (11), después de que el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), ampliara el levantamiento del secreto de procesos del caso Banco Master, a pedido de la Fiscalía General de la República (PGR). Wagner es investigado, no acusado ni condenado, y conserva la presunción de inocencia garantizada por la Constitución.Según el informe de la diligencia, al que accedió CNN Brasil, los agentes recogieron al inicio del allanamiento un celular Samsung negro y otro aparato blanco. "El investigado negó el suministro de las contraseñas de los aparatos", registró la PF. En la misma operación se incautaron 16.500 reales, US$ 16.795 y € 39.675 en efectivo, además de relojes de lujo. Parte del dinero estaba en una maleta atribuida al senador y otra parte en una caja fuerte en el armario de su esposa. Según el documento, Wagner dijo que los valores se usaban en viajes y que los relojes fueron adquiridos a lo largo de los años, sin presentar facturas. El valor de los relojes "solo podrá ser medido con precisión tras la realización de las pericias pertinentes", escribió la policía.Qué investiga la Operación Compliance ZeroEl allanamiento fue parte de la novena fase de la Operación Compliance Zero, que investiga presunta corrupción, lavado de dinero y delitos financieros que involucran al Banco Master y a su excontrolador, Daniel Vorcaro, hoy preso. En el expediente de Wagner, la PF investiga la relación del senador con el banquero Augusto Ferreira Lima, exsocio de Vorcaro, y si el parlamentario recibió ventajas indebidas de empresarios y estructuras ligadas al banco. Entre los episodios investigados hay viajes en aeronaves privadas, entradas para shows y la negociación de un departamento de 2,45 millones de reales en Salvador. La BBC News Brasil advierte que no está claro si el inmueble fue efectivamente comprado, ni por quién.El informe apunta "robustos indicios" de corrupción activa y pasiva y lavado de activos en los diálogos del senador, según la BBC. Entre el 17 de noviembre de 2023 y el 25 de mayo de 2025 se contabilizaron 74 llamadas entre Wagner y Lima, con 5 horas y 30 minutos de conversación. Sobre la relación entre ambos, los investigadores escribieron:"Más allá de una eventual amistad, la relación entre ambos, según se desprende de los diálogos, parece ser de sentido único: por regla, el senador recibe o solicita ventajas o favores, y el empresario los concede."La PF sostiene además que Wagner actuó en el Senado por la enmienda 11 a la PEC 65/2023, la llamada "Enmienda Master", que elevaba el límite de aplicaciones protegidas por el Fondo Garante de Créditos (FGC). En agosto de 2024, el senador habría escrito a Lima: "Vamos a juntarnos, necesitaba hablar contigo para saber cómo están las cosas del banco". El documento no registra contactos directos entre el parlamentario y Vorcaro, pero afirma que hubo "al menos algún grado de interlocución".Posiciones y próximos pasosCNN Brasil informó que buscó a la defensa de Wagner y no obtuvo respuesta hasta la publicación; la BBC News Brasil también dijo estar a la espera de un pronunciamiento de su gabinete. Aliado histórico de Lula, Wagner dejó la jefatura del gobierno en el Senado tras convertirse en objetivo de las investigaciones y disputa la reelección en octubre con el apoyo del presidente. En una entrevista a la TV Globo a fines de agosto, Lula lo defendió: "Tengo conciencia de que Wagner es honesto... hasta que se pruebe lo contrario, todos son inocentes".En el plano procesal, las pericias sobre los bienes incautados aún deben determinar el valor de los relojes. El expediente tramita en el STF, a donde el presidente de la corte, Edson Fachin, remitió este sábado (12) las investigaciones del caso Master y del INSS. Según G1, los casos quedan paralizados hasta una nueva decisión de Fachin, que puede asumir la relatoría o someter la definición al plenario.

Una pericia de la Policía Federal (PF) de Brasil confirmó que exdirigentes del Banco de Brasilia (BRB) incurrieron en lo que la ley brasileña llama gestão fraudulenta, gestión fraudulenta, en la compra de carteras del Banco Master, en operaciones que sumaron R$ 17,5 mil millones entre 2024 y 2025. El informe, elaborado en agosto, tuvo su sigilo levantado en la noche del jueves 10 de septiembre por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), relator de las principales investigaciones del caso Master. Según Estadão, Terra y G1, la pericia concluyó que los fraudes entre los dos bancos sumaron cerca de R$ 17 mil millones y se estructuraron con la producción masiva de documentos falsos y el uso de una empresa de fachada.Los peritos analizaron operaciones por R$ 47,8 mil millones y concentraron la conclusión de fraude en 25 adquisiciones de carteras aprobadas por la dirección colegiada del BRB, por R$ 17,5 mil millones en total. Master, el banco del empresario Daniel Vorcaro, fue liquidado por el Banco Central. Los peritos descartaron explicaciones como el fracaso económico, la asunción de riesgos elevados o fallas procedimentales aisladas."Se concluye, por tanto, que el acervo permite caracterizar, desde la perspectiva técnico-pericial, la práctica de gestión fraudulenta en el proceso de adquisición de carteras del Banco Master, materializada en la manipulación de la secuencia de gobernanza, la formalización retrospectiva de controles, la burla material del régimen de límites de aprobación y la continuidad objetiva de las operaciones pese a alertas prudenciales y fragilidades concretamente identificadas", dice el informe.Lo que apuntó la periciaSegún el informe, el BRB tenía "señales prudenciales, financieras y reputacionales relevantes sobre el Banco Master, formalmente incorporadas a su ambiente informacional, pero no demostró su consideración en el proceso decisorio". Los peritos identificaron 22 operaciones, por R$ 7,63 mil millones, en las que los dictámenes técnicos se emitieron solo después de los pagos. De las 25 adquisiciones, 21 quedaron exactamente en el techo de R$ 750 millones de la dirección, valor que no exigía aprobación del consejo de administración, una práctica que la pericia describe como fraccionamiento para evitar el análisis agregado. El banco tampoco comprobó haber hecho una due diligence estructurada sobre Master pese a alertas internas y externas sobre riesgos de liquidez, capital y modelo de negocio. Un grupo de trabajo creado por el propio BRB ya había señalado fragilidades de respaldo, documentación, gravámenes, transferencias financieras y cadena de originación de los créditos. En junio de 2025, Master concentraba el 90,31% de la exposición del BRB, que sumaba R$ 19,78 mil millones ese mes.Los directores citadosLa pericia vinculó documentalmente a las aprobaciones a seis exintegrantes de la dirección colegiada del BRB. Según el informe, participaron de deliberaciones sobre la continuidad de las operaciones, nuevas adquisiciones, la flexibilización de alertas de riesgo y la complementación posterior de documentos, y las decisiones fueron aprobadas por unanimidad. El señalamiento es una prueba técnica dentro de una investigación en curso; los citados mantienen la presunción de inocencia. Son ellos, con los cargos que ocupaban:Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidenteCristiane Maria Lima Bukowitz, directora ejecutiva de Gestión de PersonasDario Oswaldo Garcia Junior, director ejecutivo de Finanzas y ControladoríaLuana de Andrade Ribeiro, directora ejecutiva de Control y RiesgosDiogo Ilário de Araújo Oliveira, director ejecutivo de Mayorista y GobiernoJosé Maria Correa Dias Junior, director ejecutivo de TecnologíaEl entonces director jurídico, Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo, no fue vinculado a las aprobaciones porque, según las actas analizadas, no tenía derecho a voto o estaba ausente en las deliberaciones.En síntesis, el caso se desarrolló así: las compras ocurrieron entre 2024 y 2025, con pico de concentración en junio de 2025; Master fue liquidado por el Banco Central; las investigaciones pasaron a tramitar en el STF, bajo la relatoría de Mendonça; la pericia se hizo en agosto para conferir la información ya reunida por la PF y analizar documentos enviados por el BRB; y el sigilo del informe cayó el 10 de septiembre.En nota, el BRB afirmó que fue víctima de los delitos y que los exdirigentes no deben confundirse con la institución, sin comentar la situación de cada uno. La defensa de Vorcaro, que está preso, no comentó el informe.El viernes (12), el presidente del STF, Edson Fachin, asumió la relatoría de la discusión sobre la supuesta relación entre el ministro Alexandre de Moraes y Vorcaro y determinó el envío a la Presidencia del tribunal de los procesos de las investigaciones sobre Master y el INSS, el instituto de seguridad social brasileño. Ambos casos quedan paralizados hasta una nueva decisión de Fachin, que puede asumir la relatoría de las investigaciones o someter la cuestión al plenario. No hay fecha definida. El martes (15), el STF se reúne para discutir la validez del informe de la PF sobre los mensajes entre Moraes y Vorcaro.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil, retiró este domingo (13) el secreto del material reunido por la Policía Civil de São Paulo sobre el supuesto uso de dinero público para financiar Dark Horse, la película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro. En la misma decisión, dictada en la Petición 16.669/DF, Dino ordenó que la investigación estatal pase a tramitar públicamente en el STF y mandó que la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo entregue a la Policía Federal los celulares, computadoras, documentos y el contenido bruto extraído de los aparatos incautados el jueves pasado (10). Según la BBC News Brasil, Dino justificó el fin del secreto por transparencia y para evitar filtraciones selectivas.Entre los documentos ahora públicos está el informe de la investigación estatal, bautizada Operación Wi-Fi. Según el portal G1, la pesquisa abarca fondos federales de enmiendas parlamentares, un tipo de presupuesto dirigido por congresistas, y recursos municipales de convenios con la prefectura de São Paulo. El informe sostiene que hay "sospechas consistentes" de que verbas del programa municipal de internet gratuita WiFi Livre SP costearon actividades de producción del filme, rodado en inglés con elenco y dirección de Hollywood:"Hay sospechas consistentes de confusión patrimonial y de que los recursos públicos del programa 'WiFi Livre SP' fueron desviados para costear las actividades de producción de esta película, utilizando cuentas de empresas subcontratadas y de otras organizaciones sociales gestionadas por la investigada para lavar valores sustraídos del erario de São Paulo."La "investigada" citada en el texto es Karina Ferreira da Gama, dueña de la productora Go Up Entertainment y presidenta del Instituto Conhecer Brasil (ICB). Al examinar el material, Dino escribió que los elementos apuntan a un posible "sofisticado esquema de destinación y desvío de recursos públicos", con énfasis en las enmiendas parlamentares federales. También mencionó, sin detallar el papel de la facción ni identificar integrantes, una línea investigativa de "vínculos con la facción PCC (Primeiro Comando da Capital)", una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. Sobre el diputado federal Mario Frias (PL-SP), guionista y productor ejecutivo del filme, el ministro registró: "Hay referencia reiterada, en el itinerario delictivo, a un diputado federal, el Sr. Mario Frias, que en el terreno hipotético de la investigación ocuparía un papel de liderazgo en la supuesta arquitectura criminal". Frias y Gama son investigados y niegan irregularidades.Un circuito financiero cerradoLa decisión transcribe representaciones de la Policía Federal según las cuales la empresa Complexsys Soluções Integradas, contratada por el ICB para ejecutar proyectos con recursos públicos, recibió transferencias directas del propio Frias y devolvía valores al instituto y a la Academia Nacional de Cultura (ANC), entidad gestionada por la misma administradora del ICB. Para los investigadores, "esa circulación de recursos entre el parlamentario, la entidad ejecutora, la empresa contratada y otra organización beneficiaria" evidencia "un circuito financiero cerrado". La pesquisa apunta también confusión patrimonial: el ICB, la Go Up y la consultora G07 funcionaban en la misma dirección de la Avenida Paulista, y peritos identificaron facturas emitidas en secuencia numérica en la misma fecha y notas fiscales de 2 millones de reales canceladas poco después de emitidas. Según la BBC News Brasil, la apuración apunta una transferencia de 2 millones de reales de Frias a Gama. La policía estima que el filme costó entre 8 y 20 millones de reales.CronologíaLa Policía Civil pide desde mayo, en al menos cuatro solicitudes, acceso a informes de inteligencia financiera del Coaf, la unidad brasileña de inteligencia financiera, sobre Gama y el ICB. El 28 de agosto, el juez estatal Nelson Augusto Bernardes negó el pedido; el 3 de septiembre, la policía envió informaciones complementarias. El jueves (10) se cumplieron órdenes de búsqueda contra Frias y Gama, sin detenciones. Este domingo, al retirar el secreto, Dino también autorizó el acceso a los datos del Coaf, informó G1. Por separado, el STF investiga el origen de recursos enviados por el exbanquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, para financiar el filme tras pedidos del senador Flávio Bolsonaro (PL), según la BBC News Brasil.La defensa de Gama recibió la decisión "con absoluto respeto" y la consideró "positiva". "Quien ya presentó voluntariamente más de 20 mil páginas de documentación no teme la transparencia", dijo el abogado Ricardo Sayeg en una nota, y añadió que "investigación no es acusación, mucho menos condena". Frias, en un vídeo publicado el jueves, calificó la operación de "cortina de humo" en plena campaña electoral y dijo que la enmienda investigada financiaba un proyecto deportivo y de alfabetización digital para niños, con documentos y comprobantes que probarían su licitud. En mayo, había calificado de "absolutamente falsa, desprovista de cualquier respaldo probatorio y difamatoria" la tesis de que habría destinado enmiendas a la película.El próximo paso es la entrega del material bruto incautado a la Policía Federal y el inicio de la tramitación pública de la investigación unificada en el STF, bajo la relatoría de Dino. Los medios consultados no informaron plazo para la transferencia.

El Instituto de Criminalística de São Paulo rechazó 27 dispositivos electrónicos incautados por la Policía Civil en la investigación sobre la financiación de la película "Dark Horse", biopic del expresidente Jair Bolsonaro. Según Folha de S.Paulo, que accedió a las actas de rechazo, fallos en el precintado de los paquetes permitían retirar las piezas o acceder a los datos de los aparatos sin romper los sellos de seguridad. Los documentos mencionan 13 memorias USB, nueve portátiles y cinco teléfonos móviles.Los rechazos ocurrieron en dos etapas. El 2 de junio, un día después de los registros, el instituto devolvió cuatro guías de remisión, los formularios de cadena de custodia del material incautado, porque los paquetes tenían aberturas lo bastante amplias para extraer las piezas. "Las guías 278035, 277890, 278028 y 277899 presentan vano suficiente para la retirada de la pieza a peritar", registró el primer acta. Entre el material rechazado había memorias USB incautadas en direcciones de Make One y de Complexys/Fast Future, empresas subcontratadas por el Instituto Conhecer Brasil (ICB) en la ejecución del programa de internet.El 3 de junio, la perita criminal Vivian Menezes rechazó otros 13 lotes, cuyas aberturas permitían conectar cables a móviles y portátiles."Las guías presentan vano suficiente para la entrada de cable de alimentación y transferencia de datos, siendo posible la manipulación de datos en el interior del equipo."Los peritos adjuntaron imágenes de lo que llamaron un "defecto formal en el envoltorio de plástico" y devolvieron los aparatos a la comisaría para rehacer los precintos, informa InfoMoney. Tras el reembalado, el expediente pasó de 17 a 18 guías, lo que indica que al menos un envoltorio fue dividido. Una sola guía reunía diez memorias USB.El casoLos equipos fueron recogidos en registros realizados el 1 de junio en viviendas y empresas vinculadas al ICB, organización presidida por Karina Ferreira da Gama. Ella también dirige Go Up Entertainment, productora de "Dark Horse". La investigación de la Policía Civil de São Paulo, llamada Operación Wi-Fi, indaga sospechas de fraude y desvío en un contrato de 108 millones de reales firmado por el ICB con la alcaldía de São Paulo para instalar y mantener 5.000 puntos gratuitos de internet en comunidades de bajos ingresos. Una de las hipótesis es que parte del dinero público haya sido dirigida a actividades privadas ligadas a Karina, entre ellas la producción de la película.El material se hizo público este domingo (13), cuando el ministro Flávio Dino, del STF (Supremo Tribunal Federal), levantó el secreto de la investigación y unificó bajo su relatoría diligencias estatales y federales. Al analizar los documentos, según InfoMoney, Dino escribió que se fortaleció la hipótesis de un "sofisticado esquema" de desvío de recursos públicos y que el diputado federal Mário Frias (PL-SP) ocuparía, "en el terreno hipotético de la investigación", un papel de liderazgo en la supuesta "arquitectura criminal". Para la Policía Federal, el movimiento de recursos entre el parlamentario, el ICB y la empresa Complexsys configura un "circuito financiero cerrado".Frias niega irregularidades. El jueves (10), calificó la operación policial de "cortina de humo", se puso a disposición para colaborar con la entrega de documentos y dijo confiar en el archivo del proceso. Ninguna de las personas citadas ha sido denunciada hasta ahora. Las investigaciones unificadas siguen en curso en el STF, y el material reunido por la Policía Civil paulista fue compartido con la Policía Federal por determinación del ministro.

Una operación de la Fiscalía de São Paulo (MPSP) junto a las policías Civil y Militar detuvo a 15 personas señaladas por los investigadores como integrantes de la "mafia de los celulares", red sospechosa de robo, hurto, receptación y reventa de aparatos en el estado. Según la investigación, el grupo movió unos 460 millones de reales en cinco años. El operativo, llamado Operación Frankmobile, se ejecutó el 10 de septiembre en São Paulo y Goiás, y sus resultados fueron detallados el domingo (13) por Fantástico, programa periodístico de TV Globo.Las cifras del mercado ilegal son grandes. La Fiscalía estima que más de 830 mil celulares fueron robados o hurtados en Brasil en un año, uno cada 38 segundos, y que en São Paulo, la mayor ciudad del país, solo el 6% de los aparatos se recupera. La investigación duró unos dos años y mapeó una cadena dividida en al menos cuatro núcleos: robo y hurto (incluidos vidrios de autos rotos en congestionamientos, latrocinios y hurtos en grandes eventos), desbloqueo y acceso a datos de las víctimas, reventa y desmonte para venta de piezas.De la calle Guaianases al IMEI adulteradoSegún los investigadores, el teléfono quitado a la víctima iba rápidamente a puntos de receptación, donde comenzaban los intentos de acceso a cuentas bancarias y aplicaciones. Una testigo protegida que participó de los crímenes y colaboró con las pesquisas afirmó que los aparatos ya tenían destino definido apenas tras el hurto: la calle Guaianases, en el centro de São Paulo."Probamos que, de hecho, la calle Guaianases siempre fue ese entreposto fundamental para la primera receptación de estos celulares. Es donde ya empiezan los intentos de transferencias bancarias y otros accesos a aplicaciones y contenidos de la víctima", dijo el fiscal Luiz Fernando Bugiga.Tras la receptación, los aparatos iban a núcleos especializados en alterar el IMEI, el número de identificación único de cada celular. Según la Fiscalía, el esquema reemplazaba el IMEI de los teléfonos robados por números de aparatos inactivos y se aprovechaba de fallas en la integración de datos entre fabricantes, operadoras, tiendas y organismos públicos. Sitios alojados en el exterior apoyaban el proceso, facturas fraudulentas daban apariencia legal a la reventa y un cuarto núcleo desmontaba los teléfonos para vender las piezas por separado.Detenciones, perros rastreadores y 60 toneladasEl megaoperativo movilizó a 1.700 agentes y cumplió 84 órdenes de allanamiento y siete de prisión temporaria, todas ejecutadas según la Policía Civil. Detenciones en flagrante y de prófugos elevaron el total a 15 personas presas. La Justicia autorizó el secuestro y bloqueo de bienes y valores por más de R$ 5 millones, y la Secretaría de Hacienda suspendió las inscripciones estaduales de las 18 empresas objetivo. Perros rastreadores de la Policía Penal, entrenados para detectar componentes químicos presentes en los celulares, ayudaron a localizar aparatos escondidos. Fueron incautados unos 10 mil artículos, entre celulares, piezas y accesorios; como eran demasiados para contar uno a uno, los peritos estimaron el peso: cerca de 60 toneladas.Todos los detenidos son investigados y ninguno ha sido condenado. Los reportajes de Fantástico y O Globo no registran manifestaciones de las defensas. Los próximos pasos anunciados por las autoridades son el análisis del material incautado, para identificar víctimas y responsabilizar a los involucrados, y el inicio de los trámites para revocar los registros de las 18 empresas; no se divulgaron plazos. Para dificultar nuevos fraudes, el gobierno de São Paulo pasó a exigir el IMEI en la emisión de facturas electrónicas de celulares.

Una investigación de la Policía Civil y la Fiscalía de Bahía señala a un cabo del Ejército como proveedor de armamentos y municiones de uso restringido a organizaciones criminales que actúan en Salvador, capital del estado. Según un reportaje emitido el domingo (13) por Fantástico, el magacín semanal de TV Globo, el cabo Deivison dos Santos Ferreira, destinado al 6º Batallón de Policía del Ejército en Salvador, habría negociado municiones de fusil, granadas y armas con integrantes de un grupo que revendía drogas y armamentos a facciones. El militar es investigado y, según sus abogados, niega todas las acusaciones.Las pruebas surgieron de celulares incautados en abril en una casa usada para almacenar y preparar drogas en Itapuã, barrio de Salvador. Uno de los aparatos pertenecía a Gabriel Reis Oliveira, señalado por la policía como responsable de comprar y revender armas y drogas a distintas facciones, y en él los investigadores hallaron conversaciones atribuidas al militar. Aunque se identificaba en el chat con un solo emoji, el cabo habría entregado su CPF, el número de identificación fiscal brasileño, y una clave Pix, del sistema de pagos instantáneos de Brasil, para recibir pagos. Esos datos permitieron confirmar su identidad.Cronología del casoLa investigación comenzó en marzo, según el G1 Bahía, y derivó en un operativo desplegado esta semana con unos 250 agentes. Según Fantástico, la operación arrestó a 33 sospechosos: 27 en Salvador y su región metropolitana, dos en el interior de Bahía, tres en Sergipe y uno en São Paulo. La fase ejecutada el jueves (10), informada por el G1 Bahía, detuvo a 23 personas en ciudades como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Juazeiro y Senhor do Bonfim, además de municipios de São Paulo, Sergipe y Espírito Santo. Según la Policía Civil, el grupo movió más de 4 millones de reales y dividía sus tareas en núcleos de mando, finanzas, almacenamiento, logística y venta de drogas, con municiones calibre 5,56 transportadas mediante una empresa de fachada.Para los investigadores, solo a ese grupo el cabo le habría vendido cerca de mil municiones de fusil de los calibres 5,56 y 7,62. También hay registros de negociaciones con granadas, aunque la cantidad exacta desviada todavía no fue identificada. La principal línea de investigación sostiene que municiones y granadas fueron desviadas durante ejercicios militares: el material que sobraba de los entrenamientos, realizados incluso en Paulo Afonso, en el interior del estado, debía volver al depósito de la unidad, y los investigadores sospechan que se alteraban registros de existencias para ocultar las diferencias. El cabo también ofrecía pistolas y fusiles en las conversaciones, aunque no está confirmado que esas armas hayan salido de depósitos del Ejército.Ejército y defensaEn una nota a Fantástico, el Comando de la 6ª Región Militar informó que el cabo está preso preventivamente desde agosto, por orden de la Justicia Militar brasileña, en una investigación relacionada con la desaparición de chalecos balísticos, y que seguirá detenido en una unidad militar a disposición de la Justicia. Una de las órdenes de captura del operativo de esta semana tenía al militar como objetivo, pero él ya estaba detenido.Los abogados del cabo afirmaron, en nota, que él niega todas las acusaciones y que "en el momento oportuno, todos los hechos serán esclarecidos". La defensa también dijo que trabaja para revocar las prisiones preventivas.Los próximos pasos corresponden a la Policía Civil y al Ministerio Público. Los investigadores buscan aclarar el origen de las armas y municiones negociadas e identificar a otros participantes del esquema, ya que en varias conversaciones el cabo menciona a otras personas involucradas en el suministro de granadas y municiones. Para la Policía Civil, todavía es prematuro afirmar que otros militares integraban la organización, pero esa hipótesis no fue descartada. No se anunciaron fechas para nuevos actos de la investigación.

Mensajes interceptados por la Policía Federal de Brasil muestran que integrantes de "A Turma", grupo que, según los investigadores, era pagado por el exbanquero Daniel Vorcaro para intimidar personas y obtener información confidencial, consideraron un revés y lamentaron la salida del ministro Dias Toffoli de la relatoría del caso Master en el Supremo Tribunal Federal (STF). El relator es el ministro encargado de revisar el caso y redactar el primer voto sobre él. La revelación fue publicada el domingo (13) por el diario Folha de S.Paulo, con base en material de la investigación policial.En una conversación de WhatsApp interceptada el 27 de febrero, Bruno Correa Lopes, señalado por la Policía Federal como responsable de la compra de inmuebles y de la intermediación de negocios de la familia Vorcaro, habló con Manoel Mendes Rodrigues, conocido como Manolo, también investigado en la operación Compliance Zero. Manolo envió el enlace de una noticia sobre supuestas desviaciones de fondos de Daniel y Henrique Vorcaro, y ambos discutieron el deterioro de los negocios de la familia con el avance de las investigaciones. El diálogo ocurrió dos semanas después de que Toffoli pidiera dejar el caso."Cobra ahí, por favor, porque lo que pasa... si no, se debilita, y no puedo cobrarle, ¿no? Después de que se lo llevan todo, no podemos seguir cobrando. Quiero resolver esto hoy", dijo Bruno, según la Folha.Cronología del caso12 de febrero: Toffoli admite ser socio de la empresa Marindt, administrada por parientes, y pide dejar la relatoría; los diez ministros firman una nota conjunta que descarta la sospecha.27 de febrero: la Policía Federal intercepta la conversación en la que integrantes de "A Turma" tratan la salida de Toffoli como un revés.28 de agosto: Vorcaro declara ante la Policía Federal y dice no recordar el destinatario de mensajes atribuidos al ministro Alexandre de Moraes.Principios de septiembre: el ministro André Mendonça levanta el secreto de un informe policial con 52 mensajes entre Vorcaro y Moraes, y la crisis se instala en el tribunal.Por qué Toffoli dejó el casoToffoli se apartó el 12 de febrero, el mismo día en que reconoció ser socio de Marindt, una empresa administrada por parientes que integró el grupo del complejo turístico Tayayá, en Paraná, investigado por sospechas de irregularidades. Según A Tarde y UOL, el pedido llegó tras una reunión de los diez ministros, que firmaron una nota conjunta en la que reconocen "la inexistencia de sospecha o de impedimento" y la plena validez de los actos practicados por Toffoli en la relatoría. El caso fue enviado a redistribución libre. Toffoli no es acusado ni procesado penalmente en el caso Master; los mensajes registran la lectura del grupo investigado sobre el cambio, y no una conducta del ministro.Según un informe de la Policía Federal citado por Times Brasil, "A Turma" tenía seis integrantes y recibía unos 400.000 reales al mes. El líder del grupo, según los investigadores, sería el policía federal retirado Marilson Roseno da Silva. Entre los miembros estaba Felipe Mourão, el Sicário (Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão), quien se suicidó tras ser detenido por la Policía Federal, según la Folha. La corporación sostiene que el grupo era remunerado para obtener información, incluso clasificada, comprar servidores públicos, invadir sistemas oficiales e intimidar a quien contradijera intereses de Vorcaro.Vorcaro es investigado por la sospecha de pagar sobornos a directores del Banco Central y por un supuesto filtrado de investigaciones en su contra. En su declaración ante la Policía Federal del 28 de agosto, dijo no recordar el destinatario de mensajes que los investigadores atribuyen a Moraes, y afirmó que la "G" citada en una nota probablemente era el presidente del BC, Gabriel Galípolo. Su defensa dijo al delegado que Vorcaro está dispuesto a colaborar, pero solo en una futura delación premiada.Próximos pasosEl pleno del STF puede decidir este martes (15) si abre una investigación contra Moraes a partir del informe policial con los 52 mensajes. El 23 de septiembre, el tribunal analizará el informe de inteligencia presentado por Moraes, sin valor probatorio según G1, que cuestiona la actuación de Mendonça en la conducción de las investigaciones del Master y del INSS.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil informó este lunes (14) a la Suprema Corte Federal (STF) que está a favor de levantar el secreto de un nuevo frente de la investigación del caso Master: el expediente que reúne detalles de la red de pagos del banquero Daniel Vorcaro, preso en Brasilia, y del banco extinto. La decisión sobre su publicidad corresponde al presidente del tribunal, el ministro Edson Fachin.El dictamen responde a una petición del ministro Alexandre de Moraes presentada el domingo (13). Quiere que el expediente, identificado como Pet 15.645 y distribuido por prevención al ministro André Mendonça, se abra y se ponga a disposición de todos los ministros antes del juicio del martes (15) sobre el informe de la Policía Federal que apunta a una supuesta relación entre él y Vorcaro. Según CNN Brasil, Moraes sostiene que la pieza contiene "elementos esenciales" para ese juicio.La manifestación está firmada por el viceprocurador general de la República, Hindenburgo Chateaubriand Filho. Dijo que la PGR no se había pronunciado antes porque desconocía la existencia del expediente, que ni siquiera aparecía visible para la institución en el sistema del STF, y afirmó que el órgano ha respaldado todas las peticiones de levantamiento de secreto analizadas hasta ahora en el caso."Como se trata de un documento considerado relevante para que un ministro de este Tribunal pueda comprender la totalidad de los factores que involucra el tema a debatirse, en coherencia con las premisas del dictamen anterior, la Procuraduría General de la República entiende que también debe retirarse el secreto", escribió el viceprocurador (traducción del portugués).Cómo llegó el caso hasta aquíVorcaro fue detenido por primera vez el 17 de noviembre de 2025, en el marco de las investigaciones sobre el Banco Master. La Policía Federal localizó 52 mensajes intercambiados entre Moraes y el banquero entre el 21 de diciembre de 2023 y la fecha de esa prisión. Un informe de la corporación, ordenado por Mendonça, afirma que el ministro actuó directamente en el análisis y la edición de un contrato de 130 millones de reales entre el banco y el despacho Barci de Moraes, de la abogada Viviane Barci, esposa de Moraes. La PGR, sin embargo, pide al STF el archivo de ese informe, con el argumento de que su producción fue irregular: habría sido ordenada sin comunicación previa a la presidencia del tribunal, sin sometimiento al pleno y con supuesto direccionamiento.La disputa por los documentos ocupa a la Corte desde hace días. El viernes (11), Mendonça levantó el secreto de decenas de procedimientos tras presiones de la PGR y de ministros por un acceso más amplio al material. Moraes criticó lo que calificó de divulgación "selectiva" y dijo que archivos digitales seguían fuera del conjunto liberado. Según G1, el STF ya hizo públicos 53 procedimientos vinculados al caso Master, tras una petición de Fachin.Qué viene ahoraA Fachin le corresponde decidir si la Pet 15.645 se hará pública. El próximo paso del caso está fijado para el martes (15), cuando el pleno del STF examina el informe de la Policía Federal sobre los mensajes entre Moraes y Vorcaro, en una sesión que debe definir si la Corte abre una investigación contra el ministro. Ninguna de las personas citadas ha sido condenada, y Moraes todavía no es objetivo de una indagación.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil se manifestó este lunes (14) a favor de retirar el sigilo de datos de pagos del Banco Master, en línea con un pedido del ministro Alexandre de Moraes, a un día de la sesión del pleno fijada para este martes (15). La manifestación fue firmada por el viceprocurador general, Hindemburgo Chateaubriand, y enviada al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.Según Folha de S.Paulo, los datos están detallados en un informe del Coaf, el consejo brasileño de inteligencia financiera. El sigilo debe retirarse, sostuvo el viceprocurador, porque se trata de un documento "relevante para que un ministro de este tribunal pueda comprender la totalidad de los factores que involucra el tema a debatirse". La PGR también señaló que los autos del caso no estaban visibles para el órgano.El pedido original lo hizo Moraes en una petición a Fachin el domingo (13). El ministro pidió levantar el sigilo de la PET 15645, distribuida por prevención al ministro André Mendonça, relator del caso Master, con el argumento de que reúne "elementos esenciales" para el juicio de la PET 16662, previsto para el martes. "Solicito a Vuestra Excelencia que determine el levantamiento del sigilo de la PET 15645 y la puesta a disposición de los autos a todos los integrantes del colegiado, antes del juicio", escribió, según G1. Fachin pidió esa misma noche que la PGR se manifestara "con brevedad".El caso y la sesión del martesLa disputa por el sigilo es un capítulo de la crisis que las investigaciones del caso Master abrieron en el STF, la máxima corte de Brasil. Según G1, la Policía Federal localizó 52 mensajes intercambiados entre Moraes y el exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del Master, entre el 21 de diciembre de 2023 y el 17 de noviembre de 2025, día de su primera prisión. El informe de la PF, producido por determinación de Mendonça, apunta una supuesta relación entre ambos y afirma que el ministro actuó directamente en el análisis y la edición de un contrato de 130 millones de reales entre el banco y el estudio Barci de Moraes, de la abogada Viviane Barci, esposa de Moraes. No existe investigación formal abierta contra el ministro: el pleno decidirá si el material justifica ese paso.La PGR ya pidió, en el mismo proceso, el archivo del informe de la Policía Federal. Para el órgano, Mendonça ordenó su elaboración sin comunicación previa a la Presidencia del tribunal, sin someterlo al pleno y con presunto direccionamiento, lo que configuraría un vicio de origen. Ya en marzo, según Folha, la propia Policía Federal había pedido a Mendonça acceso a datos sigilosos del informe de inteligencia financiera, aún sin análisis del relator, para detallar el sistema de pagos del Master y de fondos ligados al banco.El próximo paso está fijado para el martes (15), cuando el pleno juzga la PET 16662. Si los ministros aceptan la tesis del vicio de origen, defendida por la PGR, el fondo de los mensajes puede ni siquiera discutirse. Si la rechazan, la Corte pasará a decidir si los mensajes justifican la apertura de una investigación contra Moraes.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, la máxima corte del país, llega a la sesión del martes (15) sin acuerdo sobre qué ministros juzgarán el informe de la Policía Federal que señaló 52 mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro al ministro Alexandre de Moraes. Según G1, los ministros debaten en privado si Moraes y su colega André Mendonça deben participar en la sesión, que puede abrir una investigación formal contra Moraes.La pauta de la sesión es la regularidad del informe policial. El tribunal solo ha confirmado que los trabajos se transmitirán por TV Justiça, su canal oficial, y que el acceso al plenario será restringido. Moraes ha indicado en conversaciones internas que aún no ha decidido si pedirá hablar y votar, según G1. El domingo (13), el presidente de la corte, Edson Fachin, remitió a la Procuraduría General de la República el pedido de Moraes de acceder a una pieza sigilosa ligada a pagos del Banco Master, sin decidir por sí mismo sobre el acceso, apunta InfoMoney.Posiciones entre bastidoresUn sector del tribunal considera que lo ideal sería que Moraes no acudiera al plenario, para no ejercer presión sobre sus colegas. En el otro campo, ministros alineados con Moraes estudian plantear una cuestión de orden para impedir la participación de Mendonça, con el argumento de que los cuestionamientos sobre su conducción del informe le impedirían votar en el caso. En un despacho del domingo, Mendonça afirmó que "todo el material utilizado para el juicio del próximo martes está disponible, íntegro, a todos los ministros" y que la incorporación de elementos adicionales "solo contribuiría a perturbar el juicio".La Procuraduría General de la República defendió la nulidad del informe y sostuvo que Mendonça dirigió la búsqueda de datos contra Moraes por la Policía Federal y no consultó a la Presidencia del tribunal antes de tomar medidas contra colegas. Si los ministros no deciden apartarse por iniciativa propia, una de las posibilidades es que la cuestión llegue al plenario.Cómo llegó el caso hasta aquíVorcaro, excontrolador del Banco Master, fue arrestado en noviembre de 2025 y es investigado por una sospecha de fraude estimada en 12.200 millones de reales, según la BBC News Brasil. El 1 de septiembre, Mendonça levantó el sigilo de un informe de la Policía Federal con indicios de que Vorcaro habría pedido consejos e intercambiado información con Moraes. Dos días después, Moraes retiró el sigilo de informes de inteligencia policial sobre supuestas conductas irregulares de Mendonça. El miércoles (9), Fachin le quitó el caso a Mendonça, asumió la relatoría y convocó la sesión del martes. Habló con Mendonça el sábado (12) y afirmó que, según el resultado de la sesión, podría aplicarse un tramo del Código de Proceso Civil sobre el impedimento del relator, medida elogiada por ministros alineados con Moraes.Según G1, en los bastidores también se discute la participación de otros ministros citados en el caso Master, como Kassio Nunes Marques y Luiz Fux, además de Dias Toffoli, que dejó la relatoría del caso después de que la Policía Federal señalara una relación entre una empresa de su familia y Vorcaro. Los tres niegan cualquier irregularidad, y la tendencia es que el plenario acepte la participación de Fux y de Nunes Marques. No se descarta un pedido de vista ni el aplazamiento de la sesión. El próximo paso es la apertura del plenario del martes (15), cuando cuestiones preliminares, incluido el quórum, deberán debatirse antes del fondo del informe.

El ministro Gilmar Mendes, decano del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ordenó este domingo (13) a la Policía Federal que envíe a su despacho el contenido íntegro extraído del celular del exbanquero Daniel Vorcaro. La orden sigue la decisión del ministro Cristiano Zanin, que dio a la corporación plazo hasta las 23h de este domingo para entregar una copia del aparato. En la decisión, Gilmar afirma que "no se considera ningún manejo indebido de los datos", según el diario O Globo. El choque ocurre a dos días de la sesión en que el pleno decidirá si abre una investigación formal contra el ministro Alexandre de Moraes.El aparato es un iPhone 17 Pro incautado el 18 de noviembre de 2025, cuando Vorcaro fue arrestado por primera vez en la Operación Compliance Zero, que investiga sospechas de fraudes financieros del Banco Master estimados en 12.200 millones de reales. Vorcaro es investigado y no ha sido condenado. Un informe de la Policía Federal señaló 52 mensajes intercambiados entre el exbanquero y Moraes; según los investigadores, Vorcaro le pedía ayuda al ministro para contener acciones de la policía y de la Fiscalía Federal contra el banco. Parte de las respuestas atribuidas a Moraes habría sido enviada por mecanismos de visualización única o borrados, lo que impidió recuperar por completo las conversaciones, según InfoMoney. En declaración el 28 de agosto, Vorcaro dijo no recordar el destinatario de los mensajes que la PF le atribuye, y su defensa afirmó que está dispuesto a colaborar en el marco de un futuro acuerdo de colaboración premiada.Lo que sostiene cada parteEl relator de Compliance Zero, el ministro André Mendonça, se opone a abrir ahora el contenido íntegro. Sostiene que compartirlo "solo contribuiría a perturbar el juicio" y pondría "en riesgo todo el seguimiento y éxito de las investigaciones", y dice que todos los ministros ya cuentan con el material necesario. Mendonça citó al presidente de la corte, Edson Fachin, según el cual "la gravedad de los hechos no autoriza atajos", y añadió que tampoco se toleran "subterfugios ni desvíos de ruta".Zanin respondió al relator: "no existe jerarquía entre los ministros del STF", escribió, sosteniendo que las pruebas pertenecen al pleno y no a un ministro específico, y que "no se puede oponer a los jueces ninguna restricción al acceso a la información". Recordó que la propia defensa de Vorcaro ya tuvo acceso al material íntegro y dijo necesitar el contenido completo para formarse una convicción y juzgar el caso el martes (15). Moraes apoyó el pedido y escribió que "no le corresponde al ministro relator elegir" los documentos accesibles al colegiado. Gilmar afirmó que retener los datos solo en el despacho de Mendonça compromete el equilibrio interno y la paridad de la corte, y garantizó que el material quedará bajo "régimen riguroso de restricción, con acceso limitado a este Gabinete". La Fiscalía General de la República también pidió que todos los ministros accedan al material íntegro y defiende la nulidad del informe de la PF por entender que la investigación fue conducida de forma irregular, según InfoMoney.La PF informó a Fachin que el aparato y la extracción original nunca salieron de la institución, custodiados con sellos íntegros y cadena de custodia documentada, y que tiene "plenas condiciones técnicas" de producir y enviar copia idéntica a los despachos que la soliciten. La corporación aclaró que el archivo remitido en marzo al despacho de Mendonça era una copia de los datos extraídos, enviada a pedido formal del gabinete, y no el material original. El ministro, por su parte, informa que posee solo una copia de seguridad cifrada y sellada que, según él, nunca ha manipulado.Cómo llegó el caso hasta aquí18 de noviembre de 2025: Vorcaro es arrestado en la primera fase de Compliance Zero; el iPhone es incautado.Marzo de 2026: una copia de los datos extraídos se envía al despacho de Mendonça, relator de las investigaciones.1 de septiembre: Mendonça levanta el secreto del informe de la PF sobre los mensajes entre Vorcaro y Moraes.3 de septiembre: Moraes retira el secreto de informes de inteligencia sobre la actuación de Mendonça.9 y 10 de septiembre: Fachin quita a Moraes la relatoría del expediente de las fake news, convoca la sesión del 15 de septiembre y determina el fin del secreto de los registros del caso.12 de septiembre: Gilmar pide a Fachin acceso al material íntegro; el presidente da 24 horas a la PF para explicar la custodia del aparato.13 de septiembre: la PF dice estar lista para enviar copias, y Zanin y Gilmar dictan sus determinaciones.El próximo paso es la sesión del pleno de este martes (15), cuando los ministros deben analizar el informe sobre los mensajes y decidir si hay elementos para abrir una investigación contra Moraes. El pedido de Moraes para que el pleno también delibere sobre una investigación de Mendonça está previsto para el 23 de septiembre, según G1. El profesor Emílio Peluso, de derecho constitucional de la Universidad Federal de Minas Gerais, evaluó ante BBC News Brasil que el juicio puede ampliarse para discutir otros frentes de la disputa entre los ministros.

El ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este domingo (13) a la Policía Federal que entregue a su gabinete, hasta las 23h, una copia íntegra del celular del banquero Daniel Vorcaro, investigado en el expediente del Banco Master. En la decisión, dirigida al director general de la corporación, Andrei Rodrigues, Zanin afirmó que "no existe jerarquía entre los ministros del Supremo Tribunal Federal". La frase respondió a su colega André Mendonça, que horas antes se había manifestado en contra de liberar el material.El aparato, un iPhone 17 Pro, fue incautado el 18 de noviembre de 2025, en la primera fase de la Operación Compliance Zero, cuando Vorcaro fue arrestado por primera vez. Según la Policía Federal, los datos extraídos están entre los materiales que sustentan las investigaciones sobre el banco e incluyen registros relacionados con el ministro Alexandre de Moraes. La decisión de Zanin llega dos días antes de la sesión del martes (15), en la que el pleno del STF debe analizar el informe policial sobre mensajes intercambiados entre Vorcaro y Moraes. Según InfoMoney, la sesión puede definir si hay elementos para abrir una investigación formal contra el ministro.El choque entre los ministrosZanin sostuvo que necesita el contenido íntegro para formar su convicción en el juicio del martes, "independientemente de otras implicaciones que el material pueda indicar". Para él, los elementos de prueba "pertenecen al pleno del Supremo Tribunal Federal y a sus integrantes y no a un integrante específico", y la sesión del día 15 todavía no tiene objeto definido, y podría exigir el análisis de material extraído del celular del investigado."No se puede oponer a los jueces ninguna restricción al acceso a la información, pues todos ellos están sometidos al deber de sigilo y de desempeñar bien sus funciones, con imparcialidad e independencia."Mendonça, relator de la Operación Compliance Zero, envió este domingo un oficio en contra de abrir el contenido completo en este momento. En su opinión, compartirlo "solo contribuiría a perturbar" el juicio del martes y pondría "en riesgo todo el seguimiento y el éxito de las investigaciones" por las sospechas de fraude que rodean al Banco Master. El ministro alegó que todos sus colegas ya cuentan con el mismo material necesario para el juicio. Al pronunciarse, citó una manifestación del presidente de la corte, Edson Fachin, según la cual "la gravedad de los hechos no autoriza atajos", y añadió: "Tampoco tolera subterfugios ni desvíos de ruta, hacia intereses distintos de los de la Justicia".En la mañana del domingo, la Policía Federal comunicó a Fachin que tiene "plenas condiciones técnicas" de entregar copias de los datos preservando la cadena de custodia. Zanin destacó que el material ya fue puesto a disposición de los abogados de Vorcaro y subrayó que la entrega a su gabinete se produce "sin perjuicio de otros gabinetes que puedan presentar idéntica solicitud". Además de Zanin, Moraes y Gilmar Mendes manifestaron interés en el contenido íntegro, y la Procuraduría General de la República también lo solicitó, para evaluar el contexto de los mensajes.Cómo llegó el caso hasta aquíLa crisis en el tribunal tiene como telón de fondo las investigaciones sobre el Master, el banco propiedad de Vorcaro. El celular en disputa fue incautado en noviembre de 2025. Desde entonces, la Policía Federal produjo un informe con mensajes en los que Vorcaro buscó a Moraes mientras avanzaban las indagaciones. Parte de las respuestas atribuidas al ministro fue enviada por mecanismos de visualización única o borrados, lo que impidió recuperar íntegramente las conversaciones, según InfoMoney. El viernes (11), Fachin decidió mantener en la agenda del martes solo el juicio sobre el caso del informe de investigación y asumió la relatoría del asunto. El próximo paso es la sesión del pleno del STF del martes (15).

La Policía Civil detuvo este domingo (13) a Ronaldo Vivacqua, señalado por la investigación como socio oculto de una de las empresas responsables de la obra del edificio en construcción que se derrumbó sobre una casa en Penha, distrito del este de São Paulo, y mató a seis personas en la madrugada del sábado (12). Según G1, la Justicia decretó la prisión temporal de tres investigados vinculados a la obra. Además de Ronaldo, son objetivos su hijo, Cristiano Vivacqua, señalado como autor del proyecto e ingeniero responsable de la ejecución, e Isis Brandão, que figura formalmente como propietaria de la empresa. Cristiano e Isis son considerados prófugos. Ninguno de los tres ha sido condenado; todos figuran en la investigación como sospechosos.Según la Policía Civil, el nombre de Ronaldo no aparece en los documentos de las dos empresas señaladas como responsables de la obra, pero declaraciones de testigos y documentos antiguos indican que administraba la compañía y participaba efectivamente de la construcción. "Descubrimos que él, en realidad, es un socio oculto", afirmó la delegada Safira Borges Moreira Parente. Ronaldo negó, en una audiencia preliminar, tener participación en la constructora responsable de la obra. El pedido de prisión se fundamentó en que los investigados no se presentaron a las autoridades desde el inicio de las pesquisas. El delegado seccional de Itaquera, Antônio José Pereira, dijo que la policía intentó localizar al propietario de la empresa y al ingeniero responsable justo después del derrumbe, sin éxito, y que equipos también acudieron a las direcciones registradas en la Junta Comercial del estado de São Paulo (Jucesp). Para la delegada Safira, hay indicios de un "intento de ocultamiento".La defensa cuestiona el señalamiento. El abogado de las empresas vinculadas a la obra afirmó que Ronaldo no ejercía función de dirección en la constructora y negó que fuera socio oculto; según la defensa, él solo acompañaba a su hijo, responsable técnico de la obra. La defensa considera "prematura" la orden de prisión y dijo que pedirá la revocación de la detención de Ronaldo. La New Home Construtora, señalada como responsable de la obra, ya informó que abrió una investigación interna sobre el derrumbe.Cronología de las irregularidadesEl terreno acumulaba medidas municipales antes del accidente. En 2019, la obra fue multada e interdictada por falta de licencia, una licencia pedida por la constructora fue negada por el municipio y se aplicó una multa de 119 mil reales, según CNN Brasil. En 2021, la Prefectura acudió a la Justicia para exigir la demolición de la estructura irregular levantada en el lugar. La autorización para la nueva edificación fue concedida con la condición de derribar la estructura anterior, de unos cinco o seis pisos. Una inspección de febrero de 2024, firmada por una funcionaria de la subprefectura de Penha, registró la demolición como cumplida y el proceso judicial fue extinguido. Tras el derrumbe, averiguaciones preliminares de la Contraloría General del Municipio (CGM) indican que la demolición exigida no se habría realizado, y la funcionaria responsable del informe fue apartada inicialmente por 30 días. "Si aquel documento es falso, esa persona también va a responder, civil y penalmente, por el acto que hizo", declaró el alcalde Ricardo Nunes, según Metrópoles. El gobernador Tarcísio de Freitas afirmó que la obra estaba embargada y que hubo incompatibilidad entre la ejecución y lo que había sido autorizado.El derrumbe y la investigaciónEl edificio de 12 pisos en construcción cayó alrededor de las 2 de la madrugada del sábado sobre una casa de la rua Tequici; imágenes de cámaras de seguridad registran la caída a la 1:58, según Metrópoles. Ocho personas que estaban en la casa fueron alcanzadas. Dos fueron rescatadas con vida, un hombre y un niño, y seis murieron: tres mujeres, una de ellas embarazada, dos hombres y una niña de 7 años. El cuerpo de la niña, última víctima que permanecía desaparecida, fue encontrado en la tarde de este domingo, y los bomberos dieron por terminada la búsqueda de emergencia, según G1.La Policía Civil investiga si los responsables conocían los problemas de estabilidad antes del derrumbe. Vecinos buscaron espontáneamente a los investigadores y relataron grietas en la casa alcanzada. Un hombre que tenía familiares en la vivienda contó que intentó comunicarse con la persona que le alquiló el inmueble para informar sobre las grietas, pero no logró resolver el problema. La delegada Safira resumió así la línea de investigación:Empezamos a investigar la posibilidad de que no haya sido totalmente un hecho imprevisible, sino algo que los responsables podrían haber conocido, la inestabilidad de aquella edificación.La policía subraya que todavía no determinó la causa del derrumbe; la conclusión depende, entre otras pruebas, del peritaje de ingeniería de la Policía Científica. Ronaldo fue llevado a la 24ª comisaría (Ponte Rasa), donde prestará declaración, según informó a CNN Brasil el gobierno del estado. La participación de cada uno de los tres investigados será individualizada durante el inquérito policial, y la defensa pretende pedir la revocación de la prisión temporal de Ronaldo.

La Policía Civil de São Paulo detuvo este domingo (13) a Ronaldo Vivacqua, señalado por la investigación como socio oculto de una de las empresas responsables de la obra del edificio que se desplomó sobre una casa en el barrio de Penha, en la zona este de la ciudad, de madrugada del sábado (12). Según G1, la Justicia ordenó la prisión temporal de tres investigados vinculados a la construcción. Ronaldo fue llevado a la 24ª comisaría (Ponte Rasa), donde prestará declaración.Equipos de rescate también encontraron este domingo el cuerpo de una niña de 7 años, la última víctima desaparecida, con lo que el número de muertos subió a seis. Los otros dos mandatos son contra Cristiano Vivacqua, hijo de Ronaldo y señalado como autor del proyecto e ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y contra Isis Brandão, que figura formalmente como propietaria de la empresa; según la policía, ambos son considerados prófugos. Folha de S.Paulo informó que los delitos que podrían imputarse a los investigados aún no fueron confirmados. Nadie ha sido condenado: las prisiones son temporales y los tres son tratados como investigados.CronologíaEl edificio en construcción, de 11 plantas según Folha (CNN Brasil habla de 12), se derrumbó hacia las 2 de la madrugada del sábado en la calle Tequici. Los escombros alcanzaron una casa vecina que albergaba a nueve personas, todas bolivianas, y funcionaba también como taller de costura donde trabajaba la familia. Ocho estaban en la casa en el momento del derrumbe; dos fueron rescatadas con vida. Los muertos son tres mujeres, una de ellas embarazada, dos hombres y la niña de 7 años. Según Folha, las víctimas eran bolivianas y vivían en Brasil desde hacía nueve años. Con la recuperación del cuerpo, el Cuerpo de Bomberos cerró la búsqueda de emergencia y la remoción de escombros pasó a la Prefectura.El terreno acumulaba irregularidades antes del derrumbe. Según CNN Brasil, la constructora tuvo un permiso denegado por la Prefectura en 2019 y, en 2021, una acción judicial pidió la demolición de una construcción irregular en el lugar; inspecciones de la subprefectura de Penha clausuraron la obra y aplicaron multas, una de ellas de 119 mil reales. La policía afirma que el permiso para la nueva edificación estaba condicionado a la demolición de la estructura anterior, de cinco o seis pisos, condición que no se cumplió. Una inspección de febrero de 2024 registró que la demolición se había realizado y el proceso judicial se archivó. Tras el accidente, la Prefectura abrió una investigación en su contraloría general; por las conclusiones preliminares, la demolición no habría ocurrido, y la servidora responsable del informe fue apartada por 30 días. El gobernador Tarcísio de Freitas afirmó que la obra estaba embargada y que hubo incompatibilidad entre la ejecución y lo autorizado. La Defensa Civil dijo que no es posible afirmar relación con las lluvias que alcanzaron la ciudad en la misma madrugada.Lo que dicen policía y defensaSegún la policía, las detenciones se pidieron porque los investigados no se presentaron a las autoridades desde el inicio de la investigación. El delegado seccional de Itaquera, Antônio José Pereira, dijo que policías intentaron localizar al propietario de la empresa y al ingeniero responsable justo después del derrumbe, sin éxito. Equipos fueron a las direcciones registradas en la Junta Comercial de São Paulo (Jucesp) e identificaron, en la evaluación de la delegada Safira Borges Moreira Parente, indicios de un "intento de ocultación". "Descubrimos que él, en realidad, es un socio oculto", dijo la delegada sobre Ronaldo, que no figura formalmente en los documentos de las empresas. La policía informó que Ronaldo negó, en audiencia preliminar, tener vínculo con la constructora responsable de la obra."Empezamos a investigar la posibilidad de que no haya sido totalmente un hecho imprevisible, sino algo que los responsables podrían haber conocido, la inestabilidad de esa edificación", afirmó la delegada Safira, según G1.Vecinos relataron a la policía que la casa ya presentaba grietas antes del accidente, y un hombre con familiares en el inmueble dijo que intentó, sin éxito, contactar a quien le alquilaba la propiedad para informar del problema. La causa del derrumbe no fue determinada y dependerá, entre otras pruebas, del peritaje de ingeniería de la Policía Científica.La defensa cuestiona la versión policial. El abogado de las empresas dijo que Ronaldo no ejercía función de dirección ni era socio oculto: solo acompañaba a su hijo, responsable técnico de la obra. Consideró las prisiones "prematuras" e informó que pedirá la revocación de la de Ronaldo. En una nota anterior, la New Home Construtora, responsable de la obra, dijo que "no hay elementos que permitan afirmar que la causa del incidente derivó exclusivamente de la conducta de la constructora" y, según G1, abrió una investigación interna. El abogado dijo a Folha que la empresa no se pronunciará por ahora.Próximos pasos: Ronaldo Vivacqua presta declaración en la 24ª comisaría y la defensa debe pedir la revocación de su prisión temporal. Los mandatos contra Cristiano Vivacqua e Isis Brandão siguen pendientes de cumplimiento. La investigación individualizará la participación de cada investigado, y la conclusión sobre las causas espera el peritaje de ingeniería, sin plazo divulgado.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino levantó el domingo (13) el secreto de documentos enviados por la Justicia de São Paulo en el caso Dark Horse y unificó bajo su relatoría las investigaciones sobre un supuesto esquema de desvío de dinero público mediante enmiendas presupuestarias del Congreso, contratos ligados a la alcaldía de São Paulo y personas vinculadas al diputado federal Mário Frias (PL-SP). En la decisión, el magistrado señala indicios de conexión entre las pesquisas, plantea la hipótesis de una organización criminal dedicada a captar, mover y ocultar fondos públicos y registra una línea de investigación sobre posibles vínculos del grupo con el PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor facción criminal de Brasil.El material desclasificado provino del juzgado paulista especializado en organizaciones criminales y lavado de dinero, en el foro criminal de Barra Funda. Según la Folha de S.Paulo, Dino ordenó que la Secretaría de Seguridad del estado de São Paulo entregue a la Policía Federal todo el material extraído de los teléfonos de las personas y empresas investigadas, además de computadoras y documentos, que quedarán bajo custodia de la PF con todas las cautelas legales.Un circuito financiero cerradoLa decisión describe transferencias entre el diputado y entidades presididas por la empresaria Karina Ferreira da Gama, productora de la película. La tecnológica Complexsys, contratada por el Instituto Conhecer Brasil (ICB), beneficiario de recursos de enmiendas, recibió transferencias de Frias y también devolvió dinero al propio instituto, además de enviar fondos a la Academia Nacional de Cultura (ANC), organización sin fines de lucro también presidida por Karina Gama. Para la Policía Federal, citada por el ministro, los flujos sugieren la actuación coordinada de un mismo núcleo."Esta circulación de recursos entre el parlamentario, la entidad ejecutora, la empresa contratada y otra organización beneficiaria no se compatibiliza con relaciones negociales independientes y económicamente justificadas. Al contrario, evidencia un circuito financiero cerrado, característico de estructuras destinadas a circular, fragmentar y reintroducir valores entre integrantes de un mismo núcleo de actuación", escribió Dino, en un pasaje traducido del portugués.El despacho también reproduce la tesis de la PF de una posible "confusión patrimonial" entre el instituto, sus contratistas y personas ligadas al grupo, con vínculos societarios cruzados, facturación declarada incompatible con los valores movidos y devoluciones sucesivas de dinero sin justificación económica aparente. Los investigadores apuntan además que Frias transfirió a Go Up Entertainment, empresa ligada a Karina Gama, valores incompatibles con su renta declarada, lo que, en la evaluación policial, descarta que el diputado haya actuado solo como autor de enmiendas después desviadas por terceros y lo sitúa como posible participante activo de la maquinaria financiera. Todo sigue bajo investigación.Cómo llegó el caso hasta aquíDark Horse, película sobre la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro, quedó bajo la lupa después de que el sitio The Intercept revelara en mayo audios grabados en noviembre de 2025 en los que el senador y candidato presidencial del PL Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pide dinero al dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, para terminar la obra. El senador negó haber acordado cualquier ventaja indebida y sostuvo que los recursos eran íntegramente privados. El giro de 61 millones de reales de Vorcaro a la producción se investiga en proceso aparte, bajo la relatoría del ministro André Mendonça, encargado del caso Master en el STF, mientras Dino lleva el frente de las enmiendas. El jueves (10), la Policía Federal cumplió 49 órdenes de allanamiento autorizadas por el STF en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal, en la Operación Make Up, que tuvo entre sus blancos a Frias y a Karina Gama; la Folha contabiliza 29 personas alcanzadas. Las pesquisas apuntan a desvíos del orden de cientos de millones de reales, con irregularidades registradas hasta julio de este año, en delitos como peculado, falsedad documental, lavado de dinero, organización criminal y delitos licitatorios.En un vídeo difundido en redes sociales, su primera manifestación tras los allanamientos, Frias calificó la operación de "cortina de humo": negó irregularidades, dijo que colaborará con las investigaciones y entregará todos los documentos necesarios y afirmó que confía en el archivo del caso. La defensa de Flávio Bolsonaro, por su parte, pidió al menos cuatro veces al STF que todo el caso quedara con Mendonça, sin éxito. Karina Gama no había respondido a pedidos de entrevista de la Agência Brasil. No se ha presentado ninguna acusación y todos los citados son solo investigados. El siguiente paso previsto en la decisión es la entrega del material de la policía civil paulista a la custodia de la Policía Federal; después de eso, las investigaciones siguen bajo la relatoría de Dino, sin fecha anunciada para su conclusión.

El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, autorizó el 24 de julio el bloqueo en el exterior de bienes y activos de bancos vinculados al exbanquero Daniel Vorcaro, preso en el marco de las investigaciones sobre el Banco Master. Según un reportaje de G1 publicado este sábado (12), 11 bienes listados suman más de 1.700 millones de reales, y otros siete aún no tienen valores informados. Los documentos se hicieron públicos solo ahora, después de que el presidente de la Corte, Luiz Edson Fachin, ordenara a Mendonça levantar el secreto de las investigaciones ligadas al banco.La lista fue enviada al STF por el estudio de abogados que representa a la EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante del Banco Master, del Banco Master de Investimento y del Banco Master Múltiplo. Los valores son estimaciones de ese estudio, y el material no incluye imágenes de los bienes. Los activos a recuperar en Estados Unidos incluyen:valor referente a la venta de una aeronave: R$ 280 millones;apartamento dúplex en Miami: R$ 130 millones;residencia de veraneo y residencia para visitas en Miami: R$ 500 millones;residencia y finca de lujo en Colorado: R$ 500 millones;residencia de lujo en Miami: R$ 150 millones;yate atracado en la Florida: R$ 80 millones;bote modelo Cigarette 52 Thunder, en la Florida: R$ 2 millones;cuadro "Mousquetaire", de Pablo Picasso: R$ 40 millones;cuadro "Untitled (Everybody's 2 Cents)", de Jean-Michel Basquiat: R$ 27,5 millones;cuadro "Untitled", de Jean-Michel Basquiat: R$ 25 millones;bote Benetti modelo Oasis 40, que está en Brasil: R$ 154,2 millones.CronologíaLos bancos vinculados a Vorcaro están en liquidación extrajudicial conducida por el Banco Central, con la EFB como liquidadora, y la causa penal tramita en el STF, que investiga fraudes ligados al Master y al INSS, el sistema de pensiones público brasileño. El 19 de junio, el procurador general de la República, Paulo Gonet, pidió el llamado "secuestro" de los activos, medida cautelar del proceso penal que reserva bienes para garantizar una eventual reparación del daño y no equivale a una condena. Mendonça atendió el pedido el 24 de julio. Los investigadores siguen buscando más bienes en el exterior, y las justicias de Estados Unidos, Bahamas e Islas Caimán ya reconocieron la liquidación judicial del Master por el Banco Central y la condición de la EFB como liquidadora.Los argumentosAl pedir la medida, Gonet afirmó que "el avance de las investigaciones reveló que las operaciones ilícitas del Banco Master S.A fueron mucho más amplias y que el perjuicio causado por las infracciones alcanzó cifras multimillonarias". Para él, el secuestro de todos los activos alcanzados por las liquidaciones extrajudiciales "es la única medida capaz de garantizar la correcta destinación del patrimonio en su orden legal y el valor de mercado de los bienes recaudados". En la decisión, Mendonça negó que la medida interfiera en la gestión de las masas liquidandas y escribió:La finalidad inmediata de la decisión es impedir la dispersión o la destinación prematura de los activos ya alcanzados o identificados en el futuro en las liquidaciones extrajudiciales. (...) El objetivo es establecer control judicial penal sobre la destinación final de bienes y valores potencialmente relevantes para la recomposición de los daños.La divulgación de los documentos ocurre en medio de la disputa interna en el STF por el caso Master. Este sábado, Fachin asumió la relatoría de la discusión sobre la supuesta relación entre el ministro Alexandre de Moraes y Vorcaro, y envió a la Presidencia de la Corte los procesos de las investigaciones sobre el Master y el INSS, que quedan paralizados hasta una nueva decisión suya. El martes (15), el pleno debate el informe de la Policía Federal que señaló la supuesta relación entre Moraes y el exbanquero; la Fiscalía pidió la nulidad del material y sostuvo que Mendonça no podía haber pedido la investigación sobre un colega sin autorización del plenario.

La Policía Federal de Brasil encontró, en un disco duro corporativo entregado por el liquidador del Banco Master, una presentación de PowerPoint que describe paso a paso una "fábrica de documentos" montada por empleados de la institución para dar apariencia de legitimidad a 7.155 millones de reales en créditos vendidos al Banco de Brasília (BRB). El hallazgo figura en un informe de análisis policial (IPJ-A 1390980/2026) concluido el 23 de marzo, y fue detallado por g1 este sábado (12), tras la caída del secreto sobre documentos del caso Master.Según el informe, el archivo "Revisão - processos e documentos.pptx" estaba almacenado en el SharePoint del banco, tenía 26,7 MB y 30 diapositivas, una de ellas oculta. Los registros técnicos indican que fue creado el 23 de octubre de 2025, a las 12h09, y modificado por última vez al día siguiente, a las 17h45. La presentación describía un flujo que comenzaba con la extracción de datos reales de clientes y contratos de CredCesta, el programa de crédito consignado del Master, seguía con el procesamiento de esa información en programas informáticos desarrollados para esa tarea y terminaba en lo que la policía clasifica como una "generación industrial de documentos financieros".Entre los papeles estaban Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), títulos bancarios que en Brasil se usan para formalizar deudas, además de términos de consentimiento y poderes, estos últimos generados por correo masivo. La presentación registra también alteraciones de documentos: retirada de fechas de los términos de consentimiento, extracción de páginas específicas y separación de las páginas de firma. Empleados pedían además comprobantes de transferencias financieras sin información que permitiera rastrear las operaciones. Para la policía, el conjunto de actividades involucraba áreas distintas del banco en una "operación coordinada".Cómo los papeles llegaron al BRBLos documentos servían para respaldar una cesión de créditos simulada con Tirreno Consultoria, empresa creada en octubre de 2024 con 100 reales de capital social, sin empleados y sin capacidad operativa, según la pericia. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, Master y Tirreno firmaron 28 instrumentos de cesión de crédito consignado, con más de 1 millón de contratos registrados en los sistemas del banco. No hubo liquidación financiera real: la cuenta de Tirreno, abierta después, permaneció inactiva, y los valores quedaron limitados a asientos contables internos en una cuenta reservada del propio Master. Los papeles fueron luego traspasados al BRB, banco controlado por el gobierno del Distrito Federal de Brasilia, que aceptó los créditos pese a las irregularidades, según g1.El caso hasta aquíEl Master, controlado por Daniel Vorcaro, investigado en el caso, y hoy en liquidación, es objetivo de la Operación Compliance Zero, cuya primera fase ocurrió en noviembre de 2025. Como no logró copiar todo el acervo en los allanamientos, la Policía Federal pidió los equipos al liquidador, que entregó el disco duro el 27 de noviembre de 2025. Estos son los principales hechos establecidos:1 de octubre de 2024: se crea SX 016, luego renombrada Tirreno, con 100 reales de capital social.24 de diciembre de 2024 a 14 de mayo de 2025: Master y Tirreno firman 28 contratos de cesión por 7.155 millones de reales.23 de junio de 2025: André Seixas Maia, que firmó los contratos por Tirreno, envía al BRB un enlace con 1.785 kits documentales.23 y 24 de octubre de 2025: la presentación sobre la producción de documentos se crea y se modifica en el SharePoint del Master.27 de noviembre de 2025: el liquidador entrega el disco duro a la Policía Federal, que localiza el archivo.23 de marzo de 2026: la Policía Federal concluye el informe IPJ-A 1390980/2026.Las conclusiones son de carácter investigativo y no equivalen a condena; todas las personas citadas gozan de presunción de inocencia. El reportaje de g1 no recoge manifestación del Banco Master, del BRB ni de las defensas sobre el contenido de la presentación. Valor Econômico también informó del documento este sábado. El caso Master tramita en el Supremo Tribunal Federal (STF) y alimenta la crisis entre sus ministros. El próximo paso es la sesión del martes (15), mantenida por el presidente del tribunal, Fachin, solo para el caso del ministro Alexandre de Moraes; el 23 de septiembre el STF se reúne para tratar una petición del ministro André Mendonça, relator del caso, según g1.

Una empresa creada con R$ 100 de capital social, sin empleados y sin movimiento bancario efectivo, fue usada por el Banco Master, del fundador Daniel Vorcaro, para simular el origen de R$ 7.155 millones en préstamos consignados, los créditos que en Brasil se descuentan directamente del salario o de la pensión. La conclusión es de la pericia de la Policía Federal, detallada por G1 este sábado (12) y por Poder360 el viernes (11). Según la PF, el dinero de las cesiones nunca llegó a la empresa: los valores eran registrados internamente por el propio banco, que lanzó en su sistema más de 1 millón de contratos atribuidos a la compañía.La empresa nació el 1 de octubre de 2024 como SX 016 Empreendimentos e Participações, con R$ 100 de capital, de los cuales solo R$ 10 fueron aportados: R$ 5 de cada uno de los dos socios fundadores. En diciembre de 2024 pasó a llamarse Tirreno Consultoria Promotora de Crédito e Participações, adoptó formalmente la promoción de crédito como actividad y elevó en el papel su capital a R$ 30 millones, que serían aportados en hasta 12 meses. La pericia afirma no haber encontrado evidencias ni documentos de que ese dinero haya sido pagado.Entre el 24 de diciembre de 2024 y el 14 de mayo de 2025, Master y Tirreno firmaron 28 contratos de cesión de crédito por un total de R$ 7.155 millones. Veinticinco de ellos, unos R$ 5.960 millones, se firmaron antes de que los cambios de nombre y administración se registraran en la Junta Comercial de São Paulo, lo que ocurrió el 15 de abril de 2025. André Felipe de Oliveira Seixas Maia firmó los 28 contratos en nombre de la empresa, aunque solo apareció formalmente como director después. Las firmas de un lote de 26 contratos, de R$ 6.340 millones, fueron reconocidas ante notario de una sola vez, el 13 y el 14 de mayo de 2025. La PF calificó el hallazgo como formalización notarial tardía y pidió la validación de la cadena documental.La investigación identificó patrones inusuales en los contratos, empleadores con inconsistencias registrales y producción de documentos a escala dentro de la propia estructura del Master. El 22 de mayo de 2025, cuando el banco pidió datos registrales de la Tirreno, facturación, patrimonio, clientes y proveedores llegaron en cero o en blanco. La primera cuenta corriente de la empresa solo se abrió el 23 de mayo, en el propio Master, y permaneció sin saldo y sin movimiento, según la PF.Venta al BRB y "fábrica de documentos"Los créditos fueron revendidos al Banco de Brasilia (BRB), que inicialmente compró las carteras sin la debida verificación y solo después comenzó a exigir documentos, según la corporación. El 23 de junio de 2025, Seixas Maia envió al BRB un enlace de almacenamiento con 1.785 kits documentales sobre las cobranzas. El 4 de julio, el comité de prevención de lavado de dinero del Master decidió cerrar las alertas de irregularidad y no comunicar el caso al COAF, el consejo que recibe las sospechas de operaciones financieras en Brasil. En octubre de 2025, los créditos atribuidos a la Tirreno correspondían al 64% de todos los recibibles de consignados administrados por el Master en el sistema Função 13.Según G1, la PF también describió una "fábrica de documentos" montada por empleados del banco. Una presentación de PowerPoint hallada en un disco duro corporativo, entregado por el liquidador del Master el 27 de noviembre de 2025, detalla la extracción de datos reales de clientes del programa CredCesta, el procesamiento en softwares dedicados y la generación industrial de cédulas de crédito bancario, términos de consentimiento y poderes, con retiro de fechas y de páginas de firma. Las conclusiones integran un informe de análisis de la policía concluido el 23 de marzo de 2026.Lo que dicen las partesLa PF calificó la operación de R$ 7.000 millones como "completamente atípica". Según Poder360, el presidente del BRB declaró ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que la Tirreno nunca recibió los recursos, versión que, según la corporación, es corroborada por Vorcaro, investigado en el caso. Vorcaro habría admitido que la operación con la Tirreno fue cancelada y que el dinero no fue entregado ni a la empresa ni al BRB. "¿Cómo puede una empresa que no recibió valor alguno (Tirreno) y tuvo la operación cancelada comprometerse a readquirir carteras por valor de 7 mil millones de reales?", cuestiona la PF en la representación.La Sociedade de Crédito Direto Cartos, señalada por la PF como controladora de la Tirreno, negó en nota tener relación contractual, comercial u operativa con la empresa y afirmó que no originó, estructuró, comercializó, intermedió ni cedió créditos del caso. El BRB no respondió a Poder360. El caso Master tramita en el STF bajo la relatoría del ministro Edson Fachin, que programó para el 23 de septiembre la sesión en que analizará peticiones vinculadas a la investigación, según G1. La investigación está en curso y ninguna de las personas citadas ha sido condenada.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el ministro Edson Fachin, rechazó este sábado (12) las peticiones de juzgar en conjunto los casos de los ministros Alexandre de Moraes y André Mendonça. La sesión extraordinaria del martes (15 de septiembre) sigue reservada exclusivamente al análisis del informe de la Policía Federal que registró más de 50 mensajes del banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, a Moraes. En la misma decisión, Fachin fijó para el 23 de septiembre el examen de las cuestiones sobre la conducta de Mendonça en los casos Master e INSS, este último ligado al instituto de seguridad social brasileño.Según G1, Moraes había pedido a la presidencia del tribunal que el pleno decidiera en conjunto si se abren o no investigaciones contra él y contra Mendonça. El ministro alegó "riesgo concreto de decisiones contradictorias y de tumulto procesal" si los casos se analizaran por separado. Folha de S.Paulo informa que Fachin también negó un oficio del decano, el ministro Gilmar Mendes, que pedía incluir el informe sobre Mendonça en la misma sesión y aplazar la fecha.Para Fachin, los procesos están en fases distintas. El caso de los mensajes de Moraes ya estaba listo y liberado para juicio, mientras que el procedimiento sobre Mendonça aún tiene plazos abiertos para recolectar información y recibir manifestaciones formales. Llevar el segundo al pleno antes del cierre de esos plazos inviabilizaría el análisis, concluyó el presidente. En la decisión, citada por Folha, mantener el martes solo el caso de Moraes "asegura la precisa delimitación del objeto de la deliberación de este Tribunal, viabilizando la apreciación de materia cuyo contradictorio y esclarecimiento preliminar ya se habrá perfeccionado".Cómo llegó el caso hasta aquíEl enfrentamiento es un desdoblamiento de las investigaciones de la Policía Federal sobre fraudes en el Banco Master, dentro de la Operación Compliance Zero, que llevó a la prisión de Vorcaro. Un informe policial producido a pedido de Mendonça registró los mensajes entre el banquero y Moraes, divulgados primero por el diario Estadão. Según Folha, en vísperas de su detención, Vorcaro pidió a Moraes información sobre la investigación, concertó encuentros con él y llegó a preguntar si debía huir del país. El material también menciona al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al procurador general de la República, Paulo Gonet. Moraes respondió con base en un "informe de inteligencia" del órgano, sin valor probatorio, enviado al STF por su orden en la investigación de las fake news, y pidió que su colega fuera investigado por abuso de autoridad.Lo que alega cada parteMoraes acusa a Mendonça de hacer una "elección selectiva" en la divulgación de los documentos del caso Master. Según el ministro, el relator levantó el secreto de solo una parte de los procedimientos y omitió cerca de 180 piezas y archivos del sistema del tribunal, y por eso exige el fin total del secreto. Mendonça niega haber actuado de forma selectiva y afirma que hizo públicos todos los procedimientos disponibles. Dijo que cumplió el plazo fijado por Fachin, que había acogido un pedido de la Procuraduría General de la República para la caída del secreto, y calificó el mantenimiento del sigilo sobre algunos fragmentos como una medida "prudente y responsable", para preservar investigaciones en curso y proteger datos personales, bancarios y fiscales de los involucrados. El informe de inteligencia que respalda el contraataque apunta una falta de imparcialidad y un supuesto direccionamiento selectivo de las investigaciones contra blancos políticos, como el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el propio Moraes.El pleno examinará ahora los dos casos en fechas separadas. El martes (15), los ministros analizan el informe sobre los mensajes y deben decidir si abren una investigación contra Moraes. El día 23, el tribunal examina las cuestiones sobre la conducta de Mendonça en los casos Master e INSS. Folha describe el choque entre ambos ministros como la mayor crisis institucional reciente del tribunal, en el contexto más amplio de las investigaciones del Banco Master, que incluyen el supuesto direccionamiento de enmiendas parlamentarias para financiar la película Dark Horse, biopic del expresidente Jair Bolsonaro.

Documentos de la Policía Federal señalan que el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, y empresarios investigados por vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, en el sector de combustibles usaban la misma estructura financiera para mover dinero y ocultar patrimonio. Según el G1, que tuvo acceso a los documentos enviados al 7.º Juzgado Criminal Federal de São Paulo y desclasificados esta semana por el Supremo Tribunal Federal, el punto de encuentro entre los dos grupos era la distribuidora de valores Trustee y su director, Artur Martins de Figueiredo.La conexión apareció en la Operación Quasar, que investigaba el uso de fondos para esconder bienes atribuidos a Roberto Augusto Leme da Silva, alias Beto Louco, y a Mohamad Hussein Mourad, alias Primo, señalados por la Policía Federal como jefes de un esquema criminal en el sector de combustibles. Al analizar el celular incautado a Artur durante los allanamientos, los investigadores encontraron conversaciones sobre operaciones del Banco Master. En los mensajes, Ascendino Madureira Garcia, conocido como Dino, transmitía a Artur órdenes atribuidas a Vorcaro y exigía la ejecución técnica de las operaciones mediante los fondos administrados por Trustee. En un intercambio, tras recibir una hoja de cálculo con la red de fondos, empresas y cuotistas involucrados, Ascendino respondió con una figurita de Leonardo DiCaprio en la película "El lobo de Wall Street".La misma maquinariaPara la Policía Federal, Vorcaro sería el beneficiario final de las operaciones, Ascendino actuaría como intermediario y Artur sería el responsable de la ejecución técnica y de la formalización de los documentos en los fondos de Trustee. Los investigadores sostienen que la distribuidora aparece en los dos lados del esquema: administraba fondos usados en operaciones atribuidas al núcleo de Mohamad y, al mismo tiempo, ejecutaba demandas relacionadas con el Banco Master. La estructura usaba fondos de inversión, empresas y sociedades de propósito específico para crear capas entre los recursos y sus beneficiarios finales, con ajustes contables y cambios en la valoración de activos para dar apariencia legítima a transacciones sospechosas, según el informe. En el brazo de los combustibles, el objetivo sería proteger el patrimonio de fiscalizaciones y ejecuciones tributarias. El Banco Central decretó el 3 de septiembre la liquidación extrajudicial de Trustee y Banvox, distribuidoras ligadas a un exsocio del Master, un paso reportado también por UOL e InfoMoney. La Receita Federal ya señaló, en un levantamiento citado por el G1, que el PCC controla al menos 40 fondos de inversión con un patrimonio superior a 30.000 millones de reales.Cómo llegó el caso hasta aquíHasta el hallazgo de los mensajes, los dos expedientes tenían objetos distintos: uno investigaba lavado de dinero en el sector de combustibles, con foco en fondos administrados por Trustee, Reag y la antigua Ruby Capital; el otro examinaba operaciones financieras del Banco Master. El análisis del teléfono llevó a la Policía Federal a pedir el intercambio de pruebas entre las dos investigaciones. Beto Louco y Mohamad ya fueron denunciados por lavado de dinero y falsedad ideológica en un esquema de 1.000 millones de reales y son considerados prófugos. Según la Policía Federal, Beto Louco sería integrante del PCC y propietario de facto del grupo económico, que incluye a Aster Petróleo y Copape, mientras Mohamad actuaría en el núcleo operativo.Las defensas niegan las acusaciones. En una nota sobre la Operación Carbono Oculto, la defensa de Mohamad afirmó que las investigaciones presentan "hechos no probados" dentro de una "narrativa desconectada de la realidad". La defensa de Beto Louco declaró que demostrará la improcedencia de las acusaciones. El G1 informó que buscó a las defensas de Vorcaro, Ascendino, Artur y Trustee, sin respuesta hasta la publicación. Todos los citados en el informe siguen en condición de investigados, sin condena.El caso del sector de combustibles tramita en el 7.º Juzgado Criminal Federal de São Paulo, adonde fueron enviados los documentos. Los próximos pasos registrados son el tratamiento del pedido de la Policía Federal de compartir pruebas entre los dos expedientes y las respuestas de las defensas de Vorcaro, Ascendino, Artur y Trustee, que aún no se han pronunciado públicamente sobre este informe.

Michael Brian Davis, productor estadounidense que se identifica como socio mayoritario de Go Up Entertainment LLC, rechazó entregar voluntariamente a la Policía Federal de Brasil datos sobre los gastos de "Dark Horse", la película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro. En un correo del 2 de septiembre adjuntado al expediente ante el STF, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, Davis afirmó que los documentos de la empresa custodiados en Estados Unidos solo se entregarán a las autoridades brasileñas mediante orden de un juez estadounidense.Según G1 y Folha de S.Paulo, la PF envió el 19 de agosto un oficio a la productora Karina Ferreira da Gama, socia de Go Up en Brasil, con un plazo de diez días para la presentación voluntaria de documentos. La policía pidió copias de facturas emitidas y recibidas en el exterior, contratos con actores extranjeros, entre ellos Jim Caviezel, que interpreta a Bolsonaro, además de comprobantes de pago, instrumentos de cambio, notas fiscales y documentos societarios vinculados al financiamiento. Karina reenvió el oficio a Davis el 2 de septiembre y pidió apoyo para redactar la respuesta; el productor contestó el mismo día con la negativa.En el mensaje, publicado íntegramente por G1, Davis escribió:"De acuerdo con la orientación de nuestros abogados en Estados Unidos, informo que, en mi condición de socio mayoritario de GOUP Entertainment LLC, no autorizo el envío a las autoridades brasileñas ni a terceros de documentos societarios, contables, fiscales, bancarios o contractuales de la empresa custodiados en Estados Unidos sin la estricta observancia del debido proceso legal estadounidense."Davis escribió además que las requisitorias de autoridades brasileñas sobre documentos bajo jurisdicción estadounidense deben formalizarse "exclusivamente por los canales diplomáticos y de cooperación jurídica internacional competentes, incluida, cuando corresponda, una carta rogatoria o una solicitud de asistencia judicial mutua". A su juicio, toda entrega solo puede ocurrir "mediante orden emanada de un juez estadounidense". Pidió que ningún documento de la empresa se comparta sin validación previa de los abogados de Go Up en EE.UU.El caso en resumenLa película se basa en la biografía de Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe según Folha. La producción ganó notoriedad tras la divulgación, por el sitio Intercept Brasil, de conversaciones en las que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y candidato presidencial en las elecciones de 2026, pide recursos al exbanquero Daniel Vorcaro para financiar la obra. Desde julio, Flávio es formalmente investigado en el inquérito a cargo del ministro André Mendonça, que examina transferencias de al menos 24 millones de dólares, unos 122,7 millones de reales al cambio actual, de Vorcaro a la película. Los investigadores sospechan, según G1, que parte del dinero no se usó en la producción. Un segundo inquérito, del ministro Flávio Dino, investiga si Go Up financió el filme con enmiendas presupuestarias del Congreso. El jueves 10, la PF cumplió mandatos de busca y aprehensión contra sospechosos de desvío de enmiendas, entre los objetivos el diputado federal Mario Frias y Karina. Los correos se hicieron públicos después de que Mendonça levantara el sigilo de documentos del caso el viernes 11.Folha informa que Flávio prometió una rendición de cuentas pública sobre el financiamiento, pero delegó a Go Up la divulgación de un balance. Flávio y los demás citados en el inquérito tienen condición de investigados y gozan de presunción de inocencia.Próximos pasosCon la negativa a la entrega voluntaria, la PF solo puede acceder a los registros guardados en Estados Unidos mediante cooperación jurídica internacional, justamente la vía señalada por Davis. Una solicitud de asistencia judicial mutua o una carta rogatoria debe tramitar ante la justicia estadounidense antes de cualquier entrega, y no hay fecha definida para esa formalización. En el Supremo, los inquéritos de Mendonça y Dino siguen abiertos, y los investigadores sostienen, según G1, que aún falta identificar el origen del dinero, el tránsito de los valores y los beneficiarios finales de la operación.

La Policía Federal de Brasil sostiene que dos funcionarios que ocupaban puestos de mando en la supervisión bancaria del Banco Central recibieron sobornos de Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master, para actuar como asesores informales del banquero dentro de la propia institución que debía fiscalizar su banco. Según la corporación, Paulo Sérgio Neves de Souza, entonces subjefe del Departamento de Supervisión Bancaria (Desup), y Belline Santana, jefa del departamento, preparaban a Vorcaro para reuniones con directores y con el entonces presidente de la autarquía, Roberto Campos Neto, y revisaban documentos de fiscalización. Las acusaciones figuran en una representación enviada al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte brasileña, el 27 de febrero de 2026, hecha pública el jueves tras la decisión del ministro André Mendonça de levantar el secreto sobre procedimientos vinculados al Master, según la BBC News Brasil. El caso está en fase de investigación y ninguna de las personas citadas ha sido condenada.En la lectura de los investigadores, la dupla defendía los intereses del Master dentro del Banco Central y se comportaba, en varias ocasiones, como "empleados" del banquero. La asesoría habría comenzado en octubre de 2023, cuando Paulo Sérgio asumió el cargo: sugirió estrategias, adelantó posiciones internas de la institución y orientó a Vorcaro sobre qué decir en encuentros con la cúpula del banco, sostiene la PF. La corporación dice haber encontrado indicios de que Belline también actuó de forma consistente y recurrente como asesora informal, con reuniones privadas e interlocución directa con Vorcaro. En diciembre de 2023, según el G1, Paulo Sérgio sugirió puntos a tratar en reuniones del banquero con el "Presi"; en su declaración, confirmó que "Presi" era Roberto Campos Neto. Los principales hitos del caso, según los documentos ahora públicos, son:Octubre de 2023: Paulo Sérgio asume la subjefatura del Desup y, según la PF, empieza a asesorar a Vorcaro; Fabiano Zettel registra el primer pago a Belline.Febrero de 2024: antes de un encuentro de Vorcaro con el director de fiscalización, Ailton Aquino, Paulo Sérgio le advierte de posibles preguntas sobre la gestora Reag, según la BBC News Brasil.Enero de 2025: una lista de pagos pendientes del mes reserva 750.000 reales solo para Belline.28 de marzo de 2025: el BRB, banco controlado por el gobierno del Distrito Federal, anuncia un acuerdo para comprar el 58% del capital total del Master; la operación Compliance Zero apunta aportes de unos 12.000 millones de reales en carteras de crédito de nómina de origen "altamente dudoso".2 de octubre de 2025: Belline crea el grupo de WhatsApp "Master", con Vorcaro y Paulo Sérgio.27 de febrero de 2026: la PF firma la representación al STF.10 de septiembre de 2026: Mendonça levanta el secreto y el material se vuelve público.Viaje a Disney y pagos mensualesPara la PF, los mensajes muestran que el servicio en favor del banquero tenía un precio. Los dos funcionarios habrían recibido ventajas materiales costeadas por Vorcaro: un viaje de lujo a Disney para Paulo Sérgio y su familia y pagos mensuales y reiterados a Belline. Los giros a Belline los gestionaba Fabiano Zettel, cuñado del banquero. En octubre de 2023, Zettel escribió: "Hoy hay que pagar el primero de Belline, ok?". Vorcaro respondió: "Ok". En enero de 2025, Zettel le envió a Vorcaro la lista de pagos pendientes del mes: solo para Belline, 750.000 reales.La pieza también reproduce el trabajo de revisión de documentos. El 25 de abril de 2025, Vorcaro pidió a Paulo Sérgio que revisara un borrador de respuesta a un termo de comparecimento, citación formal para dar explicaciones ante el Banco Central; el funcionario propuso cambiar "captación de ingresos" por "captación de recursos", corrigió una fecha y cerró: "Importante protocolar rápidamente". El 27 de octubre de 2025, el banquero compartió en el grupo "Master", abierto por Belline con el mensaje "Creé este grupo con la intención de facilitar nuestra interlocución", el borrador de un oficio de actualización de acciones dirigido al propio Desup: "Sigue borrador para evaluación". Paulo Sérgio también recomendó prudencia frente al BRB: "considero imprudente citar el problema en el canal BRB".Declaración y defensasAl declarar, Paulo Sérgio dijo que la orientación se dio en un contexto específico, con Vorcaro denunciando persecución dentro del sistema financiero: "Si el S1 te está persiguiendo, quien puede hacer algo es la directoría. Entonces, aprovecha para hablar con Roberto". Presionado por el delegado, calificó el episodio de "muy específico". El delegado respondió:Para quien no está acostumbrado al trabajo de ustedes, esto parece mucho más un trabajo casi de consultor del banco que de consultor del Banco Central. Usted está trabajando casi como un gestor estratega del Banco Master.Las defensas de Paulo Sérgio de Souza y de Belline Santana afirmaron que los dos siempre actuaron dentro de sus atribuciones en el Banco Central y que los contactos con el Banco Master fueron estrictamente institucionales, sin ninguna interferencia en las actividades de fiscalización. Las defensas de Daniel Vorcaro y de Fabiano Zettel no quisieron comentar.Los mensajes integran los procedimientos sobre el Banco Master que corren en el STF bajo responsabilidad del ministro André Mendonça. A los investigados les asiste la presunción de inocencia hasta una decisión final. Los próximos pasos dependen de que la PF y la Procuraduría General de la República formalicen eventuales acusaciones y de las decisiones del ministro sobre el curso de la investigación. No hay fecha fijada.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça defendió este viernes (11) la decisión que apartó preventivamente del cargo al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al director de Inteligencia de la institución, Leandro Almada da Costa. En un despacho enviado al presidente del tribunal, Edson Fachin, el ministro negó que la medida represente una lesión al orden público, criterio usado para suspender el apartamiento, y rechazó la acusación de invadir competencias del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según el portal G1.La manifestación, firmada en la noche del viernes, responde al pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU, el órgano jurídico del gobierno) para mantener suspendida la decisión, según informó Metrópoles. Mendonça rebatió el argumento de que la salida de los dos delegados desorganizaría la cadena de mando y sostuvo que la Policía Federal, la principal agencia investigativa federal de Brasil, tiene cuadro técnico para sustituirlos sin perjudicar su funcionamiento."Con la debida venia a la AGU, la Policía Federal es institución del Estado, compuesta por miles de miembros que ingresaron a sus carreras tras aprobar un riguroso concurso público, poseyendo, por tanto, un amplio y valioso cuadro de profesionales técnicos y calificados para asumir los cargos directivos de más alto nivel", escribió el ministro, según Metrópoles.El ministro también negó interferencia en el Ejecutivo. Para él, la medida no impide al jefe de gobierno nombrar a otras personas para los cargos ni exonerar a los actuales ocupantes. Mendonça citó precedentes del tribunal que admiten el apartamiento cautelar de servidores por decisión judicial, entre ellos la resolución del ministro Alexandre de Moraes que bloqueó el nombramiento de Alexandre Ramagem como director general de la Policía Federal.Cronología del casoEl apartamiento fue determinado por Mendonça el martes (8). El miércoles (9), el ministro Flávio Dino reincorporó a Andrei en una decisión propia y, horas después, Fachin suspendió ambas determinaciones, mantuvo al director general en el cargo hasta que el plenario decida el tema y calificó las medidas como "grave lesión al orden público", según Folha de S.Paulo. El episodio es un desprendimiento de la crisis entre Mendonça y Moraes en el caso Master, que investiga sospechas en torno al Banco Master y al empresario Daniel Vorcaro. Andrei niega espionaje y afirmó que el informe sobre Mendonça fue elaborado a pedido de Moraes, según Poder360 y Gazeta do Povo. Nadie ha sido condenado y el apartamiento es una medida exclusivamente cautelar.El viernes, la AGU reafirmó su posición en una pieza firmada por el abogado general de la Unión, Jorge Messias. Para el órgano, un apartamiento cautelar "sin justa causa" interfiere directamente en la competencia constitucional del presidente sobre la dirección de la administración federal, y una medida de esa naturaleza presupone circunstancias excepcionales, informa Metrópoles. El mismo día, Mendonça respondió también al ministro Cristiano Zanin y afirmó que el celular incautado a Vorcaro está bajo custodia de la propia Policía Federal, quedando en su gabinete solo una copia "sellada e intacta" de los datos, según InfoMoney.El próximo paso es el plenario del STF, que decidirá si el apartamiento se mantiene. Fachin todavía no fijó fecha para el juzgamiento. Este viernes, el ministro Gilmar Mendes pidió a Fachin que asuma el caso que involucra a Moraes y que el informe de la Policía Federal sobre Mendonça sea analizado junto con las demás cuestiones, según G1.

Una cuenta de la Iglesia Bautista de Lagoinha, en el barrio Belvedere de Belo Horizonte, movió 57,1 millones de reales entre el 24 de diciembre de 2024 y el 8 de diciembre de 2025, en operaciones que la Coaf, la unidad de inteligencia financiera de Brasil, clasificó como atípicas. El informe fue enviado a la Policía Federal en febrero y solo se hizo público la noche del jueves (10), cuando el Supremo Tribunal Federal levantó el sigilo de las investigaciones del caso Master, centradas en el ex dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro. La congregación era administrada por Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro y descrito por los investigadores como operador financiero de su grupo. Vorcaro y Zettel están presos y figuran como investigados; ninguno de los dos ha sido condenado.Según Folha de S.Paulo, que tuvo acceso al documento, la cuenta en el Banco do Brasil registró 28.493.311 reales en créditos y 28.617.002 en débitos, un total de 57.110.313. El volumen equivale a unas 60 veces la facturación anual estimada de la institución religiosa, calculada en 950.000 reales. Para la Coaf, las operaciones, "por su habitualidad, valor y forma", pueden configurar un "artificio para burlar la identificación del origen, del destino, de los responsables o de los destinatarios finales" del dinero.La cadena Band informó otros detalles del informe. Zettel figura como apoderado y representante legal de la iglesia y como remitente de 26 transferencias que suman 19,2 millones de reales. El documento indica que los recursos recibidos se transferían principalmente a empresas de construcción, entre ellas AFEB Estruturas Metálicas, que recibió 86.200 reales, y BPO Gestão de Disponível, pagada con 62.600. En total, el texto menciona a 823 personas y empresas del entorno de Zettel: 303 personas físicas y 520 compañías.El informe también describe gastos de lujo. Moriah Asset, empresa ligada a Zettel, compró en abril de 2025 una Range Rover por 1,53 millones de reales, con una entrada de 1,23 millones de origen no identificado, y en diciembre del mismo año adquirió un Cadillac Escalade por 1,6 millones y un Audi RS6 por 650.000. En operaciones inmobiliarias de Super Empreendimentos, también representada por Zettel, un inmueble se negoció por 48 millones de reales cuando el valor de referencia era de 6,99 millones, y otro por 16,99 millones contra una referencia de 3,74 millones. En ambos casos hubo pagos anticipados, de 5 y de 11 millones, sin registro del medio utilizado.Cómo llegó el caso hasta aquíDiciembre de 2024 a diciembre de 2025: periodo de las operaciones detectadas por la Coaf en la cuenta de la iglesia.Febrero de 2026: la Coaf envía el informe a la Policía Federal, que investiga a Vorcaro y su círculo en la Operación Compliance Zero.Marzo de 2026: Zettel es detenido, según ICL Notícias, y la congregación de Belvedere cierra sus puertas.Jueves (10): el ministro André Mendonça, relator del caso, levanta el sigilo de la Petición 15.556, considerada la principal investigación, a pedido del presidente del tribunal, Edson Fachin.Viernes (11): los informes llegan a la prensa y la defensa de Vorcaro pide filtrar lo que sigue bajo sigilo.Lagoinha Global, la red presidida por el pastor André Valadão, afirmó que las iglesias locales tienen liderazgo propio y autonomía financiera. En una nota, dijo que en la época fue informada de que los recursos pagarían reformas en el templo, y que los valores se describían como fondos captados por Zettel para las obras, no como diezmos ni ofrendas."Los montes involucrados en las movimentaciones ahora divulgadas, sin embargo, no eran conocidos por la institución, y su dimensión solo se conoció a partir de las investigaciones."Lo que vieneLa defensa de Vorcaro sostiene que la divulgación integral de los archivos puede exponer material personal, como imágenes de familiares y mensajes con sus abogados, y pidió al relator "extrema prudencia" ante nuevas liberaciones. El próximo paso es la sesión del plenario del STF del martes (15), convocada para discutir la validez del informe de la Policía Federal sobre el ministro Alexandre de Moraes, el juicio que motivó la apertura de los autos. Los reportajes consultados no registran respuesta pública de la defensa de Zettel.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça buscó al presidente de la Corte, Edson Fachin, este miércoles (9) y le exigió una respuesta institucional al fallo del ministro Flávio Dino que devolvió al mando de la Policía Federal a Andrei Rodrigues. Según Folha de S.Paulo, Mendonça fue tomado por sorpresa por la decisión y la considera ilegal porque revirtió en la práctica el alejamiento que él había ordenado el martes (8). El ministro no planea reaccionar dentro del expediente.Interlocutores escuchados por Folha dicen que Mendonça espera que Fachin conduzca la salida del impasse. En la lectura de su grupo, Dino habría atropellado tanto los trámites del presidente del tribunal como el fallo de la Segunda Turma, un panel de cinco ministros que había confirmado el alejamiento por mayoría. Otros integrantes de la Corte también aguardan una manifestación de Fachin ante la sucesión de decisiones contradictorias, según el diario.Dino restituyó a Rodrigues y al director de Inteligencia Policial de la PF, Leandro Almada, al atender un pedido presentado en una investigación de su relatoría sobre enmiendas parlamentarias destinadas a "Dark Horse", película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro. Para el ministro, el alejamiento nació viciado porque partió de una solicitud del partido Novo, sin legitimidad para pedir medidas cautelares penales. "Es inequívoca la ilegitimidad activa del partido Novo para solicitar la medida cautelar", escribió Dino. El ministro añadió que nombrar y exonerar al director de la Policía Federal es atribución exclusiva del presidente de la República, defendió que la controversia la resuelva el plenario, prohibió nuevas cautelares personales contra los dos delegados y ordenó el regreso de las actividades de la Dirección de Inteligencia. Al señalar que Mendonça aparece citado en los informes de inteligencia que fundamentaron el alejamiento, Dino preguntó si "una parte puede ser juez de sí misma".Cómo llegó el caso hasta aquíLa crisis entre ministros del tribunal nació de informes de inteligencia de la PF que, según Mendonça, mostrarían un monitoreo ilegal y espionaje contra él y contra el abogado general de la Unión, Jorge Messias, producidos para sustentar medidas del ministro Alexandre de Moraes. El martes (8), Mendonça alejó preventivamente a Rodrigues y Almada, prohibió elaborar y compartir informes de inteligencia sobre magistrados, fiscales y policías y envió la decisión a la Segunda Turma, que la confirmó por mayoría, según BBC News Brasil. Rodrigues apeló a Dino, que revirtió el cuadro el miércoles (9). En el fallo, Dino calificó la suspensión del trabajo de inteligencia como algo inédito en la historia de la corporación y mencionó informaciones sobre un encuentro de Mendonça con el empresario Daniel Vorcaro, preso en la investigación del Banco Master, aclarando que no juzga el episodio.Dentro del tribunal crece la presión sobre Fachin. Ministros evalúan, según Folha, que el presidente de la Corte actúa sin sentido de urgencia, mientras Fachin repite a su equipo que prefiere cautela y discreción para preservar las instituciones. Presionado, canceló la sesión plenaria del miércoles. La Corte está dividida en dos bloques: Mendonça cuenta con los ministros Luiz Fux y Kassio Nunes Marques, y Moraes, desgastado por sus interlocuciones con Vorcaro, tiene el apoyo de Dino, Gilmar Mendes y Cristiano Zanin. Cármen Lúcia aún no define su posición, y Dias Toffoli se declaró impedido en procesos ligados al Master.Qué viene despuésEl próximo paso es de Fachin. El presidente ya había fijado un plazo de 72 horas para que Mendonça se manifestara sobre el alejamiento antes de someter el tema al plenario, y Dino afirmó que su decisión de reintegro queda sometida a la autoridad del colegiado. Con la sesión del miércoles cancelada, no hay fecha definida para el juzgamiento, que llega en plena campaña electoral de 2026.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil confirmó este miércoles (9) la limitación del pago de atrasados a asegurados que demandan al INSS, el instituto nacional de seguro social, para obtener o revisar beneficios. En la misma sesión, el tribunal fijó reglas para la concesión automática de beneficios por sistemas robotizados. La decisión cerró el juzgamiento de aclaratorias en el tema repetitivo 1.124, decidido sin debate en el plenario, en decisión en bloque que siguió el voto del relator, el ministro Paulo Sérgio Domingues.Según Folha de S.Paulo, para los ministros el asegurado que acude a la Justicia antes de agotar la discusión administrativa con la Previsión puede perder parte de los atrasados y, en algunas situaciones, incluso el derecho al beneficio. La regla alcanza jubilaciones, pensiones, auxilios por enfermedad y accidente, salario maternidad y el BPC, beneficio continuo para personas mayores y con discapacidad de baja renta. El punto central es la fecha de inicio de los atrasados: pasa a contar desde que el asegurado acudió a la Justicia, o desde la citación del instituto en el proceso, y no más desde la fecha de la solicitud ante el INSS.Cómo llegó el caso hasta aquíLa tesis original fue fijada en noviembre de 2025 por la Primera Sección del STJ, según el IEPREV, instituto de estudios previsionales que participó en el caso como amicus curiae y publicó la tesis completa. Según esas reglas, la solicitud administrativa debe venir con documentación mínima: un pedido sin ella, situación que la corte llamó "indeferimiento forzado" (denegación forzada), puede ser rechazado de inmediato, y el asegurado pierde el interés de accionar en la Justicia. Quien quiera presentar documentos o hechos nuevos debe primero hacer una nueva solicitud ante el INSS, con base en el tema 350 del STF (Supremo Tribunal Federal), juzgado en 2014. A la inversa, si el INSS recibe un pedido válido pero mal instruido y no cita al asegurado para completar la documentación, el interés de accionar queda caracterizado. Las cuotas anteriores a los últimos cinco años contados desde la presentación de la demanda están prescritas.Las aclaratorias, pedidos de aclaración de puntos de una decisión, fueron presentadas por el IBDP (Instituto Brasileño de Derecho Previsional) en un intento de mejorar las condiciones de pago de los atrasados. La abogada Jane Berwanger, del instituto, sostiene que el tema 350 del STF da al asegurado la posibilidad de acudir directamente a la Justicia, sin pasar por la Previsión, en hipótesis específicas, como cuando el INSS no acepta el pedido. También cuestionó las negativas automáticas: según la abogada, citada por Jornal do Comércio, una auditoría del TCU, el tribunal federal de cuentas, señaló que 2,2 millones de solicitudes recibieron decisión automática en 2023, un alza del 70 por ciento, sin análisis humano.En el voto acogido por la corte, el relator mantuvo la concesión automática. Para el ministro Paulo Sérgio Domingues, el INSS puede seguir otorgando beneficios por robots, pero, siempre que sean necesarios documentos para confirmar el derecho, el asegurado debe ser orientado a presentarlos, por el propio robot o por un servidor, sin negativa automática.Con el cierre de las aclaratorias, la tesis del tema 1.124 sigue válida y vinculante para los tribunales de todo el país. El fallo aún será publicado en el boletín de justicia, y los casos individuales sobre el asunto pasarán a ser decididos según las reglas ahora confirmadas.

El pleno de la Orden de Abogados de Brasil en el Distrito Federal (OAB/DF), el capítulo del colegio de abogados brasileño en Brasilia, aprobó por mayoría una posición institucional que pide el juicio político (impeachment) de los ministros Alexandre de Moraes y Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), por indicios de delito de responsabilidad. La decisión salió de una sesión extraordinaria iniciada la noche del martes (8) y cerrada en la madrugada del miércoles (9). Los pedidos serán enviados al Consejo Federal de la OAB, que se reúne esta tarde con los presidentes de los capítulos estatales.Según Correio Braziliense, el consejo aprobó siete medidas. Las principales:presentar ante el Senado procesos de juicio político contra Moraes y Toffoli, por indicios de delito de responsabilidad;una investigación profunda y transparente sobre la implicación de autoridades en los hechos investigados, incluidos miembros del STF y del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el alejamiento cautelar de los investigados si es necesario;investigación de Moraes y Toffoli por la gravedad de las conductas examinadas por la Policía Federal; según Correio Braziliense, el mismo pedido alcanza al ministro André Mendonça por el levantamiento selectivo del secreto en las investigaciones del caso Banco Master;levantar el secreto de las investigaciones en curso que involucren a autoridades, salvo los procedimientos cautelares confidenciales;que el presidente del STF, Edson Fachin, asuma las investigaciones de personas sin fuero privilegiado en el tribunal y las remita a los jueces competentes;el archivo de la investigación de las Fake News del tribunal, con publicidad de las actas;una carta abierta a la sociedad sobre las medidas y propuestas de reforma del Poder Judicial.Cómo empezó la crisisLos pedidos ocurren en medio de la crisis abierta en el STF por el informe de la Policía Federal sobre el celular del fundador del Banco Master, Daniel Vorcaro. Según g1, el material reconstruyó mensajes enviados por Vorcaro a un número registrado en el teléfono del exbanquero como "Alexandre de Moraes BRASILIA", con menciones a la familia del ministro, entre ellas la discusión de dos contratos con la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro, y la afirmación del banquero de que tenía una "deuda de vida" con él. El relator del caso Master en el tribunal, André Mendonça, levantó el secreto del material el 1 de septiembre, lo que desató el enfrentamiento entre ministros que sigue abierto. En abril, datos obtenidos por Folha de S.Paulo y divulgados por g1 indicaron que Toffoli habría volado en un avión de una empresa ligada a Vorcaro. El g1 aclara que el informe solo reconstruye el lado de quien envió los mensajes, sin registro de lo recibido o respondido. Ningún ministro ha sido acusado formalmente ni condenado.El martes (8), el presidente de la OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira, conocido como Poli, ordenó abrir un procedimiento ético-disciplinario contra los socios del despacho Barci & Barci Advogados, de la esposa de Moraes, con base en el informe de la Policía Federal de la Operación Compliance Zero.Reacción y próximos pasosEn una nota oficial, la entidad declaró:"La OAB/DF reafirma que sus deliberaciones se orientan exclusivamente por la defensa de la Constitución, de la legalidad y de la armonía entre los Poderes, sin ningún sesgo político-partidario, y confía en que los órganos competentes examinarán los pedidos con el rigor y la imparcialidad que la gravedad del momento exige."Según CNN Brasil, la OAB/DF pedirá también al Consejo Federal una investigación "profunda, imparcial y transparente" sobre la implicación de cualquier autoridad en los hechos. La OAB nacional ya había dicho que sigue la crisis con "atención y extrema preocupación" y defendió una investigación rigurosa en relación a cualquier persona, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Los capítulos de Paraná, Rondônia, Ceará y Santa Catarina pidieron el alejamiento cautelar de Moraes del STF, mientras que los de Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Goiás, Pernambuco, Amazonas y Río de Janeiro defendieron una investigación rigurosa, independiente y transparente.El próximo paso es la reunión del Consejo Federal de la OAB este miércoles (9). Se esperaba la participación del presidente del STF, Edson Fachin, que canceló su agenda por la escalada de la crisis. Si el Consejo Federal adopta los pedidos, el envío del juicio político corresponderá al Senado, órgano competente para procesar y juzgar a los ministros del STF por delito de responsabilidad.

Karina Ferreira da Gama, productora de "Dark Horse", la película sobre el expresidente Jair Bolsonaro, compró una SUV híbrida BYD Song Plus por R$ 102.190, pagados íntegramente en efectivo. La compra se realizó el 13 de enero de 2025 en la concesionaria BYD Dahruj de São Paulo y fue comunicada al Coaf, la unidad de inteligencia financiera de Brasil, por haberse pagado con "valores totales en especie", según G1. El dato consta en la decisión del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizó la Operación Make Up, lanzada la mañana del jueves (10) por la Policía Federal y la CGU, el órgano federal de control público.Los pagos en efectivo superiores a R$ 50.000 en el sistema financiero y a R$ 100.000 en notarías se comunican automáticamente al Coaf aun sin indicios de delito, porque las grandes sumas en billetes son difíciles de rastrear. La decisión registra además que el vehículo, un Song Plus 1.5 16V automático híbrido modelo 2025, valía R$ 184.858 en la tabla Fipe de precios de referencia, R$ 82.668 por encima del precio pagado. El documento no explica la diferencia entre las dos cifras.La comunicación al Coaf, por sí sola, no convierte la compra en delito. Gama tiene la condición de investigada en el inquérito, no de acusada, y conserva la presunción de inocencia. La operación del jueves no tuvo órdenes de prisión: la PF cumplió 49 mandatos de búsqueda y aprehensión en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal. Gama y el diputado federal Mario Frias (PL-SP), guionista y productor ejecutivo del filme, figuran entre los objetivos. La productora Go Up no figura en los mandatos; dos entidades de propiedad de Gama, el Instituto Conhecimento Brasil (ICB) y la ANC, fueron registradas, según Agência Brasil. Se investigan peculado, falsedad documental, lavado de dinero, organización criminal y delitos licitatorios.Línea de tiempo del casoLa investigación apura un supuesto desvío de enmiendas parlamentarias, partidas presupuestarias que los congresistas brasileños destinan a proyectos específicos. Una auditoría de la CGU señaló en mayo la sospecha de desvío de una enmienda de R$ 2 millones indicada por Frias para entidades ligadas a Gama, con gastos sin comprobación. Según la decisión de Dino, el ICB, presidido por la productora, recibió recursos de enmiendas de autoría de Frias, y Go Up recibió dinero de personas y empresas del núcleo investigado, lo que podría indicar una "posible integración patrimonial y operacional" con entidades beneficiadas. La PF afirma haber identificado movimientos de cientos de millones de reales entre empresas ligadas al esquema, con intentos de ocultación hasta julio de este año. En paralelo, el STF investiga, bajo la relatoría del ministro André Mendonça dentro del caso Banco Master, el traspaso de R$ 61 millones del banquero Daniel Vorcaro a la película, a pedido del senador Flávio Bolsonaro.Lo que dicen las partesEn mayo, Frias envió al STF una manifestación en la que negó que las enmiendas destinadas a ONG ligadas a la productora hayan sido enviadas a "cualquier producción cinematográfica". El senador Flávio Bolsonaro, citado en la investigación paralela, negó haber combinado cualquier ventaja indebida con Vorcaro y afirmó que los recursos traspasados al filme eran íntegramente privados. Los citados en la operación no se habían pronunciado hasta la publicación de los reportajes de G1 y Agência Brasil.El inquérito sigue a cargo de Dino en el STF. Los pasos siguientes son el análisis del material aprehendido en las búsquedas del jueves por la PF y la CGU y, eventualmente, la evaluación del procurador general de la República sobre la presentación de denuncia. No hay fecha definida para esa etapa.

El informe de la Policía Federal que sustentó la autorización del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), para la operación lanzada el jueves (10) contra la productora de la película Dark Horse señala indicios de una triangulación financiera de al menos 6,1 millones de reales entre empresas y entidades ligadas a la empresaria Karina da Gama. Según el documento, citado por g1, el dinero salió del Instituto Conhecer Brasil (ICB), propiedad de Karina que gestiona el wifi municipal gratuito de São Paulo mediante un contrato de 157 millones de reales con la alcaldía, pasó por empresas tercerizadas y volvió a otra entidad de la empresaria, la organización social de la cultura Academia Nacional de Cultura (ANC).Las dos entidades funcionan en la misma dirección, en el barrio de los Jardins, en São Paulo, según la decisión del ministro. Para la supuesta triangulación, Karina habría usado Complexsys Soluções Integradas y Fastfuture Tecnologias Emergentes, empresas del matrimonio André Feldman y Débora Gomes Feldman que prestaron servicios en el contrato de wifi. La Policía Federal cita además a otras dos compañías en el esquema: Ultra IP Tecnologia e Serviços, del empresario William Silva Ferreira, que también recibió recursos del wifi de la capital, y Distribuidora de Produtos LMS."La ANC aparece repetidamente como destinataria de recursos provenientes de diferentes empresas financiadas por el ICB. (...) Los movimientos relatados presentan fuertes indicios de retorno de los recursos públicos pagados al ICB hacia la esfera de disponibilidad de los propios responsables de la organización, con potencial caracterización de desvío y contornos de lavado de dinero", escribió Dino en la decisión.La investigación detalla las transferencias recibidas por la ANC de las empresas pagadas por el ICB:Complexsys: R$ 2.626.949,69 y R$ 1.308.986,33;Ultra IP: R$ 1.336.201,50;Fastfuture: R$ 603.136,12;Distribuidora LMS: R$ 300.000,00.El total señalado llega a R$ 6.175.273,64.Los dueños de las tres empresas fueron objeto de registros y decomisos el jueves y tienen prohibido salir de Brasil. Según la Agência Brasil, la fase, denominada Operación Make Up, cumplió 49 órdenes judiciales expedidas por el STF en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal. La Policía Federal investiga delitos de peculado, falsedad documental, lavado de dinero, organización criminal y delitos licitatorios, con desvíos estimados por las autoridades en cientos de millones de reales. Según el diario Folha de S.Paulo, Dino también prohibió al diputado Mario Frias (PL-SP), guionista y productor ejecutivo del filme, salir del país y ordenó el fin del sigilo de la investigación, en la que los investigadores sospechan que al menos R$ 750 mil transferidos a la productora Go Up Entertainment durante el rodaje tuvieron origen en enmiendas parlamentarias de Frias.De dónde viene el casoDark Horse es una biografía del expresidente Jair Bolsonaro producida por Karina da Gama, con Frias como guionista y productor ejecutivo. En mayo, el sitio The Intercept publicó audios de una conversación de noviembre del año pasado en la que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) le pedía dinero al banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, para financiar el rodaje; el senador negó cualquier ventaja indebida y afirmó que los recursos entregados a la película eran privados. La investigación por el supuesto desvío de enmiendas parlamentarias tramita en el STF bajo la relatoría de Dino. En paralelo, el ministro André Mendonça examina la transferencia de R$ 61 millones de Vorcaro a la producción.Lo que dicen los citadosEn nota, la defensa de Karina da Gama informó que presentó el jueves una reclamación constitucional en jurisdicción penal ante la presidencia del STF, medida que "no discute el mérito de la investigación". Según los abogados, la empresaria "estaba contribuyendo espontánea y voluntariamente", al punto de atender el viernes pasado el pedido de la Policía Federal y entregar más de 20 mil hojas de documentos, lo que, para la defensa, prueba su "buena fe y lealtad procesal". Frias calificó la operación de "cortina de humo" y negó irregularidades: según él, la enmienda de R$ 2 millones investigada beneficiaba un proyecto deportivo y otro de alfabetización digital.Complexsys, de André Feldman, afirmó que "la operación de la Policía Federal va a comprobar, nuevamente, que los recursos recibidos por la empresa fueron usados solamente en el contrato para el mantenimiento de la red de wifi en la ciudad de São Paulo, sin ningún vínculo con el financiamiento para la producción de la película, objeto de investigación". Según la empresa, "la pericia independiente, ya adjuntada en las investigaciones policiales, también comprueba que no existe ninguna relación entre el contrato de la empresa con la productora Go UP". g1 y GloboNews contactaron a las defensas de todos los involucrados y no recibieron respuesta de una parte de ellas.La alcaldía de São Paulo, del alcalde Ricardo Nunes (MDB), dijo rechazar "cualquier intento de crear relaciones entre proyectos y programas del Municipio y la producción cinematográfica de la película sobre el expresidente Jair Bolsonaro". La administración afirmó que la obra no recibió recursos municipales y que la ejecución del convenio de colaboración con el ICB "no tiene ninguna irregularidad identificada". Según la nota, el programa de wifi gratuito sigue en funcionamiento, con 3.200 puntos instalados y más de 760 millones de accesos registrados.Ninguno de los citados ha sido denunciado: todos figuran como investigados y mantienen la presunción de inocencia. El siguiente paso definido es el examen de la reclamación constitucional de Karina por la presidencia del STF, que decidirá si mantiene las medidas determinadas por Dino. La investigación sigue en curso bajo la relatoría del ministro, sin fecha prevista para su conclusión.

La Policía Federal afirma, en informes enviados al Supremo Tribunal Federal (STF), que el exbanquero Daniel Vorcaro costeó viajes y cenas internacionales de los dos funcionarios del Banco Central, la autoridad monetaria y reguladora de Brasil, alejados de sus cargos bajo sospecha de favorecer al Banco Master. Según Folha de S.Paulo, que accedió a los documentos tras el levantamiento del secreto decretado en la noche del jueves (10), Vorcaro habría pagado parte de un viaje a París del exjefe de Supervisión Bancaria, Belline Santana, y su esposa, además de gastos del exdirector de Fiscalización, Paulo Sérgio Neves de Souza, en un viaje a Disney, en Estados Unidos.Sobre la escala en París, el informe policial dice que Vorcaro organizó el itinerario de la pareja y mantuvo contacto directo con prestadores de servicio en el exterior:"Trató directamente con prestadores de servicios en el exterior sobre reservas de restaurantes, recepción y logística, llegando incluso a enviar el contacto personal del servidor para que la programación fuera finalizada"En mensajes citados en el documento, el exbanquero orientó que se organizara una cena en el restaurante Lapérouse y un almuerzo en el Loulou. Para la Policía Federal, la indicación de que debían pedirse buenos vinos y comida sugiere que las cuentas correrían por su cuenta. El informe registra que Belline y su esposa viajaron a París en el período de los mensajes, pero no señala otros gastos pagos ni los valores.En declaración ante la Policía Federal el 24 de agosto, escuchado como testigo, el empresario Leo Serrano, dueño de la agencia de viajes Signature Luxury, afirmó que Vorcaro pagó US$ 38 mil por un "guía vip" que acompañó a Paulo Sérgio por los parques de Disney y Universal, en Orlando, en enero de 2024. Según Valor Econômico, que accedió a la íntegra de la declaración, la empresa cubrió el valor y después envió la factura a Vorcaro. Sobre Belline, Serrano dijo que ninguna reserva solicitada para el viaje a París de 2025 llegó a pagarse o concretarse.Las defensas niegan irregularidades. La de Paulo Sérgio, en nota del abogado Odel Antun, afirma que tiene documentación de que costeó íntegramente el viaje con su familia y que solo aceptó, el día del embarque, una vacante en un paquete de acceso prioritario a los parques ofrecida por Vorcaro, mediante el pago de US$ 8 mil en efectivo, a través de una persona indicada por el exbanquero. La de Belline, firmada por el abogado Leonardo Palazzi, sostiene que "no hubo ninguna prestación de servicios de turismo, logística o conserjería" a él y criticó la filtración de la declaración. Según Folha, los abogados no respondieron a los contactos antes de la publicación.Cómo el caso llegó al STFBelline y Paulo Sérgio fueron alejados del Banco Central y son investigados bajo sospecha de haber recibido sobornos para favorecer los intereses de Master mientras fiscalizaban el banco de Vorcaro, ya extinto. La investigación integra la Operación Compliance Zero, que apura un supuesto esquema de fraudes financieros y lavado de dinero ligado a Master, y llegó al STF porque involucra acusaciones contra parlamentarios y contra el ministro Alexandre de Moraes.1 de septiembre: el relator del caso, el ministro André Mendonça, levanta el secreto de un informe de la Policía Federal con indicios de que Vorcaro pidió consejos e intercambió información con Moraes.3 de septiembre: Moraes retira el secreto de informes de la inteligencia policial sobre supuestas conductas irregulares de Mendonça.9 de septiembre: el presidente del STF, ministro Edson Fachin, quita a Moraes la relatoría de la investigación de las Fake News y convoca una sesión plenaria para el día 15.10 de septiembre: a pedido de Fachin, Mendonça levanta el secreto de la Petición 15.556, núcleo original de la operación, y de otros procedimientos vinculados.El próximo paso está fijado para el martes (15), cuando el pleno del STF analice el informe policial que señala a Moraes como interlocutor de Vorcaro y el pedido de la PGR (Procuraduría General de la República) de anulación del documento. Nadie ha sido condenado y todas las personas citadas tienen derecho a la presunción de inocencia.

El ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, envió este viernes (11) un oficio al presidente de la Corte, ministro Edson Fachin, pidiendo la liberación íntegra del contenido del teléfono del empresario Daniel Vorcaro, incautado por la Policía Federal en noviembre de 2025. El pedido llega dos días antes de que el pleno se reúna el martes (15) para decidir el destino de un informe de la Policía Federal que señala al ministro Alexandre de Moraes como interlocutor de Vorcaro en el caso del banco Master.En la noche del jueves (10), Fachin pidió al relator del caso, ministro André Mendonça, que levantara el secreto de parte de los procedimientos de la investigación. Mendonça atendió el pedido, pero lo que se hizo público fueron los informes de la Policía Federal sobre el contenido del aparato, y no la totalidad de los archivos, como fotos, videos y notas, según Folha de S.Paulo. En el oficio, Zanin afirma que el material disponible en el teléfono del exbanquero está directamente relacionado con el caso y que la decisión de Fachin de levantar el secreto ya abarca ese contenido. La liberación, según el ministro, permitirá la apreciación "necesaria y completa" del juicio de la próxima semana. Según el G1, Zanin sostiene que los archivos estarían cubiertos tanto por la decisión de compartir las piezas entre los ministros como por el levantamiento del secreto determinado por Mendonça.Cronología del casoEl llamado caso Master tiene origen en operaciones de la Policía Federal, como "Sem Desconto" y "Compliance Zero", y tramita en el STF bajo la relatoría de Mendonça. Vorcaro, exbanquero investigado en la pesquisa, tuvo el teléfono incautado en noviembre de 2025. El 1 de septiembre, la PGR (Procuraduría General de la República) pidió la anulación del informe de la Policía Federal que reúne diálogos entre Moraes y Vorcaro. El jueves (10), Fachin pidió la apertura de las piezas; los archivos se divulgaron el viernes (11), el mismo día en que Moraes, Zanin y la PGR enviaron oficios a Fachin solicitando ampliar el acceso a los documentos.Las divergencias dentro de la CorteMoraes afirmó que Mendonça hizo una "elección selectiva" de lo que llegó al público y pidió el levantamiento inmediato de todo el secreto. Según su oficio, se liberaron solo 15 procedimientos de forma parcial, con exclusión de 180 piezas y documentos digitales; Folha contabiliza 14 procedimientos con el secreto retirado. Moraes calificó a Mendonça como "directamente interesado en el juicio" y pidió además que dos peticiones se juzguen en conjunto: la que trata de los mensajes que intercambió con Vorcaro y la que reúne informes de la Policía Federal sobre la actuación del relator en las operaciones "Sem Desconto" y "Compliance Zero"."El juicio fraccionado de las peticiones 16.704 y 16.662 (...) sumado a la elección selectiva del levantamiento del secreto de solo parte de los procedimientos y al direccionamiento subjetivo de uno de los interesados sobre qué documentos deben entregarse a los ministros jueces, con la supresión de 180 documentos, obstaculiza gravemente el análisis probatorio", escribió Moraes.La PGR también se pronunció el viernes. El viceprocurador general Hindenburgo Chateaubriand Filho pidió que se retirara el secreto de todos los documentos del caso para no "inducir la idea equivocada de transparencia". Según el órgano, la lista enviada por Mendonça omitió gran parte de los procedimientos vinculados a la investigación más amplia de la operación Compliance Zero.El próximo paso es la sesión del martes (15), cuando el pleno debe analizar peticiones ligadas a las investigaciones, entre ellas la del informe de la Policía Federal sobre Moraes y Vorcaro. El juicio puede derivar en la apertura de una investigación contra Moraes o en la anulación del informe, como pidió la PGR el 1 de septiembre. Fachin aún define el rito de la sesión, según el G1. Ninguna de las personas citadas ha sido condenada y los procedimientos siguen en curso.

La Policía Federal de Brasil afirmó, en una representación enviada al ministro André Mendonça del Supremo Tribunal Federal (STF), que existen elementos que indican que el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del partido de derecha PL, actuó como "interlocutor directo" de Daniel Vorcaro, dueño del extinto Banco Master, en las negociaciones para financiar la película Dark Horse, una producción sobre la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro, padre del senador. Según la corporación, las evidencias muestran al senador en "cobros de pagos, reuniones presenciales y seguimiento del avance de las grabaciones". El documento fue enviado el 8 de julio y su sigilo fue levantado en la noche del jueves (10), tras una decisión del presidente del STF, Edson Fachin.Flávio es formalmente investigado en el inquérito desde el 22 de julio, a pedido de la propia PF, por sospechas, todavía en tesis, de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción. Según G1, Vorcaro transfirió 61 millones de reales a los productores por medio del fondo Havengate, en Estados Unidos, y el senador habría negociado un aporte de 24 millones de dólares, unos 134 millones de reales en la época. La productora dice haber gastado 75,1 millones de reales en la obra. Además del senador, la PF incluye en la lista a Eduardo Bolsonaro, el diputado Mário Frias, el publicitario Thiago Miranda y otras tres personas ligadas a la producción cuyo papel aún debe aclararse.Cronología del casoDiciembre de 2024: mensajes extraídos del teléfono de Vorcaro registran el agendamiento de un encuentro con Flávio para tratar del "filme del presidente", con la participación prevista de Mário Frias, idealizador del proyecto.Agosto de 2025: la PF registra "interlocución directa" entre ambos, con mensajes que indican un encuentro presencial el día 20.Septiembre de 2025: el senador envía un audio exigiendo los pagos de la película; para los investigadores, mostraba preocupación por el riesgo de incumplimiento ante el actor Jim Caviezel y el director Cyrus Nowrasteh.22 de octubre de 2025: Flávio informa que la película estaba en su tercer día de grabaciones y "al límite", y pide a Vorcaro que le avise si no puede hacer el aporte, para que busque urgentemente otro camino.7 de noviembre de 2025: el senador envía al banquero un video y dice que la producción solo estaba ocurriendo gracias a su ayuda.16 y 17 de noviembre de 2025: en vísperas de la fase ostensiva de la Operación Compliance Zero, Flávio intenta llamar por teléfono a Vorcaro y le envía un mensaje; al día siguiente, el banquero es detenido al intentar embarcar en un jet privado con destino a Dubái."Hermano, estoy y estaré siempre contigo, no hay medias palabras entre nosotros. ¡Solo necesito que me des una luz! ¡Saludos!"El mensaje anterior fue enviado por Flávio a Vorcaro el 16 de noviembre, según transcribe la PF en su representación.Proyección de taquilla y colaboración premiadaSegún el diario O Globo, el plan de negocios de la producción preveía superar en más de tres veces el récord de taquilla de "Minha mãe é uma peça 3", y UOL informó que la PF vio en esa proyección récord una sospecha de lavado de dinero. La corporación también pidió al STF identificar a los beneficiarios finales de los fondos Havengate Development Fund LP y Havengate Development Fund GP LLC.La investigación recibió material nuevo con el acuerdo de colaboración premiada del empresario Antônio Carlos Freixo Júnior, dueño de Entre Investimentos, firmado con la Procuraduría General de la República el 8 de agosto y homologado por Mendonça el miércoles (9). Según G1, afirmó haber hecho siete transferencias, como "suscripciones de cuotas", al fondo Havengate entre enero y septiembre de 2025, por orden de Vorcaro, por un total de 12,333 millones de dólares, unos 62,8 millones de reales. La transferencia de septiembre, de 1,666 millones de dólares, contradice la versión de Flávio de que el último pago había ocurrido en mayo.La defensaEn Manaos, este viernes (11), el senador pidió el fin de todo el sigilo. "Para mí, lo mejor que puede pasar es la transparencia total sobre este asunto. Porque solo van a confirmar lo que siempre dije, que no hay nada mal en relación con la película", declaró, según Folha de S.Paulo. También elogió al relator del caso: "André Mendonça está en lo cierto. Está siendo juez. Ojalá todos los del Supremo fueran como él, que no pesaran para ningún lado. Investiga todo, a todos, con transparencia, muéstralo a la prensa, al pueblo".Parte del inquérito sigue bajo sigilo porque involucra diligencias en curso, y la PF todavía pretende obtener contratos, comprobantes de pago e instrumentos de cambio del financiamiento. No hay plazo divulgado para la conclusión, que después será analizada por la Procuraduría General de la República. El caso se desarrolla a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Flávio Bolsonaro es uno de los candidatos punteros.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), máximo tribunal de Brasil, determinó este viernes (11) que la Policía Federal abra una investigación exclusiva sobre las sospechas de fraude en el contrato de suministro de wifi en la periferia de São Paulo entre la municipalidad y el Instituto Conhecer Brasil (ICB), entidad de la empresaria Karina da Gama, investigada por lavado de dinero. Según G1, la decisión, todavía bajo secreto judicial, también ordena a la Policía Civil de São Paulo trasladar al STF la investigación estatal sobre la ONG y suspende cualquier pago de contratos del poder público con el instituto.Para el ministro, las averiguaciones estatales sobre contratos del ICB están directamente conectadas con la investigación federal por el desvío de enmiendas parlamentarias, que tramita en el STF por involucrar al diputado federal Mário Frias (PL-SP), beneficiario de foro privilegiado, regla que envía al Supremo los casos que involucran a congresistas. Dino señaló fuertes indicios de que los hechos integran un único esquema de desvío y lavado de dinero, lo que llevó al tribunal a asumir el caso. El congresista y Karina da Gama fueron blanco, el jueves (10), de la Operación Make Up, que cumplió 49 órdenes de búsqueda y aprehensión en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal, con retención de pasaportes y prohibición de contacto entre los investigados. La Policía Federal investiga peculado, lavado de dinero, falsedad documental, organización criminal y delitos licitatorios, y estima desvíos del orden de cientos de millones de reales.El contrato de wifi del ICB con la municipalidad de São Paulo es de R$ 157 millones, según el informe de la Policía Federal que sustentó la decisión. El documento apunta indicios de una triangulación financiera de al menos R$ 6,1 millones: recursos salieron del instituto hacia empresas tercerizadas, entre ellas Complexsys y Fastfuture, del matrimonio André Feldman y Débora Gomes Feldman, y volvieron a otra entidad de Karina da Gama, la Academia Nacional de Cultura (ANC), que funciona en la misma dirección del ICB, en el barrio de los Jardines. Según G1, la compra de un auto por unos R$ 100 mil en efectivo llamó la atención del COAF, el órgano de fiscalización de operaciones financieras del Ministerio de Hacienda de Brasil.Antes de la decisión, en la mañana del viernes, el alcalde Ricardo Nunes (MDB) había dicho que consultaría al STF para saber si la prohibición de contratos con entidades investigadas, fijada el jueves (10), vale para acuerdos ya firmados. Si vale, afirmó, la gestión rescindirá el contrato, que según el alcalde representa R$ 108 millones por año. "Si la empresa realmente no puede tener más contrato con nadie (...) vamos a tener que romper el contrato. Y quedarnos sin 3200 puntos de wifi en las comunidades y favelas", dijo. Nunes defendió la licitación, abierta durante 30 días, y afirmó que la Contraloría del Municipio analiza la rendición de cuentas sin identificar ilegalidad por parte de la Prefectura.CronologíaMayo de 2026: el sitio The Intercept divulga audios en los que el senador Flávio Bolsonaro pide financiación al banqueiro Daniel Vorcaro para la película "Dark Horse"; el caso genera pesquisas en el STF, hoy divididas entre Dino (enmiendas) y André Mendonça (financiamiento del filme).Jueves (10): la Policía Federal cumple 49 órdenes de la Operación Make Up contra Mário Frias y Karina da Gama, investigados por sospecha de desvío de enmiendas parlamentarias.Viernes (11), por la mañana: Ricardo Nunes anuncia que consultará al STF sobre la necesidad de rescindir el contrato de wifi con el ICB.Viernes (11): Dino determina la investigación exclusiva de la PF sobre el contrato, atrae el caso estatal al STF y suspende pagos al instituto.Cuestionado sobre la compra del auto en efectivo, Nunes declaró: "Absolutamente nadie está por encima de la ley. Ni alcalde, ni periodista, ni juez". Frias calificó la operación de "cortina de humo" en período electoral y afirmó tener documentos que comprueban la licitud de la enmienda, destinada, según él, a un proyecto deportivo y de alfabetización digital para niños. Flávio Bolsonaro, senador investigado en una pesquisa paralela sobre el financiamiento de la película, sostiene que se hizo con dinero privado: "Ahí todo estuvo impecable, inversión privada en una película privada". Agência Brasil informó que no obtuvo respuesta de Karina da Gama.Todos los citados son investigados y tienen garantizada la presunción de inocencia hasta una condena. La Policía Federal deberá ahora instaurar la investigación exclusiva y reunir los autos estatales, sin plazo divulgado, ya que el caso sigue bajo secreto. La Prefectura espera respuesta del STF sobre la rescisión del contrato, que mantiene 3.200 puntos de wifi en comunidades y favelas.

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, aseguró al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Edson Fachin, que la corporación no vigiló al ministro André Mendonça ni al abogado general de la Unión, Jorge Messias, identificado por Metrópoles. La manifestación fue presentada en la tarde de este viernes (11), dentro del plazo de 48 horas fijado por Fachin, quien decidirá ahora si el delegado permanece al frente de la policía."No existió, en absoluto, ningún monitoreo ilícito de un ministro de este STF ni del abogado general de la Unión. Los documentos cuestionados por la decisión dictada en la Pet 16662 no derivan de acciones de vigilancia, recolección clandestina de datos ni de ninguna medida invasiva", escribió Rodrigues, en un pasaje reproducido por G1.En el documento, Rodrigues defendió los informes de inteligencia cuestionados en la Pet 16662, el proceso en el que tramita el enfrentamiento. Dijo que el envío de los papeles al ministro Alexandre de Moraes cumplió una orden judicial y que llamarlos apócrifos es un error: fueron producidos por sectores plenamente identificables y debidamente registrados en el sistema de la policía, como reconoció la propia decisión de Mendonça. La ausencia del nombre del analista, argumentó, obedece al deber de proteger a los profesionales de inteligencia impuesto por el Decreto 8.793/2016.Cronología del enfrentamientoMartes (8): Mendonça determina el apartamiento preventivo de Rodrigues y del director de Inteligencia de la PF, Leandro Almada, y la apertura de procedimientos penales y administrativos sobre la producción de los informes. Pide que la Segunda Sala analice la decisión en sesión virtual; se forma mayoría de tres votos por mantener los apartamientos, pero la votación se interrumpe por un pedido de vista del ministro Gilmar Mendes, sin resultado final.Miércoles (9): el ministro Flávio Dino, atendiendo un pedido de Rodrigues, reincorpora a los dos delegados. Para Dino, el Partido Novo, autor de la solicitud que llevó al apartamiento, no tenía legitimidad para pedir medidas cautelares penales, y la decisión podía comprometer investigaciones en curso, entre ellas la del filme "Dark Horse", biopic del expresidente Jair Bolsonaro bajo su relatoría.Miércoles (9), al final de la tarde: Fachin suspende las dos decisiones, señala un "conflicto de posiciones judiciales" y lleva el caso al pleno del STF. Fija 48 horas para que Rodrigues presente informaciones sobre su permanencia en el cargo.Para justificar el apartamiento, Mendonça calificó los informes de técnicamente débiles, anónimos e incompatibles con la actividad de inteligencia, y habló de "arapongagem institucional", expresión brasileña para el espionaje irregular de autoridades. Sostuvo que habría indicios de uso indebido de la estructura de inteligencia para monitorear a ministros del STF y a otras autoridades, y que la permanencia de Rodrigues al mando podría permitir interferencia en las pesquisas, acceso anticipado a diligencias e influencia sobre testigos o pruebas. El apartamiento es cautelar: no hay ninguna condena."La interpretación basada en esa premisa equivocada inviabilizaría la propia actividad de inteligencia, ya que no se puede calificar como vigilancia el análisis que el órgano hace de las circunstancias institucionales que afectan las investigaciones que él mismo conduce", respondió Rodrigues, para quien no hubo ninguna injerencia en la esfera de privacidad ni en el ejercicio funcional de las autoridades mencionadas.Con la respuesta presentada antes de que el plazo se agotara hacia las 18h, el caso vuelve a la mesa de Fachin. El presidente del STF analizará la permanencia de Rodrigues en la Dirección General de la PF a la luz del artículo 33, párrafo único, de la LOMAN, la ley orgánica de la magistratura brasileña. El choque entre Mendonça y Dino va al pleno del tribunal, y la votación de la Segunda Sala sigue suspendida por el pedido de vista de Gilmar Mendes. No se han divulgado fechas para esas decisiones.

La Policía Federal de Brasil identificó fuertes indicios de irregularidades en la cesión de R$ 7,15 mil millones en créditos de la empresa Tirreno Consultoria Promotoria de Créditos e Participações al Banco Master en 2024 y 2025. La conclusión figura en un informe pericial policial cuyo sigilo fue levantado en la noche del jueves 10 de septiembre por el ministro André Mendonça, del Tribunal Supremo Federal (STF), relator de las principales investigaciones sobre el banco que tramitan en la corte.Según G1, los peritos concluyeron que Tirreno no tenía capacidad compatible con la originación de los créditos, es decir, con la generación o la concesión de los préstamos que integraban la cartera. En la formación de los títulos vendidos al Master, el informe señala "patrones recurrentes e inusuales de distribución de valores, réplica de contratos y concentración de atributos, que son indicios fuertes de artificialidad".La policía tampoco encontró evidencias de que el Master haya pagado efectivamente por las cesiones. "Los exámenes realizados no identificaron evidencias de liquidación financiera efectiva de las cesiones mediante la disponibilización de recursos en una cuenta corriente de libre movimentación de Tirreno", dice el documento. La única cuenta corriente de la empresa identificada en el Registro de Clientes del Sistema Financiero Nacional (CCS) fue abierta el 23 de mayo de 2025, después de todas las cesiones examinadas, y no registró movimiento financiero.Cómo llegó el caso hasta aquíNoviembre de 2024: se crea SX 016 Empreendimentos e Participações, luego rebautizada Tirreno. Un mes después ocurre la primera cesión de créditos al Master, de unos R$ 280 millones.2024 y 2025: las cesiones examinadas por la policía suman R$ 7,15 mil millones. Según la corporación, parte de esos derechos crediticios fue traspasada después al Banco Regional de Brasília (BRB).2026: estalla la crisis del Master, el exdueño del banco, Daniel Vorcaro, es arrestado en Brasília y la gestión actual del BRB atribuye a la crisis un agujero de R$ 8,8 mil millones.10 de septiembre de 2026: a pedido del presidente del STF, Edson Fachin, Mendonça levanta el sigilo de 14 procedimientos, además de la investigación principal, y el informe se hace público.El BRB, banco controlado por el gobierno del Distrito Federal, está en el centro de la investigación sobre el origen de la cartera que adquirió. Según la gestión actual de la institución, la crisis reveló un agujero de R$ 8,8 mil millones asociado a títulos inexistentes, fraudulentos o de difícil recuperación. Para reducir el perjuicio, el banco aprobó un aumento de capital de hasta R$ 8,8 mil millones.Vorcaro está preso y es investigado por comandar lo que se considera la mayor fraude financiera del país, según la Folha de S.Paulo. La divulgación de los documentos atendió un pedido hecho horas antes por el presidente del STF, Edson Fachin, con la salvedad de preservar diligencias cuyo sigilo sea imprescindible para las averiguaciones. Siguen bajo sigilo, entre otras líneas, las investigaciones sobre la película "Dark Horse" y sobre el senador Jaques Wagner (PT-BA), según G1.Las conclusiones del informe tienen, por ahora, valor de indicio en una investigación en curso, y ninguna persona o empresa citada ha sido condenada. El próximo paso previsto es la discusión, en el plenario del STF, del informe de la policía sobre la relación entre el ministro Alexandre de Moraes y Vorcaro, aún sin fecha definida.

Un grupo ligado al exbanquero Daniel Vorcaro, investigado en el caso Master, obtuvo información de expedientes secretos del MPF (Ministerio Público Federal), entre ellos, según Folha de S.Paulo, datos sobre el propio Banco Master y sobre el BRB, el banco público del gobierno del Distrito Federal de Brasilia. La constatación figura en un informe de la Policía Federal enviado al STF, el tribunal supremo de Brasil. Según la PF, las consultas quedaron registradas en los logins funcionales de servidores del órgano. El material se hizo público después de que el ministro André Mendonça levantara el secreto de las principales investigaciones del caso el jueves (10), a pedido del presidente de la Corte, Edson Fachin.Un reportaje de Folha publicado este viernes (11) detalla los episodios. En uno de ellos, un documento atribuido al MPF fue usado para obtener información sobre quién había contratado un helicóptero que habría sobrevolado la casa del exbanquero en Bahía. Mensajes reproducidos en el informe muestran a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conocido como Sicário e identificado como Felipe Mourão en las conversaciones, ofreciendo a Vorcaro la posibilidad de investigar personas y empresas y reenviando resultados de consultas a sistemas internos, incluso de procedimientos protegidos por secreto. En junio de 2024 envió una lista con nombres de personas y empresas y afirmó que Vorcaro podía agregar otros "para buscar los expedientes reservados". Preguntado, en otra conversación, qué documentos deseaba recibir, Vorcaro respondió: "Todos, obviamente".Según la PF, Mourão recibía 1 millón de reales al mes para actuar como ejecutor operativo de Vorcaro. La lista de tareas descrita por Folha incluye acceso a información confidencial, coacción y fabricación de expedientes; CNN Brasil añade monitoreo, retiro de contenido de internet, ataques de hackers y articulación con criminales. Los investigadores describen a Mourão como integrante del núcleo conocido como A Turma ("la banda"), presentado por Folha como supuesta milicia que servía para monitorear e intimidar a personas consideradas adversarias o ligadas a las pesquisas sobre el banco.Lo que dice el informeAl analizar el contenido extraído del celular de Vorcaro, la PF concluyó que él formó una "estructura organizada, con división funcional de tareas", orientada a la práctica reiterada de conductas ilícitas en varios frentes. Los accesos ocurrían mediante logins funcionales de terceros, extracción indebida de documentos y consultas no autorizadas en sistemas internos, según el documento."Los mensajes evidencian que había acceso recurrente e irregular a procedimientos secretos en curso en el MPF, en la Policía Federal, en la Policía Civil y en el Banco Central", afirma el informe citado por CNN Brasil.En el cuadro de personas citadas en la investigación, la PF registra que el login de dos servidores del MPF fue usado repetidamente para acceder a expedientes secretos del órgano, con la anotación de "posible uso indebido, con o sin participación consciente". La información protegida por secreto era usada para fines "ajenos al interés público", dice el documento.CronologíaEl caso Master reúne en el STF pesquisas sobre fraudes atribuidos al grupo del Banco Master, controlado por Vorcaro y hoy liquidado. El banco ganó notoriedad tras la divulgación, por el sitio Intercept Brasil, de conversaciones en las que el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro pedía recursos a Vorcaro para la película "Dark Horse"; el exbanquero llegó a pagar 61 millones de reales a los productores, vía un fondo en Estados Unidos, según G1.La PF investiga al grupo en fases sucesivas de la operación Compliance Zero.4 de marzo: Mourão es arrestado en la Compliance Zero y muere ahorcado en la celda de la Superintendencia de la PF en Minas Gerais; la muerte se confirma dos días después.Jueves (10): Mendonça atiende el pedido de Fachin y levanta el secreto; parte de los documentos se divulga la misma noche.Viernes (11): Folha detalla el acceso a datos secretos del MPF sobre Master y BRB.En declaración a la PF, Vorcaro negó haber obtenido información privilegiada del Banco Central y volvió a insinuar una propuesta de delación, según CNN Brasil. Las pesquisas siguen bajo secreto parcial: Mendonça mantuvo reservadas, entre otras, las investigaciones sobre el financiamiento de "Dark Horse" y sobre la relación del senador Jaques Wagner con el exsocio del Master Augusto Ferreira Lima, informa G1. El informe de la PF sigue bajo análisis de la Corte, donde las investigaciones del caso Master tramitan con Mendonça como relator.

Un grupo ligado al exbanquero Daniel Vorcaro, del Banco Master en liquidación, obtuvo información de procesos bajo secreto del MPF (Ministerio Público Federal) mediante consultas registradas con los usuarios institucionales de empleados del propio órgano, según la Policía Federal. La conclusión figura en un informe enviado al STF (Supremo Tribunal Federal), la máxima corte del país, y divulgado en la noche del jueves (10), después de que el ministro André Mendonça, que conduce el caso en la corte, retirara el sigilo de parte de las investigaciones a pedido del presidente del tribunal, Edson Fachin.Según CNN Brasil, el análisis del contenido extraído del celular de Vorcaro reveló accesos recurrentes e irregulares a procedimientos bajo secreto no solo en el MPF, sino también en la Policía Federal, la Policía Civil y el Banco Central. "Los mensajes evidencian que había acceso recurrente e irregular a procedimientos bajo secreto en trámite en el MPF, la Policía Federal, la Policía Civil y el Banco Central", dice el informe. Para la PF, los accesos ocurrían con usuarios institucionales de terceros, extracción indebida de documentos y consultas no autorizadas en sistemas internos, y la información protegida se usaba para "fines ajenos al interés público". En el cuadro de personas citadas en la investigación, la corporación registra que el usuario de dos empleados del MPF se utilizó repetidamente para acceder a procesos secretos del órgano, y habla de "posible uso indebido, con o sin participación consciente", dejando abierta la posibilidad de que los funcionarios supieran que sus credenciales servían de puerta de entrada.Los mensajes y el "ejecutor operativo"Los mensajes reproducidos en el documento muestran a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, señalado por la policía como "ejecutor operativo" de Vorcaro e identificado como "Felipe Mourão" en las conversaciones, enviando al entonces banquero resultados de consultas a sistemas internos. Folha de S.Paulo informa de que las consultas alcanzaron investigaciones sobre el propio Master y sobre el BRB (Banco de Brasilia), y de que entre los mensajes obtenidos aparece un "quiero todo" atribuido al grupo. En junio de 2024, según el informe, Mourão envió una lista con nombres de personas y empresas y dijo que Vorcaro podía añadir otros "para buscar los secretos" (en portugués, "pra puxar los sigilosos"). Preguntado sobre qué documentos deseaba recibir, Vorcaro respondió: "Todos, obviamente".En uno de los episodios descritos por los investigadores, un documento atribuido al MPF sirvió para averiguar quién había contratado un helicóptero que habría sobrevolado la casa del exbanquero en Bahía. La PF dice que Mourão recibía 1 millón de reales al mes por un trabajo que incluía acceso a información confidencial, coacción y fabricación de dossieres, y lo ubica en el núcleo llamado "A Turma", descrito en el informe como supuesta milicia formada para monitorear e intimidar a personas consideradas adversarias o ligadas a las pesquisas sobre el banco. Para la corporación, Vorcaro armó una "estructura organizada, con división funcional de tareas" orientada a la "práctica reiterada de conductas ilícitas en diversos frentes de actuación".CronologíaEl Master, hoy en liquidación, es objetivo de la Operación Compliance Zero, de la PF, que investiga sospechas de fraude en el banco. Mourão fue detenido en esa operación el 4 de marzo, se ahorcó en la celda de la Superintendencia de la PF en Minas Gerais el mismo día y su muerte fue confirmada dos días después, según Folha. Las investigaciones sobre el caso también avanzan en el STF, donde Mendonça ordenó el jueves liberar parte de los autos.Vorcaro es investigado y no existe condena en su contra. En declaración a la PF, negó haber obtenido información privilegiada del Banco Central, según CNN Brasil. El sigilo se retiró solo de parte del expediente, y la apertura de nuevos tramos depende de decisión del relator.

La Policía Federal de Brasil detalló, en un documento cuyo sigilo fue retirado en la noche del jueves (10), las maniobras del exbanquero Daniel Vorcaro en los días previos a su arresto en la Operación Compliance Zero, núcleo del llamado caso Master, una investigación sobre presuntas fraudes financieras y lavado de dinero en el Banco Master. Según el organismo, Vorcaro conocía la operación policial antes de ser detenido, y es "improbable" que su viaje al exterior en la víspera del cumplimiento de las órdenes judiciales "sea mera coincidencia".El material integra la Petición 15.556, procedimiento central de la investigación, liberado por el ministro André Mendonça, relator del caso en el Tribunal Supremo Federal (STF), a pedido del presidente de la Corte, Edson Fachin. En total, 14 procedimientos ligados al caso Master dejaron de ser sigilosos, según el sitio g1. Esta es la cronología del caso:17/11/2025: Vorcaro es interceptado en el aeropuerto de Guarulhos, en la región de São Paulo, cuando embarcaría en un jet privado con destino final a los Emiratos Árabes.18/11/2025: la PF pone en marcha oficialmente la Operación Compliance Zero, fase 1.Fines de noviembre de 2025: el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1) ordena la libertad de Vorcaro y de otros cuatro ejecutivos del Banco Master.27/02/2026: la PF firma una nueva solicitud de prisión preventiva del banquero con base en los elementos ahora públicos.Marzo de 2026: Vorcaro es arrestado de nuevo.10/09/2026: el STF retira el sigilo de los expedientes principales del caso Master.Lo que señala el documentoEn la reconstrucción de la PF, Vorcaro registró el 21 de octubre de 2025, en la aplicación Notas del celular, los nombres de representantes de la corporación que participaron de una reunión reservada con el Banco Central, lo que, para los investigadores, indica acceso anticipado a información protegida. Dos días antes de la operación, el 16 de noviembre, anotó una pregunta sobre una eventual cercanía de un tercero con el juez federal Ricardo Soares Leite, responsable de autorizar medidas en su contra. Como la investigación era sigilosa, la PF ve en ese registro un refuerzo de la sospecha de filtración.El 17 de noviembre, víspera del despliegue, Vorcaro recibió a las 7h28 mensajes urgentes de su abogado Walfrido Warde y cambió de planes: a las 8h48 informó que programaría un vuelo saliendo de Congonhas. Desde las 7h41 conversó con el periodista Diego Escosteguy sobre un reportaje en preparación; después de las 11h recibió el enlace de la materia, que mencionaba una investigación en la 10ª Vara Federal de Brasilia, y lo pasó de inmediato a Warde. El mismo día, el abogado presentó una petición en la 10ª Vara Federal del DF pidiendo acceso a la investigación, citando el reportaje como fuente.El documento registra además que, desde las 6h34 de ese día, Vorcaro mantenía contacto con los servidores del Banco Central Paulo Sérgio y Belline, que consideraron "fundamental" una conversación con el director de la autarquía Ailton Aquino. La reunión virtual fue fijada para las 13h15 y, después de ella, circuló un reportaje sobre la venta del Banco Master al grupo Fictor, tratado sin sorpresa por los propios servidores, lo que, según la lectura de la PF, sugiere alineamiento previo. La corporación señala también que el propio Vorcaro habría filtrado a la prensa el interés del grupo Fictor en adquirir el banco.Para la PF, "consciente de la futura e inminente actuación policial", Vorcaro "se vale de servidores del Banco Central que le son subalternos (en razón del pago de ventajas indebidas) para forzar una reunión virtual el día inmediatamente anterior a la operación policial". Las conclusiones pertenecen a la fase de investigación y dependen de evaluación judicial; según la ley brasileña, todo investigado tiene presunción de inocencia hasta una condena definitiva. En la síntesis del documento, los investigadores escribieron:"Se concluye que existen fuertes elementos indicativos de conductas de Daniel Vorcaro y asociados dirigidas a proteger el núcleo dirigente de la organización criminal, mediante conocimiento anticipado de actos procesales y articulaciones con interlocutores en órganos de control, junto a una planificación logística para salir del país en una ventana cercana al despliegue de las medidas, lo que, sumado a las comunicaciones con autoridades y al seguimiento de procedimientos internos, compone el retrato de los 'tentáculos' en estructuras públicas y privadas."Crisis en el STF y próximos pasosLos elementos fueron usados por la PF para sustentar la nueva solicitud de prisión preventiva firmada el 27 de febrero de 2026, y Vorcaro volvió a ser arrestado en marzo. En la decisión del TRF-1 que ordenó su libertad y la de los ejecutivos, unos diez días después del primer arresto, uno de los argumentos favorables a la liberación fue, según la PF, el contenido de la reunión realizada con el Banco Central.El caso Master llega al STF en medio de la crisis entre ministros de la Corte. Un informe de la PF con mensajes entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes, con sigilo retirado el 1º de septiembre, muestra al banquero preguntando, el 15 de noviembre de 2025: "¿Cree que el lunes ya tengo que estar fuera?". Según la BBC News Brasil, el documento apunta indicios de que Vorcaro pidió consejos e intercambió información con Moraes, quien respondió al liberar informes de la inteligencia de la PF sobre conductas atribuidas a Mendonça. El próximo paso está fijado para el martes (15), cuando el pleno del STF analiza la validez del informe de la PF sobre Moraes y el rumbo de una eventual investigación contra el ministro.

El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, publicó en la madrugada de este viernes (11) al menos dos contratos íntegros elaborados por el despacho de la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro Alexandre de Moraes, vinculados al grupo del Banco Master. La divulgación, en el sitio del tribunal, ocurrió minutos después de que el ministro André Mendonça, relator del caso, ordenara levantar el sigilo judicial de las investigaciones. El documento central preveía pagos de R$ 131 millones en tres años por servicios jurídicos prestados al banco.Firmado en 2024, el contrato preveía la implantación y el perfeccionamiento continuo de un programa de compliance, además de "consultoría estratégica" en procedimientos ante la Policía Federal, las policías civiles, el Banco Central, la Receita Federal (hacienda brasileña) y el Cade, el regulador antimonopolios, según la Folha de S.Paulo. El texto también incluía la representación del banco en procesos judiciales en todas las instancias. En la evaluación de la Policía Federal, citada por el periódico, el documento habría sido redactado por el propio ministro.El segundo contrato liberado por la corte trata de servicios a Viking Participações, otra empresa del exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del Master. Los pagos sumarían R$ 50 millones líquidos, ya descontados los impuestos, a lo largo de tres años.En una nota divulgada la semana pasada, cuando se conoció el análisis de la Policía Federal, el despacho Barci de Moraes sostuvo que siguió su procedimiento estándar. Según la nota, "en virtud de la amplitud de la solicitud de contratación de prestación de servicios jurídicos por el Banco Master", el sector de compliance pidió información al ministro, "en condición de esposo de la socia directora del despacho".La nota añade que, ante la inexistencia de previsión de actuación ante el STF o de cualquier impedimento legal, y como el ministro jamás había juzgado ninguna causa vinculada al Banco Master, el contrato fue firmado y los servicios fueron prestados. Ninguno de los involucrados ha sido condenado: Vorcaro es investigado en la Operación Compliance Zero y sigue preso; contra Moraes no existe, por ahora, acusación formal en el tribunal.Cómo llegó el caso hasta aquíEl caso Master nació de la Operación Compliance Zero, que investiga un supuesto esquema de fraudes financieros y lavado de dinero en el banco de Vorcaro e involucra acusaciones contra parlamentarios y el propio ministro, según la BBC News Brasil. Los hitos principales, según G1 y la BBC:17 de noviembre de 2025: Vorcaro es arrestado en el aeropuerto de Guarulhos cuando intentaba abordar un jet privado rumbo a los Emiratos Árabes, en vísperas del lanzamiento de la operación; un tribunal federal de apelación ordena su liberación unos diez días después.Marzo de 2026: tras una nueva solicitud de la Policía Federal, firmada el 27 de febrero, el banquero vuelve a ser arrestado.1 de septiembre: Mendonça levanta el sigilo de un informe de la Policía Federal con indicios de que Vorcaro habría pedido consejos e intercambiado información con Moraes; entre los mensajes está "¿Crees que el lunes ya tengo que estar fuera?", enviado dos días antes del arresto.3 de septiembre: Moraes responde y levanta el sigilo de informes de inteligencia de la Policía Federal sobre supuestas conductas irregulares de Mendonça.9 de septiembre: el presidente del STF, Edson Fachin, quita a Moraes la relatoría de la investigación de las Fake News y convoca una sesión plenaria sobre el caso Master.10 de septiembre: a pedido de Fachin, Mendonça determina el fin del sigilo de la Petición 15.556, núcleo original de la operación, y de 14 procedimientos vinculados; los contratos aparecen en el sitio del STF en la madrugada siguiente.Próximos pasosEl martes (15), el plenario del STF examinará la validez del informe de la Policía Federal producido por determinación de Mendonça, que señaló una supuesta relación entre Moraes y Vorcaro. La elaboración del documento y los desdoblamientos de la investigación provocaron una crisis interna sin precedentes en la corte, según G1. La sesión, en la evaluación de la BBC News Brasil, puede derivar en la apertura de una investigación contra el ministro. Mendonça también informó que adopta medidas para enviar copias íntegras de los autos a la presidencia del tribunal y a los demás gabinetes.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Edson Fachin, pidió este jueves (10) al ministro André Mendonça el levantamiento del secreto de las investigaciones del caso Master que tramitan en el tribunal. La solicitud alcanza a la Pet 15.556, la petición que está en el origen de la investigación, y a todos los procedimientos derivados de ella. Según InfoMoney, solo permanecería en secreto lo que pudiera comprometer diligencias necesarias para futuras operaciones sobre el caso.En el STF, el ministro encargado de un caso, conocido como relator, decide qué permanece bajo secreto. Como Mendonça ocupa ese papel en el caso Master, la iniciativa del presidente del tribunal toma la forma de una solicitud, según informó g1. Fachin también pidió el envío, en un disco propio, a la Presidencia y a los despachos de los ministros, de todos los procedimientos contenidos o relacionados con la Pet 15.556. La medida forma parte de la preparación de la sesión extraordinaria convocada para el 15 de septiembre, cuando el pleno analizará un informe de la Policía Federal sobre el caso y el pedido de la Fiscalía General de la República (PGR) de anular el documento."Considerando que la Pet 16.662 se formó a partir de la Pet 15.556, se solicita al eminente ministro André Mendonça (relator de la Pet 15.556) el envío, en disco propio, a esta Presidencia y a los despachos de los eminentes ministros, de todos los procedimientos contenidos o relacionados con la Pet 15.556, así como el levantamiento del secreto de la Pet 15.556 (y de los procedimientos contenidos o relacionados con ella), con excepción de lo que se refiera a diligencias cuyo secreto sea imprescindible para la realización de la medida", escribió Fachin en un despacho citado por g1 (traducido del portugués).Línea de tiempo del casoEl caso Master reúne en el STF las investigaciones sobre el Banco Master, del exbanquero preso Daniel Vorcaro, y una indagación sobre repasses para la producción de una película sobre la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro. Según g1, ya existían divergencias entre el despacho de Mendonça y la dirección de la Policía Federal sobre el ritmo de las pesquisas, y en agosto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientó al director general de la corporación, Andrei Rodrigues, a buscar al relator para tratar el tema. El detonante de la crisis fue un informe de la PF, elaborado a pedido de Mendonça, que apuntó una supuesta relación entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes a partir de mensajes atribuidos al banquero.El miércoles (9), Fachin retiró a Moraes de la relatoría de la indagación de las fake news, que el ministro conducía desde hacía más de siete años, suspendió decisiones contradictorias de Mendonça y del ministro Flávio Dino sobre el mando de la PF, manteniendo a Rodrigues en el cargo, y convocó la sesión extraordinaria del martes (15). Este jueves, según el diario O Globo, la Presidencia del tribunal entregó a los despachos la íntegra del proceso que reúne el informe de la PF, cuyo secreto ya había sido levantado por decisión de Mendonça.Las posiciones en disputaMinistros criticaron la iniciativa de Mendonça de encargar una investigación sobre un integrante de la propia Corte sin someter antes el tema al pleno, y la PGR del procurador general Paulo Gonet pidió la anulación del informe. En la sesión del martes, además de la validez del documento, el pleno debe discutir los procedimientos para una eventual investigación que involucre a Moraes, quien todavía no es objeto de una investigación abierta en el tribunal. El presidente Lula defendió el miércoles la ruptura completa de los secretos del caso y se quejó de "fugas selectivas que impactan la disputa electoral", en una referencia velada a informaciones sobre la relación entre Moraes y Vorcaro, informó Folha de S.Paulo. Las revelaciones han animado al bolsonarismo en la campaña del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato a la Presidencia.Entre bastidores, Fachin pasó la tarde del jueves en consultas internas y recibió a los ministros Moraes, Mendonça, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Kassio Nunes Marques y Luiz Fux, además del procurador general Paulo Gonet. Según una apuración de g1, seis votos se consideran más consolidados: Gilmar Mendes, Flávio Dino y Cristiano Zanin serían puntos alineados con Moraes, mientras que Mendonça contaría con el apoyo de Fux y de Nunes Marques; los votos de Fachin y de Cármen Lúcia siguen inciertos. El siguiente paso depende de Mendonça, que debe decidir si atiende la solicitud y levanta el secreto. Después viene la sesión extraordinaria del martes 15 de septiembre, que definirá la suerte del informe de la PF. Según O Globo, un pronunciamiento de Moraes estaba previsto para el lunes (14), víspera del juicio.

El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL) calificó de "intento de golpe" y de "amañada" la operación que la Policía Federal lanzó este jueves (10) para investigar la sospecha de desvío de enmiendas parlamentarias vinculadas a la película Dark Horse, biopic del expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato. En su transmisión semanal de YouTube, el presidenciable afirmó que "faltan 24 días para la elección" y que sus adversarios "necesitan inventar algo" en su contra, y anunció que su defensa pedirá al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el tribunal más alto de Brasil, ministro Edson Fachin, que el ministro Flávio Dino sea investigado formalmente por una supuesta articulación política, según el portal G1."El nombre de la operación tenía que ser intento de golpe. Ahí va la pista, Dino: intento de golpe es el nombre de tu acción."Qué investiga la Policía FederalSegún la agencia estatal Agência Brasil, la Policía Federal cumplió 49 órdenes de registro y decomiso emitidas por el STF en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal. Entre los objetivos están el diputado federal Mário Frias (PL-SP), guionista y productor ejecutivo del filme, y la productora Karina Ferreira da Gama, dueña de Go UP Entertainment y de dos entidades señaladas como destinatarias de las transferencias, el Instituto Conhecer Brasil y la Academia Nacional de Cultura. Las enmiendas son fondos presupuestarios que los parlamentarios dirigen a proyectos de su elección. Se investigan sospechas de organización criminal, peculado, lavado de dinero, falsedad documental y delitos de licitación; según las autoridades, los desvíos suman cientos de millones de reales. La acción fue autorizada por Dino, responsable en el tribunal del proceso sobre los supuestos desvíos de enmiendas. Nadie ha sido condenado y los investigados niegan irregularidades.Frias, cuya residencia fue registrada, calificó la operación de "cortina de humo" en un video publicado en redes sociales. El diputado negó irregularidades, dijo que colaborará con las investigaciones y entregará los documentos solicitados, y afirmó que cree que el caso será archivado, informó G1. Agência Brasil informó que buscó a las asesorías de Frias y de Karina sin recibir respuesta.La reacción del candidatoEn la transmisión, Flávio negó que dinero público haya financiado la película. "Con toda la tranquilidad del mundo, una vez más: no hay nada mal con la película de Bolsonaro. Todo estuvo impecable, inversión privada en una película privada", declaró, en un pasaje citado por Folha de S.Paulo. Afirmó que Dino y el también ministro Alexandre de Moraes "intentaron interferir en las elecciones" y alegó que la operación habría sido combinada tras una reunión entre Moraes y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Unión-AP), con quien dijo estar decepcionado. InfoMoney señaló que el candidato acusa a Dino de "dar un golpe" contra adversarios del presidente Lula sin presentar pruebas.Flávio también insinuó un intercambio de favores entre Dino y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Según Folha, el ministro André Mendonça apartó a Andrei del cargo el martes (8) y Dino ordenó su reincorporación, decisión que el candidato llamó "una firma completamente ilegal". También alegó que la autorización de la operación, firmada por Dino el 3 de septiembre, coincide con una publicación suya en la red X sobre un supuesto intento de golpe en las elecciones, citó encuestas que lo muestran técnicamente empatado con Lula como contexto de la acción y dijo, según InfoMoney, que Karina habría recibido amenazas para delatarlo.Cómo llegó el caso hasta aquíEl caso llegó al STF en mayo, cuando el sitio The Intercept reveló audios de una conversación de noviembre del año pasado en la que Flávio pide dinero al banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, para financiar el rodaje de la biografía de su padre. El senador negó haber combinado alguna ventaja indebida y afirmó que los recursos transferidos al filme eran íntegramente privados. En el tribunal, el asunto avanza en dos frentes paralelos: Dino investiga las transferencias de enmiendas a entidades vinculadas a Karina, y Mendonça examina el aporte de 61 millones de reais de Vorcaro a la película, hecho a pedido de Flávio, dentro del caso Banco Master.El próximo paso anunciado es la petición de las defensas ante Fachin para que Dino sea investigado formalmente; no se informó fecha de presentación. Las investigaciones siguen en curso en el STF y la primera vuelta de la elección presidencial está fijada para el 4 de octubre.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, sufre presión para celebrar una sesión cerrada el martes (15), cuando el plenario examina por primera vez la solicitud de apertura de una investigación contra el ministro Alexandre de Moraes, cuyas sesiones se transmiten normalmente por televisión. El objetivo, según CNN Brasil, sería no exponer públicamente desavenencias entre los ministros, sobre todo entre Moraes y André Mendonça, relator de las indagatorias sobre el Banco Master y, en palabras de Folha de S.Paulo, su principal antagonista en el tribunal.Los aliados de Moraes sostienen, según la cadena, que la transmisión en vivo puede aumentar la presión popular para votar a favor de la investigación, y señalan como más sensibles a la opinión pública a los ministros Kassio Nunes Marques y Cármen Lúcia. Fachin todavía no ha decidido. Ha señalado que cerrar la sesión puede dar la impresión de que el tribunal se resiste a la transparencia en medio de la crisis que lo divide.La defensa de Moraes sigue en preparación. Folha informó de que el ministro preparaba una alocución para este jueves (10), anunciada por la oficina de prensa del STF a las 7h40 y cancelada a las 8h45, después de que magistrados aliados le recomendaron esperar y aprovechar la atención puesta en la operación de la Policía Federal sobre la película "Dark Horse", autorizada por el ministro Flávio Dino. Uno de los objetivos fue el diputado Mario Frias (PL-SP), investigado, que niega irregularidades y calificó la acción de "cortina de humo". Según CNN Brasil, la alocución de Moraes está ahora prevista para el lunes (14), víspera del juicio, cuando debe reafirmar que nunca tuvo participación personal con el banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master. El ministro niega las sospechas. Un ministro cercano consultado por Folha reflexionó que cualquier punto sin explicación puede perseguirlo hasta la sesión del martes.Cómo llegó el caso al plenarioUn breve repaso de la crisis, basado en el reportaje de BBC News Brasil:Mayo: el sitio The Intercept Brasil reveló que el candidato presidencial Flávio Bolsonaro habría pedido a Vorcaro US$ 24 millones (unos R$ 134 millones) para financiar una película sobre Jair Bolsonaro.1 de septiembre: Mendonça levantó el secreto del informe de la Policía Federal sobre el caso Master, lo que desató la crisis abierta en el tribunal.3 de septiembre: Moraes pidió la inclusión de Mendonça en la investigación de las fake news por un supuesto "abuso de autoridad" en la divulgación del informe.8 de septiembre: Mendonça intentó apartar al director general de la Policía Federal e impedir informes de inteligencia sobre jueces; la propia policía lo acusó de interferir en la recolección de pruebas.9 de septiembre: Fachin retiró a Moraes de la relatoría de la investigación de las fake news y canceló la sesión del plenario.10 de septiembre: se canceló una nueva sesión y la Policía Federal cumplió las órdenes de la operación sobre "Dark Horse".Según BBC News Brasil, el informe de la Policía Federal registró mensajes atribuidos a Moraes y a Vorcaro en los que el banquero pedía consejos, incluso sobre cuándo salir de Brasil, con mayor frecuencia poco antes de su detención, cuando intentaba huir del país. La indagatoria también menciona un contrato millonario entre el banco y el despacho de Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro. Moraes niega cualquier irregularidad.Escenarios para el martesEl marcador para la sesión del martes se considera inconcluso, según CNN Brasil. La expectativa en el tribunal es que el ministro Dias Toffoli se declare impedido, ya que también ha sido citado por una supuesta relación con Vorcaro. Otra hipótesis planteada en el STF es un pedido de "vista", que permite a un ministro estudiar el proceso con más calma y aplazar la decisión hasta después de las elecciones de este año, como hizo Gilmar Mendes al analizarse el alejamiento del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.Fachin canceló las sesiones del miércoles (9) y del jueves (10) porque, según asesores citados por Folha, evaluó que había riesgo real de que los trabajos adelantaran los debates previstos para el martes. En el plenario, Moraes y Mendonça se sientan lado a lado. El próximo paso del calendario es la alocución prevista para el lunes (14), seguida de la sesión del martes (15), abierta o cerrada, decisión que corresponde al presidente de la corte.

El banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, afirmó en una propuesta de delación premiada que ACM Neto, exalcalde de Salvador y vicepresidente de União Brasil, y Antônio Rueda, presidente nacional del partido, recibían el 10% de los aportes que fondos de pensiones públicas y empresas estatales hacían en el banco. El contenido del documento fue revelado este jueves (10) por UOL, en una columna de los periodistas Cézar Feitoza, Fabio Serapião y Natália Portinari. La Policía Federal y la Fiscalía General de la República (PGR) ya habían rechazado las propuestas de Vorcaro, y ningún tribunal ha homologado las afirmaciones.Según el documento, la regla preveía destinar el 10% del valor aplicado a "cada grupo político que captara la inversión", o el 1% anual mientras el dinero permaneciera invertido en el Master. En la contabilidad del propio banquero, la actuación de los dos dirigentes habría permitido captar unos 2.000 millones de reales, lo que equivaldría a una obligación de hasta 200 millones para los dos. El texto no informa cuánto se habría pagado efectivamente, y Vorcaro no explica cómo se definía la forma de cálculo. Las instituciones citadas son los fondos de pensiones de Río de Janeiro, Amapá y Amazonas, además de Cedae, la compañía de agua y alcantarillado del estado fluminense.Cómo llegó el caso hasta aquíEl levantamiento del secreto bancario del Master identificó pagos de 6,4 millones de reales a despachos ligados a Rueda, entre 2022 y 2025, y de 5,4 millones a la consultora de ACM Neto, entre 2023 y 2025.Vorcaro presentó propuestas de delación premiada; la PF y la PGR las rechazaron por falta de información novedosa y de garantías de devolución de valores ligados al caso.El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo, difundió un informe de inteligencia de la PF sobre la investigación, y el documento volvió a circular, según Bahia Notícias.Este jueves (10), UOL publicó los fragmentos que citan a ACM Neto y Rueda.Lo que describe el delatorEn la propuesta, Vorcaro afirma que los pagos a los dos eran tan frecuentes que el banco pasó a controlar los valores a recibir. Un fragmento del documento dice:"Una vez que ACM Neto y Antônio de Rueda intermediaron diversos negocios para el Banco Master, como el Credcesta, la captación de inversores institucionales y la intermediación ante el BRB, siempre mediante el pago de ventajas indebidas, ambos pasaron a tener una especie de cuenta corriente gerencial de valores a recibir junto al Banco Master".Los repases a ACM Neto habrían ocurrido en efectivo, a través de empresas y personas ligadas a Augusto Lima y a Antônio Freixo, dueño de Entre Investimentos e Participações, y por contratos de consultoría de A&M Consultoria con el Master y con Reag, además de contratos con B6 Capital, gestora ligada al exalcalde. Para Rueda, además de efectivo, el documento cita contratos entre empresas del conglomerado Master y el bufete Rueda & Rueda Advogados, que podrían sumar unos 3 millones de reales al mes. Vorcaro también contó que Rueda lo llevó a un encuentro en Brasilia en junio de 2024 con Paulo Henrique Costa, entonces presidente del BRB, y que un pago indebido se dividiría en tres partes para Rueda, Paulo Henrique y ACM Neto.Las cifras no coinciden del todo. Vorcaro habla de unos 2.000 millones de reales captados con la ayuda de los políticos, pero las inversiones de las cuatro instituciones citadas suman unos 3.620 millones de reales, según datos del levantamiento del secreto bancario reproducidos por Revista Fórum: Rioprevidência invirtió 2.970 millones entre 2023 y 2025; la Amprev, de Amapá, 400 millones; Cedae, 200 millones; y Amazonprev, 50 millones. La propuesta no explica la diferencia ni señala un acto específico de ambos dirigentes dentro de los fondos. Vorcaro indica que su relato podría ser confirmado por João Carlos Mansur, dueño de Reag, cuya propia delación incluye un anexo sobre ACM Neto con una inversión de 7,9 millones en un fondo administrado por la empresa.Antônio Rueda afirmó no haber tenido acceso al documento y negó irregularidades; según él, los contratos del bufete con instituciones ligadas al caso son lícitos y los servicios fueron prestados. ACM Neto calificó las acusaciones de "absurdas, completamente fantasiosas y mentirosas", dijo que la propuesta no fue aceptada, firmada ni homologada y cuestionó el origen y la autenticidad de los fragmentos divulgados. Ambos afirmaron que no ejercían cargos públicos en el período citado, según registró ICL Notícias.El destino inmediato de las acusaciones depende del propio acuerdo. Rechazado por la PF y la PGR, solo puede avanzar con nuevas negociaciones, y Vorcaro intenta retomar el trato, según ICL Notícias. En paralelo, el pleno del Supremo Tribunal Federal, convocado por el ministro Edson Fachin, juzgará el día 15 la investigación sobre Moraes y Vorcaro, contexto en el que el documento volvió a circular.

El ministro André Mendonça, del Tribunal Supremo Federal (STF), la máxima corte de Brasil, homologó este miércoles (9) el acuerdo de colaboración premiada del empresario Antonio Carlos Freixo Junior, apodado Mineiro, dentro de la investigación sobre transferencias del exbanquero Daniel Vorcaro al fondo que financió la película "Dark Horse", sobre la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro. La decisión está bajo secreto de justicia, informó el portal G1. La agencia estatal Agência Brasil y la cadena alemana DW confirmaron la homologación.Mineiro es dueño de Entre Investimentos, señalada como la empresa que hizo los repases al fondo Havengate, con sede en Estados Unidos, por orden de Vorcaro, excontrolador del Banco Master; la Agência Brasil lo describe como cambista ilegal. El acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) se firmó el 8 de agosto, tras unos cuatro meses de negociaciones. El martes, el empresario y sus abogados asistieron a una audiencia con un juez auxiliar del despacho de Mendonça, que preguntó si la adhesión era voluntaria. La respuesta fue afirmativa, y la voluntariedad es precisamente uno de los requisitos para homologar una colaboración.Lo que afirma el colaboradorEn su versión, Mineiro era el encargado de "generar" dinero en efectivo para el equipo de Vorcaro. Dice haber movido unos 1.300 millones de reales para el banquero entre 2020 y 2025 y describe entregas en maletas con valores de entre 1 y 1,5 millones de reales, destinadas, según él, al pago de sobornos. Las demandas de efectivo partirían del propio Vorcaro, de su socio Augusto Lima y, más tarde, del cuñado del banquero, Fabiano Zettel. El empresario alega también haber realizado pagos en el exterior a través de una empresa con sede en Nasáu, Bahamas, con facturas enviadas por Vorcaro, sin detallar a los beneficiarios.Sobre la película, el colaborador afirma haber hecho siete transferencias, como "suscripciones de cuotas", al Havengate entre enero y septiembre de 2025, por un total de 12,333 millones de dólares, unos 62,8 millones de reales al cambio de la época. La previsión inicial era de unos 24 millones de dólares hasta enero de 2026, pero solo se concretaron las siete operaciones. Según la delación, los valores fueron pedidos a Vorcaro por el senador Flávio Bolsonaro, hoy candidato a la Presidencia. El fondo es administrado por Paulo Calixto, abogado del exdiputado Eduardo Bolsonaro en EE.UU.; el delator entregó a la PGR comprobantes de las transferencias y los correos cambiados con Calixto. Todo consta en la versión del colaborador y aún no ha sido confirmado por decisión judicial.CronologíaEnero a septiembre de 2025: siete transferencias al fondo Havengate suman 12,333 millones de dólares, según la delación.Enero de 2026: la segunda fase de la Operación Compliance Zero alcanza a la gestora Reag, en el ámbito del caso Master; el Banco Central ordena su liquidación.8 de agosto: Mineiro firma la delación con la PGR; la colaboración de João Carlos Mansur, dueño de Reag, se cerró dentro de las mismas pesquisas del caso Master.8 de septiembre: una audiencia con un juez auxiliar confirma que el acuerdo es voluntario.9 de septiembre: Mendonça homologa la delación, en decisión mantenida bajo secreto.Los citados rechazan las sospechas. Flávio Bolsonaro afirma que el dinero de Vorcaro se destinó íntegramente a la producción de la película, posición repetida a la Agência Brasil. Su asesoría dijo al G1 que la información sobre la financiación proviene de la productora Go Up, responsable de la obra y de la presentación de las cuentas. Go Up contrató una auditoría privada que en junio consideró regulares las cuentas de "Dark Horse", protagonizada por Jim Caviezel en el papel de Bolsonaro, presupuestada en 75 millones de reales y financiada por Havengate, sin hacer públicos los documentos. Eduardo Bolsonaro niega haber recibido dinero de Vorcaro. El abogado del delator, Marco Petrelluzzi, no comentó el caso, alegando el secreto de justicia.Con la homologación, los relatos de Mineiro pueden usarse como prueba. La Policía Federal investiga si todo el dinero se aplicó en la película, como sostienen el senador y la productora, o si parte costeó la estadía de Eduardo Bolsonaro en EE.UU., donde vive desde febrero de 2025. No hay fecha definida para el próximo paso de la investigación, que corre bajo secreto. La DW observa que Mendonça sufre presión para avanzar en el caso en medio de la crisis institucional que lo enfrenta al ministro Alexandre de Moraes, con derivas sobre la PGR y la Policía Federal.

El empresario João Carlos Mansur, fundador y exdueño de la gestora Reag, firmó un acuerdo de colaboración premiada con la Procuraduría General de la República (PGR) en el que afirma que fondos de inversión administrados por la empresa sirvieron para ocultar pagos de sobornos de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, a autoridades públicas. Según Folha de S.Paulo, la colaboración fue enviada la semana pasada al ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), y espera su homologación.Personas con conocimiento del acuerdo consultadas por Folha dicen que Mansur describe la participación de la gestora y de los fondos usados en el esquema investigado del Master, además de personas que actuaban como testaferros de Vorcaro. La Policía Federal participó del inicio de las negociaciones, pero no siguió con las tratativas. Según el sitio O Brasilianista, la propuesta entregada a la PGR a fines de agosto, con 17 anexos, relata el camino del dinero: salía del Master hacia empresas, que enviaban parte de los valores a fondos de Reag, con uso de testaferros y estructuras offshore para dificultar la identificación del origen y del destino final.Cómo llegó el caso hasta aquíDesde el año pasado, las investigaciones apuntan a sospechas de fraudes financieros relacionados con Vorcaro y Reag en el llamado caso Master, y la colaboración de Mansur es la primera formalizada por la PGR en la Operación Compliance Zero, una de las líneas de la pesquisa. Reag aparece en operaciones centrales del caso: la Policía Federal investiga una triangulación entre Master, Reag y el Banco de Brasilia (BRB), que compró 21.900 millones de reales en carteras de crédito del Master, de los cuales 12.200 millones son considerados fraudulentos, según O Brasilianista. Fondos vinculados a Reag, entre ellos Verbier, Cabreúva, Borneo y Delta, quedaron con una participación del 23,5% en el capital del BRB. Mansur es señalado como uno de los articuladores de esas movimentaciones, y el expresidente del banco, Paulo Henrique Costa, también es investigado.En el acuerdo, además de colaborar en la localización y recuperación de los recursos, Mansur se comprometió a pagar una multa de 40 millones de reales, valor revelado por UOL y equivalente, según O Brasilianista, a lo que el empresario habría recibido de Reag mientras dirigía la gestora. Buena parte del dinero desviado está fuera de Brasil, en sociedades offshore, según los investigadores, y la colaboración podría permitir que esos valores regresen al país sin acuerdos con autoridades extranjeras, lo que evitaría que algunos países se queden con un porcentaje del monto recuperado, informa Folha. En este tipo de acuerdos, las declaraciones del colaborador deben ser confirmadas con otras pruebas. Vorcaro, investigado en el caso, también presentó propuestas de colaboración, pero los investigadores evaluaron que el material no aportaba información suficientemente nueva, según O Brasilianista.Defensas y próximos pasosLa defensa de Vorcaro afirmó que no tuvo acceso a los anexos de la colaboración y que, por eso, no tiene cómo manifestarse. La defensa de Mansur no se manifestó. La propuesta que precedió al acuerdo también mencionaba nombres políticos, entre ellos el senador Jaques Wagner (PT-BA) y el exalcalde de Salvador ACM Neto (União), según O Brasilianista, que no detalló el contenido de las menciones. Vorcaro, Mansur y Costa son investigados en el caso; Wagner y ACM Neto aparecen solo como citados en la propuesta. El próximo paso es de Mendonça, relator del caso Master en el STF: a él corresponde decidir si homologa el acuerdo, sin fecha prevista.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendió este miércoles (9) la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (PGR) para esclarecer si hubo "orden o interferencia externa" en la elaboración del informe de la Policía Federal que registró mensajes entre el ministro Alexandre de Moraes y el exbanquero Daniel Vorcaro. Según CNN Brasil, la medida fue adoptada en una petición abierta por la presidencia del tribunal para concentrar el análisis de los hechos que involucran a los ministros André Mendonça y Moraes y a la propia Policía Federal, y rige "hasta nueva deliberación" del Supremo.La investigación había sido abierta el viernes (4) por el fiscal general de la República, Paulo Gonet, mediante un procedimiento de control externo de la actividad policial, el instrumento con que el Ministerio Público brasileño fiscaliza a las fuerzas policiales. Gonet ordenó a la Policía Federal explicar cómo se elaboró el informe, solicitado por Mendonça, y comunicó a Fachin que la PGR no fue informada previamente de la determinación del ministro y, por eso, no pudo acompañar esa etapa de la investigación.La suspensión formó parte de un paquete de decisiones con las que Fachin buscó contener la crisis en el tribunal. En la misma providencia, suspendió la decisión de Mendonça que apartó preventivamente al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y la del ministro Flávio Dino que lo reincorporó al cargo, y decidirá en un procedimiento propio de la presidencia si el delegado permanece en la función, según G1. Fachin también asumió la relatoría de la llamada investigación de las "fake news", antes en manos de Moraes, suspendió "todo y cualquier procedimiento" de investigación contra integrantes del STF y convocó al pleno para el día 15. La Abogacía General de la Unión (AGU), autora del pedido que llevó a la anulación del apartamiento, dijo que la decisión "restaura el orden público y administrativo".Lo que alega cada parteHoras antes de la intervención de Fachin, Dino había ordenado la vuelta de Rodrigues y de Leandro Almada, director de Inteligencia de la Policía Federal, apartados el martes (8). En la decisión, Dino escribió que la supuesta interferencia se vuelve "más grave" ante la noticia de que Mendonça recibió a Vorcaro, preso por el esquema de fraudes del Banco Master, en una reunión privada en marzo de 2025, en el Instituto Iter, en São Paulo, encuentro que no figuró en la agenda oficial del ministro. "¿Puede una parte ser juez de sí misma y anticipar juicios de valor sobre informes de la Policía Federal que expresamente la mencionan?", cuestionó. El ministro aclaró que no hace "ningún juicio de valor anticipado" sobre el encuentro, pero calificó la situación de "compleja" y afirmó que exige "moderación, equilibrio y prudencia", especialmente en pleno período electoral.Mendonça dice que recibió al entonces banquero "una única vez", por iniciativa de este, y que se limitó a escucharlo. Según el ministro, la conversación trató de un proceso sobre créditos de precatórios, una modalidad de deuda pública brasileña, de interés del Master en trámite en el STF, y su actuación posterior fue contraria a la posición defendida por Vorcaro. Al apartar a los mandos de la Policía Federal, Mendonça señaló un "monitoreo y recolección dirigida" contra él y contra el abogado general de la Unión, Jorge Messias. Del otro lado, Moraes sostiene, con base en un informe que encargó a la Policía Federal, que Mendonça habría cometido, "en tesis", improbidad administrativa, crímenes de responsabilidad y abuso de autoridad, con "favoritismo a determinados grupos políticos". Ninguna de las acusaciones mutuas ha derivado hasta ahora en una denuncia formal, y ninguno de los ministros es acusado en proceso penal.Cronología de la crisis1 de septiembre: Mendonça, relator del caso Master, retira el sigilo de un informe de la Policía Federal que registra mensajes y encuentros entre Moraes y Vorcaro.3 de septiembre: Moraes pide abrir una investigación contra Mendonça y lo acusa, "en tesis", de abuso de autoridad y uso de información confidencial.4 de septiembre: Gonet abre en la PGR la investigación sobre interferencia en la elaboración del informe.8 de septiembre: Mendonça aparta preventivamente a Andrei Rodrigues y Leandro Almada.9 de septiembre: Dino reincorpora a los dos delegados; horas después, Fachin suspende las decisiones de Mendonça y Dino y la investigación de la PGR.El próximo paso corresponde al pleno del STF, convocado para el martes (15), cuando los ministros deben discutir el informe de la Policía Federal que señaló una supuesta relación entre Moraes y Vorcaro. La suspensión de la investigación de la PGR se mantiene hasta que el tribunal delibere de nuevo, y Fachin todavía debe decidir si Andrei Rodrigues permanece al frente de la Policía Federal.

La Policía Federal de Brasil citó al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, a su antecesor en el cargo, Roberto Campos Neto, al banquero André Esteves, dueño de BTG Pactual, y al actual director de Fiscalización del banco, Ailton de Aquino, a declarar como testigos en la investigación por presuntas irregularidades en el Banco Master. Las citaciones fueron emitidas a comienzos de agosto, según un despacho al que accedió Folha de S.Paulo. La información la publicó primero el diario O Estado de S. Paulo y la confirmó Folha.Los cuatro prestarán declaración por videoconferencia, y el fragmento del documento consultado por la prensa no indica cuándo se realizarán las audiencias. Como testigos, no figuran como investigados en este procedimiento y tienen el deber legal de decir la verdad. Según el Estadão, sus nombres aparecieron en declaraciones de Paulo Sérgio Souza, exdirector del Banco Central investigado por la sospecha de recibir ventajas del banquero Daniel Vorcaro para favorecer al Master. Souza niega irregularidades.El caso MasterEl Banco Master, controlado por Vorcaro, fue liquidado en noviembre de 2025. La investigación integra la Operación Compliance Zero, que indaga a exintegrantes del Banco Central sospechosos de haber prestado una especie de asesoría informal a Vorcaro a cambio de ventajas financieras; Souza está entre los principales objetivos de esa línea. Según el Estadão, BTG habría detectado un fraude de 32.000 millones de reales en el Master al cerrar una due diligence, una revisión minuciosa de los riesgos de una inversión.Consultados por Folha, la asesoría de prensa del Banco Central, Galípolo y Aquino no habían respondido hasta la publicación de la noticia. BTG informó que no se pronunciará sobre el asunto.En una nota, los abogados de Campos Neto afirmaron que la defensa jamás fue citada y que no tenía conocimiento del despacho."La defensa de Roberto Campos Neto aclara que jamás fue citada y que ni siquiera conocía la existencia del presunto despacho del 3 de agosto. Si de verdad existe la determinación de que Roberto Campos Neto sea escuchado, es lamentable que esa información haya sido filtrada a la prensa. Sin acceso al documento, la defensa no puede confirmar su existencia, autenticidad o contenido"No se ha divulgado fecha para las declaraciones por videoconferencia. En un frente aparte del caso, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, convocó al pleno para el 15 de septiembre juzgar la investigación sobre la supuesta relación del ministro Alexandre de Moraes con Vorcaro, según G1.

El empresario Antonio Carlos Freixo Júnior, conocido como Mineiro, declaró a la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil que hizo siete transferencias al fondo Havengate, con sede en Estados Unidos, entre enero y septiembre de 2025, por orden de Daniel Vorcaro, dueño del extinto Banco Master. Los giros, registrados como "suscripciones de cuotas", sumaron US$ 12,33 millones, unos R$ 62,8 millones según el cambio de septiembre de 2025, de acuerdo con el portal G1. El sitio Poder360, a partir de un reportaje del diario O Globo, calcula el mismo monto en unos R$ 69 millones. El detalle se publicó este miércoles (9).Según el G1, los valores le habían sido pedidos a Vorcaro por el senador Flávio Bolsonaro (PL), hoy candidato a la Presidencia. El senador afirmaba que el último pago del banquero había ocurrido en mayo de 2025; la delación registra un giro de US$ 1,67 millones en septiembre de ese año. El relato forma parte del acuerdo de colaboración premiada firmado por Mineiro con la PGR el 8 de agosto, que está en análisis del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), relator del caso Master.Cómo se hicieron los girosDueño de Entre Investimentos, el empresario dijo que no conocía el fondo hasta que Vorcaro lo contactó por WhatsApp entre fines de 2024 e inicios de 2025. En enero de 2025 su empresa firmó una "Letter of Agreement" (carta de compromiso) con el administrador fiduciario del Havengate, el abogado Paulo Calixto, que representa al exdiputado Eduardo Bolsonaro en EE.UU. El documento preveía más de diez suscripciones. Poco antes de cada operación, Vorcaro le pedía por WhatsApp que formalizara la suscripción y pagara, según relató el empresario al G1."La solicitud inicial de Daniel Vorcaro era enviar unos US$ 24 millones, que se operarían en más de diez suscripciones, entre enero de 2025 y enero de 2026"Solo siete transacciones se concretaron. Vorcaro fue arrestado por primera vez en noviembre de 2025. Mineiro dijo que entregó a las autoridades los comprobantes de las transferencias y los correos cambiados con Calixto, y afirmó que desconocía el destino final del dinero.En la misma declaración, el empresario afirmó haber hecho otros pagos en el exterior, también por orden de Vorcaro, a través de Entre Investiments and Arbitrage Ltd., con sede en Nasáu, Bahamas. En esos casos Vorcaro enviaba "invoices" (facturas) que debían pagarse; no detalló a los beneficiarios. La Policía Federal investiga si todo el dinero enviado al Havengate se usó en Dark Horse, película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro, como sostienen Flávio y la productora Go Up, o si parte financió la permanencia de Eduardo Bolsonaro en EE.UU. Los investigadores también verifican si recursos en paraísos fiscales, como las Bahamas, llegaron al fondo o a personas vinculadas a él.Cronología del casoEn noviembre de 2025 Vorcaro fue arrestado por primera vez y el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial del Banco Master. Él sigue preso y es investigado por la PF por sospecha de crímenes contra el sistema financiero y corrupción. Este año, el medio Intercept Brasil reveló conversaciones entre Flávio y el banquero que indicaban un acuerdo de unos R$ 134 millones para financiar la película. El senador primero negó el financiamiento y luego admitió haber captado R$ 61 millones con Vorcaro. La revista piauí informó de una transferencia adicional ocho días después de la conversación entre ambos, lo que elevó el total contabilizado a unos R$ 65 millones. En junio, una auditoría privada contratada por Go Up afirmó que las cuentas de Dark Horse están en regla, con un costo de R$ 75 millones pagados por el Havengate, pero no hizo públicos los documentos de gastos.Consultado, el abogado del delator, Marco Petrelluzzi, dijo que no comentará el caso por el secreto judicial. La asesoría de Flávio Bolsonaro respondió que la información sobre el financiamiento la da la productora Go Up, que ya presentó las cuentas de la película. Eduardo Bolsonaro niega haber recibido dinero de Vorcaro a través del fondo. Flávio afirma que los recursos se usaron íntegramente en la producción y que no hay "absolutamente nada de errado" en el financiamiento, según el Poder360.El martes (8), la defensa de Mineiro participó en una audiencia con un juez auxiliar del gabinete de Mendonça, etapa que verifica la voluntariedad, la regularidad y la legalidad del acuerdo antes de la decisión del ministro. A Mendonça le corresponde ahora homologar, o no, la colaboración premiada. No hay fecha prevista para la decisión.

La decisión del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, divulgada este martes (8 de septiembre de 2026), apartó de sus cargos, además del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, al director de Inteligencia de la corporación, el delegado Leandro Almada. Según la BBC News Brasil, Almada es conocido nacionalmente por haber integrado el grupo de policías federales creado para investigar el asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, en marzo de 2018, un caso que conmocionó al país.Los apartamientos son el capítulo más reciente de la crisis abierta en el STF desde la semana pasada, cuando Mendonça levantó el secreto de informes de la Policía Federal sobre supuestos intercambios de mensajes entre el ministro Alexandre de Moraes y el exembanquero Daniel Vorcaro. Los documentos de inteligencia, citados en un despacho de Moraes, analizaban, entre otros puntos, decisiones del propio Mendonça en investigaciones bajo su relatoría y la actuación del abogado general de la Unión, Jorge Messias.Quién es Leandro AlmadaAlmada dirige desde 2024 la Dirección de Inteligencia Policial (DIP), órgano central del sistema de inteligencia de la Policía Federal. Antes comandó la superintendencia de la corporación en Río de Janeiro entre 2023 y 2024, tras pasar por los mandos de Amazonas y Bahía. En ese período en Río, la Policía Federal ejecutó operaciones contra el crimen organizado en cumplimiento de una decisión del STF en la llamada ADPF de las Favelas, y parte de esas operaciones alcanzó al exgobernador Cláudio Castro (PL).Dos delegados consultados por la BBC bajo reserva dijeron que la actuación de Almada en Río incomodaba a la cúpula del gobierno estatal. En diciembre de 2023, la periodista Andreia Sadi, de GloboNews, informó que Castro y aliados habrían intentado apartarlo del mando de la Policía Federal en el estado.Qué dice la decisiónEn el fallo, Mendonça vincula el apartamiento a seis informes de inteligencia elaborados entre el 3 y el 31 de agosto que, a su juicio, habrían excedido las atribuciones legales de la Policía Federal. El ministro calificó como ilícita la producción y divulgación de los documentos, dijo que se habrían usado para un "monitoreo y recolección dirigidos" contra él y contra Messias, y llamó a la conducta "arapongagem institucional", término brasileño para el espionaje institucional, según un repaso del fallo hecho por el medio g1.En el caso de Almada, el ministro citó que la unidad que elaboró el informe mencionado por Moraes está subordinada a la DIP. "Dicha unidad de inteligencia está sujeta a la DIP, siendo deber legal de su responsable velar por que se observaran las normativas internas y los mandatos legales que rechazan por completo la posibilidad de elaboración y difusión de esos 'informes'", escribió. La decisión, sin embargo, no afirma que el delegado haya elaborado personalmente los documentos ni ordenado su producción."En juicio preliminar, se identifican robustos indicios de la existencia no solo de grave omisión, sino también de participación y conocimiento en la elaboración de esos 'informes', con consecuencias extremadamente dañinas, por parte de los actuales ocupantes de los cargos de mayor envergadura en la estructura de la Policía Federal en lo que concierne a sus actividades de inteligencia."Mendonça ordenó que la Corregiduría de la Policía Federal investigue cómo se produjeron los documentos y suspendió la elaboración de ese tipo de informes sobre actos de magistrados, abogados públicos y policías federales. Para el ministro, el apartamiento busca impedir que los dos delegados usen "las prerrogativas, los accesos, los sistemas, las relaciones institucionales y los instrumentos inherentes al cargo para interferir en las investigaciones en curso". Según el resultado de las pesquisas, Rodrigues y Almada podrían enfrentar procesos administrativos que pueden llevar a su expulsión de la corporación.1 de septiembre: Mendonça levanta el secreto de mensajes extraídos del celular de Vorcaro que citan a Moraes.2 de septiembre: el partido Novo pide al STF evaluar el apartamiento cautelar de Andrei Rodrigues.3 de septiembre: Moraes levanta el secreto de los informes de inteligencia y pide al presidente del STF, Edson Fachin, investigar a Mendonça.8 de septiembre: Mendonça determina el apartamiento cautelar de Rodrigues y Almada y ordena la investigación en la Corregiduría.Tras la decisión, Mendonça llevó el caso a la Segunda Turma del STF, panel de cinco ministros que comenzó a votar el martes por la mañana, en sesión virtual, si mantiene el apartamiento de Rodrigues. Dos ministros votaron por mantener la medida y formaron mayoría, pero Gilmar Mendes pidió vista y suspendió el juicio, informaron Folha de S.Paulo y la BBC. El presidente del colegiado, Luiz Fux, canceló la sesión presencial prevista para la tarde, y Dias Toffoli se declaró impedido para juzgar procesos ligados al escándalo del Banco Master. No hay fecha definida para la reanudación del juicio, suspendido hasta que Gilmar concluya su examen. En paralelo, 11 directores de la Policía Federal pusieron sus cargos a disposición en una nota de "apoyo total" a Rodrigues, y Fachin se reunió con el ministro de Justicia y con el abogado general de la Unión.

Los presidentes de 17 de las 27 seccionales estatales de la OAB, el colegio de abogados de Brasil, se han manifestado públicamente a favor de investigar el caso que involucra al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y al fundador del Banco Master, Daniel Vorcaro, según un relevamiento de Poder360 publicado este martes (8). Las posiciones van desde la petición de una investigación rigurosa, la línea de la OAB nacional, hasta pedidos de apartamiento y recusación. Las acusaciones todavía están en fase de investigación.La crisis en el tribunal comenzó el 1 de septiembre, cuando el ministro André Mendonça, relator de las investigaciones sobre el Banco Master, retiró el secreto de un informe de la Policía Federal con mensajes enviados por Vorcaro a Moraes. El mismo día, la OAB nacional, presidida por Beto Simonetti, pidió una "investigación rigurosa e imparcial de todos los hechos". En un vídeo divulgado el lunes (7), Simonetti exigió respuestas rápidas del tribunal:"Brasil vive un momento que exige serenidad, transparencia y respuestas. (...) Cuando esa confianza se ve afectada, es deber de todos trabajar para restablecerla."Lo que piden las seccionalesSimonetti convocó para el miércoles (9) una reunión extraordinaria para discutir la crisis. El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, canceló el encuentro que tenía previsto para el mismo día con representantes de la Orden, según Poder360. Solo las seccionales de Paraná y Río Grande do Sul fueron más allá: Paraná pidió el apartamiento de Moraes y la recusación del procurador general de la República, Paulo Gonet, también citado en los mensajes, mientras que Río Grande do Sul exigió la recusación de Gonet y una investigación contra Moraes. Mato Grosso do Sul calificó los hechos de "graves", Ceará afirmó que "afectan la confianza de la sociedad en la Justicia" y Paraíba defendió el fin de la competencia penal del STF. Las seccionales de diez estados, entre ellos São Paulo y el Distrito Federal, no se habían pronunciado hasta la publicación del relevamiento, y Bahía y Río Grande do Norte solo republicaron la nota nacional.El casoEl informe hecho público por Mendonça tiene 218 páginas y fue elaborado por la Policía Federal a partir del análisis del teléfono de Vorcaro. Según g1, reúne 52 mensajes enviados por Vorcaro a Moraes entre octubre y noviembre de 2025, período en el que el Banco Master ya era objeto de investigaciones. Para la corporación, los dos acordaron encuentros y hablaron sobre las pesquisas que involucraban al banco. El documento también cita a Gonet y al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Gonet cuestionó la legalidad del informe y pidió la anulación de la investigación.Los hechos se sucedieron en una semana. El jueves (3), Moraes pidió, dentro de la investigación de las "fake news", de la que es relator desde hace siete años, que se investigue a Mendonça por abuso de autoridad, improbidad administrativa y delito de responsabilidad. El viernes (4), Fachin retiró el pedido de esa investigación y pasó a tratar el caso en un procedimiento conducido por la Presidencia del STF, con promesa de respuesta "firme, proporcional y rigurosa". El domingo (6), Mendonça habilitó para el pleno el pedido de apertura de investigación contra Moraes.El impeachment entra en la campañaEl caso llegó a la campaña, en un año de elecciones generales en Brasil. Cuatro candidatos al Senado por Minas Gerais defendieron, en el debate promovido por g1 en la mañana de este martes, investigar las denuncias de involucramiento de ministros del STF con el esquema financiero del Banco Master y el impeachment de los magistrados en caso de comprobación, informó Valor Econômico. Marcelo Aro (PP) dijo estar "100% a favor" del impeachment, afirmó que el STF "se pasó de los límites" y alegó la existencia de un contrato de 130 millones de reales entre el despacho de la esposa de Moraes y el Banco Master. Áurea Carolina (PSOL) dijo que no se negaría a actuar en procesos de impeachment, pero defendió una investigación rigurosa dentro de los ritos de la democracia. Carlin Moura (Avante) propuso mandatos con plazo determinado para los ministros y el apartamiento de las autoridades involucradas durante las investigaciones. Arcanjo Pimenta (MDB) afirmó que el impeachment debe avanzar si hay justificación constitucional.Por la tarde participaron de la segunda ronda Aécio Neves (PSDB), Domingos Sávio (PL) y Manoel Carvalho (MDB); Marília Campos (PT) y Carlos Viana (PSD) fueron invitados y rehusaron. En el STF, el próximo paso tiene fecha: el viernes (11) vence el plazo que Fachin dio a Moraes, a Mendonça, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal para presentar informaciones. Corresponderá al presidente del tribunal definir cuándo será convocado el pleno y si la sesión será abierta o cerrada.

Trece ministros jubilados del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, firmaron una carta abierta difundida el lunes (7) dirigida al presidente del tribunal, el ministro Edson Fachin, para pedir la convocatoria urgente de una sesión pública del pleno que ordene una investigación "inmediata y rigurosa" de lo que califican como la "más aguda crisis" de la historia de la Corte. Figuran entre los firmantes Celso de Mello, Rosa Weber, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie y Nelson Jobim. BBC News Brasil tuvo acceso al documento, que exige que la investigación se realice "bajo el debido proceso legal".En la carta, los exministros manifiestan "plena confianza" en la "seriedad, discernimiento y firmeza" de Fachin al frente del tribunal y piden que designe, "con toda urgencia", una sesión del pleno de carácter público:"Los ministros jubilados y expresidentes abajo firmantes vienen a manifestar plena confianza en la seriedad, discernimiento y firmeza de Vuestra Excelencia en la conducción de esta Suprema Corte, en la más aguda crisis de su historia, y la absoluta convicción de que Vuestra Excelencia designará, con toda urgencia, sesión pública para que el Pleno determine inmediata y rigurosa investigación, bajo el debido proceso legal, de los gravísimos hechos cuya divulgación viene comprometiendo el prestigio y la autoridad de este Tribunal, la confianza del pueblo y hasta la estabilidad de las instituciones democráticas."También firman Néri da Silveira, Francisco Rezek, Sydney Sanches, Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Cezar Peluso, Ayres Britto y Eros Grau. Ministros que dejaron la Corte más recientemente, como Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello y Ricardo Lewandowski, que fue ministro de Justicia del gobierno de Lula, no firmaron el manifiesto. Según el portal de noticias g1, Barroso quedó fuera del documento y busca una salida interna para la crisis.Cómo comenzó la crisisSegún el g1, el detonante fue la divulgación, por decisión del ministro André Mendonça, de un informe de la Policía Federal producido en el ámbito del caso Master, la investigación sobre el Banco Master, que sacó a la luz mensajes y contactos que involucran a integrantes de la Corte, a autoridades y al exbanquero Daniel Vorcaro. El ministro Alexandre de Moraes pidió entonces a Fachin la apertura de una investigación contra Mendonça por esa divulgación. Fachin asumió la conducción de los procedimientos vinculados al caso, defendió que la respuesta del tribunal se guíe por el debido proceso legal y afirmó que ningún integrante del Poder Judicial está por encima de la Constitución.El martes (8), Mendonça determinó el apartamiento del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del director de Inteligencia Policial de la institución, el delegado Leandro Almada. Llevada a la Segunda Sala del STF, la medida fue ratificada por mayoría, con los ministros Luiz Fux y Nunes Marques acompañando al relator; Gilmar Mendes pidió vista, un trámite que suspende la conclusión del juicio, y Dias Toffoli no se pronunció. Once directores de la PF pusieron sus cargos a disposición en apoyo a Rodrigues, y la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano jurídico del gobierno, pidió a Fachin que cuestione la decisión y suspenda los apartamientos, señalando, según el g1, invasión de competencias de la Presidencia de la República.'La sombra corrosiva de la sospecha'Celso de Mello, ministro del STF de 1989 a 2020 y presidente de la Corte de 1997 a 1999, envió a la prensa una manifestación individual para complementar la carta. Afirma que el texto colectivo no se refirió a "ningún episodio específico" y escribe que "ninguna autoridad está por encima de la ley, ni puede invocar la dignidad del cargo para sustraerse al escrutinio público". A su juicio, eventuales conductas ilícitas o comportamientos éticamente censurables no pueden proyectar sobre el tribunal "la sombra corrosiva de la sospecha": el STF, escribe, "es mayor que todos y cada uno de sus Ministros" y no puede ser "convertido en escudo protector de desvíos individuales".El blog de la periodista Ana Flor, del g1, relató los bastidores de la movilización: los ministros jubilados empezaron a intercambiar ideas a mitad de la semana pasada y, entre el viernes (4) y el sábado (5), una búsqueda llegó a excolegas, algunos fuera de Brasil. Tres firmantes consultados por el blog dijeron estar "extremadamente" preocupados por el impacto de las revelaciones y de los choques internos en la confianza institucional de la Corte. Entre los puntos acordados están la sesión plenaria abierta, para evitar nuevas reuniones cerradas como la que, según el g1, archivó indicios levados por la PF sobre el ministro Dias Toffoli, y una investigación amplia mediante un expediente policial. Uno de los firmantes reconoció la preocupación por la sucesión en la presidencia del STF y el riesgo de que el próximo mandato recaiga en Alexandre de Moraes antes de que se examinen los indicios.Hasta la noche del martes (8), Fachin no había convocado la sesión pública pedida por los exministros, y seguían pendientes ante él el pedido de la AGU de suspender los apartamientos en la PF y la solicitud de Moraes de investigar a Mendonça. Según el g1, un sector del STF defiende que la información sobre el choque entre Moraes y Mendonça se analice solo después de las elecciones presidenciales de octubre, y no había fecha definida para un pleno.

Una fuerza de tarea nacional, la Operación Rescate VI, liberó a 479 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud durante operativos realizados en 19 estados brasileños en agosto. Según el balance de la Secretaría de Inspección del Trabajo (SIT), del Ministerio de Trabajo y Empleo, divulgado el miércoles y reportado por g1, el portal de noticias de Globo, los equipos cumplieron 231 acciones de fiscalización entre el 1 y el 31 de agosto. De los rescatados, 404 eran hombres (84,4%) y 75, mujeres (15,6%). La operación identificó además a 15 niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, 13 de ellos también en condiciones análogas a la esclavitud, y a 66 trabajadores migrantes de países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Senegal y Guinea-Bisáu.La fuerza de tarea fue coordinada por auditores fiscales del trabajo de la SIT, con participación del Ministerio Público del Trabajo (MPT), del Ministerio Público Federal (MPF), de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) y de la Policía Federal. La cifra de 479 rescatados también fue reportada por Folha, uno de los principales periódicos de Brasil, y el MPF divulgó un balance propio de la operación. En Brasil, someter a un trabajador a condiciones análogas a la esclavitud es un delito tipificado en el artículo 149 del Código Penal.Dónde y en qué actividadesMinas Gerais concentró el mayor número de rescates, con 208 trabajadores, el 43,4% del total. Le siguieron São Paulo, con 58; Amazonas, con 42; Piauí, con 40; y Río Grande del Norte, con 37. Por región, el Sudeste respondió por 267 rescates (55,7%). Las actividades rurales representaron el 61% de las fiscalizaciones y concentraron 292 rescates; en las urbanas fueron 178. La construcción civil fue la actividad con más trabajadores rescatados, con 85 casos, seguida del cultivo de café (53), de cebolla (47) y de papa (44). En el trabajo doméstico, se fiscalizó a 14 empleadores y se rescató a 9 trabajadores.Consecuencias jurídicas y próximos pasosLos empleadores sorprendidos en las fiscalizaciones fueron obligados a interrumpir las actividades, rescindir los contratos y formalizar retroactivamente los vínculos de empleo. Hasta el momento se pagaron 1,47 millones de reales en conceptos rescisorios, de un total estimado en 3,29 millones. El balance contabiliza además 675,5 mil reales en indemnizaciones por daños morales individuales y 455,5 mil reales por daños morales colectivos. Se firmaron tres Términos de Ajustamiento de Conducta (TAC) y cuatro acciones civiles públicas están en fase de presentación ante la justicia; no se divulgó la fecha. Los rescatados recibieron el seguro de desempleo especial, de seis cuotas de un salario mínimo cada una.Las fiscalizaciones también deberían resultar en unos 1.836 autos de infracción, por irregularidades como trabajo infantil, falta de registro en la cartilla laboral e incumplimiento de normas de salud y seguridad. Hubo 28 interdicciones o embargos de actividades, y 1.192 trabajadores fueron encontrados sin registro formal de trabajo. El balance no recoge manifestación de los empleadores fiscalizados, y no se informó de ninguna condena penal hasta ahora.Realizada desde 2021, la Operación Rescate reúne organismos públicos para identificar e interrumpir situaciones de trabajo análogo a la esclavitud, proteger a las víctimas y adoptar medidas laborales, administrativas, civiles y penales contra los responsables. La edición de 2026 fue la tercera mayor de la serie, detrás de 2024, con 594 rescates, y de 2023, con 532, y quedó un 123% por encima de la edición de 2025, que registró 215. Según el balance, el número podría haber sido mayor si Brasil no tuviera un déficit histórico de auditores fiscales del trabajo: hoy hay unos 2.800 en actividad.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió este miércoles (9) el levantamiento completo del secreto judicial sobre las investigaciones conocidas como caso Master y exigió "más transparencia y no filtraciones selectivas" en las pesquisas. En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que Brasil necesita "explicaciones y medidas inmediatas" para enfrentar la crisis que, según él, se apoderó del Poder Judicial, y calificó el presunto esquema como "el mayor crimen financiero de la historia de Brasil"."Es urgente levantar por completo el secreto de las investigaciones de todos los involucrados en el caso Master, sea quien sea, duela a quien duela. Brasil necesita saber la verdad", escribió el presidente. Según el portal G1, Lula citó como ejemplo de transparencia la divulgación de informaciones de la Operación Spoofing, conducida por el entonces ministro del Supremo Ricardo Lewandowski. El diario Folha de S.Paulo recoge que el presidente se quejó de las "filtraciones selectivas que impactan la disputa electoral". Lula es candidato a la reelección y disputa su cuarto mandato.El caso Master investiga un presunto esquema que habría inflado artificialmente el valor del extinto Banco Master mediante activos y carteras de crédito sin respaldo real. Según la Policía Federal, la estructura permitía al banco aparentar solidez financiera, captar miles de millones de reales de inversionistas y realizar operaciones sin garantías compatibles. Entre los investigados figura Daniel Vorcaro, excontrolador de la institución.Cómo la crisis llegó al SupremoSegún el G1, la manifestación de Lula ocurre en medio de la mayor crisis interna de los últimos años en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, desatada por disputas en torno al caso Master y a la actuación de la Policía Federal. Cronología:El ministro André Mendonça planteó cuestionamientos sobre la relación entre su colega Alexandre de Moraes y Vorcaro, investigado en el caso.En respuesta, Moraes determinó la apertura de indagaciones sobre la actuación de Mendonça.La semana pasada, informes de la Policía Federal que exponían el enfrentamiento entre los dos ministros perdieron el secreto.A pedido del partido Novo, Mendonça decretó el alejamiento preventivo del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del director de Inteligencia, Leandro Almada, y paralizó los informes de inteligencia.La Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano jurídico del gobierno, recurrió ante el STF con el argumento de que la decisión invadía atribuciones del Poder Ejecutivo.En la mañana del miércoles, el ministro Flávio Dino suspendió el alejamiento y determinó la reincorporación de los dos delegados a sus cargos.En la decisión que reincorporó a los directores, Dino señaló que los partidos políticos carecen de legitimidad para pedir medidas cautelares en procesos penales y sostuvo que ceses de esa magnitud corresponden al pleno del tribunal, y no a una decisión de un solo ministro. El magistrado afirmó además que la medida perjudicaba diligencias urgentes bajo su relatoría, entre ellas la investigación de enmiendas parlamentarias ligadas a la película "Dark Horse". La AGU defiende que la orden de Mendonça violaba la prerrogativa constitucional del presidente sobre el mando de la corporación.Horas después de la medida de Dino, el presidente del STF, Edson Fachin, canceló la sesión del plenario prevista para las 14h del miércoles. La reunión, la primera desde que la crisis se agravó, incluía en su agenda el Marco Civil de Internet y los poderes de investigación de la Policía Federal, y se esperaba que los ministros se pronunciaran sobre el impasse. El motivo de la cancelación no fue detallado. El próximo paso es de Mendonça: Fachin abrió un plazo de 72 horas para que el ministro se pronuncie sobre el recurso de la AGU, plazo que todavía corre. No se anunció una nueva fecha para el plenario.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil, ordenó este miércoles (9) la reincorporación inmediata del director general de la Policía Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, y del director de Inteligencia Policial, Leandro Almada da Costa, con la restauración integral de sus funciones. La decisión atendió una solicitud del propio director general y revirtió la separación preventiva del cargo decidida la víspera por el ministro André Mendonça, en un nuevo capítulo de la crisis entre la corte y la institución policial. Dino también prohibió nuevas medidas cautelares personales contra los dos delegados por actos practicados en el ejercicio regular de sus funciones.La crisis estalló el martes (8), cuando Mendonça separó a los dos delegados, ordenó la apertura de procedimientos de investigación penales y administrativo-disciplinarios contra Rodrigues en la Corregiduría de la Policía Federal y prohibió la elaboración y el intercambio de informes de inteligencia sobre jueces, fiscales y policías. Según el ministro, él y el abogado general de la Unión, Jorge Messias, eran objeto de un "monitoreo sistemático" e ilegal por parte de la inteligencia policial, una práctica que calificó de arapongagem institucional, término brasileño para el espionaje ilegal de autoridades. La Segunda Turma del STF, una sala de cinco ministros, llegó a refrendar la separación por mayoría. Como recordó la BBC News Brasil, la decisión se publicó cinco días después de que el ministro Alexandre de Moraes pidiera investigar a Mendonça en el ámbito de la indagación sobre noticias falsas.Los argumentos de DinoAl conceder la tutela provisional, Dino señaló la ilegitimidad del Partido Novo, autor de la solicitud que motivó la separación, ya que medidas cautelares penales, como la remoción de un funcionario público, solo pueden ser pedidas por el Ministerio Público o por la autoridad policial. El ministro recordó también que el partido tiene candidato en la carrera presidencial de 2026, el exgobernador Romeu Zema, y que el proceso penal no puede ser instrumentalizado en disputas electorales. "Es inequívoca la ilegitimidad activa del Partido Novo para solicitar la medida cautelar", escribió Dino en una decisión citada por G1, sosteniendo que el vicio "mancha integralmente la orden judicial determinada".El relator sostuvo además que la cuestión de los informes de inteligencia de la Policía Federal ya tramita ante el presidente del STF, Edson Fachin, que fijó un plazo para manifestaciones y sometió el asunto al pleno, lo que, para Dino, impedía una decisión unipersonal con remisión a la Segunda Turma. "¿Puede una parte ser juez de sí misma y adelantar juicios de valor sobre informes de la Policía Federal que la mencionan expresamente?", preguntó el ministro, al destacar que Mendonça es citado en los propios documentos analizados. Dino invocó también la separación de poderes, argumentando que el nombramiento y la destitución del director general de la Policía Federal son atribuciones exclusivas del presidente de la República, y registró que Andrei solo cumplía determinaciones judiciales de Alexandre de Moraes.Según G1, Dino calificó la suspensión de las actividades de la Dirección de Inteligencia como una intervención indebida en la institución, con perjuicio para investigaciones como el asesinato de Marielle Franco y el desvío de enmiendas parlamentares, del cual él es relator. El ministro mencionó la indagación sobre el financiamiento de la película "Dark Horse", una biografía del expresidente Jair Bolsonaro, cuyos desdoblamientos, según la decisión, llevaron a Andrei a denunciar perjuicios a los trabajos institucionales y a pedir la revocación de su separación. Dino citó igualmente noticias recientes sobre una reunión entre Mendonça y el exbanquero Daniel Vorcaro, investigado en un esquema de fraudes de miles de millones, para afirmar que el contexto exigía "prudencia, moderación y equilibrio republicano" de la magistratura. La orden vale hasta el cumplimiento integral, por la Policía Federal, de las medidas determinadas por Dino en procesos bajo su relatoría, según un pasaje transcrito por la columnista Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo:"Esta determinación permanecerá vigente hasta el cumplimiento integral, por parte de la Policía Federal, de las medidas determinadas por esta relatoría en los autos que me fueron distribuidos, sin interrupción derivada de interferencia externa."La reincorporación repercutió de inmediato en la carrera electoral. En las redes sociales, el senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato a la Presidencia, declaró que "Brasil está sin presidente, se volvió un caos" ("virou várzea", en el original) y pidió que Fachin resuelva el asunto "de inmediato". Zema, del Partido Novo, criticó la decisión: "Este es el Brasil de los intocables", escribió, reiterando su apoyo a Mendonça y afirmando que el partido "pidió la prisión de ese sujeto" y no va a retroceder. Hasta la publicación de los reportajes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, no se había manifestado, según G1.Los dos delegados siguen respondiendo a los procedimientos abiertos por Mendonça y conservan la presunción de inocencia, al igual que las demás personas citadas en los autos. El próximo paso institucional es el examen por el pleno del STF de la cuestión de los informes de inteligencia, instancia que Dino consideró competente para decidir el caso, tras el plazo de manifestaciones fijado por Fachin. Ninguna de las reportajes consultadas informa una fecha para ese juicio.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el ministro Edson Fachin, dio este martes (8) un plazo de 72 horas al ministro André Mendonça para pronunciarse sobre el pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano que defiende jurídicamente al gobierno federal, de suspender la separación del cargo de Andrei Rodrigues al frente de la Policía Federal. Rodrigues, director general de la corporación, y el director de inteligencia Leandro Almada da Costa fueron apartados de forma preventiva el mismo día, por decisión individual de Mendonça.En la petición, firmada por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, la AGU sostiene que existe "grave lesión al orden público y administrativo" y que la medida afecta la prerrogativa privativa del presidente de la República de nombrar y destituir a los cargos de dirección de la Policía Federal. El órgano pidió una medida cautelar para suspender de inmediato las separaciones, con confirmación posterior en el mérito. En una nota, afirmó que la elección y la libre destitución del director general son atribuciones exclusivas del jefe del Ejecutivo federal y que el único requisito legal para el cargo es que lo ocupe un integrante de la clase especial de la carrera de delegado. Según G1, la nota advierte de un riesgo concreto:"La discontinuidad abrupta en la gestión del órgano compromete el funcionamiento de las actividades de policía judicial y genera riesgo de desorganización institucional."Cómo llegó el caso hasta aquíMendonça es el relator de los casos del Banco Master y del INSS en la Corte. Según Folha de S.Paulo, las separaciones fueron motivadas por un informe interno de la Policía Federal que el ministro Alexandre de Moraes usó para pedir una investigación contra el propio Mendonça por abuso de autoridad, improbidad administrativa y crimen de responsabilidad en la conducción de esos procesos. En la decisión, Mendonça citó la producción de informes de inteligencia apócrifos que monitoreaban su actuación y la de Messias, ordenó la apertura inmediata de procedimientos penales y administrativo-disciplinarios en la corregiduría de la Policía Federal y suspendió los informes de inteligencia dirigidos a analizar la actuación de magistrados. La separación es preventiva: Rodrigues y Almada figuran como investigados y no existe condena.En la Segunda Turma, la votación virtual para refrendar la medida formó mayoría de 3 votos a 0, con Mendonça, Luiz Fux y Nunes Marques, pero la sesión fue suspendida por un pedido de vista del decano, Gilmar Mendes, que según la Folha argumentó que la decisión pudo desequilibrar la disputa electoral y defendió que el caso sea analizado por el plenario. Mientras el colegiado no retome las deliberaciones, la decisión individual de Mendonça sigue en vigor. Por su parte, los directores de la Policía Federal difundieron una nota de "apoyo total" a Rodrigues y pusieron sus cargos a disposición del sustituto, William Marcel Murad, y la Asociación Nacional de Peritos Criminales Federales pidió que el caso pase con urgencia al plenario, hoy con diez ministros.El recurso de la AGU llega en medio de una fuerte polarización dentro del propio Supremo, como describe G1, y en plena campaña electoral de este año. Rodrigues es uno de los nombres más cercanos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y fue coordinador de seguridad del petista en la campaña de 2022, según la Folha.Si se usa por completo, el plazo otorgado por Fachin termina el viernes (11). Tras la manifestación de Mendonça, corresponderá al presidente del STF decidir sobre el pedido de suspensión. En paralelo, la Segunda Turma aún debe retomar la votación, sin fecha definida.

El colegiado de la CVM (Comissão de Valores Mobiliários), el regulador de valores de Brasil, condenó por unanimidad el martes (8) al exbanquero Daniel Vorcaro y al Banco Master en un proceso administrativo por una operación fraudulenta en el mercado de capitales vinculada a un fondo de inversión inmobiliaria. A Vorcaro le impusieron una multa de R$ 20 millones, y al banco, ya liquidado por el Banco Central, de R$ 12,5 millones. Según Folha de S.Paulo, las multas por fraude aplicadas a todos los acusados suman R$ 201 millones.El juicio comenzó a las 15 h en la sede del regulador, en el centro de Río de Janeiro, en sesión abierta a la prensa y al público. El relator, el director João Accioly, votó por la condena y fue seguido por el resto del colegiado, según G1. La decisión es de carácter administrativo, comparable a una sanción de la SEC estadounidense: en procesos penales paralelos los acusados mantienen la presunción de inocencia, y Daniel, Henrique y Felipe Vorcaro siguen en prisión preventiva.El esquema, según la acusaciónEl proceso fue abierto en 2020 por la superintendencia de registro de valores de la CVM para investigar la emisión y la distribución de cuotas del fondo, llamado Brazil Realty por Folha y Brasil Real por G1. Según el equipo técnico del regulador, el esquema consistía en inflar el valor de inmuebles y activos entregados al fondo mediante peritajes falsificados o inconsistentes y en simular la liquidez de las cuotas en el mercado secundario para atraer inversores. La investigación se centró en la tercera emisión de cuotas, que capitalizó R$ 139,1 millones, la mayor parte en activos físicos con valor inflado, según la acusación. La constructora Talent Construções, por ejemplo, suscribió R$ 28,6 millones entregando acciones de Brasil Realty Empreendimentos al fondo, informa Folha.Multas, defensas y próximos pasosAdemás de Daniel Vorcaro, otras siete personas y nueve empresas fueron condenadas, según Folha. El padre del exbanquero, Henrique Vorcaro, recibió una multa de R$ 20 millones, y el primo, Felipe Vorcaro, de R$ 5 millones. A Entre Investimentos le impusieron una multa de R$ 10 millones, y a su dueño, Antônio Freixo Junior, de R$ 5 millones. Valor Econômico también menciona a Benjamin Botelho entre los condenados, junto con otros 11 acusados.En el expediente, las defensas niegan irregularidades y sostienen que todas las operaciones siguieron las reglas del mercado. La defensa de Daniel Vorcaro afirma que no había pruebas individuales de conducta ilegal, y Entre Investimentos y Freixo dijeron a la CVM que la acusación no demostró operación fraudulenta, ardid, inducción al error ni ventaja ilícita. Antes del análisis de fondo, los abogados pidieron el aplazamiento de la sesión, pedido rechazado por el relator, y un acuerdo propuesto por los acusados para cerrar el caso fue rechazado por el colegiado. Henrique Vorcaro no envió representante, y el defensor de Felipe, que asumió el caso recientemente y solo tuvo acceso al expediente la semana pasada, pidió más tiempo. Como el proceso tardó unos seis años entre su apertura y el juicio, parte de las defensas pidió la prescripción de las irregularidades.Las defensas pueden impugnar la decisión administrativa ante la Justicia, paso sin fecha definida. En declaraciones a la Policía Federal, Daniel Vorcaro negó irregularidades en la conducción de los negocios del banco, según G1, y los tres Vorcaro permanecen en prisión preventiva mientras siguen los procesos penales.

La Policía Civil de Río de Janeiro, el órgano estatal de investigaciones, imputó a 13 personas por la muerte del ciclista Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 años, golpeado en la madrugada del 11 al 12 de agosto en Copacabana, el famoso barrio de playa del sur de la ciudad, tras ser acusado injustamente de robar una bicicleta. El expediente, conocido en Brasil como inquérito, fue cerrado el lunes (7 de septiembre) por el comisario Angelo José Lages Machado, jefe de la 12ª comisaría, y enviado a la fiscalía estatal. Cinco investigados responderán por homicidio triplemente agravado; cuatro están presos y uno sigue prófugo.Según la investigación, Landeiro Moreira se detuvo con la bicicleta de su hermana frente a una juguetería y una farmacia de la calle Barata Ribeiro. La policía analizó más de 12 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y concluyó que fue rodeado por guardias privados que actuaban en la zona y golpeado durante unos nueve minutos, con puñetazos, patadas y decenas de golpes con un objeto de madera. El informe señala que la víctima "quedó agonizando en el suelo durante más de 30 minutos" antes de recibir ayuda. Tras ser llevado al hospital municipal Miguel Couto, murió el 12 de agosto por traumatismo craneoencefálico, hemorragia interna y ruptura de órganos. Tenía problemas psiquiátricos y no opuso resistencia, y el comisario afirmó que no hubo "la mínima demostración" de que hubiera robado la bicicleta.Las imputacionesResponden por homicidio triplemente agravado (motivo fútil, medio cruel y recurso que impidió la defensa de la víctima) los guardias de calle Davi dos Santos Machado y Jorge Luiz Ricardo Dias, los repartidores de aplicaciones Felipe Eduardo dos Santos Dias y Ailton José da Silva, y Wellington Luiz Santos de Souza, quien aparece en las imágenes pateando la cabeza de la víctima al final de la golpiza y es el único prófugo; una línea ciudadana de denuncias publicó su cartel de búsqueda el 27 de agosto. Entre los demás imputados hay cuatro personas señaladas por ejercer de forma irregular la vigilancia callejera, cuatro comerciantes acusados de financiar el esquema, una mujer acusada de entregar el bastón de madera usado en los golpes, imputada por lesiones, y un hombre que presenció la agresión sin llamar a la policía ni a los bomberos, imputado por omisión de socorro.El informe describe además un sistema informal de seguridad pagado por comerciantes de la zona. "Los pagos no se realizaban mediante contrato formal ni relación laboral debidamente constituida. Al contrario, se efectuaban de manera informal, predominantemente en efectivo y sin recibos", dice el documento, al que tuvo acceso la agencia estatal Agência Brasil. En la conclusión, el comisario escribió que "en lugar de acudir a la autoridad pública, los involucrados optaron por juzgar a Cláudio y someterlo a una sentencia de agresiones sucesivas, que causaron la muerte".Las versiones de los investigadosEn sus declaraciones a la policía, relatadas por el sitio G1, el guardia Davi dos Santos Machado cambió de versión. Primero dijo haber dado solo un puñetazo y atribuyó la golpiza a los repartidores; después admitió haber golpeado a la víctima con el bastón y calificó el episodio como un "acto insano", sin explicar qué lo llevó a actuar así. Dijo que no había información concreta de robo y que la víctima obedeció las órdenes de los agresores. Wellington, según relatos de testigos, habría preguntado a los repartidores si Cláudio era un "ladrón" y, tras recibir la confirmación, pateado la cabeza de la víctima, diciendo: "Ladrón tiene que morir". La imputación policial es una acusación formal, y las 13 personas mantienen la presunción de inocencia hasta una eventual condena.El siguiente paso corresponde a la fiscalía de Río, que analizará el expediente y decidirá si presenta la acusación formal ante la justicia. No se ha divulgado fecha para esa decisión. Si se acepta, los imputados pasarán a ser acusados y podrán presentar su defensa en juicio.

El Tribunal Penal Federal de Suiza condenó este martes al exbanquero Pierre Mirabaud, de 77 años, a dos años de prisión, con la pena suspendida, por soborno de funcionario público y blanqueo agravado de dinero. Exsocio del banco privado ginebrino Mirabaud & Cie y expresidente de la Asociación Suiza de Banqueros entre 2003 y 2009, admitió haber pagado 101,7 millones de dólares (unos 518,7 millones de reales) en sobornos a un funcionario del gobierno de Kuwait, según el portal brasileño G1.Según la acusación del Ministerio Público de Suiza, Mirabaud hizo cientos de pagos al funcionario entre 2000 y 2012. A cambio, el esquema habría llevado al banco 595,2 millones de dólares (unos 3.035 millones de reales) en recursos gestionados. Para Bloomberg, cuya reportaje fue reproducido por InfoMoney en Brasil, el destinatario era Fahad Al Rajaan, que dirigió de 1984 a 2013 la Institución Pública de Seguridad Social de Kuwait (PIFSS), el fondo de pensiones público del país. Mirabaud fue absuelto de un cargo separado de falsificación de documentos.El juicio, en Bellinzona, la ciudad donde tiene sede el tribunal penal federal suizo, duró medio día. Mirabaud aceptó un procedimiento simplificado, en el que reconoció las irregularidades para agilizar el caso y buscar una pena menor. Los fiscales pidieron 24 meses de prisión, considerando su edad, la ausencia de condenas anteriores y su colaboración con la investigación. El tribunal fijó dos años, suspendidos, con un periodo de prueba de dos años, y también lo condenó a pagar 82.000 francos suizos en costas procesales. En Suiza, la corrupción y el blanqueo pueden castigarse con multa o con hasta cinco años de prisión, y las penas suelen suspenderse cuando no se espera reincidencia."Durante todo este proceso, iniciado en 2012, Pierre Mirabaud cooperó plenamente con las autoridades judiciales. Hoy, él asume la responsabilidad por sus actos, conforme a los principios de la responsabilidad individual", afirmó el abogado de Mirabaud, Saverio Lembo, en un comunicado.Cómo llegó el caso al tribunalTras las denuncias sobre su gestión en el fondo, Al Rajaan tuvo sus bienes congelados y pasó a ser objeto de una orden de captura internacional de la Interpol. Fue condenado en rebeldía en Kuwait en 2016 por corrupción y desvío de dinero público, y murió en Londres en 2022. Según Bloomberg, el fondo kuwaití nombró un nuevo equipo de gestión en 2017 y liquidó más de 20.000 millones de dólares en inversiones consideradas sospechosas. El caso también fue juzgado el año pasado por el Alto Tribunal de Londres, cuya sentencia aún no se ha publicado.El banco y el reguladorMirabaud & Cie, fundado en Ginebra en 1819 y administrado por la séptima generación de la familia fundadora, no es parte en el proceso y se negó a comentar la condena. En 2024, el regulador financiero suizo FINMA confiscó 12,7 millones de francos en beneficios considerados ilícitos del banco, tras identificar incumplimientos de las normas del mercado y de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. Las relaciones comerciales investigadas llegaron a representar, en ciertos momentos, casi el 10 por ciento de todo el dinero gestionado por la entidad.Como la pena está suspendida, Mirabaud no irá a prisión mientras cumpla las condiciones del periodo de prueba de dos años. Su incumplimiento podría activar la ejecución de la condena. El siguiente paso conocido del caso es la sentencia del Alto Tribunal de Londres, sin fecha anunciada.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil André Mendonça cambió sus hábitos de trabajo y seguridad en el despacho al enterarse de que la Policía Federal lo monitoreaba y de que la corporación elaboró al menos seis informes de inteligencia sobre él. Según una reportaje del sitio Poder360 publicado este martes (8), el ministro pide ahora que los visitantes guarden sus celulares en una caja blindada que bloquea las señales antes de las conversaciones reservadas, y mantiene música clásica sonando en un equipo de audio para dificultar posibles escuchas.Los informes habrían sido elaborados por una unidad de inteligencia ligada a la Coordinación de Investigaciones en los Tribunales Superiores de la PF y recibidos por la dirección general del órgano entre el 3 y el 31 de agosto, según el Poder360. Los documentos no tienen membrete, firma, fecha de elaboración ni identificación de los analistas y se presentan como "documento de trabajo" sin valor probatorio. El material analizaba decisiones del ministro en las operaciones Sem Desconto, que investiga fraudes en el INSS, la seguridad social brasileña, y Compliance Zero, vinculada al escándalo del Banco Master.Cómo se hizo público el casoLa crisis salió a la luz el 1 de septiembre, cuando Mendonça levantó el sigilo de piezas de la investigación del Banco Master sobre la relación del banquero Daniel Vorcaro con el ministro Alexandre de Moraes. A las 18h45 del mismo día, el entonces director general de la PF, Andrei Rodrigues, envió formalmente los informes a Moraes, relator de la indagación conocida como "Fake News" sobre desinformación en línea. Moraes dijo haber recibido "noticias de la existencia" del material y ordenó que la corporación lo remitiera a su gabinete. El 3 de septiembre, usó el contenido para pedir al presidente del STF, Edson Fachin, que investigara al colega y lo incluyera en esa indagación.Este martes (8), Mendonça determinó el alejamiento preventivo de Andrei Rodrigues y de Leandro Almada da Costa, jefe de la Dirección de Inteligencia Policial. La decisión abrió procedimientos en la corregiduría de la PF para averiguar quién ordenó y elaboró los informes y si existen otros con la misma finalidad, y suspendió la producción de informes del órgano sobre actos de jueces, abogados públicos y policías federales.Lo que alega cada parteEn la decisión, Mendonça afirmó haber sido sometido a un "monitoreo sistemático" que también alcanzó al abogado general de la Unión, Jorge Messias, calificó la práctica de ilícita y dijo que podría configurar una "verdadera arapongagem institucional", término brasileño que equivale a espionaje ilegal. Comparó la situación con la novela 1984, de George Orwell. Según el portal g1, el ministro destacó que el propio documento calificaba sus hipótesis con "confianza agregada baja", pero concluía autorizando "monitoreo y recolección dirigidos", y llamó "leviana y abyecta" la mención a una supuesta "matriz religiosa común" entre él y Messias."Se trata de un monitoreo ilícito de un ministro de la Corte Suprema del país, lo que, por sí solo, revela la gravedad de la situación", escribió el ministro en la decisión.En el pedido enviado a Fachin, Moraes señaló que el material indicaría improbidad administrativa, abuso de autoridad, delito de responsabilidad y favorecimiento de grupos políticos en la conducción, por Mendonça, de los casos Master e INSS, según el g1. Moraes no se ha pronunciado públicamente sobre la crisis. Nada ha sido comprobado hasta ahora: contra Mendonça existe solo un pedido de investigación pendiente de deliberación, y los policías alejados responden a procedimientos disciplinarios, sin imputación formal.En el plano político, aliados del presidente Lula criticaron la orden. El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães (PT), calificó la medida de "descabida" y de una intromisión "donde no le corresponde". El líder de la oposición, diputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), dijo a la Folha de S.Paulo que el caso confirma que "Lula copó la PF a través de Andrei para perseguir adversarios". Mendonça fue indicado para el STF por el expresidente Jair Bolsonaro.Los próximos pasos tienen plazos. Hasta el 14 de septiembre, Mendonça, Moraes, el procurador general de la República, Paulo Gonet, y Andrei Rodrigues pueden pronunciarse sobre el informe de la PF relativo a los mensajes de Vorcaro a Moraes. Después, la PGR debe pronunciarse sobre la legalidad del material de inteligencia, y Mendonça tiene hasta el 21 de septiembre para presentar informaciones. Un sector del tribunal alineado con Moraes defiende que la decisión sobre investigar a los dos ministros quede para después de las elecciones.

Una mayoría de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se pronunció este martes (8) a favor de ratificar el alejamiento preventivo del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del director de Inteligencia Policial, Leandro Almada da Costa. La sesión virtual extraordinaria quedó suspendida tras un pedido de vista del ministro Gilmar Mendes, figura equivalente a una solicitud de más tiempo para estudiar el proceso, lo que impide cerrar formalmente el fallo. Según el portal G1 y el diario Folha de S.Paulo, los ministros Luiz Fux y Kassio Nunes Marques adelantaron sus votos y acompañaron por completo al relator del caso, André Mendonça.Con tres votos favorables en un órgano de cinco integrantes, la mayoría ya está formada. Folha informó de que ambos votos se registraron en menos de diez minutos desde la apertura de la sesión. El pedido de vista de Gilmar tiene un plazo de 90 días, según el diario, y hasta que devuelva el proceso la medida individual de Mendonça sigue vigente: los dos directores permanecen alejados y la Policía Federal tiene prohibido producir o compartir informes de inteligencia sobre la actuación de jueces, abogados públicos y policía judicial.Cómo empezó la crisisLa presión sobre el mando de la Policía Federal creció a comienzos de septiembre. El 2 de septiembre, el partido Novo acudió al STF citando mensajes hallados en el celular del empresario Daniel Bueno Vorcaro, vinculado al Banco Master, que mencionaban directamente a un "Andrei", identificado por la propia corporación como el director general. Al día siguiente, el partido pidió la prisión preventiva de Rodrigues, alegando indicios de vínculos con una supuesta red de influencia criminal. Después, el ministro Alexandre de Moraes levantó el secreto sobre seis informes de inteligencia producidos de forma oculta por la policía entre el 3 y el 31 de agosto, dentro de la investigación conocida como de las Fake News.Al examinar el material, Mendonça concluyó que él mismo y el abogado general de la Unión, Jorge Messias, eran objeto de un "monitoreo sistemático y de una recolección dirigida" de datos. Comparó la estructura montada en la Policía Federal con la novela "1984", de George Orwell, alejó a los dos directores y ordenó abrir procedimientos para investigar cómo se produjeron los informes. "La superlativa gravedad e ilicitud en la producción de los 'informes de inteligencia' impone la adopción de providencias inmediatas", escribió el ministro, según Folha.Lo que alega cada partePara Mendonça, los informes son apócrifos, carecen de validez jurídica y se usaron para monitorear a autoridades. El alejamiento es cautelar: Rodrigues y Almada no han sido condenados y responden a los procedimientos bajo presunción de inocencia. Del otro lado, un informe interno de la policía fue utilizado por Moraes para pedir una investigación contra el propio Mendonça por abuso de autoridad, improbidad administrativa y delito de responsabilidad. Según Folha, el documento sostiene que el ministro habría orientado pesquisas contra Moraes y contra el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, "con quiebra de la imparcialidad judicial y favorecimiento a determinados grupos políticos". Mendonça también señaló que podría pedir al pleno la apertura de una investigación formal contra su colega.El director general tiene apoyo dentro de la corporación. El director ejecutivo de la Policía Federal, William Marcel Murad, declaró en un acto este martes (8), según G1: "No nos dejaremos abatir por ataques". El Gobierno también se mueve contra la decisión: la columna Mônica Bergamo, de Folha, informó de que la Abogaduría General de la Unión recurrirá ante el tribunal. El siguiente paso en la Segunda Sala es la devolución del proceso por parte de Gilmar Mendes dentro del plazo de 90 días, cuando el órgano podrá concluir el juicio. No hay fecha definida.

Una mayoría de la Segunda Turma del STF (Supremo Tribunal Federal de Brasil) se formó este martes (8) para mantener el apartamiento preventivo del director general de la Policía Federal (PF), <strong>Andrei Rodrigues</strong>, y del director de Inteligencia Policial, <strong>Leandro Almada da Costa</strong>. La sesión virtual extraordinaria quedó suspendida antes de concluir, tras el pedido de vista del ministro <strong>Gilmar Mendes</strong>.</p><p>En menos de diez minutos de iniciada la sesión, los ministros <strong>Luiz Fux</strong> y <strong>Kassio Nunes Marques</strong> votaron para acompañar íntegramente al relator, <strong>André Mendonça</strong>, según el diario <em>Folha de S.Paulo</em>. Como la turma tiene cinco integrantes, esos tres votos ya aseguran la mayoría para mantener la decisión.</p><p>El pedido de vista, que permite al ministro retener los autos para estudiarlos, no altera el efecto práctico de la orden. La decisión cautelar de Mendonça sigue vigente y Gilmar tiene un plazo de 90 días para devolver el expediente, según la <em>Folha</em>. La orden también suspende la producción y el intercambio de informes de inteligencia de la PF sobre la actuación de magistrados, abogados públicos y policías judiciales, según el portal <em>G1</em>.</p><h2>Cómo comenzó la crisis</h2><p>El enfrentamiento empezó a comienzos de septiembre, cuando Mendonça, relator de las investigaciones del Banco Master y del INSS (la seguridad social brasileña), levantó el secreto de un informe de la PF sobre las interacciones entre el dueño del Banco Master, <strong>Daniel Vorcaro</strong>, y el ministro <strong>Alexandre de Moraes</strong>. Según la <em>BBC Brasil</em>, los diálogos muestran al banquero exigiendo atención especial a los pagos de un contrato de <strong>131 millones de reales</strong> entre el banco y el bufete Barci de Moraes, comandado por la esposa del ministro.</p><p>La presión sobre Andrei Rodrigues creció el 2 de septiembre, cuando el partido Novo acudió al STF citando mensajes del celular de Vorcaro que mencionaban el nombre "Andrei", y el 3, cuando la sigla pidió su prisión preventiva, alegando indicios de vínculo con una supuesta red de influencia criminal, informa <em>G1</em>.</p><p>Moraes respondió con un despacho en la investigación de las Fake News, de la que es relator, presentando informes de inteligencia de la PF que, según él, indicarían "en tesis" improbidad administrativa, delito de responsabilidad y abuso de autoridad por parte de Mendonça, además de una "diligencia investigativa policial para la producción ilegal de pruebas" contra él mismo. El presidente del STF, <strong>Edson Fachin</strong>, dio cinco días a Moraes, Mendonça, el procurador general de la República, <strong>Paulo Gonet</strong>, y Andrei para pronunciarse. El viernes (4), Fachin retiró del ámbito de esa investigación el análisis de las acusaciones contra Mendonça.</p><p>En la decisión de este martes, Mendonça señaló que Andrei envió a Moraes al menos seis "informes de inteligencia" producidos de forma secreta entre el 3 y el 31 de agosto, con seguimiento de un ministro de la Corte durante más de 30 días. El material también alcanzaría al abogado general de la Unión, <strong>Jorge Messias</strong>, según <em>G1</em>, que registra además la comparación del ministro entre la estructura y la distopía de "1984", de George Orwell. Mendonça ordenó abrir procesos penal y administrativo-disciplinario contra Andrei en la corregiduría de la PF. El apartamiento es preventivo y no existe condena en esta etapa.</p><blockquote>"La superlativa gravedad e ilicitud en la producción de los 'informes de inteligencia' impone la adopción de medidas inmediatas... Se trata de monitoreo ilícito de un Ministro de la Suprema Corte del país, lo que por sí solo revela la gravedad de la situación", escribió Mendonça en la decisión.</blockquote><p>Por la mañana, el director ejecutivo de la PF, <strong>William Marcel Murad</strong>, número dos de la corporación, defendió públicamente a Andrei en un evento y declaró: "No nos dejaremos abatir por los ataques", según <em>G1</em>.</p><h2>Lo que sigue</h2><p>El juicio de la Segunda Turma solo se retoma cuando Gilmar Mendes devuelva los autos, en un plazo de hasta 90 días. En paralelo, la AGU (Abogacía General de la Unión) anunció que apelará ante el STF contra el apartamiento, según la columna <em>Mônica Bergamo</em>, de la <em>Folha</em>. También sigue abierto el plazo que Fachin dio a las partes para explicar la crisis entre el tribunal y la cúpula de la policía.</p>

El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), máximo tribunal de Brasil, ordenó a la Policía Federal abrir, por medio de su contraloría interna (Corregedoria), procedimientos investigativos de carácter penal y administrativo-disciplinario para esclarecer la conducta de Andrei Rodrigues, director general suspendido de la corporación. La orden integra la decisión divulgada este martes (8 de septiembre) que también apartó preventivamente a Rodrigues y al director de Inteligencia Policial, Leandro Almada da Costa.Según InfoMoney, la Corregedoria deberá informar al relator del caso cualquier medida que considere necesaria durante las pesquisas. Mendonça escribió que el apartamiento de los dos dirigentes es necesario para que ministros del STF, el abogado general de la Unión, Jorge Messias, y miembros de la propia Policía Federal actúen sin "constrangimientos ilegales". Rodrigues y Almada están siendo investigados; el apartamiento es preventivo, no equivale a una condena y ambos mantienen la presunción de inocencia."A la Policía Federal, por medio de su Corregedoria, que promueva la apertura de procedimientos investigativos de naturaleza penal y administrativo-disciplinaria orientados al esclarecimiento de los graves hechos identificados", escribió el ministro en la decisión.Qué se va a investigarSegún la decisión, citada por G1 y por BBC News Brasil, el director general envió al ministro Alexandre de Moraes, en el ámbito de la investigación sobre noticias falsas del tribunal, al menos seis "informes de inteligencia" producidos de forma sigilosa entre el 3 y el 31 de agosto de 2026. Mendonça afirma que él mismo venía siendo vigilado de manera ilícita y sistemática por la inteligencia policial desde hacía más de 30 días y que Messias también fue blanco de una "recolección dirigida" de información."Se trata de un monitoreo ilícito de un ministro de la Corte Suprema del país, lo que por sí solo revela la gravedad de la situación", escribió el ministro, que comparó el escenario con la novela 1984, de George Orwell. Calificó los informes de apócrifos, sin membrete, escudo, firma ni numeración, una "nada jurídica" contraria a la Doctrina Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública. La decisión señala además una fuga de información sigilosa: el material detallaba investigaciones en curso que involucran a los políticos Antonio Rueda y ACM Neto, y su divulgación habría alertado a blancos potenciales sobre medidas cautelares, "frustrando completamente su eficacia".Cómo llegó el caso al STFLa crisis nació de los desdoblamientos de las investigaciones ligadas al Banco Master, según InfoMoney. Rodrigues fue citado en material hallado en el celular del banquero Daniel Vorcaro, y mensajes del aparato hacían referencia al nombre "Andrei", identificado por la Policía Federal como el director general. El 2 de septiembre, el partido Novo pidió al STF medidas para preservar la independencia de las pesquisas; al día siguiente, solicitó la prisión preventiva de Rodrigues, alegando indicios de su participación en una supuesta red de influencia criminal liderada por Vorcaro. Nada de eso ha sido probado. También el 3 de septiembre, la periodista Monica Waldvogel, de GloboNews, afirmó que el propio Rodrigues le habría confirmado que la PF elaboró unos cinco o seis informes de inteligencia de "consumo propio y archivo" sobre lo que la corporación consideraba irregularidades; la declaración está transcrita en la decisión.Las asociaciones profesionales reaccionaron. El sindicato de profesionales de inteligencia de Estado de la Abin (Intelis) afirmó que la inteligencia de Estado "no se confunde con la investigación criminal, ni con la elaboración de piezas destinadas a formar un juicio acusatorio". El presidente de la Asociación de Delegados de la Policía Federal (ADPF) calificó la circulación del documento fuera de la corporación como "totalmente irregular".El próximo paso está previsto para este mismo martes (8 de septiembre): Mendonça pidió la convocatoria de una sesión virtual extraordinaria de la Segunda Turma, panel de cinco ministros del STF, para refrendar el apartamiento y la apertura de las investigaciones. La decisión también suspendió de inmediato la producción y el intercambio de informes de inteligencia destinados a analizar la actuación funcional de magistrados, de la abogacía pública o de la actividad de policía judicial.

El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este martes (8 de septiembre) el apartamiento preventivo de Andrei Rodrigues de la dirección general de la Policía Federal y, en la misma decisión, del director de Inteligencia Policial de la corporación, Leandro Almada da Costa. Según el portal G1, la decisión también determina la apertura inmediata de procedimientos de investigación penales y administrativo-disciplinarios en la Corregiduría de la PF para esclarecer la producción de informes de inteligencia que monitoreaban a autoridades.Lo que señala la decisiónSegún la pieza procesal, el director general envió al ministro Alexandre de Moraes, en el ámbito de la investigación de las fake news, al menos seis informes de inteligencia producidos de forma sigilosa entre el 3 y el 31 de agosto. El propio relator venía siendo sometido, desde hacía más de 30 días, a un monitoreo que la decisión califica de ilícito y sistemático. Además de Mendonça, el abogado general de la Unión, Jorge Messias, jefe del órgano jurídico del gobierno federal, fue objeto de monitoreo y de una "recolección dirigida" de información. Los informes sugerían que la decisión de Messias de no recurrir resoluciones judiciales en las operaciones "Sem Desconto" y "Compliance Zero" buscaba preservar una "relación política con el relator".Mendonça calificó de "surreal" y "abjeta" la tesis de que la conducta del abogado general y del relator podría explicarse por una "matriz religiosa común" y por el apoyo de iglesias evangélicas a las candidaturas de ambos al STF. Los documentos, según el ministro, también hacían una "descarada realización de juicio correicional" sobre decisiones del tribunal y sobre el trabajo de otros delegados de la propia PF. Para él, los informes eran apócrifos, sin membrete, escudo, firma ni numeración, lo que los convertía en "una nada jurídica" contraria a la Doctrina Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública. Los propios autores del material advertían que los análisis carecían de "valor probatorio" y tenían "confianza agregada baja". La decisión registra también que los informes revelaron detalles de investigaciones en curso que involucran a los políticos Antonio Rueda y ACM Neto y anticiparon posibles medidas cautelares a los investigados, "frustrando completamente su eficacia".Las asociaciones profesionales reaccionaron el mismo día. Intelis, el sindicato de los profesionales de inteligencia de Estado de la Abin, afirmó en una nota que la inteligencia de Estado "no se confunde con la investigación criminal, ni con la elaboración de piezas destinadas a la formación de un juicio acusatorio". El presidente de la Asociación de Delegados de la Policía Federal (ADPF) calificó de "totalmente irregular" la circulación del documento fuera de la corporación y dijo extrañarse de que una unidad de inteligencia produjera ese tipo de análisis.Cómo empezó la crisisLa crisis que culminó en el apartamiento empezó a delinearse a comienzos de septiembre. El 2 de septiembre, el partido Novo acudió al STF para pedir medidas destinadas a preservar la independencia de las investigaciones que involucran al director general. Al día siguiente, la formación solicitó la prisión preventiva de Andrei Rodrigues, alegando indicios de su participación en una supuesta red de influencia criminal liderada por Daniel Bueno Vorcaro; mensajes del teléfono de Vorcaro hacían referencias directas al nombre "Andrei", identificado por la PF como el director general. La decisión también transcribe un reportaje de la periodista Monica Waldvogel, emitido el 3 de septiembre en GloboNews, según el cual el propio Rodrigues habría confirmado que la PF elaboró unos cinco o seis informes de inteligencia "para consumo propio y archivo", solicitados después por Moraes y que sirvieron de base a una denuncia. Rodrigues es investigado y conserva la presunción de inocencia.Además de los apartamientos, Mendonça suspendió la producción y el intercambio de informes de inteligencia destinados a analizar la actuación de magistrados, de la abogacía pública o de la actividad de policía judicial. El episodio es el capítulo más reciente del enfrentamiento entre el STF y la PF, que ya llevó al presidente de la corte, el ministro Edson Fachin, a exigir explicaciones de Moraes y de Mendonça y que Folha de S.Paulo enmarca en el llamado Caso Master. El próximo paso es la sesión virtual extraordinaria de la Segunda Turma del STF, uno de los dos grupos de cinco ministros del tribunal, solicitada por Mendonça para refrendar la decisión este mismo martes (8), en paralelo a las indagatorias penales y disciplinarias abiertas en la Corregiduría de la PF.

Dos hombres entraron en la madrugada del martes (8) en el museo dedicado al pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir en Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia, y se llevaron cuatro lienzos del artista valorizados en 9 millones de euros (unos 53 millones de reales), según el alcalde de la ciudad, Bryan Masson. En la huida, los autores dejaron caer uno de los cuadros, que quedó atrás; los otros tres siguen desaparecidos.Cómo ocurrió el roboSegún el alcalde, citado por la agencia AFP, la alarma del museo se activó a las 5h48 hora local (0h48 en Brasilia) y la policía municipal llegó cinco minutos después. Los agentes persiguieron a los dos hombres, que soltaron uno de los lienzos. "Identificados por las cámaras de seguridad de la ciudad, los dos individuos huyeron abandonando uno de los cuadros robados", dice la nota oficial del alcalde. Fotografías difundidas por la AFP muestran agentes junto a un hueco abierto en la cerca exterior del museo.Masson no identificó las obras. Según el diario regional francés Nice-Matin, los objetivos fueron el Retrato de Madame Pichon (1895), el Retrato de Madame Colonna Romano (1910), Coco Lisant (1905) y Jeune fille au puits (1886), todas de Renoir. Aún no está claro cuál quedó abandonada en la fuga.Creado en 1960, el museo funciona en la última casa de Renoir (1841-1919), en una colina de Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, donde el pintor vivió sus últimos años y murió. Según la agencia Reuters, la colección en exposición reúne 13 pinturas del artista, unas 40 esculturas, además de muebles y fotografías; según la AFP, la casa conserva también el caballete y la silla de ruedas del pintor.Una serie de robos a museos en FranciaEl robo ocurre casi un año después del asalto al Louvre, el museo más visitado del mundo, en pleno centro de París, cuando ladrones equipados con herramientas eléctricas se llevaron ocho joyas de la Corona de Francia a plena luz del día y huyeron en scooters; las piezas siguen desaparecidas, según la AFP. A comienzos de julio, ladrones robaron joyas valorizadas en más de 4,5 millones de euros del Museo Lalique, al norte de Estrasburgo. A fines del mismo mes, un collar de oro de la época celta del Tesoro de Vix fue robado a plena luz del día en un museo de Borgoña. La agencia policial europea Europol afirmó el mes pasado que los robos de obras de arte en Europa son cada vez más violentos. En julio, el Ministerio de Cultura de Francia presentó un plan de 33 medidas y recomendó retirar temporalmente de las vitrinas las piezas más vulnerables. "Se trata de poner a salvo los objetos más vulnerables a la espera de garantías de seguridad para su exhibición", dijo el ministerio en un comunicado."Desde esta mañana, tanto la policía municipal como la nacional fueron movilizadas al lugar. Los autores están siendo buscados activamente y la investigación está en marcha", dijo el alcalde Bryan Masson.Hasta la publicación de los reportajes consultados, no se habían anunciado detenciones ni identificaciones formales de los responsables. No hay fecha anunciada para el próximo paso de la investigación, que está en manos de la policía francesa; cualquier imputación dependerá del resultado del expediente.

La pelea en torno al caso Master se convirtió, en los bastidores del Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo tribunal de Brasil, en una disputa por el control de la investigación. Aliados del ministro André Mendonça hablan de un intento deliberado de crear una "cortina de humo" en torno al caso y de una operación para enterrar las pesquisas. Del otro lado, el sector del ministro Alexandre de Moraes, del ministro Flávio Dino y de la cúpula de la Policía Federal ve en la ofensiva de Mendonça un movimiento que puede alcanzar el mando de la corporación, al propio Moraes y al fiscal general de la República, Paulo Gonet. Según un informe del blog de Andréia Sadi en G1, publicado el lunes (7), la evaluación que une a bandos opuestos es que la crisis está lejos de terminar.Fuentes aliadas de Mendonça consultadas por G1 dicen que el informe de la Policía Federal conocido el lunes (31) sería apenas "una pequeña muestra" de lo que todavía puede aparecer. Para ese grupo, hubo un intento deliberado de crear una cortina de humo en torno al caso Master y de dificultar el avance de las investigaciones.Aliados de Moraes y de Dino e integrantes del mando de la Policía Federal evalúan que la ofensiva de Mendonça es parte de una disputa que ahora alcanza directamente a la propia Policía Federal, a Moraes y a la Procuraduría General de la República. En la corporación, según G1, se evalúa que el ministro quiere investigar al director general Andrei Rodrigues, lo que subiría la temperatura de una crisis que ya dejó de ser solo una divergencia entre ministros. Moraes también actuó por escrito: el jueves (3), envió al presidente del tribunal una decisión que señala "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad en la actuación de Mendonça, con base en informes de inteligencia de la Policía Federal, según CNN Brasil.Cómo llegó el caso hasta aquíMartes 1 de septiembre: Mendonça, relator de la investigación sobre el Banco Master, levantó el secreto de un informe de la Policía Federal con mensajes y registros de contactos entre el fundador del banco, Daniel Vorcaro, y Moraes. El material indicaba que el empresario buscaba interlocución con el ministro en medio del avance de las pesquisas sobre el Banco Master. Mendonça afirmó que los nuevos elementos debían ser analizados por el pleno del STF. La Procuraduría General reaccionó, cuestionó la forma en que se condujo la pesquisa y pidió la extinción del procedimiento.Jueves 3: el presidente del STF, Edson Fachin, dio cinco días a Moraes, Mendonça, Gonet y Rodrigues para prestar esclarecimientos. Horas después, Moraes envió a Fachin la decisión contra Mendonça, referida a las operaciones Compliance Zero, ligada a Master, y Sem Desconto, sobre fraudes en el INSS, la seguridad social brasileña. Según CNN Brasil, Moraes acusó a su colega de interferir en la conducción de las investigaciones, participar de forma irregular en negociaciones de colaboración premiada y dirigir investigaciones por motivos personales y políticos.Viernes 4: Fachin retiró la decisión de Moraes de la investigación de las fake news y concentró los cuestionamientos de ambos lados en un único procedimiento bajo la Presidencia del STF, que no está bajo secreto.Qué quiere saber Fachin y qué viene despuésFachin quiere esclarecer, entre otros puntos, si la Policía Federal respetó las reglas de la Ley Orgánica de la Magistratura al encontrar información que involucra a autoridades con fuero en el Supremo, si hubo acceso a documentos particulares y si se revelaron datos protegidos por secreto judicial, según CNN Brasil. También pidió información sobre una diligencia determinada por Mendonça para identificar personas mencionadas en el material policial y sobre las medidas de la Procuraduría en el control externo de la actividad policial. El presidente de la Corte subrayó que los pedidos solo completan la información disponible y no representan una conclusión previa sobre la validez del pedido de Moraes, la regularidad del procedimiento o el mérito de las acusaciones.Ministros consultados por G1 destacan un punto jurídico central: en condiciones normales, una investigación en el STF se abre cuando hay pedido de la Procuraduría General o cuando esta respalda una iniciativa de la Policía Federal, ya que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Hoy existe un pedido para anular el material cuyo secreto Mendonça levantó. Interlocutores de Mendonça califican de "protocolar" el envío del caso a la Presidencia del Supremo, ocurrido, según ellos, apenas después del fin del plazo para la información solicitada por Fachin. La próxima batalla es definir qué exactamente puede llegar al pleno y en qué condiciones. Los plazos ya corren: la Procuraduría tiene cinco días hábiles, contados desde la decisión del viernes (4), para presentar dictamen sobre la admisibilidad y la regularidad del procedimiento adoptado por Moraes y, si lo considera pertinente, sobre el contenido de las acusaciones; después, Mendonça tendrá otros cinco días hábiles para responder.En el Planalto, según G1, auxiliares del presidente Lula evalúan que la exposición permanente de Moraes termina ayudando al candidato opositor Flávio Bolsonaro, porque la oposición asocia al ministro directamente con el presidente. Algunos de ese grupo evalúan que ese efecto puede ser más dañino para Lula que el desgaste provocado por el caso Lulinha. El ministro Cristiano Zanin intenta mantener canales abiertos con los distintos grupos, según el mismo informe. Una fuente resume las próximas semanas como un "septiembre sangriento", con expectativa de nuevos informes, pedidos, decisiones y revelaciones. Los dos bandos coinciden en un punto: lo que apareció hasta ahora no cierra la crisis. Abre su próxima fase.

El empresario brasileño Glaidson Acácio dos Santos, conocido como el "Faraó dos Bitcoins", declaró ante la Justicia Federal que solo él conoce la contraseña del dispositivo que guarda las llaves digitales de una fortuna en criptomonedas, hoy bajo llave en una caja fuerte de la Policía Federal. La afirmación aparece en las declaraciones que él y su esposa y socia, la venezolana Mirelis Diaz Zerpa, prestaron ante el tribunal y a las que tuvo acceso exclusivo Fantástico, el programa periodístico dominical de la cadena Globo, que las emitió el domingo (6). Ambos responden como acusados, sin condena hasta ahora, por organización criminal y delitos contra el sistema financiero, entre ellos oferta irregular de inversiones, operación de una institución financiera sin autorización y gestión fraudulenta. Preguntado por la jueza sobre cuánto había en la cartera digital, Glaidson recurrió al derecho al silencio."¿Podría declarar el monto?", preguntó la jueza. "No, Su Señoría, porque... Mi integridad... mi integridad física."Según el reportaje, el aparato tiene el tamaño de una memoria USB y concentra las llaves de acceso a una parte desconocida de la fortuna. Glaidson sostuvo que ese dinero, si se libera, puede pagar a los acreedores del esquema, y el destino de los criptoactivos sigue siendo la pregunta central de la investigación, cinco años después de su arresto.Cómo funcionaba el esquema, según el acusadoEn su declaración, Glaidson relató cómo la G.A.S. Consultoria e Tecnologia, fundada por él en Cabo Frio, en el estado de Río de Janeiro, prometía a miles de inversores una rentabilidad del 10% mensual. Según dijo, el volumen captado lo convertía en una "ballena", término del mercado cripto para quien detenta suficientes monedas para influir en los precios. "Como 'ballena', consigo manipular otras criptomonedas", afirmó al describir acuerdos con otros grandes tenedores para hundir cotizaciones. En un momento dado, dijo: "No son 10 millones, ni 50 millones. Son 200, 300 millones de dólares en una...". Cuando la Fiscalía Federal le preguntó si había algo ilegal en la práctica, respondió: "No, no es ilegalidad, ¿verdad? Es falta de ética."Según la Policía Federal, la red informal de inversiones movió 38,2 mil millones de reales. Glaidson contó que empleados viajaban en helicóptero hasta São Paulo con dinero en efectivo de los clientes, luego convertido a la cartera digital de la empresa, y confirmó su control: "Ideólogo de la empresa, fundador de la empresa, presidente de la empresa, gestor de la empresa, responsable de la empresa".De la prisión de 2021 a las declaracionesGlaidson fue arrestado en 2021 en la Operación Kryptos, de la Policía Federal, y sus cuentas bancarias quedaron bloqueadas. Aun así, según la Fiscalía Federal, los negocios de la G.A.S. continuaron: en agosto de ese año se accedió a una computadora en Kissimmee, en Florida, ciudad donde estaba Mirelis, y 4.500 bitcoins, entonces valorados en más de 1.060 millones de reales, salieron de la cuenta. Considerada prófuga por la Justicia brasileña, ella fue detenida en Chicago en 2024 y deportada a Brasil un año después. Para la Fiscalía, integraba el mando del esquema junto a su esposo; ella también responde por organización criminal y delitos contra el sistema financiero.Al declarar, la venezolana negó los cargos y dijo que actuaba como si fuera empleada de Glaidson: "Exactamente". Sobre el control del dinero de los clientes, afirmó: "Nunca me ocupé de la administración de eso". Preguntada sobre retiros posteriores a la operación policial, respondió: "Con mi dinero, sí. No, de la empresa no. Nunca retiré dinero de la empresa". Sobre el proceso, declaró: "Con todo respeto, para mí fue como leer un libro de ciencia ficción". El proceso penal sigue en curso en la Justicia Federal, ninguno de los dos acusados ha sido condenado y el reportaje no divulgó fecha para el próximo acto procesal.

Un juez del tribunal electoral de Minas Gerais, el TRE-MG, ordenó este domingo (6) que el sitio ICL Notícias retire en un máximo de 24 horas seis publicaciones que afirmaban que el diputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), figura conservadora que busca la reelección, llamó "lindão" (en portugués, "guapo") al exbanquero Daniel Vorcaro en un audio. La medida cautelar acoge parcialmente una solicitud de derecho de respuesta presentada por el propio parlamentario. El mismo día, tres diputados del PT presentaron ante la PGE (la Procuraduría General Electoral, fiscalía electoral de Brasil) una representación para que Nikolas sea declarado inelegible durante ocho años por la difusión de un documento falso atribuido a la Policía Federal.Según Poder360, la orden del juez auxiliar Jair Francisco dos Santos alcanza también a Meta, dueña de Instagram y Facebook. Al analizar el audio, grabado en marzo de 2025, el magistrado concluyó que "en ninguna" parte el diputado se refiere al exdueño del Banco Master como "lindão". La nota del ICL sostenía que la grabación muestra a Nikolas llamando "Dani" al banquero y cerrando el mensaje con "Um abraço, lindão". Para el juez, hubo alteración del término usado en la despedida, lo que causaría una "violación de la higidez y de la integridad del sistema informativo", y el riesgo de propagación del contenido es mayor por la cercanía de las elecciones.Una parte del material sigue en línea. La solicitud de respuesta también impugnaba la información de que Nikolas habría pedido a Vorcaro la "liberación de un activo minero", pero el juez no identificó, en análisis preliminar, información manifiestamente falsa en ese punto. Según la decisión, el audio muestra que el diputado buscó a Vorcaro para ponerlo en contacto con un amigo que tenía pendientes ligadas a un activo minero, episodio que "abre espacio para discusión política". Otros videos cuestionados tampoco fueron retirados, entre ellos uno en el que una periodista menciona el término "lindão" al analizar los hechos. La CNN Brasil, que confirma la autenticidad del audio, informa de que Nikolas reconoció los contactos con Vorcaro, negó cercanía y afirmó que el intento de ayudar a su amigo no avanzó.Cómo empezó el casoLa disputa judicial comenzó el 3 de septiembre, cuando ICL Notícias publicó reportajes sobre mensajes y audios intercambiados entre Nikolas y Vorcaro, investigado en la operación Compliance Zero. Una de las notas se titulaba "Em áudio, Nikolas chama Vorcaro de 'lindão' e pede liberação de ativo de minério". Horas después, el diputado compartió en sus cuentas oficiales de Instagram y X, que suman más de 27 millones de seguidores, un documento que, según la representación de los diputados, simulaba una conclusión de la Policía Federal de que no habría indicios de delitos que involucraran a los dos. Según Metrópoles, la Policía Federal negó haber elaborado el material. Nikolas afirmó después que desconocía la falsedad del documento, dijo que reprodujo contenido publicado por terceros y eliminó la publicación.Reacciones y próximos pasosNikolas celebró la decisión en un video. "¿Por qué es esto una victoria? Obviamente pusieron de forma falsa en el titular para inducir una relación que nunca tuve con Vorcaro", declaró, para quien "quien miente en la campaña responde ante la Justicia". La periodista Juliana Dal Piva, autora del reportaje, dijo en redes que fue "censurada" por la decisión y recordó que en 2022 fue objeto de un pedido de censura de Flávio Bolsonaro por la nota sobre sus 51 inmuebles. "¿Quién censura a quién?", escribió. Poder360 informa de que buscó al ICL Notícias y a la reportera y no obtuvo respuesta hasta la publicación.La representación ante la PGE está firmada por los diputados Rogério Correia (PT-MG), Lindbergh Farias (PT-RJ) y Alencar Santana (PT-SP). Sostienen que el caso puede configurar uso indebido de los medios de comunicación y abuso de poder político, piden la cancelación del registro o del diploma del parlamentario y la investigación de posibles delitos electorales ligados a la falsificación y al uso del documento. Un peritaje adjunto al pedido señala divergencias de contenido, fechas, estructura e identificación frente a un informe de 218 páginas de la Policía Federal, además de la ausencia de firma, matrícula de servidor, número de procedimiento y código verificador.En la Justicia Electoral de Minas, ICL Notícias tiene un día para presentar su defensa; después, el Ministerio Público Electoral tendrá el mismo plazo para pronunciarse, y la medida aún será analizada en el mérito. Corresponde ahora a la PGE decidir si abre la investigación electoral pedida por los diputados y si presenta una acción ante el TSE, el tribunal electoral superior de Brasil. No hay fechas definidas para esos pasos.

La munición hallada en la pistola atribuida a un abogado muerto por policías del Rota, la unidad de élite de la Policía Militar del estado de São Paulo, en Itaquaquecetuba, en la región metropolitana de São Paulo, pertenece a dos lotes comprados por esa corporación en 2005 y 2007 que, según un relevamiento, alimentan delitos desde hace 14 años. La conclusión es del Instituto Sou da Paz, un centro de estudios de seguridad pública con sede en São Paulo, con datos de una investigación de la fiscalía federal, y la publicó el diario Folha de S.Paulo este domingo (6).Cartuchos marcados con los códigos AAE67 y BAY18 estaban en el cargador de una pistola Glock de 9 mm presentada por policías militares en la comisaría y atribuida a Carlos Alves Vieira, de 48 años, conocido como Ferrugem. Los códigos constan en el informe del Instituto de Criminalística, el instituto de criminalística del estado, y Sou da Paz confirmó el origen de la munición tras una consulta del diario, que obtuvo el informe pericial y el expediente del caso. Según el periódico, la numeración de la pistola estaba adulterada.Los lotes eran enormes: AAE67 reunía 438.000 cartuchos de 9 mm, y BAY18 otros 320.000 del mismo calibre, además de 1,4 millón del tipo .40. Ambos incumplen una norma del Ejército de 2004 que limita cada código de lote a 10.000 municiones. Vainas de esos mismos lotes ya se usaron en matanzas en la región metropolitana de São Paulo, en un ataque que dejó 11 muertos en Londrina (Paraná) y en un doble homicidio en São Gonçalo (Río de Janeiro), según el relevamiento.Cronología del caso:2004: una norma del Ejército limita a 10.000 el número de municiones por código de lote.2005 y 2007: la PM de São Paulo compra los lotes AAE67 y BAY18, que suman 758.000 cartuchos de 9 mm y 1,4 millón del calibre .40.Últimos 14 años: vainas de esos lotes aparecen en matanzas en la Grande São Paulo, en el ataque con 11 muertos en Londrina (Paraná) y en un doble homicidio en São Gonçalo (Río de Janeiro).28 de noviembre de 2025: Vieira es muerto por policías del Rota en Itaquaquecetuba; el caso se registra como muerte resultante de intervención policial.5 de diciembre de 2025: la Ouvidoria da Polícia cuestiona la identificación del muerto y pide las imágenes de las cámaras corporales.6 de septiembre de 2026: la Folha publica el cruce de datos de Sou da Paz que liga la munición del caso con los lotes de la PM.La muerte en ItaquaquecetubaVieira murió el 28 de noviembre de 2025. La Policía Militar lo presentó como Ferrugem, integrante de la Sintonia Final del PCC, la mayor facción criminal de Brasil, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-SP) afirmó que transportaba ladrillos de marihuana y dos pistolas y que disparó contra los policías al ser abordado en la calle Carmo da Mata. La Ouvidoria da Polícia, la oficina de defensa del ciudadano frente a la policía, recibió denuncias de que se trataba de un abogado inscripto en la OAB de São Paulo, dueño de una empresa de cartonaje, casado, padre de diez hijos y abuelo de dos, de una familia tradicional de Poá; según el órgano, Ferrugem sería solo un apodo de la infancia, parecido al del hombre buscado por la policía. La Ouvidoria pidió a la Corregiduría de la PM las imágenes de las cámaras corporales de los policías, requirió a la Policía Civil las filmaciones del entorno y defendió el traslado de la investigación a la capital."Ante estas divergencias aparentes, es imperiosa una investigación célere y precisa de los hechos, para que una familia más no pague con el oprobio y la vida de sus pilares actuaciones y procedimientos injustificados y sospechosos...", afirmó la Ouvidoria en diciembre.En una nota, el Rota negó la confusión de identidad: dijo que Vieira fue identificado en un trabajo de inteligencia, que se encontraron drogas y dos armas en su auto y que "otros 400 sospechosos con el mismo alias Ferrugem también son monitoreados y constan en las bases criminales de la corporación". La SSP-SP sostuvo que su vínculo con el PCC fue confirmado por el sector de inteligencia y citó indicios de narcotráfico levantados por el Denarc en 2022 en la región del Alto Tietê, además de un antecedente por hurto calificado. Ninguna de esas imputaciones derivó en condena conocida, y las versiones siguen bajo investigación.El caso corre en secreto en el sector de homicidios de Mogi das Cruzes. La investigación de la Corregiduría de la PM fue concluida y enviada a la justicia militar, que la remitió a la justicia común, donde tramita. Consultada, la cartera del gobierno de Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmó que la Policía Civil "sigue esclareciendo la ocurrencia de noviembre de 2025 en Itaquaquecetuba, incluidas las municiones utilizadas". El próximo paso es la conclusión de la investigación de la Policía Civil y el avance del caso en la justicia común; no hay fecha prevista.

Un nuevo actor entró en la crisis que enfrenta a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y André Mendonça. En una nota pública divulgada este sábado (5 de septiembre), la Intelis, entidad que reúne a profesionales de inteligencia de Estado de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), criticó un informe de inteligencia atribuido a la Policía Federal que Moraes citó en la decisión en la que señaló un supuesto "sesgo político" de su colega en la conducción de investigaciones.Para la entidad, el contenido divulgado "no presenta características compatibles con los parámetros metodológicos establecidos por la Doctrina de la Actividad de Inteligencia", que orienta la producción de conocimientos en el Sistema Brasileño de Inteligencia. La Intelis no cita nominalmente a Moraes ni a Mendonça y no entra en el mérito de las investigaciones. La manifestación se concentra en la forma y los límites del uso de informes de inteligencia: la actividad de inteligencia de Estado "no se confunde con la investigación criminal" ni con la elaboración de piezas destinadas a formar un juicio acusatorio, y la producción de esos documentos debe seguir procedimientos de recolección, evaluación, análisis y validación para garantizar objetividad, consistencia e imparcialidad. "No es un instrumento destinado a sustituir procedimientos investigativos ni a formar elementos de autoría y materialidad propios de la persecución penal", agrega el texto.El documento ganó notoriedad después de que Moraes lo reprodujera en una decisión en la que cuestionó la conducción de las investigaciones bajo la relatoría de Mendonça. Entre los fragmentos citados por el ministro hay evaluaciones sobre un supuesto direccionamiento de las pesquisas y el supuesto "sesgo político" del relator, según informó CNN Brasil. El viernes (3), Moraes incluyó a Mendonça en la investigación de las fake news, abierta en 2019 y sin conclusión hasta hoy, de acuerdo con Poder360.La Intelis evalúa que el episodio evidencia los riesgos de la falta de claridad sobre los límites de la actividad de inteligencia. La entidad afirma que la ausencia de una legislación amplia puede provocar una "confusión peligrosa" entre actividad de inteligencia, actividad policial y persecución penal. La asociación defendió que el Congreso Nacional analice el PL 6.423/2025, que propone un marco legal para la actividad de inteligencia, con definición de competencias, límites y mecanismos de control.Cronología del conflictoLa disputa se hizo pública el martes (1 de septiembre), cuando Mendonça retiró el sigilo de un informe de la PF que expone mensajes y contactos entre el banquero Daniel Vorcaro, fundador del Banco Master, y Moraes. Los intercambios de mensajes sugieren que el ministro discutía con Vorcaro la posibilidad de que la PF lanzara una operación con el banquero como objetivo, según informó G1. Mendonça sugirió que el plenario del tribunal evaluara el contenido. El procurador general de la República, Paulo Gonet, afirmó que la investigación es nula e instauró un procedimiento de control externo para apurar una posible interferencia en la producción del informe pedido por Mendonça.El viernes (4), el presidente del STF, Edson Fachin, retiró a Mendonça de la investigación de las fake news y dio cinco días hábiles a la Fiscalía General de la República para decir si el pedido de Moraes es pertinente; después, Mendonça tendrá cinco días hábiles más para manifestarse. Este sábado, además de la Intelis, la Asociación Nacional de Delegados de la Policía Federal (ADPF) pidió que Gonet se declare impedido de actuar en los procedimientos relacionados con los hechos en los que es citado, con base en el artículo 258 del Código de Proceso Penal, que extiende a los órganos del Ministerio Público las reglas de impedimento y recusación de los jueces.Próximos pasosEn el caso del Banco Master, Fachin fijó el viernes (11 de septiembre) como plazo para las manifestaciones de Mendonça, Moraes, Gonet y del director general de la PF, Andrei Rodrigues, calendario que empuja el análisis de los ministros para después del 14 de septiembre, según Poder360. El pedido de Moraes contra Mendonça solo debería llegar al plenario después del 22 de septiembre, doce días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, fijada para el 4 de octubre.

La Justicia Federal de Brasil determinó el viernes (4 de septiembre) la suspensión de los efectos de todas las licencias ambientales de Sigma Mineração, filial operativa de Sigma Lithium Corp., y la paralización total de la actividad minera del proyecto de litio Grota do Cirilo, en los municipios de Araçuaí e Itinga, en el valle del Jequitinhonha, estado de Minas Gerais. La medida cautelar fue firmada por el juez Antonio Lucio Tulio de Oliveira Barbosa, del Tribunal Regional Federal de la 6ª Región (TRF-6), que cubre Minas Gerais, a pedido de la Federación de Comunidades Quilombolas del Estado de Minas Gerais, conocida como N'Golo.Además de paralizar la extracción, el juez ordenó la suspensión inmediata de los efectos de todas las licencias emitidas a favor de la minera y prohibió al gobierno de Minas Gerais elaborar cualquier dictamen técnico conclusivo o conceder nuevas licencias ambientales, "inclusive aditivos, ampliaciones o licencias correctivas", para el complejo. Según el sitio O Fator, la decisión suspende en la práctica el acuerdo de ajuste de conducta (TAC) firmado entre el gobierno estatal y la empresa a finales de agosto.La orden rige hasta que Sigma elabore y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) apruebe el Estudio del Componente Quilombola (ECQ), el Proyecto Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) y el Informe de Ejecución Final (REF). La empresa también deberá realizar una consulta libre, previa e informada con la Comunidad Quilombola de Baú, en Araçuaí. Los quilombolas son comunidades afrobrasileñas tradicionales, descendientes de personas que escaparon de la esclavitud, y sus territorios tienen protección especial en la legislación brasileña. La demanda fue presentada por la N'Golo en mayo, pidiendo la anulación de las licencias hasta la realización de esa consulta.Según la Folha de S.Paulo, que publicó un reportaje de Bloomberg, la federación alega que la minera exageró la distancia entre el proyecto y el territorio tradicional. Para la decisión, el proyecto está en el área de influencia directa de la comunidad y, por eso, exige estudios de impacto dedicados a los quilombolas. En la medida cautelar, Sigma sostuvo que el proyecto queda fuera de la zona de impacto presunta de 8 kilómetros, defendió la legalidad de la licencia estatal y argumentó que la ausencia de títulos de propiedad definitivos impide aplicar el procedimiento de protección a esas comunidades."El riesgo de daño deriva del hecho de que el complejo minero opera de forma continua, extrayendo recursos y realizando detonaciones y movimientos de tierra constantes a pocos kilómetros del territorio tradicional."escribió el magistrado al justificar la urgencia de la medida.Cronología del casoA finales de mayo, técnicos de la Fundación Estatal de Medio Ambiente (Feam) inspeccionaron el complejo y apuntaron intervenciones en cuatro cursos de agua y sus áreas de preservación permanente, supresión ilegal de vegetación y extracción ilegal de agua subterránea, según un dictamen de 73 páginas al que accedió O Fator. Con base en imágenes satelitales, el organismo concluyó además que la extracción en las cavas Norte y Sur había comenzado antes de que el Consejo Estatal de Política Ambiental (Copam) emitiera la licencia. En julio, la Feam suspendió las licencias de operación 4078/2022 y 144/2023, de las dos cavas, y la empresa tuvo que detener las operaciones. Sigma negó cualquier irregularidad.A finales de agosto, la minera firmó un TAC con el gobierno de Minas Gerais y afirmó estar autorizada a retomar las actividades. La N'Golo ya había pedido, en la misma demanda de mayo, la suspensión de las negociaciones sobre ese acuerdo. La medida cautelar del viernes suspende tanto los efectos de las licencias como el TAC, hasta que se cumplan las exigencias quilombolas.Impacto y próximos pasosEl Grota do Cirilo está en la región conocida como el Vale do Lítio brasileño, y la Folha lo describe como uno de los mayores depósitos de litio en roca dura del mundo, con una planta de procesamiento adjacente. Para O Fator, Sigma es la mayor minera de litio del país, y el medio informó que el embargo de julio enfrió las tratativas de un préstamo de casi 500 millones de reales del banco de desarrollo BNDES.Feam y Sigma no respondieron a O Fator antes de la publicación si apelarán la decisión. La medida no fija fechas: la suspensión se mantiene hasta que el Incra apruebe los estudios y se realice la consulta a la Comunidad Quilombola de Baú, y las partes pueden recurrir en el mismo proceso federal.

La Advocacia-Geral da União (AGU), el órgano jurídico que representa al gobierno federal de Brasil, afirmó este viernes (4) que no tenía "competencia constitucional ni legal" para atender los pedidos de la Policía Federal de recurrir ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema del país, contra decisiones del ministro André Mendonça en las operaciones Sem Desconto y Compliance Zero. En una nota, el órgano calificó la medida pretendida por la corporación de "intervención procesal" y afirmó que no existe, en su historia, "precedente de actuación de la naturaleza pretendida" por la Policía Federal.La manifestación responde a informes de inteligencia de la Policía Federal divulgados el jueves (3), anexados a una decisión del ministro Alexandre de Moraes. Según Poder360, los documentos indican que la AGU "optó por no interponer los recursos" contra actos de Mendonça y plantean la hipótesis de que la negativa derivó de la "preservación de relación política" entre el abogado general de la Unión, Jorge Messias, y el ministro. La nota rechaza cualquier inercia institucional."La AGU no dispone de competencia constitucional o legal para actuar en aspectos relacionados con la persecución penal en los términos pretendidos por la corporación. Esto no significó, sin embargo, inercia institucional. En la condición de interlocutor ante el STF, el abogado general de la Unión actuó concretamente en la búsqueda de una solución institucional", dice la nota.Para la AGU, la negativa fue "resultado de análisis técnico y jurídico" realizado por abogados con atribuciones formales para evaluar el asunto. El órgano añadió que una "intervención procesal" en las condiciones pretendidas "podría generar riesgos jurídicos e institucionales para las propias investigaciones en curso en el STF", según la Folha de S.Paulo.Cómo llegó la crisis hasta aquíLas operaciones Sem Desconto, sobre las fraudes en el INSS (el instituto brasileño de seguridad social), y Compliance Zero, sobre el Banco Master, tramitan en el STF bajo la relatoría de Mendonça, en las peticiones 15041 y 15556. El martes (1º), el ministro retiró el sigilo de un informe de la Policía Federal que expone mensajes y encuentros entre el banquero Daniel Vorcaro, preso en Compliance Zero, y Moraes. El jueves (3), Moraes usó informes de la corporación para pedir al presidente del tribunal, Edson Fachin, providencias contra su colega, con base en "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad. Para Moraes, Mendonça "usurpó" la dirección de las investigaciones y las condujo de forma tendenciosa. Las acusaciones aún no pasaron por examen de mérito.Lo que alega cada parteEn los informes, la Policía Federal afirma haber pedido a la AGU que recurriera al Supremo contra decisiones "de perfil atípico" de Mendonça y enumera cuatro hipótesis para la negativa del órgano, según Poder360:"preservación de relación política" entre Messias y Mendonça, con mención a los "gestos públicos de apoyo" del ministro a la indicación del abogado general al STF, luego rechazada, y a la "matriz religiosa común" entre los dos;convicción jurídica de que el recurso no cabría, pues la unidad habría evaluado el material como "poco convincente desde el punto de vista técnico";cautela ante el costo de litigar con un ministro del STF, como forma de "evitar confronto formal con integrante de la Corte";evaluación de oportunidad política del Ejecutivo, ya que la investigación alcanzaría a Lulinha, hijo del presidente Lula, y el recurso de la AGU "produciría lectura pública de intervención del Ejecutivo a favor del investigado".En la nota, la AGU dice que Messias buscó interlocución con Mendonça y con Fachin "con el propósito de contribuir a la construcción de un ambiente de diálogo capaz de equacionar divergencias y evitar el agravamiento de una situación institucional sensible", y cierra afirmando que permanece "a disposición de la Policía Federal y de las demás instituciones del Estado". Según la Folha de S.Paulo, el órgano venía señalando que la Policía Federal propuso medidas con potencial de anular las investigaciones sobre el Banco Master y las fraudes del INSS, y que el roce comenzó cuando la corporación pasó a exigir que la AGU actuara ante el Supremo para reducir el control del ministro Dias Toffoli sobre investigaciones de las que era relator.Próximos pasosFachin determinó que Moraes, Mendonça, el procurador general de la República, Paulo Gonet, y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, se manifiesten en el plazo de cinco días, con vencimiento la próxima semana. El procurador general también informó al presidente del STF que instauró un procedimiento de control externo de la actividad policial para apurar posible interferencia en la elaboración del informe que ligó a Moraes con Vorcaro. El caso, que era relatado por Mendonça, pasó al mando de Fachin.

El procurador general de la República, Paulo Gonet, comunicó al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Edson Fachin, que investigará si hubo interferencia externa en la elaboración del informe de la Policía Federal que señaló mensajes y contactos entre el ministro Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, expresidente del Banco Master y preso en la Operación Compliance Zero. Según O Globo, el trámite equivale a un pedido de aval para investigar al ministro André Mendonça, quien encargó el documento. Folha de S.Paulo y G1 divulgaron el caso en la noche del viernes (4).En el mensaje a Fachin, Gonet escribió que "determiné la instauración de un Procedimiento de Control Externo de la Actividad Policial", el instrumento con que la Fiscalía Federal brasileña fiscaliza a las policías, e informó que el resultado "será notificado a la Corte en el momento adecuado". Según G1, la Policía Federal deberá aclarar la "posible ocurrencia de orden o interferencia externa en su elaboración, que haya maculado su contenido".La Procuraduría alega que quedó al margen del trámite que generó el informe: "la decisión dictada en la Petición n. 15.556/DF fue ocultada al Ministerio Público, que quedó así impedido de realizar el necesario control externo de la actividad policial, etapa esencial de cualquier investigación", afirmó. El oficio de Gonet no menciona nominalmente a Mendonça, pero, según la Folha, la referencia es a la conducta del magistrado. El propio procurador general es citado en el informe de la Policía Federal, y el Consejo Superior del Ministerio Público Federal abrió un procedimiento para apurar su conducta, informa la Folha.Cómo llegó el caso hasta aquíEl informe se produjo en la investigación del Banco Master. El martes (1º), Mendonça, entonces relator del caso, retiró el sigilo del documento, que reúne mensajes obtenidos del teléfono de Vorcaro e indica encuentros de él con un contacto atribuido a Moraes entre marzo de 2024 y agosto de 2025, en residencias privadas de Brasilia, en la región de Campos do Jordão (São Paulo) y en eventos como el Foro Jurídico de Londres, patrocinado por el banco. El ministro sugirió que el plenario del STF evaluara el material y pidió un dictamen a la Procuraduría. El mismo día, Gonet calificó la investigación de nula porque, a su juicio, se hizo sin pedido del Ministerio Público o de la propia policía."Al juez no cabe acusar, y mucho menos le cabe realizar investigaciones previas al proceso. No le es dado valerse de la policía judicial como su longa manus para actividades que no le fueron asignadas."Las palabras son del dictamen en el que Gonet pidió la nulidad del informe, citado por la Folha. El documento también indica, según G1, que Moraes conversaba con Vorcaro sobre la posibilidad de que la Policía Federal montara una operación con el banquero como objetivo. Moraes niega las aproximaciones: en marzo, la Secretaría de Comunicación del STF divulgó, a pedido de su gabinete, una nota que afirmaba que un análisis técnico constató que los mensajes enviados por Vorcaro "no coinciden con los contactos del ministro Alexandre de Moraes en los archivos incautados". La BBC News Brasil, que examinó el número de teléfono central del informe, registra que la policía no afirma haber confirmado con la operadora que la línea era usada por el ministro. Moraes, por su parte, ya pidió a Fachin investigar a Mendonça por abuso de autoridad, según la Folha. Ninguna de las personas citadas es procesada ni condenada, y las apuraciones siguen en fase preliminar.Lo que viene ahoraEl caso, antes a cargo de Mendonça, está ahora con Fachin, quien determinó que la Procuraduría diera informaciones. La Policía Federal será notificada para explicar las circunstancias de la elaboración del informe, y el resultado llegará a la Corte en "momento adecuado", sin fecha definida. Para investigar formalmente a un ministro del STF, el procurador general depende de la autorización del propio tribunal: según la Folha, el camino pasa por el presidente de la Corte y por la conformidad del plenario. Le toca ahora a Fachin decidir si concede el aval y lleva la cuestión al resto de los ministros.

La Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía federal brasileña, informó al presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), el ministro Edson Fachin, que abrió un procedimiento de control externo de la actividad policial para examinar la conducta de la Policía Federal en la elaboración del informe que apuntó una relación entre el ministro Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del tribunal, y el banquero Daniel Vorcaro, preso en la Operación Compliance Zero. La comunicación se produjo el viernes (4), según G1. El procurador general de la República, Paulo Gonet, también es citado en el documento."Informo a Vuestra Excelencia que, conforme la decisión que acompaño, determiné la instauración de un Procedimiento de Control Externo de la Actividad Policial", escribió Gonet a Fachin, añadiendo que el resultado será comunicado al tribunal "en momento oportuno". El control externo de la policía es una atribución del Ministerio Público Federal, y la apertura del procedimiento responde a un pedido de esclarecimientos del presidente del STF. Según la PGR, la Policía Federal tendrá que explicar, por ejemplo, la "posible ocurrencia de orden o interferencia externa" en la elaboración del informe, que pueda haber "dañado su contenido".La procuraduría alegó además que no fue comunicada de la decisión que determinó profundizar la investigación, tomada por el entonces relator del caso, el ministro André Mendonça. "La decisión dictada en la Petición n. 15.556/DF fue ocultada al Ministerio Público, que quedó así impedido de realizar el necesario control externo de la actividad policial, etapa esencial de cualquier investigación", afirmó la PGR, en un pasaje recogido por G1. El proceso era relatado por Mendonça y ahora está en manos de Fachin. Poder360 informa que el procedimiento busca verificar si hubo irregularidades en las pesquisas del caso Banco Master.Cronología del casoMarzo: la comisión parlamentaria de investigación del INSS (CPMI), que averiguaba fraudes en el pago de pensiones, localizó en los datos telefónicos de Vorcaro un número vinculado al STF que interactuaba con el banquero, sin identificar qué autoridad lo usaba, según BBC News Brasil. En una nota, el tribunal negó que mensajes hallados en material incautado hubieran sido enviados a Moraes.1 de septiembre: Mendonça ordenó levantar el secreto del informe de la PF, elaborado en la Operación Compliance Zero, que investiga sospechas de fraude en el Banco Master.También el 1 de septiembre: la PGR pidió la anulación de la investigación que encontró los mensajes, con el argumento de que profundizar la pesquisa sobre Moraes dependía de autorización del pleno del tribunal.4 de septiembre: la PGR comunicó a Fachin la apertura del control externo sobre la actuación de la PF.Lo que dice el informe y lo que alega cada parteSegún BBC News Brasil, el documento trata los diálogos como posibles interacciones entre Vorcaro y un contacto guardado en el teléfono del banquero con el nombre del ministro. Los mensajes tratarían de pagos del contrato de 131 millones de reales entre el Banco Master y el despacho Barci de Moraes, dirigido por Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro, además de asuntos de la propia Compliance Zero. La PF no afirma haber confirmado con la operadora de telefonía que la línea era usada por Moraes; solo fue incautado el teléfono de Vorcaro.No se ha presentado ninguna acusación formal contra Moraes. En marzo, la Secretaría de Comunicación del STF divulgó, a pedido del despacho del ministro, que un análisis técnico constató que los mensajes enviados por Vorcaro "no coinciden con los contactos del ministro Alexandre de Moraes en los archivos incautados". La PGR, por su parte, sostiene que la investigación nació viciada. En una manifestación del 1 de septiembre, recogida por Agência Brasil, Gonet afirmó:"La orden dada a la autoridad policial para investigar personas específicas, sin pedido del Ministerio Público y sin iniciativa de la autoridad policial, es nula, por exceder los límites de competencia del magistrado en la fase preprocesal."El siguiente paso es la conclusión del control externo, sin plazo definido. El resultado será comunicado al STF, y el caso sigue en manos de Fachin, quien ordenó el envío de las informaciones que motivaron la respuesta de la PGR.

La diputada federal Duda Salabert (PSOL-MG), de 45 años, y su asesor, Felipe Correia de Souza Pereira Gomes, de 44, fueron agredidos en la madrugada del viernes (4 de septiembre) mientras documentaban una presunta zona de extracción ilegal de mineral cerca del límite entre Belo Horizonte y Nova Lima, en el área metropolitana de la capital de Minas Gerais. Según el informe policial consultado por G1, los dos estaban en el lugar para grabar imágenes de la zona cuando notaron la aproximación de hombres aún no identificados. En un relato recogido por CartaCapital, la parlamentaria calificó el episodio como tentativa de homicidio.De acuerdo con el registro ante la Policía Militar, Salabert comenzó a grabar el lugar con su celular. Tras pasar por la zona, los hombres habrían vuelto hacia los dos. Por temor a un enfrentamiento, diputada y asesor intentaron huir bajando un talud, cayeron y fueron alcanzados. Un hombre sujetó a Felipe mientras otro le quitó el celular y lo arrojó; después, el asesor fue golpeado con patadas en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Salabert también fue abordada y agredida, y el celular que usaba fue lanzado en las cercanías. Tras las agresiones, los hombres huyeron.Los dos lograron llegar a las instalaciones de la empresa de saneamiento Copasa, donde pidieron ayuda y llamaron a la Policía Militar. La parlamentaria fue atendida en un hospital de Nova Lima y, según la evaluación médica registrada en el informe, presentaba escoriaciones y luxación en el hombro derecho; Diário do Poder informa de que recibió el alta. Felipe volvió después al lugar y encontró los dos celulares dañados. La Policía Militar realizó búsquedas en la región, pero no localizó a los sospechosos. El informe policial registra el caso como lesión corporal, según el periódico O Tempo, citado por CartaCapital.Versión de la diputada y reaccionesEn la versión difundida por la parlamentaria, recogida por Diário do Poder, tres hombres, uno de ellos armado, sorprendieron a la comitiva mientras grababa imágenes, y el grupo habría intentado llevarlos al interior de la zona de minería. Salabert dijo que saltó por un talud para llegar a la avenida y pedir auxilio. El medio sitúa el inicio de la fiscalización en la noche del jueves (3). Salabert, integrante del partido de izquierda PSOL y conocida por su agenda ambiental, busca la reelección en las elecciones generales de octubre, y Felipe Gomes es candidato a diputado estatal en Minas Gerais, según CartaCapital.El PSOL de Minas Gerais divulgó una nota sobre el caso:"El PSOL Minas Gerais exige que las autoridades competentes y la Policía Militar conduzcan una investigación transparente, capaz de aclarar las circunstancias del ataque y responsabilizar a sus autores. Sabemos que, en Minas Gerais, la actuación de las mineras se basa en la intimidación, sobre todo cuando la extracción ignora los ritos de la legislación. Reafirmamos nuestra solidaridad con Duda Salabert y Felipe Gomes. Garantizar la seguridad de las parlamentarias mientras trabajan es fundamental para nuestra democracia."InvestigaciónEl caso es investigado por la Policía Civil de Minas Gerais (PCMG). No hay detenidos y los sospechosos siguen sin identificar. La calificación legal del delito depende de la indagatoria: el registro inicial apunta lesión corporal, mientras la diputada sostiene que hubo tentativa de homicidio. G1 informó de que procuró a la PCMG, la Cámara de Diputados y la asesoría de la parlamentaria, y esperaba respuesta al publicar su reportaje. El siguiente paso es el avance de la investigación de la PCMG, que aún no divulgó plazos ni diligencias previstas.

Un tribunal federal de apelación de Brasil condenó el jueves (3) a la minera Samarco y a tres de sus exgerentes por el colapso de la presa de relaves de Fundão, en Mariana, en el estado de Minas Gerais, que dejó 19 muertos el 5 de noviembre de 2015. La decisión unánime de la 2ª Sala Penal del TRF-6, la corte federal de apelaciones de Minas Gerais, revocó parcialmente la sentencia de noviembre de 2024 que había absuelto a todos los acusados. Según Folha de S.Paulo, es la primera condena penal de un caso considerado el mayor desastre ambiental del país. La sala acogió recursos del Ministerio Público Federal y de familiares de las víctimas.Los tres exgerentes fueron declarados responsables del delito de provocar una inundación con resultado de muerte y de delitos ambientales. Germano Silva Lopes, exgerente de Proyectos Estructurantes, y Daviély Rodrigues Silva, exgerente de Geotecnia, fueron condenados a 8 años y 9 meses de prisión en régimen inicial cerrado, además de 192 días-multa. Wagner Milagres Alves, exgerente de Operaciones de Mina, recibió 7 años, 3 meses y 14 días en régimen inicial semiabierto y 160 días-multa, según el Ministerio Público Federal. Folha registró esa pena como 7 años, 3 meses y 15 días. Cada día-multa equivale a 1/30 del salario mínimo mensual.Samarco deberá pagar una multa penal de más de 6 millones de reales, transferir 1 millón de reales al Fondo Nacional del Medio Ambiente y quedó prohibida de contratar con el poder público por diez años. Según la decisión relatada por la fiscalía, la empresa conocía los riesgos de rotura de la presa, pero adoptó conductas que contribuyeron al desastre al ignorar alertas técnicas con el objetivo de aumentar las ganancias.El procurador regional de la República Darlan Airton Dias, que actuó en la acusación, defendió la reversión de las absoluciones:"La sentencia absolutoria llamó 'búsqueda obtusa de culpables' al legítimo ejercicio de la acción penal pública. Hoy la Segunda Sala del TRF-6 restableció la verdad y, en un juicio estrictamente técnico, hizo justicia, aplicando la respuesta penal debida a quienes dieron causa a esa tragedia."Absoluciones mantenidasEl tribunal mantuvo las absoluciones de las empresas Vale, BHP Billiton Brasil y VOGBR Recursos Hídricos y Geotecnia y de otros tres denunciados: Ricardo Vescovi de Aragão, entonces director presidente de Samarco; Kleber Luiz de Mendonça Terra, por aquel entonces director de Operaciones e Infraestructura de la minera; y Samuel Santana Paes Loures, ingeniero sénior de VOGBR. El Ministerio Público Federal afirmó que sigue sosteniendo la responsabilidad de la cúpula directiva y analizará si recurre contra las absoluciones mantenidas.Contexto y próximos pasosEl colapso de Fundão arrastró relaves mineros por toda la cuenca del río Doce hasta el océano Atlántico, en Linhares (Espírito Santo), con contaminación de recursos hídricos, del suelo y del aire. El desastre golpeó la economía regional y destruyó la agricultura, la ganadería, el comercio, los servicios y la pesca en la cuenca, según la fiscalía. La causa penal alcanzó a Samarco, Vale, BHP Billiton Brasil y VOGBR, además de ejecutivos y técnicos. En primera instancia, en noviembre de 2024, todos los acusados fueron absueltos.Las condenas de esta semana todavía no son definitivas: los tres exgerentes pueden recurrir ante los tribunales superiores, como el STJ (Superior Tribunal de Justicia). El despacho Maurício Campos & Brasileiro, que defiende a los tres hombres, fue contactado por Folha y no había respondido hasta la publicación del reportaje. La Procuraduría Regional de la República de la 6ª Región dijo al diario que analiza el contenido íntegro de la decisión antes de decidir si recurre.

El decano del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, el ministro Gilmar Mendes, defendió en un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que la Policía Federal (PF) reaccione ante determinaciones de su colega André Mendonça cuando las considere excesivas o ilegales. El encuentro ocurrió en la mañana del 1 de septiembre, en el Palacio del Planalto, según la columna política del periódico O Estado de S. Paulo, con el objetivo de orientar al presidente sobre la crisis entre el tribunal y la corporación.En la evaluación de Gilmar, compartida con Lula, el gobierno falló al no exigir desde el inicio un freno a las medidas de André Mendonça, relator de los casos Master e INSS. El segundo incluye investigaciones que alcanzan al hijo del presidente, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, quien es objeto de pesquisa. Según la columna, la misma crítica fue dirigida al Ministerio de Justicia y a la propia PF. Para ilustrar la situación, el ministro citó la decisión que impidió el acceso de investigadores a parte del material reunido y la orden de remitir todas las acciones y procesos al gabinete del relator.Gilmar sostuvo una posición firme para la dirección de la PF. En su lectura, el director general de la corporación, Andrei Rodrigues, puede declarar que las órdenes ilegales no serán cumplidas y recurrir directamente al Poder Judicial para obtener la suspensión de la determinación. En una situación extrema, cabría presentar un mandado de seguridad contra decisiones de Mendonça, camino que el ministro indicó no considerar necesario. La recomendación principal es buscar una solución por vías institucionales, con una acción conjunta del ministro de Justicia y del presidente del STF, Edson Fachin, o en diálogo directo entre Andrei Rodrigues y Fachin. Para fundamentar la reacción, Gilmar señaló los informes de la PF rechazados por la Procuraduría General de la República y la declaración del exbanquero Daniel Vorcaro, en la que Andrei Rodrigues es citado.Detrás del encuentro con LulaUn reportaje de la periodista Catia Seabra, de Folha, reproducido por Estado de Minas, confirma el encuentro y añade que Gilmar buscó a Lula justo después de un café con ministros del STF y el director general de la PF. Según relatos recogidos por el periódico, el decano afirmó que, cuando un ministro del Supremo interviene de forma indebida en el trabajo de la PF, el problema deja de ser solo del tribunal y pasa a ser también del gobierno. Consultado, Gilmar no quiso comentar.La conversación ocurrió después de revelaciones de Estadão sobre la declaración de Vorcaro ante Mendonça, prestada en presencia del Ministerio Público y sin representante de la PF. En esa declaración, el exbanquero, preso en la operación Compliance Zero e investigado en el caso Master, afirmó que pretendía delatar a miembros del gobierno de Lula y formuló denuncias contra Andrei Rodrigues. El impasse con el Ejecutivo tiene raíces anteriores: en julio, Andrei pidió al abogado general de la Unión, Jorge Messias, que cuestionara decisiones de Mendonça, y Messias se negó, con el argumento de que la actuación del órgano en una causa penal sería inédita y podría generar acusaciones de intento de obstrucción de la justicia. Según Folha, Gilmar también describió relaciones disfuncionales entre la PF, la Abogacía General de la Unión y el Ministerio de Justicia, encabezados por Jorge Messias y Wellington César Lima e Silva.Cronología de la crisis y próximos pasosLa crisis se aceleró después de que Mendonça ordenara a la PF producir un informe que expuso intercambios de mensajes entre el ministro Alexandre de Moraes, vicepresidente de la corte, y Vorcaro, a partir de material localizado en el celular del exbanquero. El 1 de septiembre, el mismo día del encuentro entre Gilmar y Lula, Mendonça levantó el sigilo del proceso y sugirió su evaluación por el plenario. Ese mismo día, Lula también conversó con Fachin."Ante el contenido de las informaciones presentadas por la autoridad policial, independientemente de la manifestación que emita la Procuraduría General de la República, el camino inevitable de estos autos lleva al Plenario de este Supremo Tribunal Federal, instancia soberana para analizar, de modo técnico y estrictamente jurídico, los nuevos elementos aportados por la autoridad policial", escribió Mendonça.Moraes reaccionó y pidió a Fachin la investigación de Mendonça por improbidad administrativa, abuso de autoridad, crimen de responsabilidad y favorecimiento a grupos políticos, con base en lo que califica de fuertes indicios en la relatoría de los casos Master e INSS. Por su parte, el procurador general de la República, Paulo Gonet, afirmó que la investigación es nula y no podría haberse realizado sin pedido del Ministerio Público o de la propia PF.Fachin determinó el jueves (3) que Mendonça, Moraes, Gonet y Andrei Rodrigues se manifiesten, en hasta cinco días hábiles, sobre los episodios que generaron la crisis. El presidente del STF pidió informaciones sobre el cumplimiento, por parte de la PF, de las reglas de la Ley Orgánica de la Magistratura para autoridades con fuero en el tribunal, y sobre indicios de uso de credenciales institucionales para evaluar un documento estrictamente particular. Este viernes (4), en un discurso en el Planalto, Fachin defendió también el fin de la investigación de las fake news, abierta en 2019 y relatada por Moraes, como camino para reducir la tensión en la corte.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el ministro Edson Fachin, retiró este viernes (4) del inquérito de las fake news el pedido del ministro Alexandre de Moraes de abrir una investigación contra su colega André Mendonça. El examen del pedido pasó a la presidencia del tribunal y fue incorporado, según Folha de S.Paulo, al proceso que Fachin abrió sobre el informe de la Policía Federal acerca de los mensajes que habría enviado el exdueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, a Moraes.En el despacho, Fachin dio cinco días hábiles a la Fiscalía General de la República (PGR) para opinar sobre la admisibilidad y la regularidad del procedimiento adoptado por Moraes y, si lo considera pertinente, sobre las imputaciones contra Mendonça, relator de los casos del Banco Master y del INSS, el sistema federal de pensiones de Brasil. Tras la respuesta de la Fiscalía, Mendonça podrá manifestarse formalmente en cinco días, si así lo desea. Según G1, los dos inquéritos que involucran a los ministros pasan a ser conducidos por la presidencia del STF."Considerando la necesidad de una instrucción adecuada del proceso para examinar la admisibilidad y la regularidad del procedimiento adoptado por el ministro Alexandre de Moraes y, en su caso, las imputaciones en él contenidas, determino la complementación de la instrucción en los términos siguientes", escribió Fachin.El presidente del STF afirmó además que las medidas "se destinan exclusivamente a la instrucción del proceso, sin anticipar juicio sobre la admisibilidad, la regularidad del procedimiento o el mérito de las imputaciones". A él corresponderá definir los pasos siguientes, incluida la decisión de llevar los casos al plenario del tribunal.Lo que alega MoraesEn la noche del jueves (3), Moraes envió a Fachin el pedido de investigación contra Mendonça. En la petición, señaló "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad, crimen de responsabilidad y favorecimiento a determinados grupos políticos en el ejercicio de la relatoría de los casos Master e INSS. Según G1, Moraes sostiene que el colega habría desplazado a las autoridades policiales en la dirección de las investigaciones, conducido de forma irregular tratativas de una eventual delación y orientado, por "motivos personales y políticos", apuraciones contra objetivos que incluyen al propio Moraes y al presidente del Senado, Davi Alcolumbre. Para Moraes, el informe de la PF indica medidas adoptadas por Mendonça con "flagrante pérdida de imparcialidad". Ninguna de las imputaciones ha sido admitida ni evaluada por el tribunal hasta ahora.Cómo la crisis llegó a la presidenciaEl conflicto entre los dos ministros cobró dimensión el martes (1), cuando Mendonça levantó el sigilo de un informe de la Policía Federal, producido por su determinación, que expone mensajes y contactos entre Vorcaro y Moraes, y sugirió que el plenario evaluara el material. El fiscal general de la República, Paulo Gonet, citado en los informes difundidos por Mendonça, calificó la investigación de nula, por haberse realizado sin pedido del Ministerio Público o de la propia PF. Folha también informó que el documento usado por Moraes para sustentar su pedido no está firmado por ningún delegado y advierte que no sirve para "instruir procedimiento de cualquier naturaleza". Al comienzo de la semana, Fachin ya había dado cinco días hábiles a Moraes, Mendonça, Gonet y al director general de la PF, Andrei Rodrigues, para pronunciarse sobre los hechos vinculados al caso Master.El próximo paso es el dictamen de la Fiscalía, con plazo de cinco días hábiles. Cerradas las manifestaciones, Fachin decidirá sobre la admisibilidad y la regularidad del pedido antes de cualquier análisis de fondo, y definirá si el tema va al plenario, como pidió Moraes al citar la Constitución y el reglamento del STF, según los cuales corresponde a un órgano colegiado analizar eventuales crímenes comunes atribuidos a magistrados.

El exfiscal general de la República Claudio Fonteles, que dirigió el Ministerio Público Federal entre 2003 y 2005 durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo a la BBC News Brasil que el actual fiscal general (PGR), Paulo Gonet, debe apartarse del mando de las investigaciones del caso Master y transferirlas al vicesfiscal Hindenburgo Chateaubriand Filho. En la entrevista, publicada el jueves, también defendió abrir una investigación contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y calificó el choque entre el ministro y el relator de las pesquisas, André Mendonça, como la mayor crisis de la historia del tribunal.El pedido se apoya en diálogos extraídos del celular del banquero Daniel Vorcaro, dueño del extinto Banco Master, en los que se menciona a Gonet. Según un informe de la Policía Federal cuyo secreto fue levantado el martes por Mendonça, el abogado Ciro Soares, exdefensor del banco, aparece como intermediario de contactos entre Vorcaro y el fiscal general. En marzo de 2025, Soares habría gestionado que Vorcaro incluyera a Pedro Gonet, hijo del fiscal, en un viaje a Londres pagado por el Master. Días antes, el abogado había enviado al banquero una foto junto a Gonet, informando que estaba con el PGR, y ambos intercambiaron llamadas. Hasta la publicación del reportaje, Gonet no se había pronunciado sobre las revelaciones. "El fiscal general de la República tiene que explicar esto", afirmó Fonteles. Para el exfiscal, el episodio del viaje es el "más delicado", pero no configura necesariamente un ilícito penal; aun así, apartarse de las pesquisas sería "una garantía para él mismo".Línea de tiempo para quien llega ahoraEl Banco Master es objeto de pesquisas en el STF que investigan fraudes de miles de millones de reales. Entre los mensajes atribuidos por la PF a Vorcaro y a Moraes hay un supuesto pedido, del 30 de octubre de 2025, para que el ministro interviniera a favor del banquero ante Gonet y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. El 15 de noviembre, Vorcaro le preguntó al ministro si debía salir de Brasil; fue arrestado dos días después, al intentar volar a Dubái, y el banco fue liquidado por el Banco Central al día siguiente. Las pesquisas también apuntaron que el despacho de la esposa del ministro, Viviane Barci de Moraes, mantenía un contrato de 131 millones de reales con el Master, documento que llegó a ser editado por Moraes. Tras el levantamiento del secreto del informe, el caso produjo una ola de reportajes y filtraciones que alcanzaron también a Mendonça, a la Fiscalía y a figuras como Flávio Bolsonaro y el diputado Nikolas Ferreira, según registró el pódcast matutino del diario Folha. Ninguno de los citados es procesado ni condenado; las sospechas siguen bajo investigación.La disputa por el informeEl lunes, Mendonça ordenó a la Fiscalía analizar el informe y pronunciarse sobre la apertura de una investigación contra Moraes. Gonet pidió lo contrario: la anulación del caso. Para el fiscal, Mendonça no podía encargar directamente a la PF un informe sobre su propio colega de tribunal y debía llevar la cuestión al pleno antes de ordenar esa pesquisa inicial. "Al juez no le corresponde acusar, y mucho menos le corresponde realizar investigaciones previas al proceso", argumentó en una manifestación citada por la BBC.Fonteles discrepa. Según el exfiscal, no hubo ilegalidad, porque la Ley 13.964 de 2019, que creó la figura del juez de garantías, amplió la actuación del juez en la investigación penal, al autorizar la petición de documentos, informes y datos al delegado de policía. Y sostiene que el pleno del STF ya tiene elementos para abrir un expediente sobre la conducta de Moraes."Ante estos hechos que se presentaron involucrando al ministro Alexandre de Moraes, creo, sin ninguna duda, que debe ser investigado. Primero, porque él llegó a participar en la contratación del despacho de abogados de su esposa. Eso ya es un hecho que necesita ser investigado."Fonteles citó además el mensaje en el que el banquero le preguntó al ministro "si debía irse de Brasil, si debía quedarse": "Esos hechos están objetivamente planteados. No queda la menor duda, hay que investigarlos", dijo.El siguiente paso está en manos del presidente del STF, el ministro Edson Fachin, que ordenó a Moraes, Mendonça, la Fiscalía y la Policía Federal explicar la crisis en un plazo de cinco días. Después, el pleno decidirá si abre una investigación contra Moraes y si acepta el pedido de anulación presentado por Gonet.

La Policía Federal de Brasil elaboró, en paralelo a las investigaciones a cargo del ministro André Mendonça, del STF (Tribunal Supremo Federal), informes de inteligencia de 50 páginas que señalan una "asimetría por espectro político" en su actuación. Según Poder360, que accedió al material, los agentes evaluaron que Mendonça habría aplicado criterios distintos en los casos del empresario Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo mayor del presidente Lula, y de ACM Neto, candidato al gobierno de Bahía. El documento fue enviado al ministro Alexandre de Moraes, que lo incorporó a la investigación de las fake news y lo usó en la decisión del jueves (3 de septiembre de 2026) en la que citó "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad de su colega.Los informes se elaboraron bajo el mando del director general de la PF, Andrei Rodrigues, y se centran en la operación Sem Desconto, que investiga fraudes en descuentos de prestaciones del INSS, el instituto de seguridad social brasileño, y en la operación Compliance Zero, que indaga sospechas ligadas al Banco Master; ambas causas están a cargo de Mendonça. Los agentes examinaron el estándar de prueba adoptado por el ministro, el tiempo que tardaba en decidir sobre medidas solicitadas por la policía y su relación con otros ministros y actores políticos, además de plantear hipótesis sobre posibles motivaciones. Según O Globo, que citó pasajes del texto, la PF evaluó que la "situación fáctica investigada" atribuida a Lulinha y a ACM Neto "guarda semejanza relevante", y concluyó que la percepción del relator variaba "según el espectro político de la persona involucrada en los hechos". Folha de S.Paulo informó que el documento registra una reunión del 13 de agosto en la que Mendonça habría manifestado la percepción de que ACM Neto ejercería una actividad de representación.Alcolumbre como "probable objetivo estratégico"El material también analiza al presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Unión Brasil-AP). En la lectura de los agentes, el parlamentario constituye un "probable objetivo estratégico" por su fuerza política, su favoritismo para permanecer en la presidencia de la Cámara y su control de la agenda, en especial del procesamiento de pedidos de impeachment contra ministros del Supremo. En su decisión del jueves, Moraes acusó a su colega de dirigir investigaciones contra objetivos por "motivos personales y políticos", escribió que hubo direccionamiento contra Alcolumbre con "sesgo político" y afirmó que él mismo fue objetivo de la misma práctica. El informe sostiene que Mendonça podría ver en Antônio Rueda, presidente de Unión Brasil, una ruta de acceso al senador, "con quien tuvo un desencuentro conocido en ocasión de su propia indicación al Tribunal, en el gobierno pasado, cuando aquel parlamentar representó gran obstáculo a la indicación".De acuerdo con O Globo, los agentes registraron que Mendonça habría defendido, en una reunión presencial, separar las investigaciones de ACM Neto y Rueda, pese a la conexión aparente entre las conductas de ambos."Registre la asimetría de trato: se sugiere la separación donde la unidad identifica conexión, mientras que, en el episodio de julio de 2026, la contrariedad del relator recayó sobre un desmembramiento hecho por la unidad justamente donde la conexión no existía."El documento en sí es delicado: está en papel sin membrete de la PF, no está firmado y no informa la fecha exacta del envío a Moraes. Los propios informes destacan sus límites, como resume Poder360: son análisis de inteligencia hechos con información incompleta, que trabajan con hipótesis y grados de confianza, y no son piezas de instrucción procesal ni tienen valor probatorio. La asesoría de Mendonça fue consultada por Poder360 y no había respondido hasta la publicación. El ministro no ha sido condenado por ninguno de los delitos citados.Cómo llegó el documento al TribunalLa producción del material precedió a la decisión del martes (1º de septiembre) en la que Mendonça retiró el secreto de piezas de la investigación del caso Master que mostraban relación entre el fundador del banco, Daniel Vorcaro, y Moraes. Después de eso, Moraes afirmó que tomó conocimiento de la existencia del informe y determinó que la PF lo enviara a su gabinete, por medio del caso 4.781, la investigación de las fake news, una indagación del Supremo sobre campañas de desinformación en redes. El jueves (3), usó la información en la decisión con "fuertes indicios", incluyó a Mendonça en la investigación, retiró el secreto de los documentos, determinó informar a la Fiscalía General y pidió providencias al presidente del STF, Edson Fachin. Fachin abrió un nuevo procedimiento.El próximo paso está definido: Fachin dio cinco días hábiles para que Moraes, Mendonça, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, y el director general de la PF, Andrei Rodrigues, presenten informaciones. No hay fecha fijada para una decisión final.

Informes de inteligencia de la Policía Federal señalan que el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), habría interferido en la conducción de las investigaciones de las operaciones Sem Desconto y Compliance Zero. Las conclusiones figuran en documentos revelados en una decisión del ministro Alexandre de Moraes divulgada este jueves (3 de septiembre), según la columna Mônica Bergamo de Folha de S.Paulo. Con base en los informes, Moraes pidió al presidente del tribunal, Edson Fachin, que abra una investigación contra su colega en el marco de la indagatoria del STF sobre redes de desinformación conocida como inquérito das fake news.En la petición, Moraes escribió que existen "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad, delito de responsabilidad y favorecimiento a determinados grupos políticos en la actuación de Mendonça como relator de los casos del Banco Master y del INSS, el sistema de pensiones federal. Según el ministro, Mendonça habría arrebatado a las autoridades policiales la dirección de las investigaciones, conducido de forma irregular negociaciones de colaboración premiada y orientado objetivos "por motivos personales y políticos", con indicación previa de medidas cautelares que presentaría la Policía Federal. Entre los objetivos citados están el propio Moraes y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre.Lo que dicen los informesFragmentos citados en la decisión detallan las sospechas. Un informe afirma que Mendonça determinó, de oficio, una diligencia para producir pruebas contra Moraes sin firmar la decisión judicial y sin informar a la Fiscalía General de la República. Otro señala una "asimetría por espectro político": el ministro habría adoptado posturas "muy diferentes" ante ilícitos atribuidos a los ministros Dias Toffoli y Nunes Marques. Un tercero evalúa que Alcolumbre sería el objetivo de una estrategia de recomposición de fuerzas en el tribunal."Se evalúa que Davi Alcolumbre constituye un probable objetivo estratégico, considerada su fuerza política, el favoritismo para mantenerse en la presidencia del Senado Federal y el consecuente control de la agenda de esa Cámara, en particular el procesamiento de pedidos de juicio político contra ministros del Supremo", dice el fragmento citado por Moraes.Los documentos también registran declaraciones atribuidas a Mendonça sobre el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y el fiscal general de la República, Paulo Gonet. Según la corporación, el ministro habría considerado que Rodrigues no era confiable por una supuesta proximidad "inadecuada" con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y habría mencionado un alejamiento cautelar. Sobre Gonet, habría sostenido que la cercanía con el ministro Gilmar Mendes "lo volvería indigno de confianza" y considerado llamarlo como testigo. El informe subraya que no se presentaron hechos concretos de actuación irregular del jefe policial.Cronología1 de septiembre: Mendonça determina levantar el sigilo de un informe de la Policía Federal, producido por su orden, que expuso mensajes y contactos entre Moraes y Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master. La Fiscalía General pide la nulidad de esa investigación.3 de septiembre: Moraes envía a Fachin el pedido de investigación de Mendonça, apoyado en los informes de inteligencia. El mismo día, Fachin determina que Moraes, Mendonça, la Fiscalía y la Policía Federal presenten informaciones en cinco días.Mendonça no se había manifestado públicamente sobre los informes hasta la noche del jueves, según el portal g1. En declaraciones anteriores sobre la crisis, el ministro afirmó haber recibido a Vorcaro una única vez, para tratar de precatórios, las deudas judiciales del Estado brasileño. Es objeto de un pedido de investigación; no hay acusación formal ni condena, y las conclusiones señaladas por la Policía Federal aún no han pasado por contraditorio.El próximo paso procesal es el plazo de cinco días fijado por Fachin, contado desde este jueves, para que Moraes, Mendonça, el fiscal general Paulo Gonet y el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, presenten informaciones sobre la crisis y sobre diálogos con Vorcaro. En la decisión, Moraes recordó que la Constitución y el reglamento del STF asignan a un órgano colegiado el análisis de eventuales delitos comunes cometidos por magistrados del tribunal.

El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, envió este jueves (3) al presidente de la Corte, Edson Fachin, una solicitud de investigación contra el ministro André Mendonça. Presentada dentro de la indagación conocida como de las fake news, la petición cita "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad, crimen de responsabilidad y favorecimiento a determinados grupos políticos en la conducción de los casos Banco Master e INSS.Según G1, Moraes fundamentó el pedido en tres conductas: la usurpación de la dirección de las investigaciones policiales, con medidas que habrían roto la cadena de custodia de las pruebas; la conducción irregular de tratativas de eventual colaboración premiada, con contactos de Mendonça con defensores de posibles colaboradores y ofertas de beneficios no previstos en la ley; y la orientación de la investigación hacia determinados objetivos por "motivos personales y políticos". Entre los blancos estarían el propio Moraes y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. La columna de Mônica Bergamo, en la Folha de S.Paulo, informa que la decisión fue firmada en la Indagación 4.781, abierta en 2019 para investigar amenazas y campañas de desinformación contra los ministros del tribunal.Un pasaje del informe de inteligencia de la Policía Federal citado en la decisión sostiene que Mendonça ordenó, de oficio, una diligencia investigativa fuera de los trámites legales:"El ministro André Mendonça determinó - DE OFÍCIO [de oficio] - diligencia investigativa policial para la producción ilegal de pruebas contra el ministro Alexandre de Moraes (...) sin haber firmado la decisión judicial y sin hacer la comunicación por las vías procedimentales legales, además de haber ocultado el asunto a la Procuraduría General de la República."Moraes afirmó también que el informe señala un trato diferenciado entre autoridades en igualdad de situación, con "posturas muy diferentes ante ilicitudes" en relación con los ministros Dias Toffoli y Nunes Marques, y describe una "actuación de juez como investigador". Las afirmaciones son indicios planteados en una petición: Mendonça no ha sido procesado ni condenado, y la solicitud depende ahora de la deliberación de la Corte. No se había manifestado públicamente hasta la publicación de esta información.Cómo llegó el caso hasta aquíLa crisis entre ambos ministros se intensificó en menos de una semana. El martes (1), Mendonça levantó el sigilo de un informe de la Policía Federal, producido por determinación suya, que expuso mensajes y contactos entre Moraes y Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master. El mismo día, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió la nulidad de la investigación ordenada por Mendonça. Según G1, los mensajes revelados también muestran cercanía entre Vorcaro y el procurador general de la República, Paulo Gonet.En la decisión, Moraes citó la Constitución y el reglamento del STF, según los cuales el análisis de un eventual crimen común cometido por un juez compete a un órgano colegiado, y no a un relator individual. El despacho fue enviado a Fachin para que tome las providencias que estime necesarias, como destacó InfoMoney. Corresponderá al presidente de la Corte decidir si abre la apuración y la remite a un colegiado. No hay plazo definido para ese análisis.

El exbanquero Daniel Vorcaro, preso por el escándalo del Banco Master, afirmó en propuestas de delación premiada rechazadas por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) que los 5 millones de reales donados en 2022 a las campañas del entonces presidente Jair Bolsonaro (PL) y de Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoy gobernador de São Paulo, eran sobornos articulados con Gilberto Kassab, presidente del PSD. El relato fue revelado por UOL este jueves y confirmado por Folha de S.Paulo. Como las tres propuestas fueron rechazadas por falta de hechos nuevos, no se firmó ningún acuerdo de colaboración, y la versión sigue siendo un relato unilateral del banquero, no confirmado judicialmente.Según las informaciones, los aportes fueron hechos por Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro e investigado también en la Operación Compliance Zero, y aparecen descritos como "contrapartidas financieras" derivadas de un "ajuste indebido con Gilberto Kassab" para mantener funcionando en São Paulo el Credcesta, tarjeta de crédito consignada (con descuento en nómina) administrada por PKL One Participações, empresa ligada al Master. El negocio habría comenzado en el gobierno de João Doria (entonces en el PSDB). Según Vorcaro, ante la probable victoria de Tarcísio en 2022, Augusto Lima, exsocio del banquero responsable de la expansión del producto, buscó asegurar la continuidad del negocio en el gobierno siguiente."Con la elección de 2022 en São Paulo y el ascenso de Tarcísio de Freitas como probable ganador, Augusto Lima, responsable de las articulaciones para expandir el Credcesta, buscó garantizar la continuidad del negocio junto al Gobierno del Estado de São Paulo", dice la propuesta, citada por Folha.El supuesto acuerdo, según el relato, preveía el pago del 5% del resultado líquido de la operación del Credcesta en São Paulo y el destino de recursos a campañas de partidos ligados al grupo político de Kassab, hoy candidato a vicepresidente en la fórmula de Ronaldo Caiado (PSD) para las elecciones de octubre. Vorcaro también relató la previsión de pagos informales de unos 10 millones de reales en efectivo, entregados por Thiago Botelho, conocido como Papel, para campañas del PSD. La donación electoral se pagaría inicialmente en dinero, pero habría sido convertida en aportes oficiales porque los partidos aliados solo aceptarían donaciones oficiales. Según el exbanquero, las contrapartidas prometidas se cumplieron y el Credcesta permaneció ligado al gobierno estatal durante más de un año.Cómo se conoció la versiónEl material consta en tres propuestas de delación, todas rechazadas por la PF y la PGR. La última fue negada a fines de agosto, y la declaración ocurrió el 27 de agosto, en la penitenciaría de Papudinha, ante João Azambuja, juez auxiliar del despacho del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), relator de la Compliance Zero, con presencia de abogados del banquero y de un integrante del Ministerio Público, según Metrópoles. Sobre el reparto de los 5 millones de reales, los reportajes divergen: Folha registra 2 millones para Bolsonaro y 3 millones para Tarcísio; el relato de UOL, reproducido por Metrópoles y Brasil de Fato, indica 3 millones para el expresidente y 2 millones para el gobernador.El caso hasta aquíMayo de 2022: PKL One, responsable del Credcesta, es acreditada como consignataria en el gobierno de São Paulo, aún en la gestión Doria, según la asesoría de Tarcísio.Octubre de 2022: Zettel dona 5 millones de reales, como aportes oficiales declarados, a las campañas de Bolsonaro y Tarcísio.Enero de 2023: Tarcísio asume el gobierno de São Paulo y Kassab se convierte en secretario de Gobierno.2026: Vorcaro, preso en el escándalo del Master, presenta tres propuestas de delación; la tercera es rechazada a fines de agosto.3 de septiembre: UOL publica el relato, confirmado por Folha; Kassab y Tarcísio niegan las acusaciones.Bolsonaro no respondió a Folha antes de la publicación, y Augusto Lima no se manifestó, según Metrópoles. Kassab calificó el relato de "absolutamente fantasioso" y dijo que lo refuta "con vehemencia". "Nunca traté de donaciones con Augusto Lima o Daniel Vorcaro. De hecho, no tengo ninguna relación con Daniel Vorcaro, nunca hablé con él, personalmente o por teléfono", afirmó en nota. "No participé ni recibí ninguna donación de Vorcaro, de Lima o de Botelho. Nunca recibí valores en efectivo."En comunicado, la asesoría de Tarcísio afirmó que la campaña de 2022 "contó con más de 600 donantes y fue conducida en estricta observancia a la legislación electoral", que el gobernador no tiene vínculo con el donante citado y que la rendición de cuentas fue presentada y aprobada por la Justicia Electoral. La nota sostiene que la acreditación de la PKL One no constituye contrato con el Estado ni involucra recursos públicos.No hay fecha marcada para una nueva declaración ni anuncio de una nueva revisión del material por la PGR. Un eventual acuerdo de colaboración dependería de la aceptación de la PF y de la procuradoría, que ya rechazaron el relato tres veces por falta de hechos nuevos.

La Policía Federal de Brasil sostiene que Cláudio Castro, exgobernador del estado de Río de Janeiro, obtuvo ventajas directas de un esquema de lavado de dinero vinculado al grupo Refit, la antigua Refinería de Manguinhos. Las conclusiones figuran en la decisión de la segunda fase de la Operación Sem Refino, cuyo sigilo fue levantado este jueves (3) por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país. Entre las ventajas señaladas están 10.500 reales en caviar pagados por una empresa de un tercero, el uso de hecho de una mansión en Petrópolis, ciudad serrana cercana a Río, y un alquiler por debajo del mercado de la cobertura donde vive en Barra da Tijuca. Castro está bajo investigación, no ha sido condenado y su defensa niega irregularidades.La investigación describe una estructura de ocultación de patrimonio montada con testaferros, los llamados "laranjas", y empresas de terceros para pagar gastos del exgobernador y blindar bienes de lujo. Refit es controlado por el empresario Ricardo Magro, considerado uno de los mayores deudores de impuestos del país, según G1. El STF ordenó su prisión preventiva en mayo, en la primera fase de la operación; está prófugo y figura en la lista de difusión roja de la Interpol. Datos extraídos de celulares incautados indican además que Castro y secretarios mantenían canales directos de comunicación para agilizar licencias ambientales y perseguir a empresas competidoras.El episodio del caviarSegún mensajes citados en la decisión, Castro negoció personalmente la compra de distintos tipos y gramajes de caviar con un proveedor y pidió que parte del pedido fuera entregado en una suite del Hotel Emiliano, en São Paulo, donde se alojaba el 24 de abril de 2026. El valor final, tras descuentos, fue de 10.500 reales. Aunque dijo al vendedor que enviaría el comprobante del PIX, el sistema de pagos instantáneos brasileño, el análisis bancario mostró que el pago salió de la cuenta de AC Santos Participações e Empreendimentos, del abogado Antonio Carlos da Conceição Santos, conocido como "Pipo", señalado por la PF como operador central del esquema. Para los investigadores, es prueba objetiva del uso de terceros para pagar gastos incompatibles con los ingresos lícitos del exgobernador.Mansión en la sierra y cobertura en la BarraEn Petrópolis, la PF sostiene que Castro usufructuaba de hecho un inmueble de lujo en el condominio Locanda Residenze, registrado a nombre de Concrecasa Construções Inteligentes. La administradora de la empresa, Carolina Gonçalves Xavier Pereira, tiene vínculos societarios con el empresario Luiz Fernando Gomes, cuya Enge Prat Engenharia e Serviços firmó 11 contratos con el gobierno estatal durante la gestión de Castro, por un total de 355,2 millones de reales, de los cuales 49,6 millones sin licitación. En la decisión, Castro aparece gestionando rutinas de seguridad, recibiendo facturas de electricidad en su celular y coordinando reformas que llamaba "minha obra" ("mi obra"), incluida una cava climatizada presupuestada en 245.000 reales cuyo archivo PDF traía en los metadatos el título "AP Adega Claudio Castro". Según O Globo, entre enero de 2024 y comienzos de este año Castro usó al menos 24 veces el helicóptero oficial para viajes de fin de semana a Petrópolis.En Barra da Tijuca, el exgobernador reside bajo un contrato de 10.000 reales mensuales con la empresa J3 Real Estate, valor inferior al promedio de mercado estimado por la PF, entre 25.000 y 29.000 reales. La empresa fue creada 50 días antes de comprar la cobertura por 3,48 millones de reales, tiene el inmueble como único activo y solo abrió su primera cuenta bancaria tres años después de la transacción. Mensajes incautados muestran además a Castro y su esposa coordinando detalles de la obra, como la baranda de vidrio de la piscina, meses antes de mudarse, lo que, según los investigadores, contradice la versión de la defensa de que él no participó de las intervenciones.Cronología y la defensaLa primera fase de Sem Refino fue lanzada en mayo, cuando Moraes autorizó allanamientos contra Castro y otros investigados y ordenó la prisión preventiva de Magro. La segunda fase ocurrió el 14 de agosto, con 16 mandatos de búsqueda y aprehensión expedidos por el STF; además de Castro, fueron objetivos el exsecretario estatal de Medio Ambiente Bernardo Rossi y el exsecretario de Transformación Digital José Mauro Farias Junior. En esa ocasión, la PF afirmó investigar un fraude en la concesión de licencias ambientales para la refinería, al margen de las directrices de los órganos técnicos competentes, además de lavado de dinero. Días antes, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) había revocado la autorización de funcionamiento de Refit.Las defensas divergen de la lectura de la PF. El abogado Carlo Luchione afirmó a O Globo que la cobertura de la Barra es alquilada y negó que haya pasado por una gran reforma. Sobre la casa de Petrópolis, la defensa dice que el inmueble ya no tiene vínculo alguno con Castro, quien alega haberla ocupado entre octubre de 2023 y comienzos de este año mediante contrato regular de alquiler. G1 informó que busca contacto con Castro y que no había respuesta divulgada hasta la publicación.Los próximos pasos dependen del STF. La investigación sigue a cargo de Moraes, la PF continúa analizando el material incautado y eventuales acusaciones formales dependen de una denuncia de la Procuraduría General de la República ante el Supremo. No hay fecha definida.

La Procuraduría General de la República (PGR) pidió este miércoles (2) al Supremo Tribunal Federal (STF) el archivo de las denuncias presentadas por el exbanquero Daniel Vorcaro en un testimonio prestado ante el gabinete del ministro André Mendonça. Vorcaro, preso en Brasilia en el marco de las investigaciones sobre el Banco Master, dijo haber sufrido amenazas en la cárcel. Para el procurador general de la República, Paulo Gonet, no hay hecho concreto que justifique medidas de investigación.Un testimonio urgente y reservadoSegún una nota del gabinete de Mendonça, Vorcaro declaró con carácter urgente el jueves pasado (27), ante un juez auxiliar que acompaña el caso. La audiencia fue solicitada por su defensa, que habló de "graves intimidaciones", y se realizó sin la presencia de la Policía Federal. El contenido se mantiene en reserva. Tras el testimonio, el ministro envió el caso a la PGR para evaluar si había elementos para nuevas medidas, informó CNN Brasil.En la manifestación enviada al STF, la PGR descartó abrir una investigación a partir del relato."Del examen detenido de los términos del testimonio prestado, se constata que el declarante no relató un hecho concreto ni jurídicamente delimitado capaz de impulsar medidas investigativas propias, ni aportó el mínimo elemento de verosimilitud a las afirmaciones formuladas", afirmó el órgano.Línea del tiempoVorcaro está preso en el marco de las investigaciones sobre el Banco Master, en las que la Policía Federal señaló indicios de que mantenía una estructura de monitoreo e intimidación de adversarios, con riesgo de destrucción de pruebas, de continuación del lavado de dinero y de interferencia en las indagaciones. Antes del testimonio, su defensa había presentado dos propuestas de delação premiada, la colaboración a cambio de beneficios penales prevista en Brasil, y ambas fueron rechazadas por la PGR y por la Policía Federal. En el segundo rechazo, el Ministerio Público alegó que la propuesta no traía compromiso efectivo de devolución de valores y que los elementos carecían de novedad, llegando en algunos puntos a chocar con datos ya recopilados.En la manifestación de este miércoles, la PGR también se negó a reabrir las negociaciones. "El peticionario no logró alterar la premisa fáctica que culminó en la negativa anterior, sin vislumbrarse señalización alguna de potencialidad probatoria ni vicio de voluntad que justifique la renovación de la propuesta negociada", dice el texto. El órgano calificó de "inócua" la continuación de la petición, según CNN Brasil.El siguiente paso corresponde a Mendonça: como relator de la petición en el STF, él analizará el pedido de archivo. No hay fecha definida para la decisión.

La Procuraduría General de la República (PGR) remitió al Supremo Tribunal Federal (STF) el acuerdo de delación premiada de João Carlos Mansur, fundador y expresidente del consejo de administración de la gestora Reag. El material fue enviado este miércoles (2) al ministro André Mendonça para su análisis, sin plazo para que se pronuncie, según G1.El acuerdo incluye 17 anexos que describen cómo se habrían montado los fondos de la gestora para lavar dinero, y Mansur señala el camino para localizar 20.000 millones de reales en recursos de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master e investigado por la Policía Federal. Ambos son investigados y ninguno ha sido condenado; las afirmaciones son del colaborador y serán examinadas por la Justicia. Según G1, Mansur firmó hace meses un término de confidencialidad con la Policía Federal y la PGR, primer paso antes de entregar documentos, y la negociación avanzó solo con la Procuraduría.Cómo llegó el caso hasta aquíMansur creó Reag en 2012 como administradora fiduciaria de fondos, y en su apogeo la firma llegó a gestionar 340.000 millones de reales, lo que la convirtió en la mayor casa independiente de Brasil, según Folha de S.Paulo. La Policía Federal alcanzó al grupo en agosto de 2025 con la operación Carbono Oculto, que investiga lavado de dinero para el crimen organizado. En enero de este año, Mansur fue objetivo de la segunda fase de la operación Compliance Zero, que investiga un supuesto esquema de fraudes financieros en el Banco Master. El mismo día, el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial de la gestora.Según Folha, el Banco Central identificó al menos seis fondos de Reag vinculados al Master y a Vorcaro, denominados Astralo 95, Reag Growth 95, Hans 95, Olaf 95, Maia 95 y Anna, con un patrimonio neto conjunto de 102.400 millones de reales. En al menos cuatro hubo indicios de vínculo con el crimen organizado. Personas que acompañaron el trabajo de Mansur y hablaron con Folha bajo reserva de identidad dicen que él actuó personalmente en las principales transacciones ligadas a intereses de Vorcaro, y que su relato puede servir de atajo para los investigadores al detallar el número de operaciones, la participación de cada involucrado y el origen y destino del dinero.Qué viene ahoraLa delación llega en un momento delicado. Vorcaro declaró la semana pasada ante la oficina de Mendonça que sufrió amenazas y presión psicológica en prisión para que no firmara un acuerdo de colaboración, según G1 y Folha, y este miércoles la PGR pidió el archivo de esas denuncias. El caso del Banco Master también alimenta la crisis entre el STF y la Policía Federal tras la divulgación de mensajes intercambiados entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes. La columna Painel S.A., de Folha, informó que Mansur reunió a su familia el mes pasado, contó a sus tres hijos que había cerrado la delación y dijo haber tomado providencias para protegerlos de las consecuencias.El próximo paso es de Mendonça: homologar o no el acuerdo, sin fecha definida. La delación premiada solo surte efectos tras la validación judicial. A cambio de la colaboración, el delator puede recibir beneficios previstos en la ley y renuncia al derecho a permanecer en silencio en sus declaraciones. Hasta la decisión del ministro, el contenido del acuerdo sigue bajo secreto.

El banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo en la investigación por supuestas fraudes en el Banco Master, declaró ante el despacho del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), que sufrió tortura psicológica, malos tratos y amenazas veladas en prisión para no revelar hechos vinculados a la Policía Federal en una eventual colaboración premiada. El relato fue publicado por la columnista Mônica Bergamo, del diario Folha de S.Paulo. La declaración se prestó la semana pasada ante un juez auxiliar del despacho y quedó grabada en vídeo, con la presencia de un representante del Ministerio Público Federal y sin agentes de la Policía Federal.En la declaración, Vorcaro citó al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Según la investigación de la Folha, el banquero afirmó que la corporación no tendría interés en escucharlo para evitar que hechos relacionados con el órgano salieran a la luz. En su evaluación, las supuestas intimidaciones estarían entre los motivos por los que la PF no habría aceptado la colaboración que intenta negociar desde su detención. Interlocutores de Rodrigues negaron al diario cualquier relación cercana con Vorcaro y dijeron que los dos se encontraron una sola vez, casualmente, en Londres, en un seminario jurídico organizado por el grupo Voto, un evento patrocinado por el Banco Master sin que ese vínculo se difundiera en la época.Agentes escuchados por la Folha afirmaron, además, que Vorcaro podría haber acudido directamente a la Procuraduría General de la República (PGR) para intentar formalizar la colaboración, sin participación de la Policía Federal. La audiencia se realizó precisamente en el despacho de Mendonça, relator de la investigación sobre el Banco Master en el STF, la máxima corte de Brasil. El contenido de la declaración está protegido por secreto.Lo que dice el despacho de MendonçaEste miércoles, el despacho confirmó la audiencia, que según el G1 fue revelada primero por el diario O Globo, y divulgó una nota en la que afirma que el acto ocurrió a pedido expreso de la defensa. El texto dice que la presencia de un representante del Ministerio Público es una exigencia legal que se cumplió, y que la ausencia de agentes de la Policía Federal siguió normas del CNJ (Consejo Nacional de Justicia), que determinan el apartamiento del equipo policial responsable de la investigación cuando el declarante relata intimidaciones. Según la nota, la medida buscó proteger al declarante y no fue una elección de conveniencia del despacho. El equipo del ministro también informó que la relación entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes no fue citada en la declaración."La declaración se realizó por requerimiento expreso de la defensa del declarante, que relató estar sufriendo graves intimidaciones y solicitó ser escuchado con urgencia. Se trata de un acto procesal regular, conducido por un juez auxiliar", dice la nota.Cómo llegó el caso hasta aquíMarzo de 2025: Mendonça recibe a Vorcaro en una única reunión, para tratar una acción sobre precatórios que estaba en juicio en el STF, según nota del despacho.Febrero de 2026: el ministro se convierte en relator del caso Master en la corte.Marzo de 2026: Vorcaro es detenido en la investigación por supuestas fraudes en el Banco Master.Martes (1): se difunde un informe de la PF que apunta mensajes de Vorcaro a un número atribuido a Moraes, con ofertas de contratos millonarios y un viaje a Londres, además de ocho encuentros entre ambos.Miércoles (2): el despacho confirma la declaración urgente y la Folha revela el contenido de lo dicho por Vorcaro.El presidente del STF, Edson Fachin, dijo que analizará los hechos y prometió anunciar medidas en los próximos días. La PGR pidió la nulidad de la investigación abierta por Mendonça sobre los mensajes, pero, según el G1, el ministro insistirá en que el plenario de la corte analice el caso de todos modos.

El gabinete del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, confirmó este miércoles (2) que el banquero Daniel Vorcaro prestó declaración de urgencia la semana pasada ante un juez auxiliar que sigue el caso del Banco Master. Vorcaro, investigado en el proceso, fue escuchado sin la presencia de la Policía Federal y a pedido de sus propios abogados. El diario O Globo reveló la información y el gabinete la detalló luego en una nota oficial."La declaración se realizó por requerimiento expreso de la defensa del declarante, que relató estar sufriendo graves intimidaciones y solicitó ser escuchado con urgencia. Se trata de un acto procesal regular, conducido por un juez auxiliar", afirmó el gabinete.Sobre la ausencia de la Policía Federal, el gabinete sostuvo que hubo un representante del Ministerio Público, como exige la ley en audiencias de ese tipo, y que el equipo policial que conduce la investigación fue apartado en cumplimiento de normas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), el órgano que supervisa al poder judicial brasileño. "Las normas del CNJ consagran, como garantía de la integridad física y psicológica del declarante, el apartamiento del equipo policial responsable de la investigación en los actos en que él es escuchado", dice la nota. Como la declaración fue motivada por un "relato de graves intimidaciones", el gabinete argumenta que no convocar agentes siguió una directriz de protección al declarante.El contenido de la declaración quedó bajo sigilo. El equipo de Mendonça afirmó, sin embargo, que la relación entre Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes no fue citada. Más temprano, el gabinete también informó que Mendonça se reunió con Vorcaro una única vez, en marzo de 2025, para tratar una acción sobre precatórios, las deudas judiciales del Estado brasileño, meses antes de asumir en febrero de 2026 la relatoría del caso Master en el STF.El caso hasta aquíVorcaro es excontrolador del Banco Master, blanco de una investigación por fraudes que la Policía Federal estima en unos 12.000 millones de reales. Fue arrestado por primera vez el 17 de noviembre de 2025 en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. El martes (1), el diario O Estado de S. Paulo reveló mensajes extraídos del celular del banquero intercambiados con un contacto guardado con el nombre de Alexandre de Moraes. Según la Policía Federal, los diálogos incluyen cobros sobre pagos de un contrato de 131 millones de reales entre el banco y el estudio de la esposa del ministro, registros de encuentros entre ambos, que la policía contabiliza en ocho, y mensajes en los que Vorcaro pregunta por su propia prisión dos días antes de que ocurriera.En la noche del martes, el procurador general de la República, Paulo Gonet, pidió la anulación de la investigación abierta por Mendonça para examinar los mensajes, cuyo sigilo había sido levantado por el propio relator. Para la PGR, la investigación excedió los límites de la actuación de un magistrado en la fase previa al proceso.El presidente del STF, Edson Fachin, afirmó este miércoles, en una nota oficial, que analizará los hechos y anunciará "las medidas cabibles y necesarias" en los próximos días. Penalistas consultados por BBC News Brasil esperan que el pleno del STF juzgue tanto el pedido de anulación de la actuación de Mendonça como una eventual investigación contra Moraes, en una sesión que Fachin debe convocar.

La Policía Federal (PF) de Brasil y las policías civiles lanzaron este miércoles (2 de septiembre) una operación nacional contra delitos de abuso sexual de niños y adolescentes, con órdenes cumplidas en todos los estados y en el Distrito Federal. Al menos 44 personas fueron detenidas: 31 en flagrante y 13 por mandatos de prisión preventiva emitidos por tribunales. Tres adolescentes fueron aprehendidos y dos víctimas de abuso fueron identificadas y rescatadas.La operación, denominada Proteção Integral V, cumplió 153 órdenes de registro e incautación y movilizó a 755 agentes, entre ellos 480 policías federales y 275 civiles, según Folha de S.Paulo. Los investigados están señalados por almacenar, compartir, comercializar o producir material de abuso sexual de niños y adolescentes. La PF coordinó la acción, con participación directa de las policías civiles de 20 unidades de la federación brasileña, entre ellas São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Bahía.Ninguno de los medios consultados publicó los nombres de los detenidos. Quienes fueron apresados en flagrante fueron capturados durante los operativos, y los demás eran objeto de órdenes emitidas por jueces. Todos son investigados y, conforme a la ley brasileña, se presumen inocentes mientras no haya condena. Los tres adolescentes fueron aprehendidos y no arrestados porque en Brasil los menores quedan bajo el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), la ley de justicia juvenil del país.Cronología de las operacionesLa Proteção Integral V continúa una serie de acciones nacionales: las fases uno a cuatro fueron lanzadas por la PF y las fuerzas estatales entre 2025 y 2026. En marzo de este año la PF también ejecutó la Operación Guardião Digital, centrada en delitos sexuales contra niños y adolescentes en entornos virtuales. Entre enero y agosto de 2026, según la PF, se cumplieron al menos 980 órdenes de prisión contra prófugos de la justicia buscados por delitos sexuales, una cifra que abarca varias áreas de actuación de la corporación y no se limita a las fases de la Proteção Integral.La PF recomendó a padres y responsables acompañar la actividad de niños y adolescentes en internet y conversar sobre los riesgos de las redes sociales, los juegos y las aplicaciones. Pidió atención a señales como el aislamiento repentino y el secreto excesivo en torno al uso del celular y la computadora.Qué sigue ahoraSegún las normas procesales brasileñas, quien es detenido en flagrante debe ser presentado a una audiencia de custodia en un plazo de 24 horas, cuando un juez examina la legalidad de la prisión y decide si debe mantenerse. Los 13 detenidos por mandatos preventivos quedan a disposición de los tribunales que emitieron las órdenes. La PF no anunció fecha para nuevas fases de la operación.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil pidió este martes (1 de septiembre) la nulidad de la investigación ordenada por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), que apuntó una relación entre el ministro Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master. En su manifestación, el procurador general de la República, Paulo Gonet, sostiene que la orden del relator del caso Master que dio origen al expediente excedió los límites de la competencia de un juez en la fase previa al proceso.La investigación se basa en mensajes extraídos del teléfono de Vorcaro por la Policía Federal, entre ellos conversaciones con un interlocutor señalado como Moraes. Según G1, uno de los intercambios indica que el ministro hablaba con el exbanquero sobre la posibilidad de que la Policía Federal lanzara una operación que tendría a Vorcaro como objetivo. El material integra un informe enviado al STF, cuyo sigilo fue levantado por Mendonça ese mismo martes. La víspera, el relator había dado cinco días a la PGR para analizar el documento y pronunciarse sobre la apertura de una investigación contra su colega. Según Folha de S.Paulo, el propio Gonet también es citado en el informe."La orden dada a la autoridad policial para investigar personas específicas, sin pedido del Ministerio Público y sin iniciativa de la propia policía, es nula, por exceder los límites de competencia del juez en la fase previa al proceso"Gonet escribió además que "al juez no le corresponde acusar, y mucho menos realizar investigaciones previas al proceso". La manifestación sostiene que la nulidad también deriva de la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional (Loman): cuando surge indicio de delito cometido por un juez, el material debe remitirse al órgano competente para juzgarlo, y, en el caso de un ministro del STF, ese órgano es el plenario del propio tribunal. "Decisiones paradigmáticas del Supremo Tribunal Federal no dejan dudas de que la asunción por el juez de funciones ajenas a las suyas es causa de nulidad", dice el texto.Cómo llegó el caso hasta aquíVorcaro fue detenido por primera vez el 17 de noviembre de 2025 en el aeropuerto de Guarulhos, cerca de São Paulo, cuando intentaba abordar un jet privado con destino final a Dubái. Al día siguiente, el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial del conglomerado Master, citando grave deterioro financiero y riesgo de insolvencia. Liberado por decisión del TRF-1, un tribunal federal de apelaciones, volvió a ser arrestado preventivamente el 4 de marzo de 2026 por orden de Mendonça, tras indicar el análisis de los teléfonos incautados un riesgo de destrucción de pruebas. Es investigado por gestión fraudulenta, lavado de dinero y organización criminal, sin condena alguna.Además de la conversación sobre una eventual operación policial, los documentos revelados abarcan un contrato de unos R$ 131 millones entre Master y el despacho de Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro, y una segunda propuesta de R$ 50 millones que preveía el pago con cuotas de un jet y un helicóptero, según Folha. El material también registra pedidos de Vorcaro de que se contactara al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al propio Gonet.Qué dice cada parteEn la decisión que levantó el sigilo del informe, Mendonça afirmó que el caso tendrá que ser sometido al plenario del STF, "instancia soberana para analizar, de modo técnico y estrictamente jurídico, los nuevos elementos aportados por la autoridad policial". Por su parte, el despacho Barci de Moraes dijo, en nota, que consultó al ministro sobre la existencia de impedimentos legales antes de firmar el contrato, porque él es esposo de una socia directora de la firma, y que Alexandre de Moraes "jamás juzgó ninguna causa que involucrara al Banco Master". Moraes no ha sido denunciado, y la presunción de inocencia rige para todos los citados en el informe.El próximo paso corresponde a Mendonça, a quien toca decidir si acepta el pedido de nulidad de la PGR o mantiene la investigación. Si el caso sigue, el relator escribió que la deliberación deberá ocurrir en sesión presencial del colegiado, "a partir de fecha a ser definida" por el presidente del STF, Edson Fachin. Según la BBC News Brasil, la expectativa es que la sesión se programe después de la manifestación de la PGR, presentada este martes. Hasta ahora no hay fecha definida.

Un informe de la Policía Federal (PF) de Brasil hecho público este martes (1 de septiembre) señala que Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, negoció la entrega de cuotas de un jet y de un helicóptero como forma de pago de un segundo contrato, de R$ 50 millones, con el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. El informe fue elaborado con datos extraídos de uno de los teléfonos del banquero, y el ministro André Mendonça, relator en el STF de la investigación por fraudes en el banco, levantó su carácter secreto.Según la Folha de S.Paulo, la minuta del contrato preveía liquidar R$ 40 millones con la transferencia de las cuotas de las dos aeronaves, y los otros R$ 10 millones se pagarían como reembolso de los gastos de los vuelos. Los investigadores hallaron las minutas en mensajes de mayo de 2025. En una de esas conversaciones, al discutir con un abogado si los "activos" debían pasar de inmediato al estudio o solo al finalizar el vínculo, Vorcaro habría respondido: "los activos ya son de ellos".Los vuelosLos mensajes indican que las aeronaves ya servían a la pareja. El 9 de julio de 2025, Moraes entró en la terminal ejecutiva de Brasilia a las 22h34 y el jet Legacy 650, matrícula PP-NLR, despegó hacia el aeropuerto ejecutivo de São Roque, en el estado de São Paulo, según el sitio g1. La aeronave pertenece a Prime, compañía de aviación de la que Vorcaro era socio, citada por la Folha como Prime Aviation. En mensajes de ese mes, un socio suyo en la empresa, identificado por la Folha como Marcos Mata, confirmó que el ministro y su esposa "ya usaron aviones y helicópteros" y habló de los "ajustes finales de las 2 cuotas de la P1 para ellos".El informe también incluye la captura de un chat entre ese socio y Viviane. Él preguntó si estaban "gustando de la utilización de las cuotas de ustedes"; ella respondió que sí, que estaban disfrutando mucho y que todos los que los atendieron "siempre fueron muy educados y atentos". En otro intercambio, al ser informado por una empleada de Prime sobre un viaje de Viviane programado para agosto, Vorcaro ordenó: "No dejes de atender a Barci".Cronología y respuestasEl caso nace de la operación de la PF que investiga fraudes en el Banco Master, hoy en liquidación y controlado por Vorcaro. Las fechas principales:Febrero de 2024: el día 8, Vorcaro envía a un cuñado el comprobante de una transferencia de R$ 3,4 millones al estudio Barci de Moraes Sociedade de Advocacia, primer pago del contrato original, de unos R$ 130 millones.Marzo de 2024: el día 15, el exministro de Comunicaciones Fábio Faria, que según la PF hizo el primer contacto entre Moraes y Vorcaro, reclama por el atraso con la frase "el calvo no puede atrasarse". Vorcaro le escribe al socio Angelo Silva que "no pagaron a Barci de Moraes", llama al contrato "el más importante que tenemos" y orienta pagos mensuales incluso sin factura.Abril de 2025: Vorcaro pide que nadie en el banco tenga acceso al contrato.Mayo de 2025: aparecen las minutas del segundo contrato, de R$ 50 millones, pagadero en cuotas de aeronaves.Julio de 2025: Moraes vuela en el Legacy 650 PP-NLR y las partes hablan de los "ajustes finales" de las cuotas.1 de septiembre de 2026: Mendonça desclasifica el informe y lo envía a la Procuraduría General de la República (PGR).En nota, el estudio de Viviane Barci de Moraes afirma que solo firmó el primer contrato, de unos R$ 130 millones, y niega una "transferencia o sustitución del contrato". Según la nota, la propuesta de Vorcaro no fue aceptada y "nada fue firmado y el contrato original fue extinguido con la liquidación del banco, lo que cerró cualquier vínculo con la institución". Vorcaro es investigado y, según el g1, fue arrestado en la operación policial. Las conclusiones del informe aún deben ser examinadas por la fiscalía y por el tribunal, y ninguna de las personas citadas ha sido condenada.El expediente pasa ahora a la PGR, el órgano del principal fiscal federal de Brasil, para que se pronuncie. En la decisión que liberó el documento, Mendonça escribió:"Ante el contenido de las informaciones presentadas por la autoridad policial, independientemente de la manifestación que emita la Procuraduría General de la República, el camino inevitable de estos autos lleva al Plenario de este Supremo Tribunal Federal, instancia soberana para analizar, de modo técnico y estrictamente jurídico, los nuevos elementos traídos por la autoridad policial"Mendonça también dijo que cualquier decisión del plenario debería darse en una sesión pública y presencial, y que corresponde al presidente del tribunal, Edson Fachin, fijar la fecha, aún sin plazo anunciado.

Un informe de la Policía Federal (PF) de Brasil basado en mensajes extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, registra una serie de encuentros que habrían ocurrido entre el banquero y Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF). Según G1, los intercambios en WhatsApp, que van de marzo de 2024 a agosto de 2025, involucran a interlocutores como el exministro de Comunicaciones Fábio Faria, la pareja de Vorcaro, familiares, asesores y empleados. El documento se hizo público este martes (1 de septiembre) después de que el magistrado André Mendonça, relator del caso Master en el STF, levantara el sigilo.Los registros están en un capítulo titulado "otros encuentros entre DANIEL VORCARO y ALEXANDRE DE MORAES", parte de una investigación policial sobre las relaciones y la actuación del banquero. Las conversaciones señalan compromisos personales, reuniones en residencias privadas y eventos en Brasil y en el exterior. El teléfono fue incautado en la Operación Compliance Zero.Qué registra el informe13 de marzo de 2024: Faria y Vorcaro organizan una charla para "tomar un whisky" con "Alex" al comienzo de la noche; el encuentro fue reprogramado por la agenda del banquero.17 de abril de 2024: Faria pide la dirección de la residencia de Vorcaro en Lago Sul, Brasília, para pasarla a "Alex" y dice que borraría los mensajes después.17 de julio de 2024: mensajes de Faria confirman un encuentro con "Alexandre", también llamado "Careca", hacia las 19h30.5 de noviembre de 2024: en un diálogo con su hija, Vorcaro escribe: "Estoy con alexandre moraes".26 de febrero de 2025: un chofer de Vorcaro en Brasília avisa que el "Min Alexandre llegó" a la residencia.19 y 20 de marzo de 2025: Vorcaro informa a su novia y a un director del Banco Central que estaba reunido con el magistrado; según la PF, el encuentro siguió de madrugada el día 20 con la llegada de parlamentarios y líderes políticos a la residencia.19 de abril de 2025: encuentro durante un feriado en un lugar cercano a la casa de Vorcaro, en la región de Campos do Jordão (São Paulo).29 de abril y 21 de mayo de 2025: el banquero dice a su novia que está reunido con "alexandre"; en mayo, afirma estar en casa con "Ciro y alexandre".8 de agosto de 2025: Vorcaro avisa que dejaría de viajar esa fecha porque estaba "c alexandre", antes de una reunión con Ciro.Una sección aparte del mismo material describe la visita de un grupo a un hotel de Campos do Jordão el 30 de diciembre de 2023. En los mensajes, Vorcaro ordena a su equipo preparar una "experiencia completa" para invitados "ultra VIP", con nueve personas y cuatro escoltas, cantante y caballos. Durante la visita, un empleado cuenta que el chef del banquero se tomó una foto con "el ministro" e intercambió teléfono con él; Vorcaro reacciona primero con molestia, pero escribe: "Pero si fue el ministro quien lo pidió, está bien". Según el informe, días antes Fábio Faria había compartido con Vorcaro un número guardado en su agenda como "Alexandre de Moraes BRASÍLIA", que figuraba también como "STF TSE NOVO" y "Eu STF". La PF atribuye la referencia al magistrado tras analizar las interacciones entre los dos.El informe también aborda la organización de eventos internacionales, en especial el Foro Jurídico de Londres, realizado en abril de 2024 y patrocinado por el Banco Master. En las conversaciones, asesores discuten invitaciones a autoridades, programación de paneles y logística de transporte para magistrados del STF. Folha de S.Paulo informa de que, según los mensajes, Moraes dio sugerencias y vetó invitados del foro. Una edición prevista para 2025 fue cancelada.Cómo llegó el caso hasta aquíVorcaro fue detenido por la PF el 17 de noviembre de 2025, en la Operación Compliance Zero, cuando se preparaba para abordar un jet privado con destino a Malta. El teléfono incautado dio origen al informe enviado al STF y a la Fiscalía General de la República (PGR). Mensajes revelados por el diario O Estado de S. Paulo y obtenidos también por Folha muestran que Vorcaro buscó encuentros con Moraes en los días previos a su detención. El 15 de noviembre, dos días antes, escribió: "¿Crees que el lunes ya tengo que estar fuera?". Al día siguiente avisó: "Ya estoy en el vuelo, aterrizo a las 14:20 y voy directo para allá, ¿de acuerdo?".Vorcaro es investigado, y los encuentros descritos en el informe no constituyen por sí mismos una conclusión judicial sobre la conducta de nadie. Los próximos pasos están en manos del STF y de la PGR. El material fue enviado a la Fiscalía para que se manifieste. Este martes, Mendonça pidió al presidente de la corte, el magistrado Edson Fachin, que programe una sesión presencial del pleno para debatir las pruebas, sesión que calificó de "camino inevitable" y de "instancia soberana para analizar, de modo técnico y estrictamente jurídico" el material de la PF. Fachin define la fecha, y todavía no hay plazo divulgado.

Mensajes obtenidos por la Policía Federal en la investigación del Banco Master indican que el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, participaba en decisiones sobre la lista de invitados y la programación de un foro jurídico organizado por el banco en Londres. Según un reportaje de G1 publicado este martes, los diálogos registran vetos atribuidos al ministro y muestran nombres de participantes sometidos a su aprobación. El material integra el expediente de la investigación sobre Daniel Vorcaro, dueño del banco e investigado por la policía.En uno de los episodios, de julio de 2025, la empleada de marketing de Vorcaro, Ana Matos, sugirió a Antônio Rueda, presidente nacional del partido Unión Brasil, como moderador de un panel del II Foro Jurídico Londres Brasil de Ideas, edición que acabó cancelada. Vorcaro rechazó la idea: "Rueda no, ¿verdad? De ninguna manera. Alexandre muere si haces eso. Es más, nos mata". Ana respondió: "Él manda poner una tobillera electrónica". Ya en febrero de 2025, según la investigación, el banquero había dicho que necesitaba "aprobarlo con alexandre", en referencia a la lista de invitados.La primera edición del foro ocurrió en Londres entre el 24 y el 27 de abril de 2024. El informe policial describe una conversación del 18 de abril de ese año entre Vorcaro y Fábio Faria, exministro de Comunicaciones del gobierno Bolsonaro, sobre un veto atribuido a Moraes. "Pero creo que a Alexandre le gusta que él sepa que lo vetó. Es su ego", escribió Faria. Vorcaro respondió: "Al final sí lo vetó, quedó claro". El texto no informa a quién se vetó.Programa del evento y costos de viajeEl 21 de julio de 2025, Vorcaro escribió a Ana Matos que "Alexandre se quejó MUCHO del evento" y, preguntado por el motivo, respondió "todo". Luego señaló una molestia concreta: "Que pusimos a Tarcísio en primer plano". La investigación no identifica a qué Tarcísio se referían. Al día siguiente, Ana relató que pasó el día con la esposa del ministro, Viviane de Moraes, y con el propio Moraes: "Pasé el día aquí con Vivi Moraes y el ministro cerrando el programa. Cambiaron bastante cosa, pero está quedando bien".Otros mensajes detallan el financiamiento de viajes ligados al foro. Según G1, Vorcaro autorizó el pago de gastos del fiscal general de la República, Paulo Gonet, y de su hijo, Pedro Gonet, y la gestión de una invitación formal, con costos pagados por la organización, a Andrei Passos, director general de la Policía Federal. La columnista Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, añade que el 19 de marzo de 2025 Vorcaro dijo a Paulo Sérgio Neves de Souza, entonces director de fiscalización del Banco Central, que Moraes "va a llamar a Paulo para apretarlo". Según la columna, investigaciones de la policía y del propio Banco Central constataron que Neves de Souza actuaba como asesor informal de Vorcaro a cambio de dinero.Vorcaro fue detenido por la Policía Federal el 17 de noviembre de 2025, cuando se preparaba para abordar un jet privado con destino a Malta, según Folha. Ni G1 ni Folha registraron respuesta de Moraes a los mensajes ni manifestación de la defensa de Vorcaro sobre este punto, y los diálogos integran una investigación policial en curso. Este martes, el ministro André Mendonça, del STF, pidió al presidente de la corte, Edson Fachin, el agendamiento de una sesión presencial del plenario para debatir los mensajes entre Moraes y Vorcaro. Para Mendonça, el plenario es "el camino inevitable" y la "instancia soberana" para analizar las evidencias. Fachin aún debe definir la fecha.

Un informe del Coaf (Consejo de Control de Actividades Financieras), el órgano brasileño de inteligencia financiera, indica que el exbanquero Daniel Vorcaro, fundador del extinto Banco Master, envió al fondo estadounidense que financiaba la película "Dark Horse" más dinero, y durante más tiempo, de lo que admitió el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato presidencial en las elecciones de octubre. El documento registra una cuota de US$ 1,6 millones, por un valor exacto de US$ 1.666.667, enviada el 16 de septiembre de 2025 al Havengate Development Fund, el fondo de Estados Unidos indicado por Flávio para financiar la biografía cinematográfica del expresidente Jair Bolsonaro. La revelación la publicó la revista piauí este martes (1º) y fue confirmada por Valor Econômico con fuentes vinculadas a la investigación.Según el reportaje, la transferencia se produjo ocho días después de que el senador le enviara un mensaje a Vorcaro exigiendo las cuotas atrasadas. Con ese pago, hasta ahora desconocido, el total enviado al fondo subió de US$ 10,6 millones a US$ 12,3 millones, más de 65 millones de reales al cambio de la época. El acuerdo entre el senador y el banquero, revelado por el sitio Intercept Brasil en mayo de 2025, preveía US$ 24 millones en 14 cuotas.La cuota de septiembre contradice la versión que dio Flávio en una entrevista a GloboNews, después de que sus conversaciones con Vorcaro se hicieran públicas. "Mira, el último pago que él hizo fue en mayo de 2025", dijo el senador en la ocasión.Hay indicios de una transferencia aún posterior. piauí tuvo acceso a mensajes intercambiados el 22 de octubre de 2025 entre Vorcaro y el publicitario Thiago Miranda, que ayudó a recaudar dinero para la película. Miranda pregunta si el banquero puede "liberar las cuotas de la película", porque "si no, todo se va a parar". Vorcaro responde: "Sí. Liberé una más hoy." Miranda escribe entonces que avisaría a los demás y que "Flávio dijo que te iba a llamar"; el banquero le pide que presente sus disculpas al senador por los retrasos. El valor de esa posible octava cuota no fue detallado. Si el pago de octubre se concretó, el total desembolsado llega a US$ 14 millones, unos 72 millones de reales. Menos de un mes después, el 18 de noviembre de 2025, Vorcaro fue arrestado por primera vez, según Valor.Cómo llegó el caso hasta aquíPrincipios de 2025: Flávio negocia con Vorcaro un aporte de US$ 24 millones a "Dark Horse", en 14 cuotas, según audios y mensajes revelados por Intercept Brasil.Febrero a mayo de 2025: US$ 10,6 millones son enviados al Havengate Development Fund, de Estados Unidos.Mayo de 2025: ante las revelaciones, Flávio afirma a GloboNews que el último pago había ocurrido ese mes.16 de septiembre y 22 de octubre de 2025: el Coaf registra una nueva cuota de US$ 1,6 millones, y mensajes sugieren una transferencia adicional.18 de noviembre de 2025: Vorcaro es arrestado por primera vez.1 de septiembre de 2026: la revista piauí publica el informe del Coaf, ya incorporado a la investigación del Tribunal Supremo Federal sobre las transferencias al exterior.Repercusión e investigaciónConsultado, Flávio se negó a detallar las transferencias. Al llegar al Senado este martes, dijo a periodistas: "No tengo cómo saber esa información, porque yo no me ocupo de eso. Hay que preguntarle a la productora", en referencia a Go Up, responsable del filme. Su asesoría ya había dicho a piauí que las preguntas sobre otros pagos debían dirigirse a la productora. Según un reportaje de UOL, el candidato también afirmó que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo, "tenía que renunciar" por su relación profesional anterior con Vorcaro; el Estadão/Broadcast publicó mensajes en los que el banquero le pidió al ministro que interviniera ante la Policía Federal y la Fiscalía General de la República para frenar investigaciones sobre el banco.El Coaf informó, en nota, que no comenta casos concretos. La defensa de Vorcaro fue consultada por Valor y no se manifestó. La Policía Federal investiga la sospecha de evasión de divisas y el posible uso de recursos del fondo para costear gastos del exdiputado Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Según Poder360, el Havengate está a nombre del abogado Paulo Calixto, vinculado a Eduardo. El exdiputado niega haber recibido dinero de Vorcaro a través del fondo, y Flávio sostiene que los valores se usaron "integralmente" en la película.El informe del Coaf con la cuota de septiembre fue incorporado a la investigación que tramita en el Tribunal Supremo Federal, la corte más alta de Brasil, sobre las transferencias al exterior. No hay fecha divulgada para el cierre de las indagaciones, y ninguna de las personas involucradas ha sido condenada: las sospechas siguen bajo investigación.

El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), envió el lunes (31) un oficio a la Procuraduría General de la República (PGR, la Fiscalía federal de Brasil) pidiendo que se pronuncie en un plazo de cinco días sobre un informe de la Policía Federal (PF) con mensajes incautados a Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y preso en la operación Compliance Zero. En los mensajes, el banquero habría pedido a un interlocutor no identificado la actuación de "Andrei" y "Paulo" en su favor. Para los investigadores, las referencias serían a Andrei Rodrigues, director general de la PF, y a Paulo Gonet, procurador general de la República.La información fue divulgada primero por el sitio Metrópoles y confirmada por la TV Globo y por el diario Folha de S.Paulo. Según el portal g1, la PF localizó la anotación en uno de los celulares de Vorcaro a fines de octubre del año pasado. El destinatario no aparece identificado porque el banquero tenía la costumbre de guardar anotaciones, capturar pantallas de conversaciones y reenviar la imagen como visualización única. Los investigadores de la PF no descartan que el mensaje haya sido un pedido de protección dirigido al ministro Alexandre de Moraes, del STF. Mendonça es el relator de las investigaciones sobre los fraudes financieros que involucran al Master.Lo que dice el informeSegún el documento elaborado por los investigadores, Vorcaro describió la situación del banco y los problemas que enfrentaba. Relató haber recibido información confidencial de integrantes del Banco Central de que "G", que sería Gabriel Galípolo, presidente de la entidad, y los demás directores estaban bajo fuerte presión para adoptar alguna medida contra la institución financiera, por una intensa exigencia de la PF y del Ministerio Público Federal. En el relato del banquero, tanto la PF como el MPF decían que tomarían medidas contra él."Daniel Vorcaro también afirmó que era importante que el interlocutor presionara a Andrei (probablemente Andrei Augusto Rodrigues, director general de la Policía Federal) y a Paulo (probablemente Paulo Gonet Branco, procurador general de la República) sobre la necesidad de impedir que subordinados, dentro de las estructuras jerárquicas de la PF y del MPF, cometieran 'alguna jugarreta', porque, según él, 'ahí se va todo a la basura'."El pasaje forma parte del informe de la PF transcrito por g1; la cita está traducida del portugués. El propio documento describe las identificaciones de Andrei y de Paulo como probables, y el interlocutor del mensaje sigue sin identificación confirmada. Consultada, la PGR no respondió a los contactos de la redacción de g1. La Folha buscó a las asesorías de Andrei, de Gonet y de Moraes el martes (1º) e informó que, hasta la publicación, no había respuesta.Cómo llegó el caso hasta aquíEl Master se convirtió en objetivo de investigaciones por sospecha de fraudes financieros y Vorcaro fue preso en la Compliance Zero. El caso ganó peso político con la revelación de audios en los que el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro pide 61 millones de reales al entonces dueño del banco para terminar la película "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro, según la Folha. En una entrevista con Globo el viernes (28), el candidato dijo que "nunca es de más" explicar su relación con Vorcaro y calificó el tema de "más que aclarado". Vea la cronología:septiembre de 2025: el Banco Central rechaza la venta del Master al BRB, con las sospechas sobre el banco ya conocidas;fines de octubre de 2025: la PF encuentra la anotación que cita a Andrei y a Paulo en uno de los celulares de Vorcaro;julio de 2026: Mendonça autoriza la apertura de una investigación de la PF sobre los giros vinculados a la película, tras un dictamen de Gonet que halló elementos suficientes;31 de agosto de 2026: el relator envía el documento a la PGR y fija el plazo de cinco días.El próximo paso es de la PGR, que tiene cinco días contados desde el lunes (31) para pronunciarse. Hasta la publicación de los reportajes de este martes, ninguna de las autoridades citadas en el documento había hablado públicamente sobre el contenido de los mensajes.

La cobranza judicial de deudas privadas en Brasil alcanzó en 2025 el mayor nivel de su serie histórica: ingresaron a la Justicia 1.239.537 nuevos procesos de ejecución de títulos extrajudiciales no fiscales, según un levantamiento del portal g1 basado en el panel de estadísticas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), el órgano que supervisa al poder judicial brasileño. La cifra es cerca de un 60% superior a la de 2020, cuando se registraron 772.645 casos. Entre enero y marzo de 2026 se distribuyeron otros 295.541 procesos.Se trata de ejecuciones de título extrajudicial: el documento presentado por el acreedor ya prueba la deuda, como un contrato de préstamo, un financiamiento de vehículo o inmueble, un alquiler impago, un cheque devuelto o una factura, y el juez es requerido para ordenar el pago, sin discusión previa del fondo. Las demandas alcanzan a consumidores y empresas. La serie del CNJ sube todos los años: 838.701 casos nuevos en 2021, 994.098 en 2022, 1.131.730 en 2023 y 1.194.184 en 2024, antes del récord de 2025.El récord llegó en un año de demanda máxima en la Justicia brasileña. El informe Justicia en Números 2026, divulgado por el CNJ en junio, contabilizó 40,9 millones de procesos nuevos en 2025, el mayor volumen de la serie iniciada en 2009. El aumento de las ejecuciones coincide además con el endeudamiento récord de las familias: en marzo de 2026, el 80,4% de los hogares brasileños tenía deudas, el mayor porcentaje de la encuesta Peic, de la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), frente al 77,1% un año antes.Por qué las deudas llegan a los tribunalesPara Fernando Corrêa, coordinador del laboratorio de jurimetría de la Asociación Brasileña de Jurimetría (ABJ), la ejecución aparece cuando ya fracasaron los demás intentos de cobro. "La ejecución es bastante ineficaz, porque es difícil embargar los bienes de las partes. No es que estén descubriendo esta opción como una mejor forma de satisfacer las deudas. Es más bien el último recurso", afirma. El reportaje de g1 cita también, entre las causas señaladas por especialistas, el crédito fácil, las casas de apuestas deportivas (conocidas como bets) y la práctica de refinanciar deudas viejas con crédito nuevo.La jueza Káren Rick Danilevicz Bertoncello, del Tribunal de Justicia de Río Grande del Sur, atribuye el volumen de demandas a la falta de una cultura consolidada de renegociación antes de que el caso llegue a la Justicia. "En Brasil todavía no tenemos una cultura solidificada de renegociación voluntaria extrajudicial", dice la magistrada, que señala el exceso de concesión de crédito como factor central del sobreendeudamiento. Para ella, las ferias bancarias de renegociación "acaban perjudicando el presupuesto, porque no consigue tener esa mirada global para distribuir lo que tiene de capacidad de pago entre todos sus acreedores". Según la jueza, la Ley de Sobreendeudamiento exige hoy a bancos y financieras evaluar la capacidad real de pago del consumidor antes de conceder crédito y coloca sobre el acreedor el deber de saber con quién está contratando.En Río Grande del Sur, el tribunal mantiene un programa de gestión del sobreendeudamiento que reúne 31.075 procesos, de los cuales más de 20 mil siguen activos y 13.657 involucran a personas mayores; en total, 6.273 acuerdos fueron homologados. Según el informe del CNJ, la conciliación resolvió el 28% de las ejecuciones de títulos extrajudiciales no fiscales en la Justicia estatal en 2025.La respuesta del gobiernoEn los últimos años, el gobierno federal lanzó programas como el Desenrola Brasil para facilitar acuerdos y limpiar el nombre de los consumidores morosos. En abril, g1 informó que el gobierno de Lula estudiaba una nueva propuesta: reunir deudas de tarjeta de crédito, préstamos personales y otras en una sola, con intereses más bajos y descuentos sobre el capital que podrían llegar al 80% en algunos casos. También en 2026 se regulamentó el uso de parte del FGTS, el fondo de indemnización por despido del trabajador, como garantía en el préstamo consignado para empleados con contrato formal. Para los especialistas escuchados por g1, renegociar alivia el presupuesto en el corto plazo, pero no resuelve el problema si viene acompañado de crédito nuevo sin evaluación real de la capacidad de pago. No hay fecha definida para el anuncio del plan de consolidación de deudas, y los datos del primer trimestre indican que el ritmo de nuevas ejecuciones sigue elevado.

El ministro Dias Toffoli, del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, retiró de la pauta el juicio sobre el registro de la candidatura de Renan Santos, del partido Missão, a la Presidencia de la República. En un despacho firmado el sábado 29 de agosto, el relator del caso señaló "indicios de ilicitudes" en la forma en que la fórmula informó sus perfiles en redes sociales. El juicio, que verificaría la regularidad de la candidatura, iba a comenzar este lunes 31 de agosto en el plenario virtual del tribunal, según el G1.Toffoli destacó que Santos y el candidato a vicepresidente, Aroldo Medina, informaron al tribunal, en escritos del 19 de agosto, un total de 18 perfiles en redes sociales, como complemento de la solicitud de registro, presentada el 7 de agosto. Para el ministro, el cuadro sugiere incumplimiento de normas que obligan a los candidatos a comunicar a la Justicia Electoral, en el momento del registro, las direcciones electrónicas usadas en la propaganda de campaña. El registro es el trámite que valida una candidatura antes de poder recibir votos."Se constata que, en escritos presentados el 19/8/2026, los candidatos de la fórmula, Renan Antônio Ferreira dos Santos y Aroldo Medina, informaron un total de 18 perfiles en redes sociales, como complemento de la información del registro, enviado a la Justicia Electoral el 7/8/2026. En vista de que existen, en el registro de los candidatos, indicios de ilicitudes (...), determino el retiro del caso de la pauta de juicio"El despacho cita el artículo 57-B de la Ley 9.504/1997, la ley electoral brasileña, y las resoluciones 23.609/2019, sobre registro de candidaturas, y 23.610/2019, sobre propaganda electoral en internet, ambas del TSE. Según esas reglas, los perfiles creados antes de la campaña que no fueron informados en el registro solo pueden usarse en propaganda electoral 48 horas después de comunicados a la Justicia Electoral. El retiro de la pauta es una medida procesal: pospone el juicio para que se examinen los indicios y no constituye una decisión sobre el fondo del registro.Contexto y próximos pasosSantos, de 42 años, empresario y activista, disputa su primera elección presidencial con el Missão, partido creado en 2025. Lidera el Movimiento Brasil Libre (MBL), que ayudó a fundar en 2014 en las manifestaciones que pidieron el juicio político de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Entre sus propuestas están sustituir la legislación laboral brasileña (CLT) por negociación directa entre empresas y trabajadores, extinguir la Justicia del Trabajo y aprobar una enmienda constitucional de recorte radical del gasto público, según el G1.El caso avanzó rápido: la solicitud de registro se presentó ante el TSE el 7 de agosto; el complemento con los 18 perfiles llegó el 19; el sábado 29, Toffoli firmó el despacho que sacó el caso de la pauta, dos días antes del inicio previsto del juicio. Hasta la publicación, los medios consultados no registran respuesta pública de la campaña ni nueva fecha para el juicio. El proceso sigue bajo la relatoría de Toffoli y el registro de la fórmula continúa pendiente de decisión: en esta etapa no hay condena ni cancelación de candidatura, solo el examen de indicios.

El Ministerio Público de São Paulo (MP-SP), a través del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), lanzó en la mañana de este viernes (28) la Operación Merx, con apoyo de la Corregeduría de la Policía Civil y del Departamento de Operaciones Estratégicas (Dope), contra un grupo sospechoso de cobrar sobornos a contrabandistas de productos electrónicos. La Justicia decretó siete prisiones preventivas, cuatro de ellas contra policías civiles, además de 18 órdenes de registro e incautación en tres estados, según informaciones de G1 y O Globo.Los cuatro policías civiles alcanzados por las órdenes de prisión preventiva son Jonathan Vieira, Bruno Moreno, José Nishi y Sidiclei Almeida. Hasta la última actualización de los reportajes, cuatro de los siete investigados habían sido detenidos; uno de los prófugos estaría en Paraguay y otros dos aún no habían sido localizados. Todos son investigados y conservan el derecho a la presunción de inocencia. G1 intenta localizar a las defensas de los citados.Lo que apuró la investigaciónSegún el MP-SP, los policías interceptaban cargas de celulares y otros productos electrónicos de origen irregular y, en lugar de incautar integralmente la mercadería, exigían a los responsables pagos equivalentes a cerca del 70% del valor de la carga para liberarla, total o parcialmente. En al menos cuatro episodios documentados desde 2024, el grupo habría recibido aproximadamente 2,35 millones de reales en ventajas indebidas.Un abogado es señalado como intermediario del esquema: negociaba con los agentes, indicaba cuentas para los pagos, orientaba qué valores debían informarse a las autoridades y participaba en la devolución de la mercadería. En mensajes analizados por los investigadores, se refería al dinero en efectivo como la "caixinha da alegria" (cajita de la alegría, en portugués). Otras dos personas son sospechosas de comandar el contrabando y de financiar los pagos. De acuerdo con el Ministerio Público, la propia estructura de la Policía Civil habría sido usada para monitorear cargas, e integrantes del grupo utilizarían dependencias policiales para almacenar mercadería y simular incautaciones parciales, dando apariencia de legalidad a la actuación. La investigación apunta a los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero y organización criminal.Registros en comisarías y bloqueo de bienesEntre las 18 direcciones registradas hay tres unidades de la Policía Civil en la Gran São Paulo: la comisaría de Santana de Parnaíba, la comisaría de Embu das Artes y el 2º Distrito Policial de Cotia. Las órdenes se cumplen en Barueri, Taboão da Serra, Diadema, Cotia, Santana de Parnaíba, Embu das Artes, São Sebastião y la capital paulista, además de Londrina y Foz do Iguaçu, en Paraná, y São Luís de Montes Belos, en Goiás. La Justicia también autorizó el levantamiento de los sigilos de los investigados y ordenó el bloqueo de hasta 4 millones de reales en bienes. Otro policía civil de primera clase fue apartado del cargo, con retiro de sus credenciales de acceso a los sistemas policiales y prohibición de contacto con investigados y testigos.El próximo paso del caso es la continuación de las pesquisas del Gaeco, que sigue con tres investigados prófugos, y la eventual presentación de las defensas. El MP-SP no informó, por el momento, fecha para nuevas diligencias ni para la conclusión de la investigación.

La Policía Federal de Brasil cumplió este viernes (28) 22 órdenes de registro y dos de prisión preventiva contra una organización investigada por comprar y vender oro de origen ilícito. La operación, coordinada por la delegación de la Policía Federal en Cáceres, en el estado de Mato Grosso, tuvo objetivos en São José do Rio Preto y Mirassolândia, en el interior del estado de São Paulo, y en Poconé, Cuiabá, Várzea Grande y Pontes e Lacerda, en Mato Grosso, además de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, según informaron G1 y CNN Brasil.Según la policía, las investigaciones identificaron la negociación de aproximadamente 17,3 kilos de oro y movimientos financieros de más de 5,2 millones de reales (alrededor de un millón de dólares) vinculados a las operaciones investigadas. Los registros de este viernes buscan localizar y incautar oro, dinero, documentos y aparatos electrónicos que ayuden a esclarecer la actuación del grupo y a identificar a otros implicados.Cómo funcionaba el esquema, según la investigaciónDe acuerdo con la Policía Federal, el esquema comenzaba en Poconé, donde el oro era adquirido a proveedores ligados al garimpo, término que designa la minería artesanal e informal y que en este caso, según la policía, era ilegal. Los pagos eran realizados por el núcleo financiero de la organización, incluso mediante cuentas bancarias de terceros. Tras la compra, el mineral era transportado hasta Rio Preto, donde era recibido en un galpón utilizado para custodia y luego comercializado. CNN Brasil informó que el análisis de los movimientos financieros señaló una estructura dividida entre proveedores, operadores financieros, intermediarios, transportistas y compradores.Para ocultar y disimular los valores obtenidos, el grupo habría utilizado cuentas de terceros, personas jurídicas y empresas del sector de pagos digitales. Según la policía, parte del dinero era dispersada mediante transferencias electrónicas y retiros de grandes sumas en efectivo, lo que dificultaría el rastreo del origen de los recursos y de sus beneficiarios.Los investigados podrían responder, en tesis, por los delitos de usurpación de materia prima perteneciente a la Unión, lavado de dinero y asociación criminal. Los nombres de los objetivos no fueron divulgados, y todos son considerados sospechosos, sin ninguna condena hasta el momento.El caso hasta ahora: la investigación fue conducida por la delegación de la Policía Federal de Cáceres y derivó en las órdenes expedidas por la Justicia Federal y cumplidas este viernes. El próximo paso procesal es el análisis del material incautado en los registros, además de las audiencias de custodia de los dos investigados detenidos preventivamente, que según la ley brasileña deben realizarse en los próximos días. La Policía Federal no informó un plazo para concluir la pesquisa.

El Ministerio Público de São Paulo (MPSP) y la Corregiduría de la Policía Civil, la fuerza estatal encargada de las investigaciones criminales en Brasil, lanzaron este viernes (28) la Operación Merx, que indaga sospechas de que policías usaron comisarías y sistemas de la propia institución en un esquema de cobro de sobornos a contrabandistas de electrónicos en la Gran São Paulo. Según la investigación, difundida por G1 y también reportada por Metrópoles, el grupo habría exigido cerca de 2,35 millones de reales en al menos cuatro episodios documentados desde 2024. Todos los mencionados son investigados y gozan de presunción de inocencia.La pesquisa está a cargo del Gaeco, la unidad especial del Ministerio Público contra el crimen organizado, con apoyo de la Corregiduría y del Departamento de Operaciones Estratégicas (Dope). Según los investigadores, los policías usaban recursos de la institución para monitorear cargamentos de celulares y otros electrónicos de origen irregular que luego eran interceptados. En lugar de incautar la totalidad de la mercadería, los sospechosos habrían exigido dinero a los responsables para liberar los productos, de forma total o parcial. El monto cobrado llegaba a alrededor del 70% del valor de la carga. Las dependencias policiales también habrían servido para almacenar mercadería y registrar la incautación de solo una parte de los productos, lo que daba apariencia de legalidad a los operativos.Allanamientos en tres comisaríasEn la mañana de este viernes se cumplieron 18 órdenes de allanamiento, entre ellas en tres unidades de la propia Policía Civil: la comisaría de Santana de Parnaíba, la de Embu das Artes y el 2º Distrito Policial de Cotia. La Justicia decretó siete prisiones preventivas: cuatro contra los policías civiles Jonathan Vieira, Bruno Moreno, José Nishi y Sidiclei Almeida, una contra un abogado señalado como intermediario del esquema y dos contra sospechosos de comandar el contrabando. Hasta la última actualización de G1, cuatro de los siete objetivos habían sido detenidos. Uno de los buscados estaría en Paraguay y otros dos no habían sido localizados.Un quinto policía civil, de primera clase, no tuvo decretada la prisión, pero fue apartado de la función pública. La Justicia ordenó el retiro de sus credenciales de acceso a los sistemas policiales y le prohibió mantener contacto con investigados y testigos. También se autorizó el levantamiento de los secretos bancario y de comunicaciones y el bloqueo de hasta 4 millones de reales en bienes de los investigados.Qué sostiene cada partePara el Ministerio Público y la Corregiduría, los hechos configurarían, en tesis, los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero y organización criminal. La cronología del caso comienza en 2024, año de los primeros episodios documentados. Tras reunir elementos sobre al menos cuatro casos, el Gaeco pidió las medidas judiciales ejecutadas este viernes. G1 informa que intenta localizar a las defensas de los investigados y que el espacio sigue abierto para sus manifestaciones. Hasta el momento, ningún abogado de los citados se ha pronunciado públicamente sobre el caso.El próximo paso procesal es la continuidad de la búsqueda de los tres objetivos que siguen prófugos, uno de ellos localizado en Paraguay según la investigación, lo que podría exigir cooperación internacional. Cerrada la fase de cumplimiento de las órdenes, corresponderá al Gaeco concluir las pesquisas y decidir si presenta una denuncia formal ante la Justicia. No hay fecha divulgada para esa etapa.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aplazó este jueves (27) la reanudación del juicio que debe definir si existe vínculo laboral entre conductores y repartidores y las plataformas digitales, una disputa conocida en el país como "uberización". Según el diario Correio do Povo, el pleno dio prioridad al inicio del juicio sobre un trecho del Marco Civil de Internet, la ley que regula la red en Brasil, y el análisis de los casos de las aplicaciones quedó para una sesión futura, que será fijada por la presidencia del tribunal.La decisión del Supremo servirá de orientación para toda la Justicia y puede afectar a unos 1,7 millones de trabajadores vinculados a plataformas y aplicaciones de servicios, según G1. Más de 10.000 demandas tramitan en el país a la espera de una posición de la Corte. Está en juego si empresas como Uber, 99 e iFood deberán registrar a conductores y repartidores bajo las reglas de la CLT, la legislación laboral consolidada de Brasil.Cronología del caso1 de octubre de 2025: el juicio comienza en el pleno, con los alegatos orales de las partes, y queda suspendido antes de los votos, según Agência Brasil.29 de mayo de 2026: el presidente del STF, el ministro Edson Fachin, fija la reanudación para el 24 de junio, según Correio do Povo.24 de junio de 2026: la sesión se aplaza tras un pedido del Ministerio Público del Trabajo (MPT) y de la Defensoría Pública de la Unión (DPU).26 de agosto de 2026: el sitio jurídico Migalhas informa que Fachin cambió el orden del día y que los casos de vínculo con aplicaciones no abrirían la sesión del jueves.27 de agosto de 2026: el pleno inicia el juicio del Marco Civil de Internet y aplaza nuevamente el análisis de la "uberización".En el orden del día hay dos recursos de plataformas contra decisiones de la Justicia del Trabajo que reconocieron vínculo laboral. El primero es de Uber contra un entendimiento del Tribunal Superior del Trabajo (TST), relatado por Fachin. El segundo es de Rappi contra una decisión del Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región, en Minas Gerais, que reconoció el vínculo de un motociclista de reparto, caso relatado por el ministro Alexandre de Moraes, según Agência Brasil.Qué alega cada parteLos trabajadores afirman que existe supervisión de las plataformas y que siguen el comando del algoritmo, que define precio, ruta, clasificación y bloqueo, lo que, en su visión, caracteriza una relación de empleo. La Justicia del Trabajo ha entendido que las aplicaciones de transporte y reparto ejercen la actividad principal de empresas de transporte o logística.Las empresas sostienen que hacen la intermediación de la prestación de servicios y que no hay subordinación a la plataforma, ya que los trabajadores definen horarios y viajes. Uber afirmó ante el Supremo que es una empresa de tecnología, y no del sector de transportes, y que el reconocimiento del vínculo altera la finalidad del negocio y viola el principio constitucional de la libre iniciativa, según Agência Brasil. Rappi alegó que las decisiones laborales desrespetaron precedentes de la propia Corte contrarios al reconocimiento de una relación de empleo formal con los repartidores.La Procuraduría General de la República (PGR) envió un dictamen contrario al reconocimiento del vínculo. La Abogacía General de la Unión (AGU) defendió protección contractual para los trabajadores dentro de un ambiente de innovación tecnológica, y el MPT pidió que el vínculo se analice caso por caso, además de la creación de un piso mínimo de derechos, según G1.Salidas en discusiónEn los bastidores, según G1, manifestaciones públicas y decisiones individuales indican que habría mayoría en el Supremo para rechazar el vínculo laboral. Los ministros discuten, sin embargo, una tesis intermedia que reconozca protecciones mínimas, como piso remuneratorio, límite diario de horas de conexión, recaudación de contribuciones previsionales y seguro de vida. Fachin ha dicho que la Corte necesita dar una respuesta al tema ante el impacto social del caso y construir una solución equilibrada y sensible, que garantice la protección de los trabajadores y comprenda las nuevas herramientas de trabajo.El debate incluye el recientemente aprobado Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerado el primer pacto global sobre plataformas digitales. La norma fija parámetros mínimos como libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, condiciones seguras y saludables de trabajo y remuneración compatible con los estándares mínimos de cada país.Con el aplazamiento, el próximo paso procesal es la inclusión de los procesos en una nueva sesión del pleno, que será marcada por la presidencia del STF; hasta la noche del jueves no se había anunciado una nueva fecha. Cuando el juicio se reanude, el primer voto será el del relator Edson Fachin, y los demás ministros podrán acompañarlo, disentir o pedir más plazo para analizar el caso.

Nueve residentes de Bahía, un estado del noreste de Brasil, afirman haber sido víctimas de trata de personas en un esquema internacional que los llevó primero a Camboya, en el sudeste asiático, y después a Madagascar, frente a la costa este de África. Según una reportaje de G1 publicado este viernes (28), forman parte de un grupo de unos 20 brasileños, entre ellos personas de Río de Janeiro, Alagoas, Sergipe y Minas Gerais, atraídos por ofertas de trabajo con salario en dólares. Al llegar a Camboya, relatan que les retuvieron los pasaportes, sufrieron agresiones y fueron obligados a aplicar estafas por internet contra brasileños.Según la abogada Queila Veloso, que representa a una de las víctimas, la bahiana recibió la oferta en octubre de 2025, por indicación de un amigo que, sin que ella lo supiera, también había caído en el esquema. La propuesta preveía cerca de un año de trabajo en el país asiático, un salario de US$ 1.500 mensuales y el pasaje aéreo pagado por la contratante. Desempleada en Brasil, aceptó.La realidad descrita por las víctimas fue otra. Según la abogada, los brasileños permanecían recluidos en una villa fortificada, impedidos de salir de los alojamientos, y quien se negaba a trabajar en la operación fraudulenta de telemarketing era agredido, amenazado y cargado con deudas millonarias."Muchos intentaron huir, fueron agredidos, éramos humillados constantemente todos los días", relató a G1 una de las víctimas, que pidió no ser identificada.Los relatos indican que, tras operativos policiales en los alojamientos en Camboya, el grupo fue trasladado a Madagascar. Una de las víctimas contó que las multas impuestas por los explotadores llegaron a dejarla un mes sin salario y que enfermó en suelo africano, siendo obligada a trabajar igualmente: "Contraje una enfermedad aquí en Madagascar, fui a trabajar enferma, vomitando, con diarrea, casi me desmayo".Cronología del casoOctubre de 2025: una bahiana desempleada recibe la oferta de trabajo en Camboya, por indicación de un amigo.Meses siguientes: el grupo de unos 20 brasileños queda sin pasaportes y es obligado a aplicar estafas por internet, según los relatos.Tras los operativos policiales en Camboya: los brasileños son trasladados a Madagascar.19 de agosto de 2026: un nuevo operativo policial, esta vez en Madagascar, detiene al grupo, que estaba sin documentos.Unos tres días después: los brasileños son liberados y acogidos por la ONG Exodus Road Brasil.La directora de Exodus Road Brasil, Cintia Meirelles, afirmó a G1 que el grupo está alojado en una iglesia, con la ubicación mantenida en secreto por seguridad, y recibe apoyo de organizaciones y misioneros locales. Según ella, los brasileños aún no recibieron ningún apoyo del gobierno federal.En un comunicado, Itamaraty, el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, informó que recibió pedidos para investigar el caso junto a las autoridades de Madagascar. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Bahía (SJDH) dijo que acompaña la situación y que las medidas diplomáticas para el retorno del grupo están en marcha. El caso también fue reportado por otros medios bahianos, como el periódico Correio y el portal Aratu On.No hay fecha prevista para la repatriación. El próximo paso, según la SJDH, depende de los trámites diplomáticos entre Brasil y Madagascar para emitir documentos de viaje y lograr el regreso del grupo. Las identidades de las víctimas se preservan, y las autoridades tratan a los brasileños como posibles víctimas de trata de personas, delito previsto en el artículo 149-A del Código Penal brasileño.

Una jueza federal de Estados Unidos decidió este jueves (27) que el gobierno de Donald Trump actuó de forma ilegal al clasificar a Anthropic, una startup de inteligencia artificial, como riesgo para la seguridad nacional y prohibir que sus modelos fueran utilizados por organismos federales y por contratistas del Departamento de Defensa. La jueza Rita Lin, del Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Norte de California, concluyó en una decisión de 59 páginas que el gobierno tomó represalias ilegales contra la empresa "por actividades de expresión protegidas por la Constitución", después de que Anthropic se pronunciara públicamente sobre cómo debía usarse su tecnología. "La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno", escribió la jueza. Cronología del caso Principios de 2026: Anthropic y el Pentágono negocian un contrato de 200 millones de dólares para suministrar tecnología de IA a las fuerzas armadas. La empresa pedía garantías de que sus modelos no se usarían en armas totalmente autónomas ni en vigilancia masiva interna. El Departamento de Defensa exigía acceso sin restricciones al modelo Claude para todos los fines legales, según CNBC. Las negociaciones fracasaron. Marzo de 2026: el Pentágono clasifica a Anthropic como riesgo para la cadena de suministros, la primera empresa estadounidense en recibir públicamente esa designación. La medida bloqueó el uso de la tecnología de la startup por organismos del gobierno y por empresas que trabajan para la Defensa. 9 de marzo de 2026: Anthropic presenta dos demandas contra el gobierno, una en el tribunal federal de San Francisco y otra en el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia. Los dos frentes fueron necesarios porque el Pentágono usó dos designaciones distintas para justificar el castigo. 27 de agosto de 2026: la jueza Rita Lin falla a favor de Anthropic en el caso de California. Qué alega cada parte En su decisión, Lin citó el argumento del gobierno de que, ante la actitud de Anthropic "cada vez más hostil a través de la prensa" y sus críticas a las posiciones del Departamento de Guerra sobre el uso de la IA, los demandados "no pueden confiar en Anthropic para garantizar la integridad de sus modelos". La jueza respondió que "ni la Constitución ni la ley federal invocada por los demandados les permite imponer sanciones amplias basadas principalmente en la crítica de Anthropic a las posiciones del gobierno", según CNBC. Aunque el gobierno merece deferencia en materia de seguridad nacional, escribió, sus acciones carecieron de "fundamento articulable" y reflejaron "el deseo de hacer de la empresa un escarmiento público". En un comunicado, Anthropic celebró el resultado: "Recibimos con satisfacción la decisión del tribunal de que esta clasificación como riesgo para la cadena de suministros fue ilegal. Seguimos comprometidos a trabajar de forma productiva con el gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología". El gobierno de Trump no respondió de inmediato a los pedidos de comentario del The New York Times, cuya información fue publicada en portugués por Folha de S.Paulo. Próximos pasos La decisión cierra la primera de las dos demandas, pero Anthropic sigue constando formalmente como riesgo para la cadena de suministros hasta que se resuelva el caso ante el Circuito del Distrito de Columbia, que no tiene fecha fijada. El gobierno puede apelar la decisión de Lin o esperar el resultado de la segunda demanda antes de actuar, según una persona con conocimiento del asunto citada por el NYT. El desenlace también interesa a los mercados: la empresa se encamina hacia lo que podría ser la mayor oferta pública inicial de la historia, y retomar los vínculos con el Pentágono reabriría un frente de negocios hoy bloqueado.

La Policía Federal (PF) y el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil cumplieron, en la mañana del jueves (27), órdenes de búsqueda y aprehensión contra el presidente de la Cámara Municipal de Bariri, en el interior del estado de Sao Paulo, Ricardo Prearo (PSD), empresario y concejal, dentro de una investigación sobre presuntos delitos de contrabando y lavado de dinero. Además de la residencia del concejal, los agentes registraron empresas vinculadas a él y direcciones en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, en la frontera con Paraguay, según g1.De acuerdo con el Jornal Candeia, medio local, se cumplieron cuatro órdenes en direcciones residenciales y comerciales de Bariri. Una de las diligencias ocurrió en una casa del barrio Jardim Beltrame y otra en una empresa en la zona rural del municipio. Vecinos y transeúntes fueron llamados a acompañar los procedimientos como testigos, y equipos electrónicos habrían sido incautados. La oficina de comunicación de la PF en Foz de Iguazú confirmó al periódico que la investigación trata de contrabando y lavado de dinero, con objetivos en Paraná y en el interior paulista, pero informó que no daría más detalles sobre la operación.La secuencia del caso, hasta ahora, es breve. Las órdenes fueron ejecutadas simultáneamente en Bariri y en Foz de Iguazú en la mañana del jueves (27). Ese mismo día, Prearo emitió una nota confirmando que había sido objeto de las diligencias. Este viernes (28), la operación ganó repercusión con la cobertura de TV TEM, afiliada de TV Globo en la región, que contactó a la asesoría de la Cámara de Bariri y no obtuvo respuesta hasta la última actualización de su reportaje.Lo que dice la defensaEn nota, el concejal afirmó que figura en el procedimiento solo como mencionado y que colaboró con las autoridades:"Aclaro que fui objeto de una diligencia de las autoridades competentes, en la cual figuro como mencionado. Subrayo, sin embargo, que toda la información solicitada fue debidamente prestada y aclarada a las autoridades", declaró Prearo, quien afirmó además permanecer a disposición para nuevas aclaraciones.Hasta el momento, no hay registro de pedidos de prisión en la operación, que se encuentra en la fase de búsqueda y aprehensión. El próximo paso de la investigación es el análisis del material incautado, a cargo de la PF, sin fecha divulgada por las autoridades. Prearo responde a la pesquisa en libertad y, como todo investigado, goza de la presunción de inocencia: el MPF no ha presentado ninguna denuncia hasta el momento.

La Fiscalía del estado de São Paulo (MPSP) denunció a cuatro policías militares acusados de integrar una organización criminal que prestaba seguridad privada irregular a directivos de Transwolff, una empresa de autobuses de la capital paulista investigada por presunto lavado de dinero del PCC (Primer Comando de la Capital), la mayor facción criminal de Brasil. La denuncia fue presentada el miércoles (26) ante la Justicia Militar, el tribunal que juzga los delitos cometidos por policías militares, según Folha de S.Paulo, y todavía debe ser admitida para que los acusados pasen a ser reos en el proceso. El Ministerio Público pidió la prisión preventiva del teniente coronel José Henrique Martins Flores y el mantenimiento de las detenciones de los otros tres policías, presos desde febrero. Según la acusación, Flores administraba empresas de seguridad registradas a nombre de parientes usados como testaferros y ordenaba la emisión de facturas falsas para dar apariencia de legalidad a los pagos. El capitán Alexandre Paulino Vieira actuaba como coordinador operativo del esquema: le correspondía reclutar a los policías y negociar directamente con los directivos de Transwolff. Los sargentos Alexandre Aleixo Romano Cezário y Nereu Aparecido Alves, este último ya retirado, ejecutaban la escolta armada y la vigilancia de los ejecutivos, de sus familiares y de las cocheras de la empresa. Según G1, el grupo usaba la formación y las armas de la propia Policía Militar, con participación de integrantes de la Rota, la tropa de elite de la corporación. También según la denuncia, el sargento Nereu se ocupaba de la logística financiera del esquema. Durante las investigaciones, la policía incautó en su casa una maleta con 1,18 millones de reales en efectivo. La Fiscalía afirma que los policías conocían los vínculos criminales de los empresarios y, aun así, mantuvieron los servicios ilícitos en funcionamiento hasta comienzos de 2026. La cronología del caso 4 de febrero de 2026: la Corregeduría de la Policía Militar desencadena la Operación Kratos, y el capitán Paulino, el sargento Romano y el sargento retirado Nereu quedan en prisión preventiva. Mayo de 2026: la Corregeduría imputa a los policías que hacían la seguridad de los directivos de Transwolff, según la cobertura de G1. 26 de agosto de 2026: el MPSP presenta la denuncia contra los cuatro policías ante la Justicia Militar de São Paulo. Qué dicen las defensas Los abogados Mauro Ribas y Renato Soares, que defienden al capitán Paulino, afirman que él "nunca integró, participó o prestó servicios a ninguna organización criminal" y que los servicios de seguridad privada eran administrados a través de una empresa debidamente registrada. La defensa de Nereu dice haber recibido la denuncia con "absoluta sorpresa" y considera las acusaciones descabelladas, en especial la imputación del delito de lavado de dinero. Según el abogado Márcio Antonio Sousa Ferreira da Silva, los 1,18 millones de reales incautados pertenecen al empresario Ricardo Barnabé, para quien el sargento prestaba servicios, y el origen lícito de los valores habría quedado documentado en el expediente. Las defensas del teniente coronel Flores y del sargento Romano no se manifestaron hasta la publicación de las noticias. El próximo paso corresponde a la Justicia Militar de São Paulo, que decidirá si admite la denuncia, lo que convertiría a los cuatro acusados en reos, y si decreta la prisión preventiva del teniente coronel Flores. No hay fecha definida para la decisión.

Una pendiente de la Policía Federal con una operadora de telefonía retrasó la decisión del ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), sobre la apertura de una investigación formal contra el diputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vicepresidente en la fórmula de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sospecha de estupro de vulnerável, figura del Código Penal brasileño que abarca relaciones sexuales con menores de 14 años o con personas incapaces de consentir. Según Folha de S.Paulo, la PF comunicó esta semana al gabinete del ministro que había concluido las diligencias ordenadas, incluida la obtención de datos registrales junto a las empresas de telefonía, salvo una operadora que no respondió. Gaspar niega haber cometido el delito.Según personas cercanas al decano del STF consultadas por Folha, el gabinete no considera concluida la etapa de diligencias mientras no se entregue la información pendiente, lo que posterga la decisión. El relator esperaba el fin de los trabajos de la PF y un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) para decidir si autoriza la apertura de la investigación, como la propia Folha había informado a comienzos de agosto. El aplazamiento también fue registrado por el portal Brasil 247.La acusación y la reacción de GasparLa acusación contra Gaspar fue presentada el 27 de marzo por el diputado Lindbergh Farias (PT-RJ) y la senadora Soraya Thronicke, de Mato Grosso do Sul, durante la lectura del informe final de la CPMI del INSS, la comisión parlamentaria que investigó fraudes en el instituto de seguridad social, de la que Gaspar era relator. Según el portal Poder360, ambos afirmaron que el colega habría cometido estupro de vulnerável y sería padre de un niño fruto del presunto delito, sin presentar pruebas. En abril, Gaspar recolectó material genético por iniciativa propia, en un procedimiento judicial en el estado de Alagoas, y envió un oficio al director general de la PF, Andrei Rodrigues, poniéndose a disposición para el examen de ADN. También presentó acciones contra Farias y Thronicke por calumnia, denuncia calumniosa, injuria y coacción en el curso del proceso. La noticia-crime presentada por los adversarios contra el diputado está en análisis en la PGR.En agosto, el caso tuvo un nuevo giro. Un comerciante relató a la Policía Legislativa de la Cámara de Diputados que había recibido y entregado R$ 16,5 mil a una joven para que acusara al diputado, según la Gazeta do Povo, y señaló una presunta articulación para fabricar la denuncia. Farias negó participación en cualquier esquema y recurrió al STF para anular el testimonio, recogido en el marco de una investigación interna de la propia Policía Legislativa. La Cámara envió el depoimento al ministro Gilmar Mendes, y Flávio Bolsonaro descartó sustituir a su compañero de fórmula.Gaspar ha exigido celeridad. "El honor exige la conclusión de este asunto. Queremos ir hasta las últimas consecuencias, queremos hacer el ADN y acabar con esta conversación", dijo a Poder360 el 6 de agosto, cuando afirmó creer que Gilmar Mendes "no gusta" de él por su actuación en la CPMI, aunque dijo confiar en la imparcialidad del relator. En una entrevista con la revista Oeste publicada este viernes (28), el diputado afirmó haber sido víctima de "la mayor fake news de la historia política de Brasil". La coordinadora jurídica de la campaña de Flávio, Maria Claudia Bucchianeri, declaró a Poder360 que la defensa pedirá al STF rapidez en el cotejo genético."Una persona acusada de una situación tan infame como esta, ¿qué más podría haber hecho? Mandó un oficio a Andrei Rodrigues diciendo: 'Quiero hacer mi ADN. Por favor, llámenme, recolecten el ADN, identifiquen quién fue el fruto de este supuesto delito y, por favor, protejan y acaben con esto'. Nunca tuvimos ninguna respuesta", afirmó Bucchianeri.Fiscal durante 24 años, exprocurador general de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública de Alagoas, Gaspar fue elegido diputado federal en 2022 y dejó União Brasil este año para comandar el PL en su estado y aceptar la invitación de ser vice en la fórmula de Flávio Bolsonaro. El próximo paso depende de la respuesta de la operadora pendiente: cuando la PF remita la información, Gilmar Mendes, que no fijó plazo para la decisión, podrá definir si autoriza la apertura de la investigación. Hasta entonces, Gaspar sigue siendo objeto de una averiguación preliminar y niega la acusación.

Un hombre de 19 años fue detenido en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil, sospechoso de integrar la facción Comando Vermelho (CV), una de las mayores organizaciones criminales del país, y de amenazar a candidatos para impedir campañas electorales en Maranguape, en la región metropolitana de Fortaleza. Ricardo Vasconcelos da Cruz fue localizado el miércoles (26) en el Distrito de Cachoeira y detenido en flagrancia, según G1. El jueves (27), la Justicia estatal mantuvo la prisión en la audiencia de custodia, la instancia en la que un juez revisa la legalidad del arresto.Cronología del casoMiércoles (26): la Policía Civil localiza y detiene a Ricardo en el Distrito de Cachoeira tras identificar publicaciones con amenazas de carácter político en redes sociales;Jueves (27): en audiencia de custodia, la Justicia estatal revisa la flagrancia y mantiene al investigado preso;Viernes (28): la policía informa que continúa el trabajo investigativo para identificar a otros implicados.Según la investigación, la orden de las amenazas partió de Johnathan Amaro Cabral, conocido como "Bodó", señalado como jefe del Comando Vermelho y uno de los criminales más buscados de Ceará. De acuerdo con la Policía Civil, Bodó está prófugo en Río de Janeiro. El Diário do Nordeste informó que la detención de Ricardo fue realizada por policías civiles tras un trabajo de inteligencia.En la unidad policial, el joven fue imputado en flagrancia por integrar una organización criminal y por la práctica de amenazas en el contexto político y electoral. Al mantener la prisión, el juez de la audiencia de custodia afirmó que la conducta investigada "no se trata de una mera amenaza individual ni de una simple manifestación de opinión", ya que alcanzaría directamente "la paz pública, la seguridad de la colectividad y el ejercicio de los derechos políticos democráticos"."La publicación contenía elementos visuales y lenguaje corporativo directamente alusivos a la facción criminal Comando Vermelho - CV (el gesto del número '2', el emoji de bandera roja y la jerga 'directiva'), ordenando el cese obligatorio del debate electoral bajo explícita amenaza a la vida y a la integridad física de correligionarios y ciudadanos locales", reforzó el juez en la decisión, según G1.El caso ocurre en medio de una serie de episodios de actuación de facciones en el período electoral de Ceará. G1 informó que una facción cobró 200 mil reales a aliados de un alcalde para permitir la campaña en un municipio del estado, y que una operación policial contra la interferencia del crimen organizado en las elecciones detuvo a tres concejales. Las informaciones publicadas hasta ahora se basan en la versión de la policía y en los registros judiciales; la defensa del investigado aún no se ha manifestado públicamente.Ricardo Vasconcelos da Cruz sigue preso a disposición de la Justicia, en condición de investigado, con derecho a la presunción de inocencia. El próximo paso del caso es la continuidad de la investigación de la Policía Civil, que trabaja para identificar a otros implicados en las amenazas. No hay fecha divulgada para la conclusión de la pesquisa; una vez cerrada, corresponderá al Ministerio Público evaluar una eventual denuncia.

El Ministerio Público de São Paulo lanzó este viernes (28) la Operación Merx, que investiga un esquema en el que policías civiles del estado simulaban incautaciones de productos ilícitos y escoltaban cargas de contrabando a cambio de sobornos. La Justicia decretó la prisión preventiva de siete personas, entre ellas cuatro policías civiles, y autorizó allanamientos en 18 direcciones, incluidas tres unidades de la propia corporación en la Gran São Paulo: las comisarías de Embu das Artes y Santana de Parnaíba y el 2º Distrito Policial de Cotia. La investigación está a cargo del Gaeco, el grupo especial de los fiscales paulistas contra el crimen organizado, con participación de la Corregiduría de la Policía Civil y apoyo del Departamento de Operaciones Estratégicas (Dope). Los delitos investigados son corrupción pasiva y activa, lavado de dinero y organización criminal. Según el MP, los agentes interceptaban cargas de celulares y otros electrónicos de origen irregular y, en lugar de formalizar la incautación, cobraban a los responsables valores que llegaban a cerca del 70% del valor de las mercancías para liberarlas, total o parcialmente. En al menos cuatro episodios documentados desde 2024, las ventajas indebidas sumarían R$ 2,35 millones. Según la pesquisa, la estructura de la propia Policía Civil fue utilizada en el esquema: los sistemas de la corporación habrían servido para monitorear las cargas que serían interceptadas, y las dependencias de las comisarías, para almacenar mercancías y registrar la incautación de solo parte de los productos, lo que daba apariencia de legalidad a las operaciones. Una imagen anexada a la investigación, localizada con uno de los investigados, muestra un patrullero de la Policía Civil en una supuesta escolta de productos de contrabando, según Folha de S.Paulo. La cronología del caso 17 de junio de 2024: un camión con cerca de R$ 600 mil en productos de contrabando es abordado por la Policía Civil. Según el Gaeco, los policías Bruno Moreno dos Santos y José Adriano da Silva Nishi cobraron R$ 400 mil para liberar la carga, y solo parte de la mercancía fue formalmente incautada; julio y agosto de 2024: ocurren nuevos episodios similares, con la actuación del abogado Sidiclei da Costa Almeida, señalado como intermediario del soborno entre la banda y los policías; diciembre de 2024: Thiago Marcel Magnabosco, señalado como líder de una organización especializada en contrabando y descaminho (evasión aduanera), es detenido por la Policía Federal. Los mensajes hallados en su celular conectan el esquema con policías civiles de São Paulo y dan origen a la investigación del Gaeco; 28 de agosto de 2026: la Operación Merx cumple órdenes de prisión y de allanamiento en los estados de São Paulo, Paraná y Goiás. Además de Santos y Nishi, recibieron orden de prisión preventiva los policías civiles Vagner Ramalho y Marcos Vinícius de Souza Melo, el abogado Sidiclei, el empresario paranaense Jonathan Renan Vieira y el propio Magnabosco, considerado prófugo y señalado por la investigación como estando en Paraguay. Según G1, al menos cuatro de los siete objetivos habían sido detenidos hasta la última actualización de la operación. Un quinto policía, el investigador Vagner de Lima, no recibió orden de prisión, pero fue apartado del cargo, perdió sus credenciales de acceso a los sistemas policiales y tiene prohibido mantener contacto con investigados y testigos. La Justicia también autorizó el levantamiento de los secretos bancario y telefónico y ordenó el bloqueo de bienes de los investigados por hasta R$ 4 millones. En el frente financiero, el Gaeco identificó transferencias destinadas a la empresa Rivieira Soluções em Tecnologias Ltda. y a terceros que serían usados como testaferros para recibir y ocultar los valores pagados a los policías, según la pesquisa. Todos los citados son investigados y no hay condena alguna en el caso. Folha informó que no identificó a la defensa de los investigados este viernes, y G1 dijo que intenta localizar a los abogados de los citados, con espacio abierto para manifestaciones. El próximo paso procesal es la continuidad de las diligencias por parte del Gaeco, que podrá presentar una denuncia formal ante la Justicia contra los investigados al final de la pesquisa. El MP no divulgó un plazo para la conclusión. Las prisiones preventivas decretadas este viernes no tienen plazo definido y deben ser reevaluadas periódicamente por el Poder Judicial, como prevé el Código de Proceso Penal brasileño.

La Policía Federal de Brasil investiga si la empresaria y lobista Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, actuó para intermediar negocios con Correios, la empresa estatal de correos. La sospecha, revelada por O Globo este viernes (28), surgió de una minuta de contrato y de mensajes hallados en el celular de la empresaria, incautado en la pesquisa que investiga un supuesto tráfico de influencias en órganos públicos federales. Roberta y Lulinha son investigados, no hay acusación formal contra ellos en este caso, y ambos niegan cualquier irregularidad. El documento incautado involucra a RL Consultoria e Intermediações, de la cual Roberta es socia, y a Safe Consig Tecnologia da Informação, especializada en plataformas para gestionar créditos consignados, un tipo de préstamo brasileño cuyas cuotas se descuentan directamente de la nómina. Según la minuta, la consultora de Roberta tendría derecho a una comisión del 50% sobre las ventas de Safe Consig. "A título de comisión por las ventas que realice, hará jus al porcentaje del 50%, que deberá calcularse sobre el valor total verificado en el sistema de financiamiento de la contratante Safe, más específicamente sobre el valor líquido", dice el fragmento reproducido por O Globo. El 13 de mayo de 2024, Roberta envió el archivo a un interlocutor con el mensaje: "Saulo me lo mandó revisado ahora. Voy a firmar, ¿ok?". La Policía Federal investiga si el Saulo citado es Saulo de Tasso Alves Caracas Dino, socio de Safe Consig. Consultado, afirmó desconocer cualquier contrato entre las dos empresas. Dos semanas después, el 28 de mayo de 2024, Correios contrató a Safe Consig en régimen de comodato, sin costo para la estatal, para administrar el margen de consignado de cerca de 84 mil funcionarios. La empresa es remunerada por las instituciones financieras que acceden a los datos de los servidores aptos para contratar los préstamos. Quiénes firmaron y qué dice cada parte El contrato fue firmado por el entonces presidente de Correios, Fabiano Silva, por la directora Económico-Financiera, de Tecnología y Seguridad de la Información, Maria do Carmo Lara Perpétuo, y por el director de Gestión de Personas, Getúlio Marques Ferreira. Según O Globo, las dos direcciones estaban ocupadas por nombres vinculados al Partido de los Trabajadores (PT), y Fabiano mantiene una relación de amistad con Roberta y Lulinha, además de integrar el Grupo Prerrogativas, coordinado por el abogado Marco Aurélio de Carvalho, quien defiende a Lulinha en la pesquisa por tráfico de influencias. Los tres ya dejaron la estatal. Fabiano confirmó conocer a Roberta y a Lulinha, pero negó haber interferido en la contratación: "Los ritos administrativos en Correios se cumplen. No hay amistad ni camaradería en la institución. Existe una gobernanza interna que se cumple". Maria do Carmo afirmó que la elaboración del contrato correspondió al área administrativa y que "nunca fui buscada por nadie para pedir nada. Nunca tuve contacto con Lulinha y Roberta". Ferreira no respondió a la reportaje. En nota, Correios dijo no tener "conocimiento de irregularidades relacionadas con la contratación o la ejecución del contrato". Rodrigo Feitosa, socio de Safe Consig que firmó el acuerdo con la estatal, negó la intermediación: "Si alguien eventualmente trató de ese tema, conforme mencionado en su mensaje, eso no ocurrió, en ninguna hipótesis, con la debida autorización de Safe Consig". La defensa de Roberta no comentó la sospecha que involucra a Correios. Además de la minuta, los investigadores analizan un mensaje, revelado por Estadão, en el que Roberta cita a la estatal al enumerar negocios en curso para un empresario del sector de ciberseguridad: "Marqué para la semana que viene Geap para ti también. Mañana, Julio. Puertos y aeropuertos. Correios". El texto no menciona a Lulinha. Cronología del caso 13 de mayo de 2024: Roberta envía a un interlocutor la minuta que prevé una comisión del 50% de Safe Consig a su consultora; 28 de mayo de 2024: Correios contrata a Safe Consig en régimen de comodato; 2025 a 2026: la Policía Federal incauta el celular de la empresaria en la pesquisa por tráfico de influencias, en la que Lulinha también es investigado; Roberta aparece además en la Operación Sem Desconto, sobre fraudes en beneficios del INSS, la seguridad social brasileña; 27 de agosto de 2026: en entrevista con TV Globo, Lula dice no conocer a Roberta; al día siguiente, su campaña divulga una nota afirmando que las fotos de los dos juntos no significan relación personal, profesional o política; 28 de agosto de 2026: O Globo revela que la Policía Federal investiga la actuación de la lobista junto a Correios. De acuerdo con G1, los investigadores ya habían identificado transferencias de Roberta a Marco Aurélio Santana, conocido como Marcola, entonces jefe de gabinete de la Presidencia, y una minuta de contrato para vender medicamentos a base de cannabidiol al Ministerio de Salud. El caso de Correios integra la investigación más amplia sobre una posible red de contactos mantenida por la lobista y el hijo del presidente para viabilizar negocios de empresas privadas ante el gobierno federal. La pesquisa sigue en curso, sin plazo público para concluir; hasta ahora no hubo imputación ni denuncia del Ministerio Público Federal en este punto, y las investigaciones, por sí solas, no significan comprobación de delito.

El Ministerio Público del estado de Rio Grande do Sul (MPRS) denunció este viernes 28 a 15 hinchas del Internacional señalados como participantes en la agresión a un hincha del Grêmio en Porto Alegre, según informó G1. La denuncia fue presentada ante la 3ª Vara do Júri de la capital, el juzgado que tramita los delitos dolosos contra la vida en Brasil. De acuerdo con la fiscalía, diez de los denunciados responderán por tentativa de homicidio calificado.Cronología del casoEl ataque ocurrió en marzo de este año, el día de un Gre-Nal, el clásico entre Grêmio e Internacional válido por el Campeonato Gaúcho, tras un enfrentamiento entre integrantes de barras rivales, según la Rádio Guaíba. De acuerdo con la investigación, la víctima fue perseguida por los agresores y alcanzada en la calle Terezinha Turcato, en el barrio Costa e Silva. En agosto, hinchas del Inter llegaron a ser detenidos como sospechosos de la tentativa de homicidio contra el gremista, según registró CNN Brasil el día 13. La denuncia formal del MPRS se presentó este viernes, casi seis meses después del crimen.Según el MPRS, el hombre fue golpeado con puñetazos, patadas y golpes de trozos de madera, y sufrió lesiones consideradas graves. Pasó 21 días en coma. La fiscalía sostiene que la muerte no ocurrió porque la víctima recibió atención médica rápidamente.Agravantes y otros delitosLa denuncia señala tres circunstancias calificativas para la tentativa de homicidio: motivo fútil, por estar ligado a la rivalidad entre las hinchadas; medio cruel, por la violencia empleada; y uso de un recurso que dificultó la defensa de la víctima, ya que el ataque habría ocurrido con superioridad numérica de los agresores. Los 15 investigados también fueron denunciados por participación en riña de hinchadas, asociación criminal y corrupción de menores, porque, según la pesquisa, un adolescente participó en las agresiones junto al grupo.De acuerdo con el Ministerio Público, los involucrados formarían parte de una asociación dedicada a acciones violentas ligadas a la rivalidad entre barras organizadas. La investigación indica que el grupo usaba aplicaciones de mensajería para intercambiar información, monitorear a integrantes de hinchadas adversarias, organizar desplazamientos y planear ataques. La fiscalía también pidió a la Justicia la fijación de una indemnización mínima para reparar los daños causados a la víctima.La denuncia no implica condena: los 15 denunciados son considerados inocentes mientras no haya decisión judicial en contrario y tendrán derecho a la defensa plena. Corresponde ahora al juez de la 3ª Vara do Júri analizar la pieza del MPRS y decidir si acepta la acusación, lo que convertiría a los investigados en acusados (réus). Si la Justicia los pronuncia por tentativa de homicidio, el caso seguirá a juicio ante el Tribunal del Jurado. Todavía no hay fecha definida para esa decisión.

São Paulo: El Ministerio Público del estado de São Paulo investiga a un grupo de policías civiles sospechosos de recibir sobornos para facilitar esquemas de contrabando. Según la pesquisa, los agentes simulaban decomisos de productos ilícitos y escoltaban cargas de alto valor utilizando patrullas de la propia corporación. El caso se hizo público este viernes (28), con una operación que investiga los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero, con participación de la Corregiduría de la Policía Civil.De acuerdo con Folha de S.Paulo, la Justicia decretó la prisión preventiva, sin plazo definido, de siete personas, entre ellas cuatro policías civiles, y autorizó allanamientos en 18 direcciones. Entre los objetivos están las comisarías de Embu das Artes y Santana de Parnaíba y el segundo distrito policial de Cotia, todos en la Gran São Paulo. G1 informó que tres policías civiles fueron detenidos durante la acción.La investigación está a cargo del Gaeco (Grupo de Actuación Especial en el Combate al Crimen Organizado), el grupo especial del Ministerio Público paulista. Comenzó en diciembre de 2024, a partir de la detención de Thiago Marcel Magnabosco por la Policía Federal. Señalado como líder de una organización criminal especializada en contrabando y evasión fiscal, Magnabosco guardaba en su celular mensajes que, según el Ministerio Público, vinculan el esquema con policías civiles paulistas.Cronología del casoJunio de 2024: un camión con cerca de R$ 600 mil en productos de contrabando fue abordado por la Policía Civil y quedó bajo custodia de los agentes Bruno Moreno dos Santos y José Adriano da Silva Nishi. Según el Gaeco, los dos cobraron R$ 400 mil para liberar la carga.Julio y agosto de 2024: ocurrieron episodios similares, esta vez con la actuación del abogado Sidiclei da Costa Almeida, señalado como intermediario del soborno entre la banda y los policías.Diciembre de 2024: el Gaeco inicia la investigación tras la detención de Magnabosco por la Policía Federal.28 de agosto de 2026: se lanza la operación, con prisiones preventivas decretadas y allanamientos en 18 direcciones.Además de Santos y Nishi, cuya prisión preventiva fue decretada, los otros dos policías civiles citados como objetivos son Vagner Ramalho y Marcos Vinícius de Souza Melo. Todos son tratados como investigados y conservan el derecho a la presunción de inocencia. Folha informó que no logró localizar este viernes a la defensa de los sospechosos.Uno de los archivos anexados a la investigación, reproducido por la prensa, muestra una patrulla de la Policía Civil en un supuesto escoltamiento de productos de contrabando. La imagen fue encontrada con uno de los investigados. Como próximos pasos, los detenidos preventivamente deben ser sometidos a audiencias de custodia, y el Gaeco continúa con las diligencias. El Ministerio Público aún no informó si ni cuándo presentará una denuncia formal contra los investigados.

La Justicia Federal del Distrito Federal fijó para el miércoles 2 de septiembre una audiencia entre el gobierno federal y Discord antes de decidir sobre el pedido de medidas urgentes contra la plataforma, demandada en una acción civil pública que reclama una indemnización de R$ 500 millones por daños morales colectivos. La información fue divulgada este viernes (28) por Folha de S.Paulo.Según la Folha, se trata de una audiencia de justificación e intento de conciliación que debe reunir a representantes de la Unión, de Discord y del Ministerio Público Federal (MPF), con posible participación de la ANPD, la agencia brasileña de protección de datos. Al fijar la reunión, el juez a cargo del caso afirmó que la naturaleza, la gravedad y la complejidad de las cuestiones discutidas justifican un esclarecimiento más detallado de los hechos antes de decidir sobre las medidas cautelares.El caso hasta ahoraEl proceso es el desenlace de una escalada que comenzó en julio, cuando una adolescente de 13 años del estado de Mato Grosso do Sul se quitó la vida tras ser incitada durante una transmisión en vivo en la plataforma, según las investigaciones. El caso llevó al lanzamiento de la Operación Livia el 4 de agosto y, el 12 de agosto, la ANPD suspendió las transmisiones en vivo de Discord en Brasil al señalar fallas en la protección de niños y adolescentes.El 26 de agosto, tras el fracaso de las negociaciones para la firma de un TAC (Término de Ajustamiento de Conducta, un acuerdo extrajudicial común en Brasil), la AGU, el órgano jurídico del gobierno federal, presentó la acción civil pública. Además de la indemnización, la Unión pide que Discord adopte verificación de edad, vincule las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres o responsables, detecte e interrumpa en tiempo real transmisiones con escenas de automutilación o suicidio y mantenga un equipo de moderación en portugués, entre otras obligaciones previstas en el ECA Digital, la nueva ley brasileña de protección de menores en internet, según informó G1."Demostramos que esta plataforma ha permitido la práctica de una serie de violaciones legales frente al ordenamiento jurídico brasileño. Esta situación es absolutamente insostenible y, por orientación del presidente de la República, adoptamos esta medida", dijo el abogado general de la Unión, Jorge Messias, al anunciar la demanda. El secretario nacional de Derechos Digitales, Victor Oliveira Fernandes, afirmó, en declaraciones reproducidas por el sitio Vermelho, que "las plataformas no pueden seguir esperando a que el Estado las notifique para tomar medidas".En un comunicado, Discord calificó la demanda de "desproporcionada" y afirmó que "no refleja de forma precisa el enfoque de Discord respecto a la seguridad y al cumplimiento de la legislación brasileña". La empresa dijo que sigue "comprometida en trabajar con las autoridades competentes" para ampliar la seguridad en la plataforma.Antes de analizar el pedido de medidas cautelares, la Justicia ya había dado al MPF y a Discord un plazo de cinco días para manifestarse, plazo que sigue vigente con independencia de la audiencia. En la reunión del miércoles, Discord deberá informar sobre las medidas de seguridad y moderación que adopta, y el juez quiere esclarecer el alcance y la situación actual de las determinaciones ya impuestas por la ANPD, incluso si hubo recurso administrativo contra ellas. Solo después de esos esclarecimientos se decidirá el pedido de medidas urgentes presentado por la Unión.

Un policía militar fuera de servicio fue asesinado la noche de este viernes (28) durante un intento de robo en la Marginal Tietê, la vía expresa que bordea el río Tietê en São Paulo, a la altura del barrio Parque Novo Mundo, en la zona norte de la ciudad. La información fue confirmada por la Policía Militar, que realiza diligencias para localizar a los involucrados. Hasta el final de la noche nadie había sido detenido, según la cobertura de Folha de S.Paulo.En un comunicado, la corporación informó que trabaja para esclarecer las circunstancias del crimen. "Se divulgará más información en cuanto sea confirmada", afirmó la PM. La identidad de la víctima no fue revelada, y la policía no informó si el agente reaccionó al abordaje ni si le fueron sustraídas pertenencias.Cronología del casoNoche del viernes (28): el policía fuera de servicio es asesinado durante un intento de robo en el carril expreso de la Marginal Tietê, en dirección a la autopista Castelo Branco.Acto seguido: el incidente bloquea tres carriles de la vía, con patrullas y conos aislando el lugar.Hasta el final de la noche: la PM mantiene las diligencias para localizar a los sospechosos, sin detenciones realizadas.Como ningún sospechoso ha sido identificado o detenido hasta el momento, no hay investigados formalmente señalados en el caso, y cualquier eventual involucrado tiene garantizada la presunción de inocencia. La información disponible hasta el cierre de este artículo proviene del comunicado de la Policía Militar y de la cobertura de Folha; ningún otro medio había detallado el hecho de forma independiente.El próximo paso procesal será la apertura de una investigación por parte de la Polícia Civil, la policía judicial del estado de São Paulo, que quedará a cargo de esclarecer el homicidio e identificar a los autores. La corporación no informó un plazo para divulgar nuevos detalles.

La Justicia de Ecuador condenó este viernes (28) al expresidente Lenín Moreno, de 73 años, a cinco años de prisión por el delito de cohecho, en un proceso que investiga sobornos pagados por la constructora china Sinohydro en la obra de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país. La condena es de primera instancia y admite apelación, según informaciones de G1 y del diario ecuatoriano El Universo.De acuerdo con la Fiscalía General de Ecuador, Sinohydro pagó cerca de US$ 76 millones en sobornos, el equivalente al 4% del costo de la obra, y la familia de Moreno habría recibido aproximadamente US$ 1 millón para favorecer la construcción del emprendimiento. Para los jueces, Moreno, que era vicepresidente cuando se desarrolló el proyecto, intervino en la adjudicación y el financiamiento de la planta, según la cobertura de El Universo. G1 informa que otras seis personas fueron condenadas en el proceso y que la Corte Nacional de Justicia consideró a cuatro de los acusados, entre ellos Moreno, responsables del delito de cohecho. La esposa del expresidente y otros familiares recibieron penas de casi tres años por complicidad.Cronología del casoEl proceso reúne a unos 20 acusados, incluidos ciudadanos chinos y un exembajador de China en Ecuador. Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013, período en que se diseñó la hidroeléctrica, y la planta comenzó a operar en 2016. Tras 31 días de audiencias, el Tribunal Penal de la Corte Nacional cerró la etapa de juicio el 10 de julio y pasó a deliberar. La Fiscalía había pedido penas de seis años y seis meses para los principales acusados, además de una reparación integral de US$ 76 millones al Estado. La sentencia se leyó este viernes y, según El Universo, condenó a 20 procesados, con pagos millonarios y prohibición permanente de ejercer cargos públicos. Entre los condenados figuran también dos exgerentes de Coca Codo Sinclair y el empresario Conto Patiño.Moreno niega las acusaciones. "No recibí ni un solo centavo de Sinohydro", afirmó el expresidente tras la decisión, de la cual anunció que apelará. En declaraciones reproducidas por El Universo, atribuyó la condena a una persecución política de su antiguo aliado Rafael Correa: "Correa ofreció vengarse de mí".Exaliado de CorreaMoreno gobernó Ecuador de 2017 a 2021, elegido con el apoyo de Correa, que dirigió el país durante una década. Los dos rompieron después de la toma de posesión, cuando el nuevo presidente adoptó una agenda más de derecha y se acercó a Estados Unidos. Correa vive en Bélgica y fue condenado en rebeldía, en 2020, a ocho años de prisión en otro caso de corrupción, que involucró a empresas como la brasileña Odebrecht. Moreno, que se desplaza en silla de ruedas, trabajó tras su mandato como enviado especial de la ONU para temas de discapacidad, en Ginebra, y como representante de la OEA para personas con discapacidad, en Asunción.El próximo paso del proceso es la apelación de la defensa, ya anunciada por el expresidente. Hasta la publicación de este reportaje, no había fecha definida para el análisis del recurso, y Moreno permanece formalmente condenado solo en primera instancia.

La Corregiduría de la Policía Civil del estado de São Paulo encontró 49 celulares precintados dentro de una bolsa de basura en una sala cerrada de la 1ª Delegacía de Policía de Barueri, en el área metropolitana de São Paulo. El hallazgo, realizado en octubre de 2024 durante diligencias para investigar el desvío de cargas de contrabando, forma parte del caso que llevó a la Justicia a decretar este viernes (28) la prisión preventiva de dos investigadores de la unidad, según informaron Folha de S.Paulo y CNN Brasil.La inspección de la Corregiduría comenzó tras una denuncia anónima de que policías civiles de la unidad habían interceptado una carga de celulares en una carretera y omitido parte de los aparatos del boletín de aprehensión. Según CNN Brasil, la denuncia señala que los agentes habrían exigido 900 mil reales para devolver la mercadería a su propietario.En la sala del investigador jefe Marcos Vinícius de Souza Melo, los corregidores hallaron los 49 aparatos en la bolsa de basura, con marcas y modelos similares a los de la carga citada en la denuncia, además de otros seis celulares nuevos sobre el escritorio. En la caja fuerte de armamento de la sala se encontraron 19.577 reales en efectivo, valor sin justificación según el Ministerio Público, y dos revólveres calibre .38 registrados a nombre de terceros sin vínculo con la unidad. Melo no se presentó en la delegacía y, según el Gaeco, el grupo del Ministerio Público paulista especializado en crimen organizado, "se limitó a proporcionar a distancia la contraseña electrónica de acceso a su sala".La sala del investigador Vagner Ramalho también estaba cerrada cuando llegaron los corregidores. En el interior, las luces y el aire acondicionado seguían encendidos y la computadora estaba desbloqueada, con WhatsApp Web abierto. Sobre el escritorio había la licencia de conducir del investigador, tres celulares y 4 mil reales en efectivo, según CNN Brasil. La pistola particular de Ramalho no fue localizada."Circunstancias aptas para denotar la posibilidad de que los investigados se hayan evadido o retirado apresuradamente del lugar", afirmó el Gaeco.Operación MerxEl caso tuvo un nuevo capítulo este viernes (28), cuando el Gaeco lanzó la Operación Merx, que investiga organización criminal, corrupción y lavado de dinero con la participación de policías civiles, contrabandistas y un abogado. Según el Ministerio Público, los policías involucrados en el esquema cobraban hasta el 70% del valor de las mercaderías para liberar camiones o devolver parte de las cargas aprehendidas. La operación cumplió mandados en los estados de São Paulo, Paraná y Goiás. En total, siete personas quedaron en prisión preventiva, y la Justicia ordenó el bloqueo y embargo de hasta 4 millones de reales en bienes de los investigados, además de la suspensión de un investigador.El juez Djalma Moreira Gomes Júnior, de la Vara Regional de Garantías de Osasco, decretó las prisiones preventivas de Melo y Ramalho al considerar que medidas cautelares alternativas serían insuficientes ante la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de interferencia en la producción de pruebas. Folha y CNN Brasil informan que no lograron localizar a las defensas de los dos policías, que siguen en condición de investigados y cuentan con la presunción de inocencia. El Ministerio Público aún no ha presentado una acusación formal en el caso, y la investigación del Gaeco continúa en curso.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil formó mayoría este jueves (27) a favor de cobrar el impuesto de renta corporativo (IRPJ) y la contribución social sobre el beneficio neto (CSLL) sobre las ganancias obtenidas por la minera Vale a través de empresas controladas en el exterior. El juicio se realiza en el plenario virtual de la corte, comenzó la semana pasada y concluye este viernes (28), según Folha de S.Paulo, que publicó un despacho de Ricardo Brito, de la agencia Reuters. Hasta el cierre de esta nota, el marcador era de seis votos favorables a que los tributos incidan sobre las ganancias de las filiales de la minera con sede en Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo. La posición mayoritaria fue abierta por el voto divergente del ministro Gilmar Mendes, acompañado por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Kássio Nunes Marques y Alexandre de Moraes. Mendes dio curso al recurso de la Unión para, en sus palabras, "reconocer la posibilidad de computar como incremento patrimonial positivo de la recurrente las ganancias obtenidas por sus empresas controladas con sede en Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo". En su voto, el ministro se apoyó en un precedente del propio tribunal, el RE 541.090, que admitió la tributación de ganancias de controladas y afiliadas en el exterior incluso fuera de paraísos fiscales. "De esta forma, aplicando lo decidido por el plenario de esta corte en el RE 541.090, entiendo que corresponde reconocer la posibilidad de incidencia del IRPJ y de la CSLL sobre la ganancia de la controladora obtenida por medio de empresas controladas situadas en el exterior", escribió Mendes. El caso en contexto El proceso llegó al Supremo en marzo de 2015 y desde entonces moviliza al sector empresarial por el volumen de recursos en juego. En una nota técnica de febrero de 2023, citada en el voto de Mendes, la Receita Federal estimó el impacto económico-financiero de la tesis en R$ 142.500 millones, considerando los años 2017 a 2021, y en R$ 28.500 millones para cada año posterior. El diario Valor Econômico informó que el impacto para el gobierno federal en caso de derrota fue calculado en R$ 22.000 millones en el anexo de riesgos fiscales de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2026. Cronología del caso hasta ahora: Marzo de 2015: el recurso de la Unión llega al STF; Febrero de 2023: una nota técnica de la Receita Federal estima un impacto de R$ 142.500 millones; La semana pasada: se abre la ventana del juicio en el plenario virtual; 27 de agosto de 2026: seis ministros forman mayoría a favor de la tributación. Consultada, Vale no quiso comentar el juicio. La Advocacia-Geral da União y la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que representan al fisco en el caso, no respondieron de inmediato a los pedidos de comentario, según Reuters. El próximo paso procesal ocurre este viernes (28), cuando se cierra la ventana de votación en el plenario virtual. Hasta entonces, los ministros pueden modificar sus votos o pedir "destaque", lo que llevaría el caso a ser discutido nuevamente en una sesión presencial del plenario.

Mensajes obtenidos por la Policía Federal de Brasil muestran que la lobista Roberta Luchsinger pidió a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que interviniera para viabilizar negocios de interés de Antônio Camilo Antunes, conocido como el "Careca del INSS" (apodo ligado al escándalo de descuentos ilegales a jubilados del instituto de previsión social), ante el Ministerio de Salud. La revelación es del reportero José Marques, del diario Folha de S.Paulo, que accedió a material bajo secreto que forma parte de la investigación preliminar y de la representación de la Policía Federal enviadas al ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF). El ministro autorizó la apertura de una investigación formal por sospecha de tráfico de influencias. Ninguno de los contratos discutidos en las conversaciones llegó a firmarse.Los diálogos giran en torno al intento de vender al ministerio sustancias derivadas del cannabidiol y kits para pruebas de dengue. Según la Policía Federal, Roberta buscaba una "solución para capitalizar" al Careca del INSS y presionaba al entonces secretario ejecutivo de Salud, Swedenberger do Nascimento Barbosa, conocido como Berger. "[Tenemos que] correr para que Berger compre esto pronto", escribió sobre los kits de dengue. La policía registró además que la lobista decía tener plazo porque "Fábio se va", en referencia a la mudanza de Lulinha a España en 2025.La cronología de los mensajesMarzo de 2024: en un mensaje a Marco Aurélio Ribeiro, el Marcola, exjefe de gabinete de Lula, Roberta escribe sobre Berger: "Pero vas a ir por él porque hice que Gustavo invirtiera en la empresa del cannabidiol jaja".Mayo de 2024: ella afirma a Marcola que tienen "que poner a Fábio encima de Berger jaja". Marcola responde: "ok".Octubre de 2024: cinco meses después, la lobista y Marcola acuerdan una barbacoa y ella pide que él lleve a Berger, a pedido de Lulinha.Noviembre de 2024: "Fabio está en Portugal y se despertó hoy pidiéndome que te hable para que presiones a Berger sobre los pedidos", escribe ella a Marcola.23 de enero de 2025: en mensajes a Gustavo Gaspar, exasesor del senador Weverton Rocha (PDT-MA), Roberta dice que el Careca del INSS presionaba para cerrar los negocios pronto, que había comentado el asunto con Lulinha y que sería bueno que "Fábio se moviera". Para la Policía Federal, "las demandas solicitadas por Antônio dependen de la intervención de Fábio".El Careca del INSS fue uno de los principales objetivos de la operación Sem Desconto (Sin Descuento), que investiga un presunto esquema para desviar dinero de jubilados y pensionistas mediante descuentos ilegales en los beneficios. Gaspar también fue detenido en la operación y cumple prisión domiciliaria. La revista Veja, que accedió a la totalidad de las investigaciones tras el levantamiento del secreto telemático de Roberta ordenado por Mendonça, informó que la Policía Federal concluyó que la lobista mantenía una sociedad informal con Lulinha y con el empresario Fernando Bittar para buscar negocios en el gobierno. "Yo soy Fábio", resumió ella a un empresario interesado, según la policía. La Policía Federal trata los hallazgos como indicios de corrupción, organización criminal, tráfico de influencias, abogacía administrativa y explotación del prestigio. Todos los mencionados son investigados y no hay acusación formal ni condena hasta el momento.Lo que dice la defensaEl abogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa a Lulinha, afirma que él "nunca, en ningún momento, hizo ninguna intervención ni ninguna reunión" a favor de los negocios del Careca del INSS. "En el expediente no hay nada que desmienta eso. Lo que la Policía Federal tiene es un rompecabezas de elucubraciones, con inferencias no concluyentes", dijo el abogado. La defensa afirma además que Lulinha comenzó a preparar su mudanza a España en 2024, mantiene vínculos profesionales con una empresa española sin relación directa o indirecta con el gobierno brasileño y vive "exclusivamente del resultado de su trabajo". Las defensas de Roberta Luchsinger y de Antônio Camilo Antunes no respondieron a los pedidos de comentario. La de Roberta ya había informado que no se pronunciaría sobre una investigación bajo secreto.La investigación tramita bajo secreto en el STF, sin fecha conocida para la próxima decisión. Corresponderá a la Policía Federal concluir la pesquisa y, si considera que hay elementos suficientes, enviar el informe final al Ministerio Público Federal, que decidirá sobre una eventual acusación.

El Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro (TRE-RJ), el tribunal electoral que también tramitaba esta denuncia penal, rechazó por 4 votos a 3 la acusación del Ministerio Público contra el exalcalde de Río Marcelo Crivella (Republicanos), actual diputado federal y candidato al Senado, en el caso conocido como "QG da Propina". La decisión se tomó en sesión este jueves (27), según G1 y O Globo. Con el rechazo, Crivella no se convierte en acusado formal en la causa, que lo imputaba por corrupción y lavado de dinero.El marcador estaba empatado 3 a 3, y el voto de desempate correspondió al presidente de la corte, el magistrado Cláudio de Mello Tavares, que había pedido más tiempo para analizar el expediente. Para él, no hay indicios suficientes para dar curso a la acción contra el exalcalde. "Un agente no puede ser castigado sobre la base de conjeturas", afirmó al votar, según G1. Tavares entendió que Crivella no podía responder por actos supuestamente cometidos por los demás acusados. El tribunal decidió además que un juez de primera instancia definirá el rumbo del proceso respecto a los otros denunciados.Qué dicen la acusación y la defensaSegún la denuncia del Ministerio Público, basada en una investigación de la Policía Civil de Río, el esquema habría operado durante la gestión de Crivella en la alcaldía (2017 a 2020) e involucraría a Rafael Alves, hermano de Marcelo Alves, entonces presidente de Riotur, la empresa municipal de turismo. Según los fiscales, Rafael participaba en la captación de empresarios y en fraudes en licitaciones, con uso de empresas de fachada, facturas falsas y contratos ficticios. En la acción, el MP pedía la condena de los acusados y la devolución de R$ 32 millones a las arcas públicas, informó O Globo. A inicios de este año, el MP también denunció a Crivella y a otras diez personas por improbidad administrativa vinculada al mismo esquema.La defensa niega las acusaciones y celebró la decisión. "Se hizo justicia con el rechazo de la denuncia contra Marcello Crivella. Se comprobó la ausencia de causa justa. No hubo ilegalidad por parte de Crivella", dijo el abogado Márcio Vieira Santos, citado por G1.Cronología del casoEl caso lleva años en los tribunales. En octubre de 2024, el propio TRE-RJ declaró a Crivella inelegible por abuso de poder político y económico y conducta prohibida en las elecciones de 2020. En julio de este año, el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal, suspendió la inelegibilidad mediante una medida cautelar. La semana pasada, el Tribunal Superior Electoral (TSE) mantuvo la suspensión por 4 a 3, con el voto decisivo del ministro Kassio Nunes Marques, lo que habilitó la candidatura del exalcalde al Senado.Con el rechazo de este jueves, la causa penal contra Crivella por el "QG da Propina" no avanza. El próximo paso corresponde a la primera instancia: un juez decidirá el destino de la acción respecto a los demás denunciados por el Ministerio Público. Todavía no hay fecha definida para esa decisión.

La Policía Federal de Brasil (PF) aplazó para este viernes (28) el testimonio de Daniel Vorcaro, exaccionista controlador del Banco Master, en la pesquisa que investiga si funcionarios del Banco Central recibieron ventajas indebidas para beneficiar a la entidad. La audiencia estaba prevista para este jueves (27), pero un problema técnico impidió su realización, según g1 y Folha de S.Paulo. Vorcaro, en prisión preventiva desde marzo en el penal conocido como Papudinha, en Brasília, declararía por videoconferencia.Según Folha, habría sido la primera declaración del exbanquero desde que fueron rechazadas dos propuestas de colaboración premiada, y la primera con su actual equipo de defensa, encabezado por los abogados Sérgio Leonardo y Daniel Bialski. Personas cercanas a la defensa dijeron a g1 que la expectativa es que Vorcaro presente su versión de los hechos investigados. Vorcaro es investigado en esta pesquisa y no hay condena contra él en este caso. En una nota citada por Folha, la defensa informó que aguardó el restablecimiento de la señal para que la audiencia se realizara.Las sospechas sobre los funcionariosEl centro de la pesquisa son los exsupervisores del Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza y Bellini Santana. Según la PF y el propio Banco Central, existen sospechas de que ambos recibieron ventajas financieras y actuaron para favorecer al Master en discusiones internas sobre fiscalización y auxilio financiero, en el período en que el banco enfrentaba una crisis de liquidez que terminó con la liquidación de la entidad por parte del Banco Central.En una declaración prestada ante la PF en mayo, a la que TV Globo tuvo acceso, el director de Fiscalización del Banco Central, Ailton de Aquino, relató que los dos funcionarios se resistían a profundizar la fiscalización sobre carteras de crédito del Master que, según un equipo técnico del propio BC, no existían. Aquino dijo haber sido informado por el presidente del BC, Gabriel Galípolo, de relatos recibidos bajo anonimato sobre pagos vinculados a Vorcaro. Al ser interrogado, Bellini afirmó, según el relato de Aquino, que recibió dos cuotas de 500.000 reales y, después, pagos mensuales a través de una empresa creada por él, en un contrato que atribuyó a proyectos sociales. Paulo Sérgio, por su parte, dijo haber vendido una propiedad rural en Guaxupé (MG) por 4,5 millones de reales y afirmó haber descubierto solo después que el comprador tenía vínculos familiares con Vorcaro.Entre los mensajes analizados por la PF hay uno enviado por Paulo Sérgio a Vorcaro en abril de 2025: "Ailton lo encontró muy bueno, es decir, 5 mil millones pueden evitar un daño de 58 mil millones", en reales. Según Aquino, la conversación trataba de una posible línea de liquidez del Fondo Garantidor de Créditos (FGC), el fondo de garantía de depósitos brasileño, para el Master.Cronología del caso2023: Bellini dice haber sido contactado por una persona vinculada al abogado Leonardo Palhares con una propuesta relacionada con proyectos sociales.Comienzos de 2025: el Banco Central empieza a sospechar de las operaciones multimillonarias de cesión de crédito del Master al Banco de Brasília (BRB), a pesar de las dificultades de liquidez de la entidad.Noviembre de 2025: Vorcaro es detenido en la primera fase de la Operación Compliance Zero y liberado días después por decisión del TRF-1, el tribunal regional federal.Enero de 2026: Galípolo informa a Aquino sobre los relatos anónimos de pagos a los funcionarios.Marzo de 2026: Vorcaro es detenido preventivamente y permanece preso desde entonces.Mayo de 2026: Aquino declara ante la PF y detalla las sospechas.El próximo paso es la audiencia reprogramada para este viernes (28). Tras la declaración, corresponderá a la PF decidir si ordena nuevas diligencias o cierra la pesquisa sobre el presunto favorecimiento, que todavía no ha derivado en una denuncia del Ministerio Público Federal en este frente de la investigación.

El Ministerio Público de São Paulo denunció ante la Justicia Militar, el tribunal que juzga a los policías militares en Brasil, a cuatro agentes acusados de integrar una organización criminal que prestaba seguridad privada a directivos de Transwolff, una empresa de autobuses investigada por presunto lavado de dinero del PCC, la mayor facción criminal del país. La denuncia, presentada el miércoles (26), pide la prisión preventiva del teniente coronel José Henrique Martins Flores, señalado como administrador de las empresas usadas para formalizar los servicios y dar apariencia legal a los pagos, según Folha de S.Paulo.También fueron denunciados el capitán Alexandre Paulino Vieira, el sargento Alexandre Aleixo Romano Cezário y el sargento retirado Nereu Aparecido Alves. Los tres están en prisión preventiva desde el 4 de febrero, cuando la Corregedoria de la PM, la unidad de asuntos internos, lanzó la Operación Kratos, y la fiscalía pidió que se mantengan las detenciones. La denuncia todavía debe ser recibida por la Justicia Militar; solo entonces los cuatro pasan a ser imputados formalmente.Según la denuncia, el grupo formó un núcleo encargado de proteger al entonces dueño de Transwolff, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, alias Pandora, y a Cícero de Oliveira, alias Té, además de otros directivos, familiares y garajes de la empresa. Para la fiscalía, al contratar policías, algunos de ellos integrantes de la Rota, el batallón de élite de la PM paulista, la empresa buscaba también la credibilidad institucional asociada al uniforme: "El blindaje reputacional era, en sí mismo, el producto contratado", afirma el texto de la denuncia, según Folha. Los fiscales sostienen que el núcleo policial actuaba junto a una estructura empresarial y financiera de la que formaban parte Pandora, Té y Robson Flares Lopes Pontes.La investigación de la Corregedoria, detallada por Metrópoles, describe a Flores como el responsable del sostén financiero del esquema, a través de empresas del grupo AM3 registradas a nombre de familiares, como su madre y su padrastro, residentes en el interior paulista, a más de 500 kilómetros de la capital. Registros de una aplicación de entrega de comida habrían confirmado la presencia frecuente del oficial en las direcciones de esas empresas, que emitían las facturas de los servicios de seguridad. Según la investigación, los pagos continuaron al menos hasta enero de este año, incluso después de las operaciones contra Transwolff.Cronología del casoEl caso comenzó con la Operación Fim da Linha, lanzada en abril de 2024 contra Transwolff y otra empresa de autobuses, UPBus, por sospecha de lavado de dinero para el PCC. En diciembre de ese año, la alcaldía de São Paulo abrió un proceso para rescindir los contratos de las dos empresas. El 4 de febrero de 2026, la Operación Kratos detuvo a los tres policías y confiscó R$ 1 millón en la residencia de uno de ellos, con 16 órdenes de registro cumplidas, según G1. La pesquisa indicó que la seguridad privada se prestó entre 2020 y 2024. La defensa de Transwolff niega cualquier vínculo con el crimen organizado y afirma que impugna las acusaciones en la Justicia.Qué dicen las defensasLos abogados Mauro Ribas y Renato Soares, que defienden a Paulino Vieira, afirman que el militar "nunca integró, participó o prestó servicio para ninguna organización criminal" y que administraba servicios de seguridad privada a través de una empresa regularmente inscrita. Las defensas de los sargentos Nereu y Romano dijeron que se manifestarán en breve, y el abogado del teniente coronel Flores fue contactado, pero no respondió hasta la publicación de la nota de Folha. El próximo paso es el análisis de la denuncia por la Justicia Militar, que decidirá si la recibe y si concede la prisión preventiva de Flores; todavía no hay fecha marcada para la decisión.

El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) y la Receita Federal, el fisco del país, lanzaron este viernes (28) la Operación Jogo de Sombras (Juego de Sombras), que investiga presuntas evasión fiscal, fuga de divisas y lavado de dinero vinculados a la explotación de apuestas deportivas de cuota fija, las llamadas bets. Se cumplieron seis órdenes de allanamiento en João Pessoa (Paraíba), Recife (Pernambuco) y São Paulo, sin pedidos de prisión. Según la cobertura de G1, las direcciones allanadas están vinculadas al grupo NSX, dueño de la plataforma BetNacional, que habría movido más de R$ 5.000 millones solo en 2025, de acuerdo con los investigadores. Según el MPF, hay indicios de que el grupo creó una empresa de fachada en Curazao, en el Caribe, para simular que la operación de la plataforma ocurría fuera de Brasil antes de la regulación del sector, cuando, en la evaluación de los investigadores, empresas brasileñas ligadas al grupo serían las verdaderas responsables de las actividades en el país. La investigación también examina la sospecha de envío de recursos al exterior seguido del regreso de parte del dinero a Brasil en forma de pagos por servicios, un modelo que podría usarse para justificar el ingreso de valores antes remitidos al exterior. Otro punto investigado es el posible uso de "cuentas bolso", que concentran recursos de distintos clientes en una misma cuenta y pueden dificultar el rastreo de los beneficiarios finales. Según el MPF y la Receita, las sospechas no se limitan al período anterior a la regulación: se investiga si estructuras antiguas fueron adaptadas para mantener mecanismos de evasión bajo las nuevas reglas. En paralelo a los allanamientos, la Receita Federal abrió 11 procedimientos fiscales para profundizar la investigación, con una recuperación potencial de tributos estimada en unos R$ 300 millones. La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda evalúa qué medidas técnicas podría adoptar contra el grupo investigado. Según integrantes de la cartera escuchados por G1, la empresa ya responde a dos procesos administrativos en curso, y las sanciones previstas en la legislación del sector van desde una advertencia hasta la suspensión de las actividades. Cronología del caso 2025: período en el que, según los investigadores, la plataforma habría movido más de R$ 5.000 millones; 13 de agosto de 2026: la Operación Arena, primera gran acción conjunta de la Receita y el MPF contra el mercado de apuestas en el mes, cumple 17 órdenes en cinco estados, con decisión judicial para el embargo de bienes de hasta R$ 1.000 millones; 28 de agosto de 2026: lanzamiento de la Operación Jogo de Sombras, con seis órdenes de allanamiento en tres ciudades, y rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, en Brasilia. En un comunicado, NSX Brasil informó que recibió la diligencia de la Receita en su oficina de Recife y que prestó "colaboración integral a la acción, poniendo a disposición los documentos solicitados". La empresa afirmó que, antes de la regulación específica del sector, actuó "de acuerdo con el marco jurídico entonces vigente y con las prácticas adoptadas por el mercado" y que, tras la entrada en vigor de las nuevas reglas, "promovió los ajustes necesarios y pasó a cumplir rigurosamente" la legislación. Hasta el momento, la operación no ha derivado en acusación penal, y ningún investigado ha sido declarado culpable: la fase actual es de recolección de pruebas. Los detalles fueron presentados en una rueda de prensa con el secretario especial de la Receita, Robinson Barreirinhas, y el coordinador del Gaeco Nacional, el subprocurador general José Adonis Callou de Araújo Sá, entre otras autoridades. La investigación es conducida por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del MPF. Los próximos pasos son el análisis del material incautado, el avance de los 11 procedimientos fiscales de la Receita y la decisión de la Secretaría de Premios y Apuestas sobre eventuales sanciones administrativas. Las autoridades no anunciaron ningún plazo.

La Justicia Federal del Distrito Federal suspendió provisionalmente este jueves (27) la cobranza del Impuesto de Exportación del 12% sobre el petróleo crudo y los minerales bituminosos. La medida cautelar fue concedida por el juez Diego Câmara, del Juzgado Federal Nº 17 del DF, a pedido de la Asociación Brasileña de Empresas de Exploración y Producción de Petróleo y Gas (ABEP), y ordena a la Receita Federal (la agencia tributaria brasileña) abstenerse de exigir el tributo a las empresas representadas por la entidad, según G1.Cronología del tributoLa cobranza fue creada por la Medida Provisional 1.340/2026, un instrumento legal brasileño que el Ejecutivo edita con efecto inmediato pero que exige aprobación del Congreso, y rige desde marzo. La medida perdió vigencia porque el Congreso no la analizó dentro del plazo constitucional. Ese mismo día, el 9 de julio, el Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex), órgano de política de comercio exterior del gobierno, publicó la Resolución Nº 938/2026, que restableció la alícuota por 60 días, con validez hasta el 9 de septiembre. Según la Receita Federal, la recaudación del impuesto ya llega a R$ 7.900 millones. InfoMoney calcula R$ 7.982 millones recaudados desde marzo, con datos hasta julio.En su decisión, el juez entendió que la resolución renovó una cobranza tácitamente rechazada por el Congreso, lo que, a su juicio, configuraría un intento de eludir el proceso legislativo:"No existiendo duda, en este caso, de que estaba vedada la reedición de una Medida Provisional que restableciera la alícuota del Impuesto de Exportación tácitamente rechazada por el Congreso en el presente año, considero improcedente, con aún más razón, la renovación de tal aumento mediante un acto normativo infralegal, bajo pena de burlar el debido proceso legislativo", escribió el juez Diego Câmara.El magistrado también señaló cuestionamientos sobre la finalidad económica de la cobranza y afirmó que el impuesto puede no ser adecuado para alcanzar los objetivos declarados por el gobierno.Qué alega cada parteLas petroleras venían intentando derribar la cobranza. El sector sostiene que la tasa reduce el atractivo de las inversiones y perjudica la posición de Brasil en el mercado externo, según InfoMoney.El gobierno defiende mantener el tributo. Consultado más temprano, el ministro Márcio Elias afirmó que, ante la crisis en Medio Oriente y los impactos sobre precios y logística, la medida "no solo se justifica, es necesaria". En un oficio al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, el secretario ejecutivo de Hacienda, Rogério Ceron, argumentó que el escenario internacional sigue volátil, con restricciones a la producción y a las exportaciones del Golfo y riesgos en las rutas internacionales de transporte de energía, sobre todo en el Estrecho de Ormuz. La cartera sostiene que, durante la vigencia del impuesto, aumentó el procesamiento de petróleo en las refinerías nacionales y cayeron las importaciones de crudo y derivados, y defiende mantener la alícuota del 12% por otros 60 días. El tributo fue creado para enfrentar los efectos de la guerra en Medio Oriente en el mercado nacional y cubrir los costos del subsidio a la gasolina y al diésel. Este martes (25), Hacienda prorrogó hasta el 9 de septiembre la subvención de R$ 0,44 por litro de gasolina.La medida cautelar es provisional y el fondo de la acción aún será juzgado. El caso avanza ahora por dos vías: el Gecex se reúne este jueves (27) para decidir si prorroga la vigencia del tributo, que vale hasta el 9 de septiembre, y la Unión puede apelar la decisión del Juzgado Federal Nº 17. El fallo definitivo del proceso no tiene fecha marcada.

La Advocatura General de la Unión (AGU), el órgano jurídico que representa al gobierno federal de Brasil, presentó el martes (25) una acción civil pública contra Discord en la que pide una indemnización de R$ 500 millones por daño moral colectivo y la obligación de que la plataforma adopte medidas de protección a niños, adolescentes, mujeres y animales. Según G1, el proceso cita delitos cometidos por usuarios dentro del servicio, fallas en la retirada de contenidos nocivos y la ausencia de un acuerdo que adecuara la red social a la legislación brasileña.El caso que precipitó la acción fue la muerte de una adolescente de 13 años, que se quitó la vida durante una transmisión en vivo en un grupo de Discord, en julio, según CNN Brasil. Un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública señala que la transmisión comenzó alrededor de las 2h20, que la Policía Civil de São Paulo alertó a la empresa a las 3h50 y que el grupo solo fue retirado del aire a las 4h15. Los investigados por participación en el episodio solo fueron expulsados de la plataforma a las 15h20 del día siguiente. Tras el caso, la primera dama, Janja da Silva, defendió que la plataforma fuera retirada del aire "inmediatamente". La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) llegó a ordenar la suspensión de las transmisiones en vivo de Discord en el país, pero la acción de la AGU no pide la prohibición del servicio.Antes de acudir a la Justicia, la AGU negoció durante dos semanas un Término de Ajuste de Conducta (TAC), un mecanismo brasileño por el cual la empresa asumiría obligaciones de forma voluntaria. "La empresa, en un primer momento, demostró interés en asumir compromisos significativos con el Estado brasileño, pero lamentablemente se negó a firmar el término en el último momento. No nos quedó otra salida que presentar una acción civil pública", afirmó el abogado general de la Unión, Jorge Messias. La procuradora general de la Unión, Clarice Costa Calixto, dijo que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad y que no puede detallar el motivo de la desistencia. "Nuestro estándar de exigencia de seguridad para niños y adolescentes, lamentablemente, no fue aceptado por la empresa", resumió. Según ella, el monto pedido tiene en cuenta la gravedad y el número de infracciones atribuidas a Discord y la facturación de la red social, estimada por la AGU en unos R$ 4.000 millones al año.Para el secretario Nacional de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes, la lentitud en el caso de la adolescente no fue un episodio aislado. Un levantamiento del Ciberlab, el centro de inteligencia de la cartera, registró más de 115 informes entre 2025 y 2026 relacionados con inducción al suicidio, automutilación, maltrato y sacrificio de animales en Discord. En São Paulo, el Núcleo de Observación y Análisis Digital de la Policía Civil contabilizó, en promedio, cinco denuncias por día vinculadas a inducción al suicidio, automutilación, violación y otros delitos contra menores, y más de 385 casos de maltrato y sacrificio de animales en la plataforma en 2026. "Las plataformas tienen que adoptar medidas proactivas de detección y eliminación de ese contenido. Nada de eso se observó en este caso", afirmó Fernandes, según G1.La acción fue motivada tras la Operación Livia, del Ministerio de Justicia, que investigó redes criminales que usaban plataformas digitales, como Discord, para promover violencia contra mujeres y niñas, según CNN Brasil. Para el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, el proceso es "una respuesta de Estado" para hacer valer que "cualquier plataforma, nacional o extranjera, no descuide los límites impuestos por la ley".Qué pide la acciónAdemás de la indemnización, que sería destinada al Fondo de Defensa de Derechos Difusos, la AGU pide una multa diaria de R$ 500 mil en caso de incumplimiento de una eventual decisión judicial y quiere obligar a Discord a adoptar, entre otras medidas, según CNN Brasil:un protocolo de detección e interrupción de transmisiones en vivo con contenido ilícito;un protocolo de notificación a las autoridades de indicios de sextorsión;mecanismos de detección, evaluación y moderación de contenidos con prácticas de maltrato animal;una verificación de edad más robusta y la vinculación obligatoria de cuentas de usuarios de hasta 16 años a responsables legales;sede y representante legal en Brasil, además de un canal permanente de denuncias en portugués.En un comunicado, Discord calificó la acción como "desproporcionada" y afirmó que "no refleja de forma precisa el enfoque" de la empresa respecto a la seguridad y al cumplimiento de la legislación brasileña. La plataforma dice haber presentado a la AGU "una propuesta detallada" con cambios técnicos e inversión financiera en seguridad en línea en el país, y afirma que desactivó, antes de la muerte de la adolescente, el servidor privado en el que investigados habrían incentivado la automutilación. "Cualquier sugerencia de que no estamos cooperando es incorrecta", dice el texto, que señala además falta de actuación coordinada entre los órganos federales involucrados en las negociaciones.Con la presentación, la acción pasa a tramitar en la Justicia Federal, y Discord deberá ser citada para presentar su defensa. Hasta el momento, no hay fecha definida para los próximos actos del proceso.

El Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) detuvo este jueves (27) a dos policías militares y a un hombre señalado como narcotraficante, investigados por integrar un esquema de suministro de armas y municiones para la milicia de Curicica, un grupo paramilitar de la Zona Oeste de Río, y para el Terceiro Comando Puro (TCP), una de las principales facciones del narcotráfico de la ciudad. En total, 20 personas fueron denunciadas, según información del MPRJ reportada por CNN Brasil, G1, Extra y O Dia.Los policías detenidos son Jorge Anastácio Rodrigues Simões, asignado al 4º BPM (São Cristóvão), y Leo Carlos Araújo Santos, del 2º BPM (Botafogo). Según la investigación, ambos son sospechosos de suministrar e intermediar la compra de armas y municiones para integrantes de la milicia y de la facción. El tercer detenido es señalado como un traficante vinculado al esquema. Los mandamientos fueron ejecutados por la Coordinación de Seguridad e Inteligencia del MPRJ, con apoyo de la Corregiduría General de la Policía Militar.Lo que dice la investigaciónDe acuerdo con el MPRJ, la milicia de Curicica y el TCP habrían firmado un pacto de cooperación para evitar enfrentamientos entre los dos grupos y unir fuerzas contra rivales, principalmente el Comando Vermelho (CV). El acuerdo también habría facilitado la negociación de armas y drogas. Yuri Guimarães Soares, conocido como "Lirow", es señalado como el responsable del vínculo entre los milicianos e integrantes del TCP que actúan en los complejos de Maré y Pedreira, en la Zona Norte de Río.Los investigadores identificaron la negociación de fusiles de calibres 5,56 mm, 7,62 mm y .223, además de pistolas y municiones. En el comando de la milicia, André Costa Bastos, conocido como "Boto" o "Redbull", preso en una cárcel federal, es señalado como responsable del comando estratégico del grupo, mientras que Osmar Silva de Souza, "Messi" o "Novinho", sería el líder operativo. Según el MPRJ, la milicia obtiene recursos con cobros a vecinos y comerciantes y con robos de vehículos y cargas en Jacarepaguá y zonas cercanas.Cronología del casoInvestigación: la Coordinación de Seguridad e Inteligencia del MPRJ indaga el vínculo entre la milicia de Curicica y el TCP, incluido el papel de policías militares en el abastecimiento de armas a los grupos.Este jueves (27): la operación ejecuta mandamientos y detiene a dos policías y a un sospechoso señalado como traficante.Tras la operación: el MPRJ denuncia a 20 personas, y la 3ª Vara Especializada en Organización Criminal de la Capital recibe la denuncia; la Justicia decreta la prisión preventiva de los investigados.Con la recepción de la denuncia, los acusados pasan a la condición de reos y responden por delitos como constitución de milicia privada, asociación para el narcotráfico con empleo de arma de fuego y comercio ilegal de armas y municiones de uso restringido. Las defensas tendrán el plazo legal para presentar respuesta a la acusación, y las próximas fechas del proceso aún no fueron divulgadas. CNN Brasil informó que intenta localizar a los abogados de los citados. Todos los investigados tienen derecho a la presunción de inocencia hasta una eventual condena firme.

Un juzgado de Presidente Prudente, en el interior del estado de São Paulo, decidió este jueves (27) mantener la prisión preventiva de la abogada e influencer digital Deolane Bezerra y de los demás acusados de la Operación Vérnix, que investiga un presunto esquema de lavado de dinero atribuido al Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, según G1. La decisión se tomó en la revisión periódica que la legislación brasileña exige cada 90 días para las prisiones cautelares. Deolane está presa preventivamente desde el 21 de mayo de 2026.En la decisión, el 3º Juzgado Penal de Presidente Prudente concluyó que siguen presentes los requisitos para mantener la preventiva: la garantía del orden público y del orden económico, la conveniencia de la instrucción penal, la necesidad de asegurar la aplicación de la ley penal, el riesgo de continuidad de las actividades de lavado de dinero y la existencia de indicios de actuación estructurada y permanente de una organización criminal.Lo que dice la acusaciónSegún la denuncia del Ministerio Público de São Paulo, la organización criminal investigada se dividía en tres núcleos: el decisorio, integrado por Marco Willians Herbas Camacho, Marcola, señalado como jefe del PCC, y por Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior; el operativo; y el financiero, en el que fue encuadrada Deolane. En el pedido de mantenimiento de la prisión, el Gaeco, el grupo especial de combate al crimen organizado del MP-SP, afirmó que la abogada sería "la principal integrante del núcleo financiero", responsable de ocultar y disimular recursos de origen ilícito a través de cuentas bancarias vinculadas a ella y a sus empresas y de convertir esos valores en bienes de alto valor económico.De acuerdo con la acusación, el análisis de documentos fiscales, bancarios e informes técnicos apunta a movimientos de grandes sumas y a la conversión de esos recursos en activos con apariencia de legalidad, mediante empresas de fachada y testaferros, los llamados "laranjas". El Gaeco también argumentó que dos de los denunciados, Paloma Sanches Herbas Camacho y Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, siguen prófugos, lo que, según la Fiscalía, refuerza la necesidad de la prisión preventiva para asegurar la aplicación de la ley penal.Cronología del caso21 de mayo de 2026: Deolane es detenida preventivamente en el marco de la Operación Vérnix;Julio de 2026: el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP) niega por unanimidad un hábeas corpus presentado por la defensa;21 de agosto de 2026: el Gaeco pide mantener la preventiva, citando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, según el sitio jurídico Migalhas;27 de agosto de 2026: el 3º Juzgado Penal de Presidente Prudente mantiene la prisión de Deolane y de los demás acusados.Lo que dice la defensaLa defensa de Deolane sostiene que la prisión preventiva es innecesaria y pidió la libertad de la abogada durante la revisión, de acuerdo con Migalhas. En el hábeas corpus juzgado en julio, la defensa y un informe de la sección paulista de la OAB, el colegio de abogados de Brasil, presentaron quejas sobre las condiciones de reclusión. La relatora, la jueza Renata Cantello, calificó las alegaciones como "meras insatisfacciones con la rigidez natural del régimen de reclusión y cuestiones de gestión administrativa interna", sin identificar ilegalidad en la preventiva ni motivo para sustituirla por prisión domiciliaria. La magistrada destacó además que la inscripción de Deolane en la OAB está suspendida desde que se decretó su prisión.Todos los mencionados en la denuncia responden como acusados y tienen derecho a la presunción de inocencia hasta una eventual condena firme. Por la regla de la revisión periódica, el caso debe volver al análisis del Poder Judicial en un plazo de 90 días. Hasta entonces, la defensa puede recurrir de la decisión ante los tribunales superiores.

El hombre señalado por la Policía Civil de Río de Janeiro como coordinador del grupo de vigilantes callejeros involucrado en el linchamiento de Cláudio Rafael Landeiro, en Copacabana, zona sur de la ciudad, acumula 14 anotaciones en su prontuario, según G1. Aluisio da Silva Filho prestó declaración la tarde del miércoles (26) en la 12ª DP, la comisaría de Copacabana que conduce la investigación. Su historial incluye registros por amenaza, lesión corporal, porte ilegal de arma y el robo de un turista en el barrio. Aluisio no está preso y fue oído en calidad de investigado, lo que preserva su presunción de inocencia.Cláudio Rafael, de 37 años, fue agredido la noche del 11 de agosto tras ser falsamente acusado de robar una bicicleta que, en realidad, pertenecía a su hermana. Trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto, en Gávea, murió el día 12. Según Folha, la víctima recibió más de 60 golpes, y el garrote usado en la agresión fue buscado por el vigilante Davi Santos Machado en un bar de la calle Barata Ribeiro.Cronología del caso11 de agosto: Cláudio Rafael es acusado de robo y comienza a ser agredido por vigilantes callejeros y repartidores en Copacabana; parte de la golpiza queda filmada.12 de agosto: muere en el Hospital Municipal Miguel Couto.20 de agosto: el vigilante Davi Santos Machado es detenido en Mesquita; el vigilante Jorge Luiz Ricardo Dias, de 56 años, se entrega en la comisaría.21 de agosto: los repartidores Felipe Eduardo dos Santos y Ailton José da Silva son localizados y detenidos, según CNN Brasil.25 de agosto: la policía oye a cinco personas, entre ellas los dueños de un bar, un restaurante y una farmacia que pagaban por el servicio del grupo.26 de agosto: Aluisio declara y la policía informa sus 14 antecedentes.En su declaración, Aluisio presentó su propia versión. Dijo que coordina desde hace más de 25 años un grupo de apoyo que actúa cerca de las calles Barata Ribeiro y Felipe de Oliveira, sin CNPJ (el registro empresarial brasileño), con cuatro integrantes, contándolo a él y a los dos vigilantes presos. Según él, los miembros no se llaman "vigilantes", sino "apoyadores", y no tenían autorización para abordar o seguir a personas sospechosas, impedir que abandonaran un lugar, hacer requisas personales ni retener objetos. La orientación, afirmó, era llamar al 190, el número de emergencias de la policía, ante hechos graves, sin emplear fuerza física. Aluisio dijo además que supo de la muerte de Cláudio días después, que un testigo relató un pedido de silencio hecho por Davi y que el empleado negó su participación. Admitió que ya había recibido quejas sobre el comportamiento agresivo de Davi, que habría golpeado a un hombre en situación de calle. TV Globo intentó contactar a la defensa de Aluisio, sin éxito hasta la última actualización de la nota.La investigación sostiene otra lectura. Comerciantes de un bar, un restaurante y una farmacia confirmaron en declaración, según Folha, que pagaban por la seguridad privada irregular de Davi y Jorge, y son investigados por posible contribución al esquema de vigilancia clandestina; el hijo del dueño del bar es investigado por omisión de socorro. Jorge, al entregarse, confesó haber participado del abordaje y dijo haber presenciado parte de las agresiones, según CNN Brasil. Los cuatro detenidos, dos vigilantes y dos repartidores, responden por homicidio triplemente calificado, delito hediondo en la legislación brasileña.El caso expuso la actuación de vigilantes irregulares en la zona sur carioca. Asociaciones del sector de seguridad privada, reunidas el martes (25) en Brasilia, exigieron a la Policía Federal, órgano encargado de autorizar las empresas de vigilancia, una fiscalización más rigurosa, informó Folha. El próximo paso de la investigación es la captura del quinto agresor, que aparece en las imágenes pateando la cabeza de la víctima: según O Dia, el Tribunal de Justicia de Río ya emitió una orden de prisión contra Wellington Luiz Santos de Souza, identificado por la policía como el autor de las patadas. La declaración de Aluisio se anexará a la investigación de la 12ª DP, que no divulgó un plazo para su conclusión.

La Justicia de Sao Paulo condeno al exconcejal Camilo Cristofaro a 1 ano, 9 meses y 10 dias de reclusion en regimen abierto por ofensas e injuria racial contra una lider comunitaria, segun la columna Painel del diario Folha de S.Paulo. La sentencia es de primera instancia, y el exparlamentario, destituido por racismo en 2023, podra apelar en libertad. En Brasil, el regimen abierto no exige el cumplimiento de la pena en un establecimiento cerrado.La nota de Folha, publicada este jueves (27), no informa el juzgado responsable de la sentencia ni detalla las ofensas. El caso se suma al historial judicial de Cristofaro. En junio de 2022, el Ministerio Publico de Sao Paulo (MPSP) lo denuncio por injuria racial y amenaza contra la auxiliar de enfermeria Dilza Maria Pereira. Segun la denuncia, basada en una investigacion de la 2a Comisaria de Bom Retiro y difundida por Poder360, el entonces concejal habria dicho sobre la victima: "Negra desvergonzada. Y ademas de negra desvergonzada era una negra ladrona, sin ningun derecho a voz". Folha no aclara si la condena de esta semana deriva de esa denuncia.Semanas despues, en julio de 2022, el MPSP presento una segunda denuncia contra Cristofaro, esta vez por el delito de racismo, a causa de la frase "es cosa de negros, no?" ("e coisa de preto, ne?"), captada por el microfono abierto del concejal durante una sesion remota de la CPI de las Aplicaciones, una comision parlamentaria de investigacion de la Camara Municipal, el 3 de mayo de ese ano. La fiscala pedia una indemnizacion por dano moral colectivo y la perdida del mandato. En esa accion penal, Cristofaro fue absuelto: en julio de 2023, un juez concluyo que no habia racismo en la frase, segun el sitio Migalhas.En el plano politico, el desenlace fue distinto. En septiembre de 2023, la Camara Municipal destituyo a Cristofaro tras un proceso por quebrantamiento del decoro parlamentario. Fue el primer concejal de Sao Paulo en perder el mandato por racismo, de acuerdo con Alma Preta Jornalismo.Cronologia del caso3 de mayo de 2022: la frase "e coisa de preto, ne?" es captada durante una sesion remota de la comision;9 de junio de 2022: el MPSP denuncia a Cristofaro por injuria racial y amenaza contra la auxiliar de enfermeria Dilza Maria Pereira;8 de julio de 2022: segunda denuncia, por el delito de racismo, referida a la frase dicha en la sesion;Julio de 2023: la Justicia absuelve al concejal en la accion penal sobre la frase;Septiembre de 2023: la Camara Municipal destituye a Cristofaro;27 de agosto de 2026: el exconcejal es condenado a 1 ano, 9 meses y 10 dias de reclusion en regimen abierto por injuria racial contra una lider comunitaria.Un dia despues del episodio de 2022, Cristofaro difundio un video junto a empleados negros con el titulo "el racismo es un error, pido perdon" y afirmo en las redes sociales que no es racista. "Vengo de una generacion donde las bromitas eran normales y necesito pasar por una deconstruccion de esos prejuicios", dijo en aquella ocasion, segun Poder360. La defensa del exconcejal no fue localizada por la reporteria de Folha para comentar la condena.El proximo paso procesal es la presentacion de un recurso ante el Tribunal de Justicia de Sao Paulo (TJ-SP), que Cristofaro puede presentar en libertad. No hay plazo ni fecha de juicio informados hasta el momento. Como la sentencia es de primera instancia, la condena aun no es firme.

El exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra en Bosnia, murió este jueves (27) en el centro de detención de Naciones Unidas en La Haya, Países Bajos. Tenía 83 años. La noticia fue divulgada por la emisora belgradense Informer TV y reproducida por el portal brasileño G1, que señaló que su cobertura seguía en actualización.Mladic comandó el Ejército de la República Srpska (VRS) durante la guerra de Bosnia (1992-1995), un conflicto que dejó cerca de 100.000 muertos. Pasó a ser conocido como "el carnicero de los Balcanes" por los dos episodios centrales de su condena: el asedio de Sarajevo, que duró casi cuatro años y mató a más de 10.000 personas, y la masacre de Srebrenica, en julio de 1995, cuando tropas bajo su mando ejecutaron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios. Los tribunales internacionales reconocen Srebrenica como el único genocidio cometido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.Cronología del caso1995: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) acusa a Mladic de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra;1996-2011: permanece unos 16 años prófugo, protegido por redes de simpatizantes en Serbia;mayo de 2011: es detenido en el pueblo de Lazarevo, en Serbia, y extraditado a La Haya;noviembre de 2017: condenado a cadena perpetua en 10 de los 11 cargos, incluido el genocidio de Srebrenica;junio de 2021: el Mecanismo Residual de la ONU, sucesor del TPIY, rechaza el recurso y confirma la sentencia en firme;27 de agosto de 2026: muere en el centro de detención de la ONU en La Haya.La fiscalía sostuvo durante todo el juicio que Mladic ejerció mando y control efectivos sobre las tropas que cometieron las atrocidades, tesis aceptada por los jueces en dos instancias. La defensa siempre negó los cargos. En sus comparecencias, Mladic afirmó que había defendido a su país y a su pueblo y calificó las acusaciones de monstruosas. Nunca expresó remordimiento por las muertes de Srebrenica y boicoteó parte de las audiencias del recurso. En Serbia y en la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia, sectores nacionalistas aún lo consideran un héroe de guerra.Como la sentencia quedó firme en 2021, su muerte no altera el resultado judicial del caso: no quedaba ningún recurso ni trámite procesal pendiente. Hasta la publicación de esta nota, el Mecanismo Residual de la ONU no había emitido un comunicado formal sobre el fallecimiento ni sobre su causa. Mladic tenía antecedentes de problemas de salud, y sus abogados pidieron varias veces, sin éxito, su liberación por razones humanitarias.

Un operativo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope), la fuerza táctica de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro (PMERJ), desató intensos tiroteos y bloqueos de calles en la favela de Cidade de Deus, en la Zona Oeste carioca, la mañana de este jueves (27). De acuerdo con datos policiales recabados por Folha de S.Paulo, grupos delictivos utilizaron al menos dos autobuses y contenedores de basura para armar barricadas e impedir el paso de vehículos blindados.Los primeros testimonios de disparos se conocieron de madrugada, coincidiendo con la entrada de los equipos del Bope en la favela. Como represalia a la incursión policial, la Avenida Miguel Salazar Mendes de Morais, la arteria vial más transitada de Cidade de Deus, quedó cortada tras atravesar los autobuses en la vía. Esta táctica de bloqueo replica los hechos ocurridos el miércoles en la Zona Norte de la ciudad, donde 19 colectivos fueron secuestrados durante enfrentamientos armados en la zona de Morro do Fubá.En el curso del operativo, los agentes detuvieron a dos hombres investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico de la zona, atribuido a la organización Comando Vermelho. Los efectivos se incautaron de una pistola, un radiotransmisor, dosis de drogas y bidones con combustible que habrían sido preparados para incendiar las barricadas. Por su parte, vecinos reportaron en redes sociales que un sospechoso resultó herido de bala durante el tiroteo, si bien la PMERJ indicó que no tiene confirmación oficial sobre personas lesionadas.Los dos detenidos y el material incautado fueron trasladados a la delegación de la Policía Civil correspondiente para formalizar el registro de detención en flagrancia por presunto tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas. En cumplimiento de las garantías procesales, los investigados comparecerán ante un juez en audiencia de custodia dentro del plazo de 24 horas para definir si la detención se convierte en prisión preventiva.

La Policía Civil de Rio Grande do Norte ejecutó este jueves al menos 26 órdenes de arresto y decenas de allanamientos durante la quinta fase de la Operación Renorcrim, una acción orientada a desarticular la cúpula directiva y las redes de financiamiento de un grupo criminal activo en el estado. El tribunal especializado en delincuencia organizada (UJUDOCRIM) emitió un total de 59 órdenes judiciales. Los agentes se desplegaron en ocho municipios, entre ellos la capital Natal, Parnamirim, Macaíba, São José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Areia Branca y João Câmara. Según informó Inter TV Cabugi a través de G1, uno de los sospechosos logró huir tras un tiroteo con los agentes, en el que murió un perro de raza pitbull. La operación contó con apoyo de helicópteros de seguridad pública y agentes penitenciarios encargados de fiscalizar a investigados con tobilleras electrónicas. Cronología y estructura jerárquica Las indagatorias comenzaron en 2024, cuando la policía profundizó la recopilación de datos sobre el funcionamiento interno y la división de tareas de la banda. Las fases anteriores permitieron reconstruir la cadena de mando, identificando tanto a los ejecutores de delitos como a los encargados de articular directivas y mover dinero ilícito. A través de un comunicado, la Policía Civil subrayó los resultados de la labor investigativa: A partir de diligencias investigativas, trabajo de campo, cruce de información policial y análisis de datos, se identificó a integrantes que ejercían distintas funciones dentro del grupo. La continuidad de esta labor permitió profundizar en el funcionamiento interno de la organización, establecer vínculos entre los investigados e identificar a miembros que no habían sido alcanzados en etapas anteriores. Siguientes pasos procesales Durante las redadas matutinas, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego, estupefacientes, vehículos y sumas de dinero en efectivo. Preservando el principio de presunción de inocencia, los detenidos permanecerán bajo custodia preventiva mientras se formalizan las actuaciones. El material secuestrado será analizado por peritos forenses oficiales. En los próximos días, los investigados comparecerán en audiencias de custodia ante la Justicia para evaluar la legalidad de las detenciones, antes de que los informes policiales sean remitidos al Ministerio Público para la formulación de cargos formales.

El debate sobre la aplicación de las políticas de seguridad de El Salvador en Brasil cobró fuerza durante las previas de las elecciones presidenciales de 2026. Precandidatos conservadores, entre ellos Flávio Bolsonaro, Romeu Zema y Renan Santos, han propuesto adoptar medidas inspiradas en la estrategia del presidente Nayib Bukele para combatir a las organizaciones criminales. Sin embargo, analistas de seguridad pública y juristas destacan barreras constitucionales y operativas que dificultan su implementación directa.Cronología y contrastes operativosLa ofensiva en El Salvador comenzó en marzo de 2022, cuando el Congreso aprobó un régimen de excepción que suspendió garantías procesales, autorizó arrestos sin orden judicial previa y extendió la detención preventiva sin acusación formal. Aunque la medida redujo notablemente las tasas de homicidios, generó cuestionamientos por detenciones arbitrarias. En Brasil, los especialistas señalan que la dinámica del crimen organizado es profundamente distinta a la de las pandillas centroamericanas.En declaraciones a BBC News Brasil, el politólogo Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé, explicó que grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) operan como conglomerados multinacionales con complejas redes financieras y de narcotráfico internacional. Por el contrario, organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 mantenían un control eminentemente barrial e identificación mediante tatuajes visibles.Garantías constitucionales y debido procesoLos defensores de una mayor severidad penal afirman que el encarcelamiento masivo y una respuesta policial rápida son fundamentales para restablecer el orden y frenar la criminalidad urbana. En contraste, analistas del derecho procesal recuerdan que la Constitución brasileña de 1988 consagra la presunción de inocencia, el debido proceso legal y la necesidad de supervisión judicial estricta para cualquier medida restrictiva de libertad.Muggah advirtió que recluir masivamente a presuntos integrantes sin atacar sus flujos financieros colapsaría el sistema penitenciario sin neutralizar a los cabecillas. La seguridad pública será uno de los temas centrales en los próximos debates electorales antes del registro oficial de los planes de gobierno ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La Policía Civil de São Paulo detuvo a Leandro Teixeira de Andrade, conocido con los alias de "Portuga" y "Benfica", en un departamento del barrio Aparecida, en la ciudad costera de Santos. Señalado por los investigadores como un operador logístico vinculado a la facción criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), Andrade se encontraba prófugo de la Justicia Federal y fue imputado en flagrancia por un nuevo cargo de tráfico de drogas tras la incautación de evidencias en el inmueble. El expediente judicial contra Andrade se remonta a 2013, cuando fue procesado en el 5º Juzgado Federal de Santos junto a otros cuatro acusados, entre ellos André de Oliveira Macedo, alias "André do Rap". En 2015, el tribunal federal condenó al grupo por narcotráfico internacional. Mientras los otros implicados huyeron, Andrade fue arrestado en 2017. En noviembre de 2025, el 5º Juzgado Federal de Santos emitió una nueva orden de captura para la ejecución del resto de su condena definitiva, fijada en ocho años y nueve meses de prisión en régimen cerrado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP), agentes de la división antinarcóticos (Dise/Deic) de Santos ubicaron la residencia mediante el cruce de informes de inteligencia. En el lugar, los policías incautaron 4.000 dólares en efectivo, teléfonos móviles, un vehículo, uniformes de dos terminales portuarias, una bolsa con polvo blanco y un cuaderno. El comisario Leonardo Rivau detalló que las anotaciones describían fórmulas químicas destinadas a adulterar cocaína e impregnar la droga en prendas de vestir para su exportación. Durante el interrogatorio policial, Andrade se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio y se negó a suministrar muestras de escritura para peritajes caligráficos. El abogado defensor Felipe Pires de Campos señaló que la captura respondió a la condena federal de 2013. El letrado manifestó que la autoridad policial interpretó que los objetos hallados justificaban una nueva detención en flagrancia y explicó que la defensa examina las actuaciones para definir las medidas procesales correspondientes. El director del departamento policial Deinter 6, Luiz Carlos do Carmo, informó que continuarán las investigaciones sobre los elementos confiscados y las posibles conexiones criminales. Andrade permanece bajo custodia para su correspondiente audiencia de control de detención por el nuevo cargo, tras lo cual será trasladado a un establecimiento penitenciario para cumplir la condena pendiente.

La Policía Militar de Carreteras de Sao Paulo incautó 1.151,6 kilos de estupefacientes ocultos en un camión de transporte de granos en el límite entre los municipios de Ourinhos (Sao Paulo) y Jacarezinho (Paraná). El conductor, un ciudadano paraguayo de 24 años, fue detenido en flagrancia como presunto responsable de tráfico de drogas en la tarde del jueves.La intervención tuvo lugar durante inspecciones de rutina en el marco de la llamada Operación Impacto. Según el informe policial, los agentes revisaron el semirremolque y descubrieron decenas de fardos camuflados debajo de un cargamento de arroz. El pesaje oficial arrojó 1.139,35 kilos de marihuana prensada y 12,3 kilos de dry sift, una resina concentrada de cannabis.Tras el hallazgo, el conductor fue puesto a disposición de la Delegación de la Policía Federal en Marilia (Sao Paulo). El camión, el semirremolque y las sustancias incautadas quedaron bajo custodia policial para los peritajes correspondientes. Las autoridades federales abrieron una investigación para reconstruir la ruta del transporte e identificar a posibles coordinadores de la red logística.El detenido permanece bajo custodia federal bajo el principio de presunción de inocencia mientras se desarrolla la causa judicial. El siguiente paso procesual será la audiencia de custodia ante un juez federal, quien evaluará la legalidad de la detención en flagrancia y decidirá si dicta prisión preventiva.

La Policía Federal de Brasil imputó formalmente al comisario Rodrigo Teixeira, exdirector de Administración y Logística del organismo, por sospechas de corrupción, lavado de dinero y obstrucción a una investigación sobre una organización criminal. La medida forma parte de la Operación Rejeito, que investiga irregularidades en el sector minero en el estado de Minas Gerais y en la Agencia Nacional de Minería (ANM), según informó Folha de S.Paulo.Antecedentes y acusaciones en la mineríaTeixeira se desempeñó como director administrativo de la institución entre enero de 2023 y marzo de 2025, ubicándose como el tercer puesto de mayor rango en la cúpula de la Policía Federal durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En septiembre de 2025 fue detenido preventivamente al iniciarse la operación. En el informe conclusivo, otras nueve personas fueron imputadas, entre ellas otra comisaria de la PF y el cabildero Gilberto Horta Carvalho.El informe policial sostiene que Teixeira mantenía una "actuación oculta y activa en el mercado minero, mediante el uso de personas jurídicas interpuestas y articulaciones con empresarios investigados". Los investigadores señalaron además presuntas presiones sobre una empresa competidora en el ramo minero.Postura de la defensa y próximos pasosLa defensa de Teixeira rechazó de manera enfática las conclusiones policiales. El abogado Bruno Cesar manifestó que el informe omitió declaraciones de otros comisarios que descartaron cualquier interferencia en investigaciones. Mediante un comunicado, la defensa sostuvo que el documento "carece de sustento probatorio y sólo repite la mendaz retórica que inauguró esta operación", subrayando que los señalamientos aún no han sido contrastados en sede judicial.Tras la conclusión del sumario policial y la formalización de las imputaciones, el expediente pasará al Ministerio Público Federal (MPF). Los fiscales federales deberán analizar las pruebas para determinar si presentan una acusación penal ante los tribunales federales, solicitan diligencias complementarias o archivan el caso.

La Policía Federal de Brasil ejecutó este jueves (27) la Operación Little Bag para desarticular una red interestatal de tráfico de drogas asentada en el estado de Mato Grosso do Sul. Durante el operativo, los agentes cumplieron cuatro órdenes judiciales de prisión preventiva y registros de allanamiento en los municipios de Dourados e Itaporã. La justicia regional también ordenó el embargo y bloqueo de cuentas y bienes por un valor superior a 7 millones de reales pertenecientes a los investigados.Según la institución policial, las pesquisas comenzaron en 2025 tras la incautación de varios cargamentos de marihuana valorados en más de 4 millones de reales. A partir del seguimiento de los vehículos interceptados, los investigadores identificaron un entramado logístico estructurado en Mato Grosso do Sul para transportar estupefacientes hacia los mercados del Sudeste y del Sur del país.La autoridad policial señaló que las medidas cautelares buscan recabar material informático y contable para confirmar o descartar la responsabilidad penal de cada uno de los investigados, preservando el principio de presunción de inocencia. Los nombres de los implicados se mantienen bajo secreto judicial y sus representantes legales no se han manifestado formalmente hasta el momento.Los elementos incautados serán analizados por los peritos forenses de la corporación. Los detenidos permanecen a disposición judicial y prestarán declaración formal en los próximos días antes de que la Policía Federal remita el informe final al Ministerio Público para la formulación de cargos penales.

La Policía Federal y la Receita Federal de Brasil ejecutaron este jueves (27) la Operação Peça-Chave para investigar un presunto esquema de contrabando de autopartes y lavado de dinero. Según las auditorías fiscales, la red investigada movilizó más de R$ 146 millones entre 2018 y 2023 sin respaldo contable que acredite el origen de los fondos. Efectivos federales y auditores tributarios cumplieron nueve órdenes de allanamiento y registro en los estados de Mato Grosso do Sul y São Paulo. Las medidas fueron dispuestas por el 5º Juzgado Federal de Campo Grande, que autorizó la incautación de documentación, equipos informáticos, joyas, obras de arte y dinero en efectivo superior a R$ 5.000 de procedencia no justificada. Origen de la investigación y logística de distribución El caso comenzó a estructurarse tras la detección de retiros masivos en efectivo y transferencias bancarias atípicas en sucursales ubicadas en la zona de frontera. Conforme a las pesquisas, los sospechosos adquirían autopartes de fabricación extranjera ingresadas al territorio brasileño sin pasar por los trámites aduaneros correspondientes. De acuerdo con la Receita Federal, el traslado de la mercadería por el país se realizaba mediante facturas fraudulentas. Estas facturas eran emitidas por empresas fantasma constituidas con el único fin de simular transacciones mercantiles que encubrieran piezas nunca declaradas en los registros de inventario. Mecanismos de lavado y trámites judiciales Las autoridades detectaron además maniobras de ocultamiento patrimonial mediante prestanombres. La red utilizaba cuentas a nombre de personas sin capacidad económica demostrable, pero vinculadas a los principales investigados, para canalizar el dinero obtenido por el comercio ilegal. El material secuestrado durante los allanamientos será analizado por peritos y contrastado con los registros bancarios y tributarios. Concluidas las pericias, la Policía Federal elevará su informe de investigación al Ministerio Público Federal, órgano que evaluará la presentación de una acusación penal formal ante el tribunal federal.

Durante un acto de campaña en São José dos Campos este miércoles (26), la candidata al Senado Simone Tebet (PSB) exigió explicaciones públicas al exsecretario de Seguridad Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), sobre denuncias de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado dentro de la cúpula policial durante su gestión al frente de la cartera estatal.Derrite encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo durante tres años en la administración del gobernador Tarcísio de Freitas antes de dejar el cargo para postularse al Senado. Según Tebet, el exfuncionario deberá responder ante el electorado sobre investigaciones que señalan sospechas de vínculos entre agentes de seguridad y facciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). La candidata también señaló desvíos en la conducción institucional, como el desplazamiento de coroneles de puestos estratégicos en favor de capitanes, además de pesquisas que alcanzaron a la comandancia general de la Policía Militar.Pese a sus críticas a la gestión de Derrite, Tebet coincidió con el diagnóstico del gobernador Freitas sobre el carácter transnacional del crimen organizado. No obstante, defendió el proyecto de reforma constitucional (PEC) de Seguridad Pública impulsado por el gobierno federal, al sostener que el combate a las bandas delictivas requiere una coordinación nacional mediante un ministerio propio, sin anular la autonomía de las policías estatales.El cruce político se produce en medio de un empate técnico en la disputa por los dos escaños al Senado por São Paulo. Según una encuesta del instituto Quaest publicada el martes (25) y registrada ante el Tribunal Superior Electoral bajo el número SP-06946/2026, Derrite acumula el 12% de las intenciones totales de voto, igualado estadísticamente con Marina Silva (12%) y Tebet (11%). La campaña electoral continuará de cara a la primera vuelta de los comicios generales del 4 de octubre.

El Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP) denunció al exdiputado estadual Arthur do Val, conocido como Mamãe Falei, por incitación al crimen. La denuncia fue presentada el martes (25) por el fiscal Roberto Bacal, del Juzgado Especial Criminal (instancia que tramita delitos menores), y se basa en comentarios hechos por el exlegislador en un video publicado en su canal de YouTube sobre la Operación Carbono Oculto, según reportó Metrópoles y confirmó una nota oficial del propio MPSP.Según la denuncia, Arthur do Val afirmó en el video: "¡Oh! El sinvergüenza de Faria Lima que lava dinero para el crimen organizado tiene que ser asesinado". La frase se refiere a los operadores del mercado financiero investigados por lavar dinero de un esquema que, según la fuerza de tarea responsable, tiene núcleos comandados por el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor facción criminal de Brasil. Para el Ministerio Público, la declaración configura incitación pública a la práctica de un delito, conducta prevista en el artículo 286 del Código Penal brasileño, con pena de detención de tres a seis meses o multa.Cronología del casoAgosto de 2025: el MPSP, la fiscalía federal, la Policía Federal y otros órganos lanzan la Operación Carbono Oculto contra un esquema de fraudes y lavado de dinero en el sector de combustibles;25 de agosto de 2026: el fiscal Roberto Bacal presenta la denuncia contra Arthur do Val por incitación al crimen, con base en el video publicado en YouTube;26 de agosto de 2026: el caso se hace público en reportajes de Metrópoles, VEJA y Brasil 247.Lanzada en agosto de 2025, la Operación Carbono Oculto reunió a cerca de 1.400 agentes de instituciones como el MPSP, la fiscalía federal, la Policía Federal, las policías Civil y Militar, la Receita Federal, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Hacienda, con apoyo del Gaeco. En ese momento, la fuerza de tarea afirmó que se trataba de la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país. Según la Receita Federal, una red de 1.200 estaciones de servicio movió más de 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024, pero pagó solo 90 millones de reales (0,17%) en impuestos. Para lavar el dinero del esquema, el grupo habría usado 40 fondos de inversión con patrimonio de 30.000 millones de reales, gestionados por operadores de Faria Lima, el centro financiero de São Paulo.Arthur do Val es exdiputado estadual de São Paulo y perdió el mandato tras la filtración de audios con comentarios sexistas sobre refugiadas ucranianas. Está inhabilitado para cargos electivos hasta 2030 y, en julio de este año, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, mantuvo la destitución. Actualmente afiliado al partido Missão, según Metrópoles, intenta retomar la carrera política.Metrópoles informó que intentó contactar a Arthur do Val para conocer su posición sobre la denuncia, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación del reportaje; el espacio sigue abierto para su manifestación. Con la denuncia presentada, el próximo paso del caso es el análisis por la Justicia paulista, que decidirá si acepta o no la acusación del MPSP. Solo si la denuncia es aceptada el exdiputado pasará a la condición de acusado formal. Todavía no hay fecha prevista para esa decisión.

La Corte Suprema Federal de Brasil (STF) puede retomar este jueves (27) dos juicios de alcance nacional: la existencia de vínculo laboral entre plataformas digitales y los conductores y repartidores que trabajan a través de ellas, el debate conocido en Brasil como "uberización", y la validez de una disposición del Marco Civil de Internet, la ley brasileña de derechos en la red, que exige orden judicial para acceder a datos de tráfico de usuarios, incluida la información que permita identificar a quién utilizó una determinada dirección IP. Según G1, lo que decida la corte en el caso laboral será vinculante para toda la Justicia. Más de 10.000 demandas están a la espera de un fallo, y la decisión puede afectar a unos 1,7 millones de trabajadores de aplicaciones.Según el sitio jurídico Migalhas, el presidente de la corte, Edson Fachin, cambió la agenda e informó que la sesión de este jueves comenzará con el caso del Marco Civil y con una acción separada sobre investigaciones conducidas por delegados de policía, por lo que los recursos de las plataformas no abrirán la sesión. G1 informa que el juicio de la "uberización" debe reanudarse con el voto del propio Fachin, ponente de un recurso de Uber, admitido bajo la regla de repercusión general, contra una posición del Tribunal Superior del Trabajo (TST).El camino de los procesosLa disputa laboral llegó al Supremo a través de recursos de dos plataformas contra decisiones de la Justicia del Trabajo que reconocieron el vínculo. Uber cuestiona una posición del TST; Rappi impugna un fallo del Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región, en Minas Gerais, que reconoció el vínculo laboral de un motomensajero. El caso de Internet fue presentado por la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint) y comenzó a juzgarse en el plenario virtual en diciembre de 2025, cuando el ponente, Cristiano Zanin, y el ministro Dias Toffoli votaron por la validez de la norma.En su voto, Zanin defendió que las autoridades pueden requerir directamente datos básicos de registro, como nombre, filiación y dirección, pero que el acceso a datos de tráfico exige autorización judicial específica, por restringir derechos fundamentales. Para el ponente, ese tipo de metadatos puede revelar hábitos, rutinas y redes de relaciones de los usuarios.Lo que alega cada parteLa Justicia del Trabajo ha reconocido el vínculo con el argumento de que las aplicaciones de transporte y reparto ejercen, en la práctica, la actividad principal de empresas de transporte o logística. Las plataformas alegan ser "empresas de tecnología" que solo hacen la intermediación de la prestación de servicios, sin subordinación, ya que los trabajadores definen horarios y viajes, y piden el reconocimiento de la libre iniciativa y la libertad económica. Los trabajadores afirman que hay supervisión de las plataformas y que siguen el "comando del algoritmo", que define precio, ruta, clasificación y bloqueo, lo que caracterizaría una relación de empleo.En el juicio, la Abogacía General de la Unión (AGU) defendió protección contractual para los trabajadores dentro de un ambiente de innovación tecnológica, lo que abriría camino a derechos mínimos como piso salarial, límite diario de horas de conexión, aportes previsionales y seguro de vida. El Ministerio Público del Trabajo (MPT) pidió que el vínculo se analice caso por caso y también defendió un piso mínimo de derechos, señalando que el trabajo por plataformas ya llega a médicos, enfermeros y profesores. Una referencia del debate es la recién aprobada Convención 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerada el primer pacto global sobre plataformas digitales, con parámetros mínimos como libertad sindical, negociación colectiva y remuneración compatible con los pisos de cada país.Entre bastidores, según G1, hay expectativa de que Fachin vote por una línea intermedia, con garantías mínimas, y de que haya mayoría para descartar el vínculo laboral, aunque los ministros discuten una tesis que reconozca protecciones como el límite de jornada y el aporte previsional. El próximo paso es la sesión plenaria de este jueves (27), que empieza por el caso del Marco Civil; luego la corte puede retomar el juicio de la "uberización", pero los ministros aún pueden pedir más tiempo de análisis, lo que retrasaría el fallo final.

La Policía Civil de Roraima, en el norte de Brasil, investiga a ocho personas, entre ellas tres policías civiles y un influencer, por el montaje de un falso operativo policial con el que se robaron R$ 800.000 en efectivo y 30 kilos de oro de una casa en el barrio Caçari, en Boa Vista, el 29 de marzo de 2026. El caso avanzó este miércoles (26), cuando el comisario John Allan Cunha Castilho y el investigador Diego Gabriel Rodrigues de Araújo, ambos de la Policía Civil del estado de Amazonas, fueron detenidos por la Policía Federal en Amazonas, en la segunda fase de la investigación dirigida por la Draco, la unidad de crimen organizado de la Policía Civil de Roraima, según g1 y el diario local FolhaBV.Según la investigación, el influencer Ivan Luiz Bastos Guimarães, de 33 años, conocido en redes como "Itz Ivan", intermediaba ventas de oro de garimpeiros y decidió estafar a las dos partes de una negociación marcada en su propia casa. Hacia las 19h, hombres armados, con capuchas y ropas oscuras parecidas a las de la policía, irrumpieron en el inmueble con placas policiales y una patrulla oficial sin distintivos, simularon un arresto en flagrancia, redujeron al comprador del oro y al propio Ivan, que se hizo pasar por víctima, y huyeron con el mineral y el dinero.Quiénes son los investigadosLa Draco atribuye papeles distintos a los ocho investigados. Ivan es señalado como uno de los mentores y operador financiero del esquema; fue denunciado y detenido el 21 de agosto en Florianópolis, en el sur de Brasil, donde la policía incautó celulares, computadoras y un auto de lujo. Tras el robo fue amenazado por garimpeiros, huyó a Manaus y compró inmuebles millonarios, según g1. Castilho, primo del influencer, habría reclutado a Araújo, dado cobertura táctica fuera de la casa y ayudado a su primo a llevar lo robado a Amazonas. El investigador roraimense Marcelo Henrique de Araújo Sobral es señalado como el comandante del falso abordaje y habría recibido al menos R$ 200.000 de la venta del oro; detenido en la primera fase, responde en libertad con tobillera electrónica y está apartado del cargo. Durante la acción policial también fue detenido en flagrancia por fraude procesal tras dañar su propio celular, según g1. Su cuñado, Guilherme Santana da Silva, entró en la casa con los policías bajo la promesa de recibir R$ 150.000 y confesó su participación a la policía. La esposa de Sobral, Ariane Cabral Paes, también fue detenida en la primera fase. En total, tres investigados están presos, uno está prófugo y cuatro responden en libertad.La primera fase, lanzada el 21 de agosto, cumplió cuatro órdenes de prisión temporal y cinco de registro e incautación, con el bloqueo judicial de unos R$ 20 millones en bienes y valores. La investigación cuenta con la Corregeduría General de la Policía Civil de Roraima, el grupo especial contra el crimen organizado (Gaeco) del Ministerio Público y el control externo de la actividad policial. Según g1, los investigadores también examinan otros robos atribuidos a integrantes del grupo que habrían causado pérdidas superiores a R$ 23 millones en el estado; FolhaBV relata un episodio de enero en Alto Alegre en el que se habría simulado el decomiso de oro de un garimpeiro.Cronología y la defensaEnero de 2026: la corregeduría abre pesquisas que identifican el uso de una patrulla de la Policía Civil de Roraima en crímenes, según g1; FolhaBV sitúa el inicio de la investigación en marzo, tras una denuncia de robo.29 de marzo: el falso operativo roba el oro y el dinero en Caçari; el comprador denuncia el asalto a la policía.21 de agosto: la primera fase detiene a Ivan en Florianópolis y a otros tres investigados en Roraima.25 de agosto: la Justicia decreta la prisión preventiva del comisario Castilho.26 de agosto: la segunda fase cumple las preventivas de Castilho y Araújo en Amazonas.La defensa de Castilho, de los abogados Gabriel Mourão y Carlos Villa Real, dijo a FolhaBV que recibió la detención "con sorpresa" y que el 19 de agosto el juez de garantías, magistrado que en Brasil controla la legalidad de la investigación, había registrado expresamente la ausencia de indicios de participación del comisario, rechazando entonces pedidos de registro en su residencia y de levantamiento de sus sigilos bancario y fiscal. "John Allan Cunha Castilho niega de forma vehemente cualquier participación en los delitos que se le imputan. No participó en la planificación, no participó en la ejecución, no recibió provecho", dice la nota, que destaca que es funcionario de carrera, sin antecedentes, y que no fue oído antes de la prisión, decretada por otro juez. Los abogados subrayan que la preventiva es una medida cautelar y no anticipa culpabilidad. G1 informó que intenta contactar a las defensas de los demás citados.Como próximo paso, la defensa de Castilho informó que actuará en el expediente para aclarar los hechos e impugnar la preventiva, mientras la Draco continúa investigando los demás robos atribuidos al grupo. Uno de los ocho investigados seguía prófugo hasta la noche de este miércoles.

La Fiscalía del estado de São Paulo (Ministerio Público) denunció a 16 personas acusadas de integrar una organización criminal que desviaba metanol para adulterar combustibles en la Gran São Paulo, informó Folha de S.Paulo este miércoles (26). El caso también fue cubierto por G1. Entre los denunciados está el empresario Roberto Augusto Leme da Silva, conocido como Beto Louco, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales financiadores del esquema. La denuncia fue presentada por el núcleo de Guarulhos del Gaeco, el grupo especial de combate al crimen organizado de la Fiscalía paulista.Según Folha, los denunciados son acusados de organización criminal y lavado de dinero. El Ministerio Público también señala indicios de adulteración de combustibles, delitos fiscales, delitos contra el consumidor, estafa, falsedad documental y delitos ambientales. De acuerdo con el documento, Beto Louco habría utilizado las empresas Aster, Copape y Duvale para mover recursos millonarios vinculados a las actividades investigadas. El grupo habría actuado entre 2017 y 2025.La investigación indica que la organización utilizaba una red de empresas químicas, transportistas, distribuidoras, instituciones de pago y fondos de inversión para desviar el metanol, un insumo de adquisición y uso controlados en Brasil, adulterar combustibles y ocultar el origen de los recursos obtenidos con el fraude. La denuncia describe una estructura permanente creada para simular la compra del producto:"Los elementos recabados permiten afirmar que existe una estructura perenne para falsear la adquisición de metanol para la supuesta producción de biodiésel, con el producto jamás remitido al destino formal documental, y la entrega efectiva del producto en estaciones de servicio, exactamente para adulterar combustibles y aumentar las ganancias", afirma el Ministerio Público en la denuncia, según Folha.El caso es un desprendimiento de la Operación Carbono Oculto, que investiga la infiltración del PCC (Primer Comando de la Capital), la principal facción criminal de Brasil, en el sector de combustibles. El 28 de mayo, el Gaeco lanzó la segunda fase de la operación, llamada Fluxo Oculto, con 59 órdenes de allanamiento en cinco estados contra un esquema de lavado de dinero con fintechs y de adulteración de combustible con nafta, según CNN Brasil.Cronología del caso2017 a 2025: período en el que la organización habría actuado, según la denuncia;Mayo de 2023: la Policía Rodoviaria Federal encontró metanol con uno de los involucrados, episodio que dio origen a la investigación;28 de mayo de 2026: el Gaeco ejecuta la segunda fase de la Operación Carbono Oculto, dirigida a fintechs y fondos de inversión;Mayo de 2026: el procurador general de Justicia, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, rechaza la propuesta de delación premiada (colaboración judicial) presentada por Beto Louco; según CNN Brasil, el rechazo fue motivado por omisiones;26 de agosto de 2026: la Fiscalía denuncia a 16 personas.Folha contactó a la defensa de Beto Louco por WhatsApp en la tarde de este miércoles, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de su reportaje.La denuncia será analizada ahora por la Justicia, que decidirá si acepta las acusaciones y abre un proceso penal contra los investigados. Solo si la denuncia es aceptada pasarán a la condición de reos; hasta una eventual condena firme, todos son presuntamente inocentes. No hay fecha divulgada para la decisión.

Criminales armados tomaron autobuses del transporte urbano y los cruzaron como barricadas en calles de Cascadura, en la Zona Norte de Río de Janeiro, la mañana de este miércoles 26, en represalia por una operación de la Policía Militar en las favelas de Campinho y Fubá. La acción, realizada por los batallones 9º BPM (Rocha Miranda) y 18º BPM (Jacarepaguá), dejó un sospechoso muerto y al menos cuatro personas detenidas. G1 contabilizó 19 autobuses usados en los bloqueos y cinco detenidos; la Agência Brasil y el diario O Globo, con base en las primeras informaciones de la PM y del sindicato de empresas Rio Ônibus, hablaron de 18 vehículos y cuatro arrestos.El fallecido fue identificado por O Globo como Jeferson Ferreira da Silva, de 19 años. Según el relato del mando de la operación, hombres armados confrontaron a los agentes y huyeron hacia una zona de matorral; Jeferson se quedó atrás del grupo y fue encontrado inconsciente por los policías. La corporación afirma que sufrió un paro cardíaco y no resistió. Un segundo sospechoso fue herido a balazos y trasladado al Hospital Estadual Carlos Chagas; la policía no había informado su estado de salud hasta la última actualización de las crónicas. Todos los detenidos figuran como sospechosos investigados, sin condena en el caso.Cronología de la mañanaComienzo de la mañana: equipos del 9º y del 18º BPM entran en Campinho y Fubá; según la PM, hay tiroteo y los sospechosos huyen hacia la mata.Después: un sospechoso sufre un paro cardíaco durante la huida y muere; otro es baleado y hospitalizado; cuatro son arrestados.Fin de la mañana: criminales detienen a conductores y cruzan autobuses en la calle Clarimundo de Melo y en las avenidas Ernani Cardoso y Dom Hélder Câmara; un camión también es usado como bloqueo.Hacia las 12:30: todos los autobuses ya habían sido liberados y las líneas comenzaban a normalizarse, según Rio Ônibus.En total, Río registró al menos 54 líneas de autobús con recorridos alterados este miércoles en reacciones orquestadas por el narcotráfico contra operativos policiales, informó O Globo. En la zona de Cascadura, el sindicato Rio Ônibus contó 33 líneas afectadas. En Água Santa, tres líneas sufrieron alteraciones y un carril de la vía expresa Linha Amarela hacia Barra da Tijuca fue cerrado a la altura del Túnel de Covanca, reabierto poco antes del mediodía, según la concesionaria Lamsa.En un comunicado, la Secretaría de Estado de Policía Militar afirmó que el objetivo de los criminales era "desmovilizar la actuación de los equipos" y enumeró el material incautado: una pistola, una granada, un radiocomunicador, seis cargadores de fusil y un cargador de pistola, además de drogas aún en conteo. El patrullaje fue reforzado con equipos del Bope, el batallón de operaciones especiales, además del Batallón de Choque, el Batallón Táctico de Motociclistas, el BPVE y el 3º BPM (Méier), además del Recom, según la Agência Brasil."Las acciones criminales son reflejo de las operaciones planeadas de la Policía Militar contra la facción criminal que actúa en las comunidades de Campinho, Fubá, Morro do 18, Praça Seca y varias otras de Jacarepaguá", afirmó la corporación, en un comunicado reproducido por O Globo.Las clases se mantuvieron: hasta las 12:15, ninguna escuela de la red estatal había cerrado, y las unidades municipales de Fubá y Campinho atendían presencialmente, según las secretarías de Educación. En salud, una unidad de atención primaria suspendió el servicio y otras dos cancelaron actividades externas, como las visitas domiciliarias, informó la Secretaría Municipal de Salud. Los detenidos en flagrancia deben ser presentados a la Policía Civil, que abre la investigación formal; hasta la última actualización, la PM no había informado a qué comisaría fueron trasladados ni divulgado novedades sobre la investigación de la muerte de Jeferson.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, autorizó a la Policía Federal (PF) a acceder de forma integral al material incautado por la policía civil de São Paulo en la investigación sobre la productora del filme Dark Horse, una cinebiografía sobre el expresidente Jair Bolsonaro. La decisión, divulgada este miércoles por el blog de la periodista Andréia Sadi en G1, libera no solo los informes ya elaborados por la policía paulista, sino también documentos, datos en bruto extraídos de los dispositivos incautados y los registros de cadena de custodia, es decir, el historial de cómo se recolectaron, almacenaron y analizaron las pruebas. La medida responde a un pedido de la propia PF.La investigación indaga el financiamiento de la película, que habría recibido cerca de 61 millones de reales (unos 11 millones de dólares) a través del fondo estadounidense Havengate Development, vinculado a Paulo Calixto, abogado de Eduardo Bolsonaro, otro hijo del expresidente. La PF investiga si parte de esos recursos se usó para cubrir gastos de Eduardo durante su estadía en Estados Unidos. Eduardo niega haber recibido dinero por esa vía. El caso salió a la luz después de que el medio Intercept Brasil revelara conversaciones entre Flávio Bolsonaro, otro hijo del expresidente y precandidato presidencial para 2026, y Daniel Vorcaro, fundador del quebrado Banco Master, que apuntaban a un acuerdo de unos 134 millones de reales para financiar el filme. Flávio negó inicialmente que el Master hubiera financiado la producción; después reconoció haber recibido 61 millones de reales de Vorcaro, y aseguró que los fondos se usaron íntegramente en la película.Una pericia privada contratada por GoUp Entertainment, la productora del filme, evaluó solo los gastos de la empresa, sin examinar el origen de los recursos del Havengate. Según el informe, citado por el medio Poder360, el gasto total de la producción sumó 3,72 millones de dólares en Brasil y 9,66 millones de dólares en Estados Unidos entre junio de 2025 y junio de 2026, clasificados en el documento como fondos privados sin vínculo con dinero público ni con la Ley Rouanet de incentivo cultural. El perito responsable, Anisio Castelo Branco, declaró al diario O Globo que no tenía autorización para auditar el fondo Havengate y que rastrear el origen del dinero transferido por ese fondo escapaba al alcance de su trabajo.Una disputa institucional en torno a la pesquisaSegún la columna de Sadi, investigadores de la PF evalúan, de manera reservada, proponer que todos los frentes relacionados con el financiamiento del filme se concentren en el STF, bajo la relatoría de Dino, en un proceso conocido en Brasil como "federalización" del caso. Ese movimiento podría surgir de un pedido formal de la propia PF o de una manifestación de la Procuraduría General de la República (PGR); la columna aclara que la federalización no está decidida, sino que es solo uno de los próximos pasos que los investigadores consideran posibles. El pedido de acceso a los datos en bruto, y no solo al material ya seleccionado por la policía civil, sugiere que los investigadores federales quieren examinar las pruebas originales y sacar sus propias conclusiones.El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, salió en defensa de la actuación de la policía civil paulista y calificó de irrespetuosas las críticas de que la investigación habría sido "frenada" en el estado. Un día antes del fallo de Dino, Tarcísio dijo que cumpliría la orden del STF de compartir los documentos de la pesquisa sobre una ONG vinculada al filme y negó que existiera un retraso en la investigación llevada adelante en São Paulo. La ampliación del acceso federal, según la lectura de la columna de Sadi, señala desconfianza institucional hacia la forma en que la policía estatal ha llevado el caso, una disputa que ha cobrado peso político de cara a la elección de 2026, en la que Tarcísio es aliado de la campaña de Flávio Bolsonaro.No hay fecha fijada para una decisión sobre la federalización de la investigación; por ahora se trata de una discusión interna entre investigadores, que puede o no avanzar mediante un pedido formal de la PF o de la PGR. El ministro André Mendonça también lleva, en el STF, otro frente ligado a la investigación sobre el filme, además de las pesquisas sobre fraudes en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y el caso que involucra a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hasta la publicación de esta nota, ni la PF ni la PGR habían formalizado un pedido de federalización del caso Dark Horse.

La Policía Federal de Brasil sostiene, en una investigación preliminar, que la lobista Roberta Luchsinger pidió la intervención de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, el hijo mayor del presidente Lula, para intentar cerrar negocios de interés de Antônio Camilo Antunes, apodado 'Careca do INSS', con el Ministerio de Salud brasileño. La información fue revelada por el diario Folha de S.Paulo este miércoles.Mensajes a los que accedió la policía en el celular de la empresaria muestran presión sobre Lulinha para que participara en discusiones sobre un intento de contratación de material derivado del cannabidiol y de kits para pruebas de dengue con el gobierno. Según el reportaje, ninguno de los contratos llegó a firmarse. Antunes es una de las figuras centrales de un escándalo mayor por descuentos indebidos en los beneficios de jubilados administrados por el INSS, el instituto de previsión social de Brasil.Cronología del casoSegún mensajes citados por la policía, el 23 de enero de 2025 Luchsinger se quejaba de que Antunes la presionaba para cerrar rápido los negocios, pero no tenía el valor de ejercer esa misma presión directamente sobre Lulinha. Los diálogos muestran sus gestiones para avanzar los negocios antes de que Fábio Luís se mudara a España, lo que ocurrió más tarde ese mismo año. El material forma parte de una investigación preliminar y de una representación enviada al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, quien abrió una investigación judicial sobre el caso. El expediente permanece bajo sigilo.Lo que dicen las defensasConsultada por Folha, la defensa de Fábio Luís afirmó que él comenzó a preparar su mudanza a España ya en 2024 y que mantiene un vínculo profesional con una empresa española sin relación directa ni indirecta con el gobierno brasileño. En un comunicado, su abogado Marco Aurélio de Carvalho declaró: 'Vive en España exclusivamente con el resultado de su trabajo. Una vida sencilla, pero muy digna y sin lujos, contrario a lo que están diciendo.'La defensa niega que Lulinha haya actuado en favor de los negocios de Antunes. 'Nunca, en ningún momento, hizo ninguna intervención ni participó en ninguna reunión', afirmó el abogado, quien calificó las conclusiones policiales como especulativas: 'En el expediente no hay nada que lo desmienta. Lo que tiene la Policía Federal es un rompecabezas de conjeturas, con inferencias no concluyentes.' Los abogados de Luchsinger y de Antunes fueron contactados por Folha a las 9:15 de este miércoles y no respondieron hasta la publicación del reportaje. La defensa de Luchsinger había dicho anteriormente que no se pronunciaría sobre una investigación bajo sigilo.Hasta el momento ninguno de los mencionados en la pesquisa ha sido formalmente acusado. La investigación sigue bajo la relatoría del ministro Mendonça en el STF, sin fecha anunciada para su conclusión o una eventual denuncia. Los próximos pasos dependen de que la Procuraduría General de la República se pronuncie sobre las diligencias ya realizadas por la Policía Federal.

Imágenes de las cámaras corporales de dos policías militares muestran el momento en que Wesley dos Reis, de 41 años, recibió un disparo durante un control policial en la zona sur de São Paulo. El material, obtenido por el medio brasileño G1, indica que el disparo se produjo antes de que los agentes dieran la orden formal de detenerse y que el patrullero venía siguiendo la motocicleta con la sirena apagada. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) y por la propia Policía Militar.Según el registro del hecho, ocurrido el 5 de julio, Wesley regresaba en moto de la fiesta de segundo cumpleaños de su nieta, a unos dos kilómetros de distancia, cuando los agentes Lucas Benitelli da Costa y Héctor Luiz de Macedo comenzaron a seguir a dos motocicletas durante un patrullaje de rutina. Wesley viajaba como acompañante en una de ellas; en la otra iban su esposa, Pâmela, y el hijo de la pareja. Las imágenes muestran a los agentes comentando por radio que una de las placas parecía parcialmente cubierta y reportando una posible fuga de vehículo, todavía sin activar la sirena.De acuerdo con la grabación, los policías dieron la orden para que Wesley detuviera la moto y, casi de forma simultánea, Héctor efectuó el disparo que lo impactó en el tórax. La sirena del patrullero se activó recién después del disparo. Wesley fue trasladado a un hospital pero no sobrevivió. Los agentes siguieron brevemente la motocicleta en la que iban Pâmela y su hijo antes de regresar al lugar donde Wesley había caído.Versiones contradictorias sobre el controlAnte la policía civil, los agentes relataron que las dos motocicletas coincidían con las características de vehículos presuntamente usados en robos en la zona, según información operativa que dijeron haber recibido, y que la placa parcialmente cubierta por cinta reforzó la sospecha. Según el relato de Lucas y Héctor, cuando el patrullero se acercó y se dio la orden de alto, Wesley habría hecho un movimiento para levantar una mano, cubierta por la manga de su chaqueta, lo que los llevó a temer que sacara o apuntara un arma. Ante esa posibilidad, afirman, Héctor disparó una sola vez. Hasta ahora no se ha informado que se haya encontrado un arma junto a la víctima. Conforme a la legislación brasileña, ambos agentes siguen bajo investigación y no han sido formalmente acusados; gozan de presunción de inocencia mientras no se presenten cargos probados en la justicia.El conductor de la motocicleta en la que iba Wesley dio a la policía una versión distinta. Contó que escuchó el chirrido de neumáticos y a alguien gritar "para, para", y que al mirar hacia un lado ya escuchó el disparo y vio caer a Wesley. Por miedo, aceleró y huyó, creyendo en un primer momento que se trataba de un asalto. La hermana de Wesley, Grazieli, relató que su sobrino, hijo de la víctima, presenció parte de la escena y contó a la familia que los policías "no llegaron a abordarlo" ni a "ordenarle formalmente que se detuviera", que simplemente dispararon. "El tiempo que tardan en mirar hacia un lado es el mismo que tarda él en disparar", dijo Grazieli.En un comunicado al noticiero local SP1, de TV Globo, la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo confirmó que tanto la policía civil como la militar investigan el caso y que, según el registro policial, los agentes afirman haber disparado porque uno de los ocupantes de las motos hizo ademán de estar armado durante una fuga. La secretaría indicó que las imágenes de las cámaras corporales están siendo analizadas por el DHPP y por la corregiduría de la Policía Militar para esclarecer los hechos, y que Costa y Macedo fueron retirados de las calles y cumplen, por ahora, funciones administrativas. Ninguno de los dos agentes había sido formalmente imputado al momento de divulgarse las imágenes, y la investigación continúa sin fecha anunciada para su conclusión.

Una niña de 10 años fue alcanzada por una bala perdida en la tarde del sábado 22 de agosto mientras jugaba en un inflable (pula-pula) en Sapiranga, ciudad del Valle del Sinos, en la región metropolitana de Porto Alegre, en el estado sureño de Rio Grande do Sul. El caso fue reportado inicialmente por G1 Rio Grande do Sul, que recabó información con las autoridades locales.Según la policía, la menor sintió un ardor en el brazo durante el juego y fue trasladada al Hospital de Sapiranga para recibir atención. Una radiografía mostró que el proyectil había quedado alojado en su antebrazo derecho. La niña fue sometida a una cirugía para la extracción de la bala.Testigos que se encontraban en el lugar dijeron a la policía que no escucharon disparos, lo que dificulta reconstruir el momento exacto en que la niña resultó herida. Hasta la publicación del reportaje de G1, la Policía Civil de Sapiranga no había identificado el origen del disparo ni señalado sospechosos.Lo que se sabe hasta ahoraUn resumen de los hechos: la niña jugaba en un inflable cuando sintió la herida; fue trasladada al hospital municipal; los exámenes confirmaron la presencia del proyectil en el antebrazo; la bala fue retirada en cirugía; y el origen del disparo sigue bajo investigación policial.Los casos de bala perdida en Brasil suelen ser difíciles de investigar, precisamente por la ausencia de un blanco determinado y, muchas veces, de testigos que identifiquen el momento exacto del disparo. La Policía Civil de Sapiranga continúa investigando la trayectoria y el origen del proyectil, aunque G1 no informó un plazo para la conclusión de la investigación ni una fecha para una próxima actualización del caso.

La Policía Militar de Río de Janeiro lanzó en la mañana de este miércoles una operación en comunidades vinculadas al Comando Vermelho (CV), una de las mayores facciones del narcotráfico de Brasil, en la capital y en la región metropolitana de la Baixada Fluminense. Según la agencia estatal de noticias Agência Brasil, la policía detectó un plan de la facción para invadir el Complexo de Israel, un conjunto de favelas controlado por un grupo rival, el Terceiro Comando Puro (TCP). Al mismo tiempo, la corporación inició una ocupación por tiempo indefinido de las cinco comunidades que forman ese complejo, en la zona norte de la ciudad.De acuerdo con CNN Brasil, información de inteligencia indicó que integrantes del CV venían realizando reuniones para planear un avance sobre Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas y Pica-Pau, las comunidades que integran el Complexo de Israel y están bajo control del TCP. Para intentar frenar ese movimiento, la policía actuó en las comunidades de Quitungo, Guaporé, Furquim, Dique y Ficap, en la zona norte, y en Parque das Missões, en el municipio de Duque de Caxias, señaladas por la policía como zonas de influencia del CV. En total participaron 200 agentes, con apoyo de seis vehículos blindados, 40 patrullas y aeronaves de la unidad aérea policial.Cronología de la ofensivaLa secuencia de acciones comenzó el martes, cuando las policías Civil y Militar cumplieron órdenes de arresto contra presuntos integrantes del TCP en el Complexo de Israel, resultado de una investigación de la 38ª comisaría de Brás de Pina. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas Luana Rosa de Araújo, señalada por la policía como mano derecha de Álvaro Malaquias Santos Rosa, conocido como Peixão e identificado por las autoridades como uno de los principales líderes del TCP en la zona. Los equipos encontraron un inmueble presuntamente usado como bunker fortificado, con aberturas reforzadas para disparar, y se incautaron teléfonos y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericia.En el marco de la misma operación, agentes acudieron a la comunidad de Buraco do Boi, en Nova Iguaçu, para verificar información de inteligencia. Tres personas fueron detenidas en el lugar y un hombre señalado por la policía como responsable del narcotráfico en la región murió después de, según la policía, atacar a los agentes. Se incautaron dos fusiles, drogas y vehículos reportados como robados. Ninguna de las personas detenidas en ambos operativos ha tenido un desenlace judicial hecho público, y su responsabilidad individual permanece bajo investigación, conforme al principio de presunción de inocencia.Este miércoles comenzó la ocupación prolongada del propio Complexo de Israel. Más de 220 policías de unidades de operaciones especiales, entre ellas el Bope, el Batallón de Choque, una unidad canina y el 1º Comando de Policiamiento de Área, empezaron a patrullar las cinco comunidades las 24 horas, con relevos de turno realizados en el propio lugar. "Estamos haciendo un patrullaje preventivo y visible, junto con el sector de inteligencia. Hacemos rastrillajes con el batallón canino, el Bope y el Choque", declaró el vocero de la corporación, el mayor Maicon Pereira, a Agência Brasil.La policía informó que las principales vías rápidas de la ciudad, como las autopistas Linha Vermelha y Linha Amarela y la Avenida Brasil, serían cerradas de inmediato en caso de enfrentamiento armado durante la ocupación. Las autoridades también describen a Peixão como responsable de imponer, mediante una fachada religiosa, un control territorial violento sobre las comunidades, incluida una presunta persecución a residentes de otras religiones, según la caracterización hecha por la policía. La corporación no dio un plazo para el fin de la ocupación ni una fecha para concluir la pericia de los dispositivos incautados, pasos que deberán marcar la próxima etapa de las investigaciones contra ambas facciones.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), vinculado al Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, envio un oficio a la Secretaria de Seguridad Publica de Rio de Janeiro exigiendo una investigacion rigurosa sobre la golpiza y muerte del ciclista Claudio Rafael Landeiro, de 37 anos, ocurridas el 11 de agosto en Copacabana, en la zona sur de la capital fluminense. El organismo pidio informacion detallada sobre la investigacion y medidas por parte de las autoridades estatales, segun la columna Painel, del diario Folha de S.Paulo.El caso tuvo repercusion despues de que camaras de seguridad captaran la secuencia de agresiones. Claudio se habia detenido con una bicicleta, que pertenecia a su hermana, frente a una tienda en la esquina de las calles Barata Ribeiro y Belford Roxo. Segun la policia, vecinos de la zona sospecharon que la bicicleta era robada y avisaron a un guardia de seguridad de la calle. Poco despues, dos hombres vestidos como repartidores llegaron en bicicleta y comenzaron a hablar con la victima; un tercero aparecio con un palo y comenzo la golpiza, que sumo mas de 30 golpes de palo ademas de punetazos y patadas, segun reconstruyo CNN Brasil a partir de las imagenes.Cronologia del caso11 de agosto: Claudio es golpeado en la via publica en Copacabana y trasladado por bomberos al Hospital Municipal Miguel Couto, donde muere a causa de las heridas.19 y 20 de agosto: dos sospechosos son arrestados por la 12a Comisaria de Policia (Copacabana), a cargo de la investigacion.21 de agosto: un tercer sospechoso, identificado como Felipe Eduardo dos Santos Silva, se entrega a la policia en el barrio de Tijuca y queda bajo arresto temporal.24 de agosto: el diario O Globo revela que el servicio de seguridad callejera que operaba en la zona de Copacabana tambien sera investigado.26 de agosto: el CNDH formaliza el pedido de investigacion rigurosa ante la Secretaria de Seguridad Publica de Rio.Segun la familia de Claudio, la sospecha de robo que motivo el enfrentamiento inicial era falsa, ya que la bicicleta pertenecia a su hermana. Los familiares afirman que murio por un traumatismo craneal y una hemorragia interna provocados por los golpes. La policia identifico en total a cuatro sospechosos; tres ya fueron arrestados, dos en flagrancia y uno tras entregarse, mientras el cuarto sigue profugo. Ninguno de los investigados ha sido formalmente acusado por el Ministerio Publico hasta el momento, y todos permanecen bajo presuncion de inocencia mientras continua la investigacion de la 12a Comisaria.El caso tambien es seguido por la Comision de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Rio de Janeiro (OAB-RJ), segun O Globo. La Secretaria de Seguridad Publica de Rio no se habia pronunciado publicamente sobre el oficio del CNDH hasta la publicacion de esta nota. El proximo paso es la conclusion de la investigacion de la 12a Comisaria, que debera incluir la localizacion del cuarto sospechoso identificado y el examen del funcionamiento del servicio de seguridad callejera involucrado en el episodio, antes de que el caso pueda remitirse al Ministerio Publico para una eventual acusacion formal.

La Policía Civil de São Paulo envió este miércoles a la Policía Federal, en Brasilia, los documentos de la Operación Wi-Fi, realizada en junio contra el Instituto Conhecer Brasil (ICB), una ONG vinculada a la productora de una cinebiografía sobre el expresidente Jair Bolsonaro. El envío se produce después de que el ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizara el pedido de la Policía Federal para acceder al material, según informó G1.El ICB pertenece a Karina Ferreira da Gama, quien también es socia de la productora Go Up Entertainment, responsable del filme Dark Horse, sobre la trayectoria política de Bolsonaro. La Policía Civil de São Paulo investiga sospechas de fraude en un contrato de wifi público con la alcaldía de São Paulo, valorado en 108 millones de reales (unos 19 millones de dólares) al año. Ninguno de los investigados ha sido formalmente acusado; el caso se encuentra en fase de investigación y, como establece la ley brasileña, se presume su inocencia hasta que exista una condena.Cómo llegó el caso al STFLa investigación federal se abrió después de que Dino solicitara a la Contraloría General de la Unión (CGU) examinar enmiendas parlamentarias, el mecanismo por el cual los legisladores brasileños destinan fondos del presupuesto federal a proyectos específicos. Las enmiendas en cuestión, de los diputados Mário Frias, Marcos Pollon y Bia Kicis, fueron destinadas al ICB y a otra entidad, la Academia Nacional de Cultura (ANC), presuntamente coordinadas por el mismo grupo liderado por Gama. Los investigadores buscan determinar si ese dinero público pudo haber financiado la producción del filme sobre Bolsonaro.Ante el STF, la Policía Federal argumentó que el instituto está en el centro de la investigación sobre las enmiendas y que el material ya incautado por la policía estatal en las oficinas de la ONG, de la empresaria y de otras empresas vinculadas podría profundizar y acelerar la pesquisa federal. Dino consideró el pedido pertinente y conforme al criterio del tribunal para este tipo de intercambio de pruebas entre policías.Qué material fue entregadoSegún G1, los investigadores paulistas enviaron el expediente completo del caso estatal, con documentos, testimonios e informes de investigación, además de pruebas en bruto, como datos ya extraídos de teléfonos incautados. Algunos dispositivos aún no habían sido procesados por el instituto de criminalística estatal, ya sea por estar en lista de espera o por limitaciones técnicas para descifrar su encriptación. En esos casos, la Policía Civil envió los propios aparatos a la Policía Federal; si los peritos federales logran acceder a los datos, el contenido será compartido posteriormente con las autoridades de São Paulo.Con el material en mano, la Policía Federal planea analizar computadoras, teléfonos, documentos contables, facturas, comprobantes de pago y registros financieros relevantes para la investigación, además de detallar las relaciones empresariales de Gama y eventuales donaciones electorales vinculadas a los investigados. El financiamiento del filme ya generó repercusión política: el gobernador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, dijo este miércoles al diario Folha de S.Paulo que considera 'esclarecido' el episodio en que el senador Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) pidió fondos al banquero Daniel Vorcaro para producir Dark Horse, siempre que 'no aparezca ningún hecho nuevo'.No hay fecha definida para que la Policía Federal concluya su análisis bajo supervisión del STF. El próximo paso depende de si los investigadores logran extraer los datos de los dispositivos pendientes y de que finalice el análisis del material ya transferido desde São Paulo.

El Ministerio Público del estado brasileño de Roraima (MPRR) denunció ante la Justicia a los pastores evangélicos Wenderson Lima de Souza, de 32 años, y Arielly Kamila Moraes de Souza, de 24, por delitos sexuales contra al menos seis adolescentes en Boa Vista, la capital estatal. La denuncia fue presentada el 21 de agosto por la fiscalía especializada en delitos contra la dignidad sexual y contra niños y adolescentes, y su contenido fue revelado por G1 este miércoles (26). La pareja está prófuga desde julio, cuando la Justicia decretó su prisión preventiva.Según la denuncia, las víctimas identificadas por la Delegacia de Protección al Niño y al Adolescente (DPCA) tienen entre 12 y 17 años. El Ministerio Público sostiene que la pareja seguía un patrón: Wenderson hacía un primer acercamiento cordial y "bromista", mientras Arielly invitaba a las adolescentes y les ofrecía atención. Después, los dos aislaban a las víctimas, distorsionaban pasajes bíblicos para presentar los abusos como si tuvieran un propósito espiritual y se aprovechaban del temor reverencial de las jóvenes hacia la autoridad pastoral. El informe policial señala además que los investigados ofrecían dinero, incluso por transferencias instantáneas vía Pix, y otras ventajas a cambio de silencio.Wenderson fue denunciado por seis delitos: estupro de vulnerável (violación de persona vulnerable, figura del Código Penal brasileño que abarca a menores de 14 años y a personas incapaces de consentir), acoso sexual (importunação sexual), favorecimiento de la explotación sexual de adolescente o persona vulnerable, registro no autorizado de intimidad sexual, fraude procesal y falsedad ideológica. Arielly fue denunciada por violación de persona vulnerable, acoso sexual y fraude procesal. El MPRR pidió la condena de ambos y una indemnización por daños morales a las víctimas: 560.000 reales contra Wenderson y 195.000 reales contra Arielly.Cronología del casoAgosto de 2021: la congregación dirigida por la pareja registra su acta de fundación; la iglesia fue formalizada en 2022 en el barrio Cinturão Verde, en la zona oeste de Boa Vista, con Wenderson como presidente y Arielly como vicepresidenta.Abril de 2026: el representante legal de una adolescente de 14 años presenta una denuncia policial; otras cinco víctimas acuden a la policía después.27 de abril: según el testimonio de una víctima, la pareja deja Boa Vista llevándose el dinero de los diezmos y las ofrendas de la iglesia.16 de julio: la Policía Civil concluye la investigación e imputa formalmente a los dos, según informó CNN Brasil.Julio: la Justicia decreta la prisión preventiva de la pareja.21 de agosto: el MPRR presenta la denuncia ante la Justicia.Durante la investigación, la policía identificó a 11 posibles víctimas, pero cinco de ellas optaron por no prestar declaración, según CNN Brasil. Una joven de 20 años también fue imputada, sospechosa de destruir pruebas en el teléfono de Wenderson, por fraude procesal y corrupción de menores. La delegada Kamilla Basto, responsable del caso, lo calificó de "caso desafiante", por el "alto grado de disimulación de los investigados, que utilizaban precisamente la confianza de las víctimas como instrumento de dominación y silenciamiento". En reportajes anteriores, la policía informó que la pareja habría huido al vecino estado de Amazonas tras las primeras denuncias.G1 buscó a la defensa de los pastores, pero no recibió respuesta hasta la última actualización de su reportaje; CNN Brasil también informó que intentaba contactar a los abogados. Como la denuncia aún no ha sido analizada por la Justicia, Wenderson y Arielly tienen, en este momento, la condición de denunciados, y no de acusados en juicio, y conservan el derecho a la presunción de inocencia.El próximo paso del caso es el análisis de la denuncia por la Justicia de Roraima. Si el juez acepta la pieza del Ministerio Público, la pareja pasará a la condición de réus (acusados) y se abrirá el proceso penal, con audiencias e instrucción. No hay fecha definida para esa decisión. Las órdenes de prisión preventiva siguen vigentes y los dos continúan prófugos.

Una auditoría pericial privada contratada por GoUp Entertainment, productora de Dark Horse, la cinebiografía sobre el expresidente Jair Bolsonaro, no logró rastrear el origen de los recursos transferidos por el fondo estadounidense Havengate Development para financiar la película. La información fue divulgada por el diario O Globo y reproducida por Poder360 este miércoles. Según el periodista Eduardo Gonçalves, ese rastreo es considerado fundamental por la Policía Federal brasileña para determinar si la película fue utilizada para desviar recursos.El perito responsable de la evaluación, Anisio Castelo Branco, presidente del Instituto de Perícia Investigativa, dijo a O Globo que solo analizó los recursos efectivamente gastados por GoUp y que no tenía autorización para auditar el fondo Havengate. 'No sé cuánto se envió de Brasil a Estados Unidos, ni siquiera si se envió, porque no estoy investigando el fondo. No hablo por el fondo, no pertenezco a Havengate', afirmó.'Esa información escapa a nuestro alcance, no trabajamos con el fondo Havengate, no tenemos ningún contacto con él. Sobre cómo se capitaliza el fondo, no sé cuánto capital tiene, si tenía dinero solo de la película o si tenía R$ 100 millones, R$ 1.000 millones. Esa es información confidencial del fondo', agregó el perito al periódico.La controversia en torno a la película comenzó en mayo, cuando el portal Intercept Brasil reveló mensajes intercambiados entre el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, senador del PL, y Daniel Vorcaro, entonces dueño del Banco Master, que apuntaban a un acuerdo de cerca de R$ 134 millones para financiar la producción. Según Folha de S.Paulo, los pagos se habrían realizado mediante transferencias de una empresa vinculada a Vorcaro, Entre Investimentos e Participações, hacia Havengate, fondo con sede en Texas y controlado por Paulo Calixto, abogado de Eduardo Bolsonaro, diputado federal que vive en Estados Unidos. Según documentos de la Policía Federal, cerca de R$ 61 millones pasaron por el fondo rumbo a la película, cifra que Flávio terminó reconociendo haber recibido de Vorcaro tras negar inicialmente cualquier financiamiento del Banco Master.Investigación sobre los gastos de Eduardo BolsonaroLa Policía Federal investiga si parte de los recursos canalizados por Havengate se usó para cubrir gastos personales de Eduardo Bolsonaro durante su estadía en Estados Unidos. Eduardo niega haber recibido dinero de Vorcaro a través del fondo de inversión, y Flávio sostiene que los recursos se usaron íntegramente en la película. En mayo, al ser consultado por periodistas, Flávio dijo haber pedido tanto a la productora como al fondo que 'se organizaran para hacer una rendición de cuentas a todos, de forma transparente, de los gastos realizados en función de esta inversión en la película, en un plazo de 30 días'.Pese a la promesa, según Folha, Flávio delegó la divulgación del balance a GoUp y no cumplió el compromiso de transparencia específico sobre el fondo estadounidense. El 20 de agosto, el candidato afirmó que el caso Dark Horse era 'capítulo cerrado' y que ya no tenía obligación de hablar sobre el financiamiento de la película, pues el informe encargado por la productora ya se había filtrado a la prensa. Sin embargo, ese informe forma parte de una investigación separada sobre presunto mal uso de enmiendas parlamentarias en la producción y, según O Globo, no contiene información sobre el camino del dinero en el exterior, lo que deja sin responder la principal duda de la Policía Federal sobre el origen de los recursos.

El precandidato presidencial del PL, Flávio Bolsonaro, delegó a la productora Go Up Entertainment la divulgación del balance financiero de la película Dark Horse, cinebiografía sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, sin cumplir su promesa de transparencia sobre un traspaso realizado por el fondo estadounidense Havengate, que intermedió parte del financiamiento de la obra. La información es del diario brasileño Folha de S.Paulo.La polémica en torno a la película comenzó en mayo, cuando el sitio The Intercept reveló mensajes intercambiados entre Flávio y el entonces dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, en los que el senador pedía dinero para financiar la producción. Según esa investigación, el monto total negociado llegó a 134 millones de reales (unos 25 millones de dólares), de los cuales Vorcaro pagó efectivamente 61 millones de reales. Los recursos habrían sido transferidos por una empresa vinculada a Vorcaro, Entre Investimentos e Participações, al fondo Havengate, con sede en Texas y controlado por Paulo Calixto, abogado de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio. El episodio llevó a la Policía Federal a abrir una investigación para determinar si parte del dinero de la película sirvió para cubrir gastos de Eduardo Bolsonaro durante su estadía en Estados Unidos.El 19 de mayo, rodeado de legisladores del PL, Flávio dijo a periodistas que había pedido a la productora y al fondo que organizaran, en un plazo de 30 días, una rendición de cuentas transparente sobre los gastos de la inversión. Días antes ya había dicho que podría divulgar el contrato de financiamiento si sus abogados lo autorizaban, alegando que una cláusula de confidencialidad le había impedido, en marzo, admitir que conocía a Vorcaro. A fines de junio, al ser consultada por Folha, la campaña afirmó que Go Up ya había rendido cuentas, pero el balance divulgado por la productora no incluyó detalles sobre el trayecto del dinero hasta el fondo estadounidense.Perito no rastreó el dinero del fondo estadounidenseSegún un reportaje del diario O Globo, retomado por el sitio Poder360, el perito privado contratado por Go Up para evaluar las cuentas de la película, Anisio Castelo Branco, afirmó que solo analizó los recursos efectivamente gastados por la productora y que no tuvo autorización para auditar Havengate. "No sé cuánto se envió de Brasil a Estados Unidos, ni siquiera sé si se envió, porque no estoy investigando el fondo, no hablo por el fondo, no pertenezco a Havengate", declaró el perito al diario, y agregó que la información sobre el capital del fondo es confidencial y queda fuera del alcance del trabajo que realizó.La Policía Federal considera ese rastreo fundamental para determinar si la película fue utilizada para desviar recursos, según el periodista Eduardo Gonçalves, de O Globo. El informe del perito fue presentado en un proceso distinto que investiga la presunta mala utilización de enmiendas parlamentarias en la película, pero no contiene información sobre el destino del dinero en el exterior, según el diario. Eduardo Bolsonaro niega haber recibido dinero de Vorcaro a través del fondo, y Flávio sostiene que todo el dinero se usó "íntegramente" en la producción de la película.El 20 de agosto, Flávio calificó el caso Dark Horse como un "capítulo cerrado" y dijo que ya no tenía obligación de hablar sobre el financiamiento, argumentando que la rendición de cuentas encargada por la productora ya se había filtrado a la prensa. Folha señala que, pese a esa declaración, el compromiso original de transparencia sobre el traspaso del fondo estadounidense a la película sigue sin cumplirse por parte del candidato.

Un video grabado por vecinos muestra a policías militares destruyendo a martillazos y prendiendo fuego a bancos y mesas de concreto de la Praça José Lamacchia, en el barrio Bom Retiro, zona noroeste de Santos, en el litoral del estado de Sao Paulo. Según el diario brasileño G1, el hecho ocurrió durante un operativo realizado el lunes 24 de agosto, que la Policía Militar describió como una acción para desmantelar barricadas y puntos de apoyo al narcotráfico en la zona.Las imágenes, grabadas por testigos, muestran a los agentes golpeando con mazos las estructuras de concreto y prendiendo fuego a parte del mobiliario de la plaza. Las escenas generaron indignación entre los vecinos, que criticaron el operativo en redes sociales tras la difusión del video. En un comunicado a G1, la Policía Militar afirmó que el espacio estaba bajo el dominio de una organización criminal y se había vuelto inseguro e insalubre para uso de la comunidad, ya que las coberturas, bancos y mesas dificultaban el acceso de las fuerzas de seguridad y ponían en riesgo a los residentes.La corporación aseguró que el retiro del mobiliario tuvo un objetivo estrictamente de seguridad pública y que los materiales fueron retirados con apoyo de Terra Santos, la empresa concesionaria de limpieza urbana de la ciudad. Según la policía, el lugar contará ahora con vigilancia continua y será devuelto al uso de la población. La ocupación de estos espacios por el narcotráfico priva a los ciudadanos del derecho a la convivencia y el ocio, además de representar un riesgo permanente para la vida de los vecinos, señaló la corporación en la nota citada por G1.La alcaldía de Santos informó a G1 que la administración regional de la Zona Noroeste evaluará el lugar para determinar las reparaciones necesarias. El gobierno municipal también indicó que la Guardia Civil Municipal no fue convocada para el operativo y que no hubo aviso previo sobre la demolición de las estructuras; según la alcaldía, la empresa Terra Santos fue contactada directamente por la policía solo para retirar los escombros. G1 preguntó a la corporación si existía autorización formal para remover las estructuras, pero no obtuvo respuesta hasta la última actualización de la nota.Decomisos y antecedentes de violencia en la plazaDurante el operativo, los agentes incautaron 180,25 reales en efectivo, dos balanzas de precisión, un teléfono celular, dos paquetes de tubos usados para almacenar drogas, tres cuadernos de anotaciones y porciones de cocaína, marihuana y crack, según la policía. Los agentes también identificaron un punto de robo de agua en la zona y trasladaron al responsable a la comisaría.La Praça José Lamacchia ya fue escenario de varios enfrentamientos armados con víctimas fatales. En febrero de 2024, el policía de la Rota Samuel Wesley Cosmo murió de un disparo en el rostro mientras patrullaba solo un callejón cercano a la plaza, un episodio que dio inicio a la segunda fase de la Operación Verão en la región de Baixada Santista. Al mes siguiente, Edneia Fernandes Silva, de 31 años y madre de seis hijos, murió alcanzada por una bala perdida mientras conversaba sentada en un banco de la plaza. En abril del mismo año, la policía mató a Carlos Henrique Barbosa Garcia, de 26 años, quien según los agentes los había amenazado en el mismo lugar.

Un relevamiento inédito de Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, empresa brasileña de inteligencia de datos, muestra que los estafadores en Brasil están dejando de lado el tradicional robo de contraseñas para apostar por la 'clonación' de personas con herramientas de inteligencia artificial. La investigación, que analizó menciones en redes sociales sobre seguridad digital entre enero y julio de 2026, fue divulgada esta semana, y G1 tuvo acceso a varios de los casos relatados por víctimas.Según el estudio, los delincuentes ya usan IA para reproducir la voz o la apariencia de personas reales a partir de fotos, videos y otros contenidos disponibles en internet. Con ese material, crean identidades falsas o se hacen pasar por alguien conocido de la víctima para que el abordaje resulte mucho más convincente que las tácticas de estafa más genéricas.Nexus identificó 39.700 menciones relacionadas con problemas de seguridad digital que enfrentan los consumidores en redes sociales durante el período analizado. De ese total, 2.800 menciones, equivalentes al 7,3%, trataban específicamente sobre la manipulación de datos personales. El relevamiento también registró 9.100 menciones a Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil, asociadas a preocupaciones por fraudes.'El estudio también revela un contraste: mientras los delincuentes ya usan herramientas de IA para hacerse pasar por otras personas de formas cada vez más convincentes, los brasileños todavía intentan entender qué es un deepfake y cómo funcionan los nuevos tipos de estafa', afirmó Marcelo Tokarski, CEO de Nexus, a G1. El deepfake es la técnica que usa inteligencia artificial para crear o alterar imágenes, videos y audios de forma realista, pudiendo colocar el rostro de una persona en el cuerpo de otra o simular que alguien dice algo que nunca dijo.Estafas mapeadas por el estudioEntre los fraudes identificados está el llamado 'SIM swap', en el que los criminales se hacen pasar por la víctima para pedirle a la operadora telefónica un nuevo chip, alegando que el original fue robado o dañado. Cuando logran el cambio, el chip de la víctima deja de funcionar y el número comienza a recibir llamadas y mensajes en un dispositivo controlado por los estafadores, que así pueden interceptar códigos enviados por SMS e intentar restablecer contraseñas de cuentas en aplicaciones como Instagram y WhatsApp. Otro esquema identificado involucra perfiles falsos creados con datos de terceros para anunciar entradas de conciertos que no existen, dirigidos a usuarios que publican en redes sociales que buscan entradas para algún evento.Para Tokarski, 'identificar esta brecha entre el avance de la tecnología y la familiaridad de la sociedad con el tema es el primer paso para proteger el ambiente digital'. El estudio no detalla, por ahora, cuánto dinero perdieron efectivamente las víctimas de estafas de clonación por IA, pero refuerza una alerta que ya se había planteado sobre el uso de deepfakes en otros contextos, como la propaganda electoral.

Una disputa territorial entre facciones rivales del narcotrafico en Duque de Caxias, ciudad de la region metropolitana Baixada Fluminense, en el estado de Rio de Janeiro, ha dejado mas de diez muertos desde principios de agosto, segun informo el medio brasileno g1. El enfrentamiento confronta a traficantes de la comunidad de Pantanal con una faccion rival que controla la vecina comunidad de Corte Oito, e incluyo el lanzamiento de granadas mediante drones y ejecuciones atribuidas al llamado tribunal do trafico, una especie de juicio sumario que las facciones aplican contra presuntos informantes.La primera muerte de esta ola se registro el 8 de agosto en Pantanal, comunidad controlada por la faccion Terceiro Comando Puro. Desde entonces, 11 hombres han muerto, la mayoria de ellos, segun las investigaciones, vinculados al narcotrafico. Segun g1, siete ataques de la faccion rival Comando Vermelho contra Pantanal provocaron diez muertes de presuntos integrantes del bando rival. Se cree que una undecima victima fue ejecutada por sus propios aliados, acusada de pasar informacion al bando enemigo.El 17 de agosto, un vecino recibio un disparo en la cabeza mientras volvia de la iglesia con su hijo, y se convirtio en victima colateral del conflicto. Antes de eso, civiles de la zona ya habian sido alcanzados: en julio, una mujer mayor recibio un disparo en la espalda en la calle Venancio Adres, en el barrio Vila Leopoldina, cerca del territorio en disputa.Ataques con drones y represaliaEl domingo 23 de agosto, se lanzaron granadas mediante un dron sobre la comunidad de Corte Oito, controlada por Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conocido como Bochecha Rosa. Testigos consultados por g1 afirmaron que el ataque fue una represalia por las muertes registradas en el bando rival. Jonatha, actualmente profugo, ya habia sido filmado por el programa Fantastico, de la cadena Globo, portando una bazuca antidrones en el Complexo da Penha, en la zona norte de Rio, senalado como cuartel general de la faccion Comando Vermelho. Enfrenta investigaciones por robo, homicidio, asociacion para el narcotrafico y organizacion criminal.El conflicto tambien afecto servicios publicos en la zona. Segun la alcaldia de Duque de Caxias, cuatro escuelas publicas tuvieron actividades afectadas por los enfrentamientos u operativos policiales: una guarderia tuvo que activar su protocolo de seguridad en tres dias distintos, y al menos dos escuelas suspendieron actividades en dos dias cada una. El centro de salud de Pantanal cerro sus puertas el 18 de agosto y suspendio actividades externas en tres dias durante una semana.Consultada por g1, la Policia Militar informo que el 15o Batallon, responsable de Duque de Caxias, mantiene patrullaje activo con equipos a pie, en vehiculos y motopatrullas, ajustado segun los movimientos de la actividad criminal. Por su parte, la Policia Civil senalo que los homicidios estan siendo investigados por la Division de Homicidios de Baixada Fluminense, y que la unidad antinarcoticos de la region realiza a diario labores de inteligencia y detenciones para combatir la actuacion de las facciones.

La muerte de la consejera tutelar Maryna Colucci de Jesus, de 34 años, causó conmoción en Jacuí, en el sur del estado brasileño de Minas Gerais. Mujer trans, era conocida en la ciudad por su trabajo con la población y por su disposición a ayudar a quien la buscara, según el medio brasileño G1. Maryna desapareció el viernes anterior, tras salir de casa alrededor de la 1 de la tarde. Su cuerpo fue hallado enterrado en una zona rural del municipio el martes, a metro y medio de profundidad, en un lugar de difícil acceso cerca de una propiedad rural.Según la Policía Civil, Maryna fue víctima de feminicidio. El principal sospechoso es el sargento de la Policía Militar José Sérgio de Oliveira, de 42 años, quien confesó el crimen y guio a los investigadores hasta el lugar donde había enterrado el cuerpo. El jefe del 18º Departamento de la Policía Civil, Marcos Pimenta, dijo que durante el fin de semana, con información recogida de manera informal en la comunidad de Jacuí, surgió la posibilidad de que Maryna hubiera tenido una relación con el policía. Afirmó que el sospechoso llevó al equipo hasta el lugar donde relató "una desavenencia" seguida de "un disparo de arma de fuego"."Al principio, él nos llevó hasta un lugar donde dice que hubo una desavenencia y un disparo de arma de fuego. Después, ya asustado, llevó el cuerpo y lo desechó, cavando un hoyo en la zona rural cerca de una propiedad familiar", declaró Pimenta a G1.Oliveira fue detenido en flagrancia por ocultación de cadáver, y la Policía Civil también solicitó su prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio. Según el fiscal investigador, el crimen ocurrió mientras el sargento estaba fuera de servicio, sin actuar en su función policial, por lo que responderá "como ciudadano común". La Policía Militar informó que abrió un proceso administrativo para investigar el caso y evaluar la permanencia del militar en la corporación.Quién era MarynaLos familiares describen a Maryna como una persona tranquila y dedicada a su familia. Su hermana, Dalila Cristina de Jesus, dijo a G1 que Maryna era reconocida en toda la ciudad por su disposición a ayudar, "en el hospital, en la alcaldía, con las mayores autoridades de aquí", y que nadie hablaría mal de ella. Su madre, Regina Silva de Jesus, contó que la hija vivía con sus padres, mantenía una rutina cercana a la familia y no bebía ni fumaba. Su padre, Benedito de Jesus, recordó que el día de la desaparición estaba en casa con Maryna cuando ella recibió un mensaje en el celular y salió a encontrarse con alguien, diciendo que iba a hablar con un amigo.La búsqueda del cuerpo contó con la participación de policías civiles y militares y comenzó la mañana del martes, terminando esa tarde con la localización del cuerpo en una zona de difícil acceso sobre la carretera que conecta Jacuí con Fortaleza de Minas. El fiscal Marcos Pimenta afirmó que la policía trabaja ahora para resolver cualquier duda pendiente sobre las circunstancias de la muerte.

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil denunció a 12 personas acusadas de integrar una organización criminal liderada por una familia de Governador Valadares, una ciudad del estado de Minas Gerais conocida como un histórico punto de partida de emigrantes brasileños hacia Estados Unidos, especializada en el envío ilegal de personas al país norteamericano. Según la investigación, entre 2017 y 2023 el grupo facilitó el cruce de al menos 673 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores esquemas de contrabando de migrantes registrados en Brasil. La denuncia se presentó ante la Justicia la semana pasada y los 12 acusados responden en libertad.De acuerdo con el MPF, el grupo cobraba entre 50.000 y 100.000 reales por persona por la travesía clandestina y movió más de 40 millones de reales. Los denunciados responderán por organización criminal transnacional, contrabando de migrantes, uso de documentos falsos y lavado de dinero.Para los fiscales, el esquema era comandado por dos hermanos, encargados de captar a las víctimas y llevarlas hasta la frontera entre México y Estados Unidos. El padre también participaba del grupo y otros familiares se ocupaban del lavado de los recursos: en total, cinco de los 12 denunciados pertenecen a la misma familia. La investigación mapeó más de 300 transferencias bancarias hechas directamente por las víctimas a los hermanos, y el dinero circulaba por cuentas abiertas con documentos falsos o a nombre de terceros.Videos de agradecimiento y deudas forzadasSegún el MPF, los migrantes eran obligados a grabar videos agradeciendo y elogiando el servicio, material que luego se usaba para convencer a nuevas víctimas. Además del pago, el grupo exigía la entrega de vehículos, la firma de pagarés y de términos de confesión de deuda y poderes que permitían vender inmuebles a favor de integrantes del esquema. Los adultos también eran alentados a cruzar la frontera con niños para reducir el riesgo de deportación al llegar a Estados Unidos. Al menos 223 de los migrantes eran menores de edad, según la Operación Siblings de la Policía Federal, que investigó el caso.La Operación Siblings cumplió 14 órdenes de registro e incautación, 11 de ellas en Governador Valadares, dos en Espírito Santo y una en el Distrito Federal, según CNN Brasil. También se decretaron 11 medidas cautelares, con prisiones e incautación de pasaportes, además del secuestro de bienes que puede llegar a 43 millones de reales. Dos personas fueron detenidas en flagrancia durante la acción, una por posesión irregular de munición y otra por resistencia, y la policía incautó documentos, dinero en efectivo, joyas y vehículos.De acuerdo con la Policía Federal, la organización tenía núcleos especializados en la captación de migrantes, la compra de pasajes aéreos, las reservas de hoteles, la falsificación de documentos públicos y la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros. La policía estima que el grupo gestionó el viaje de 669 migrantes hacia Estados Unidos vía México y que más de 1.500 personas, entre adultos y menores, fueron víctimas del esquema. Para la PF, fue la mayor operación de contrabando de migrantes realizada en Governador Valadares en número de víctimas, y las penas por los delitos investigados pueden superar los 33 años de prisión.

La Policía Civil de Ceará arrestó la mañana del miércoles en San Pablo a un hombre de 21 años sospechoso de pertenecer al Comando Vermelho (CV), la facción criminal, y de participar en un esquema de amenazas y extorsión contra candidatos en la localidad de Forquilha, en el interior de Ceará, según informó G1. La policía no divulgó la identidad del sospechoso y difuminó las imágenes del arresto.Según la investigación, el hombre usaba perfiles en redes sociales para cometer los delitos contra candidatos de Forquilha, ciudad ubicada a 213 kilómetros de Fortaleza, capital del estado. El operativo fue realizado por la Policía Civil de Ceará con apoyo de la Policía Civil de San Pablo.El caso es el tercero en menos de una semana relacionado con miembros de la facción detenidos por exigir dinero a cambio de permitir campañas electorales en Forquilha. El 20 de agosto la policía ya había arrestado a Gean Barboza Fontenele, de 28 años, y Francisco Werlysson Feijão Silva, de 19, acusados de exigir 200.000 reales (unos 37.000 dólares) a candidatos a diputado para autorizar sus campañas en la ciudad.Cómo la policía identificó a los sospechososSegún G1, una llamada telefónica usada para amenazar a personas cercanas al alcalde de Forquilha, Edinardo Rodrigues Filho, del partido PSB, junto con un correo electrónico vinculado a ese número, permitió a la policía identificar a la pareja detenida en agosto. La investigación también señala que ambos sospechosos recibían órdenes de una mujer identificada como una de las líderes de la facción, que estaría prófuga en Río de Janeiro.Tras el arresto de este miércoles, el sospechoso fue trasladado a una unidad policial y quedó formalmente acusado en flagrancia de integrar una organización criminal, el mismo cargo aplicado a los dos primeros detenidos en el caso. Las investigaciones sobre la actuación del Comando Vermelho en la disputa electoral de Forquilha continúan.

Una operación policial contra integrantes de una organización criminal cumplió 48 órdenes judiciales este miércoles en cuatro estados de Brasil: Mato Grosso, Paraná, Goiás y São Paulo, por sospecha de narcotráfico y lavado de dinero. Según la investigación, difundida por G1 Mato Grosso, el grupo y empresas vinculadas a él movieron más de 12 millones de reales (unos 2,2 millones de dólares) entre 2024 y 2025.La acción, bautizada Operação Dissolução Forçada ("Operación Disolución Forzada"), incluyó 18 órdenes de allanamiento, el bloqueo de 24 cuentas bancarias que podrían sumar hasta 12 millones de reales, y la suspensión de actividades de seis empresas señaladas como fachadas para mover fondos de origen ilícito.En Mato Grosso, las órdenes se cumplieron en las ciudades de Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis y Matupá. La operación también llegó a Loanda, en Paraná, a Goiânia, capital de Goiás, y a la ciudad de São Paulo.Cómo habría funcionado el esquemaSegún la investigación, se sospecha que los recursos obtenidos mediante actividades criminales fueron movidos por personas físicas y empresas con el objetivo de ocultar el origen del dinero y darle apariencia legal, práctica conocida como lavado de dinero. El bloqueo de las cuentas bancarias y la interrupción de las actividades de las seis empresas buscan impedir que el dinero siga circulando y dificultar el funcionamiento financiero del grupo criminal.Los documentos y materiales incautados durante el cumplimiento de las órdenes judiciales serán analizados por la Policía Civil. Los procedimientos y eventuales incautaciones serán remitidos a la Delegación de Represión a Estupefacientes y Crimen Organizado (Draco) de Sinop, que profundizará la investigación para identificar el grado de participación de cada uno de los implicados en el esquema.

La Justicia Militar de Rio Grande do Sul condenó a cuatro policías militares por el delito de tortura contra el hincha Rai Duarte, golpeado en un baño del Estadio Passo D'Areia tras un partido de fútbol en mayo de 2022, según informó el medio brasileño G1. Las penas van de tres a ocho años de prisión.El episodio ocurrió el 1 de mayo de 2022, después del partido entre Brasil de Pelotas y São José, válido por la Serie C del campeonato brasileño, en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul. Según G1, agentes del 11º Batallón de la Policía Militar ingresaron al estadio para controlar una pelea entre hinchas tras el partido. Duarte, quien según la fiscalía no había participado en el conflicto, fue sacado de un autobús de la hinchada del Brasil de Pelotas y esposado por tres policías, sin que se aclarara el motivo de la detención. Fue llevado, junto con otros hinchas, a un baño del estadio, donde fue golpeado.Los condenados son los agentes Leandro Duarte Lemes, João Carlos Krauze y Kelli Lisiane Abreu Marques, además del teniente Dilnei Leon, quien comandaba el equipo policial ese día. Otros 13 policías militares que enfrentaban el proceso fueron absueltos por la Justicia Militar. El abogado de Duarte informó a G1 que planea apelar esas absoluciones.Duarte cayó en coma tras la golpiza, pasó 116 días hospitalizado y fue sometido a 14 cirugías. Según la fiscalía, citada por G1, el hincha sufrió lesiones graves, entre ellas hemorragia intraabdominal, ruptura de una arteria y choque hemorrágico. En una entrevista con la cadena brasileña RBS TV en julio de 2022, todavía internado, Duarte relató el episodio:"Me golpearon, me tiraron al suelo y después me llevaron al hospital", dijo el hincha, quien afirmó haber sido "golpeado cobardemente por 5 o 6 policías".La defensa niega los hechos y anuncia apelaciónEl abogado Fábio César Silveira, quien representa a Leon y Krauze, declaró a G1 que "la decisión contraría el conjunto probatorio del expediente" y dijo que apelará. La abogada Ana Carolina Stein, quien representa a Lemes, hizo una declaración similar, afirmando que "la decisión no refleja el conjunto de pruebas del expediente". La Justicia Militar no ordenó la prisión de los cuatro condenados, que apelarán la sentencia en libertad.Según la fiscalía, citada por G1, un total de 12 hinchas fueron golpeados durante más de 40 minutos esa noche, siempre esposados y sin ofrecer resistencia a los policías. La fiscalía también sostuvo que los agentes decían estar acostumbrados a golpear a hinchas del Brasil de Pelotas cada vez que el equipo visitaba Porto Alegre, y que los agresores llegaron a amenazar con "sembrar" drogas a los hinchas para incriminarlos, además de prometer represalias si se denunciaban las agresiones. Brasil de Pelotas es un club de fútbol con sede en la ciudad sureña de Pelotas, a unos 250 kilómetros de Porto Alegre.

El empresario João Carlos Mansur, expresidente del consejo de administración de la gestora Reag Investimentos, entregó a la Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) una propuesta de acuerdo de colaboración premiada con información centrada en Daniel Vorcaro, exaccionista controlador del Banco Master. La noticia fue divulgada este miércoles por la columnista Natália Portinari, de UOL Notícias.Según la investigación de UOL, reproducida por el sitio Times Brasil, la propuesta está en fase de ajustes finales antes de la firma formal y contiene 17 anexos con relatos de sospechas de delitos financieros. Como parte del acuerdo, Mansur deberá pagar cerca de 40 millones de reales (unos 7,7 millones de dólares) en multas, monto que correspondería a lo recibido de Reag durante su gestión en la empresa. El documento aún debe ser firmado formalmente y presentado al ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), para su eventual homologación.El eje central de la colaboración es Vorcaro. Según la reportería de UOL, Mansur describió negociaciones que habría mantenido directamente con el banquero y afirmó que, en esas tratativas, quedó claro que Vorcaro sabía de los supuestos desvíos de recursos del Banco Master.El sitio BNews, citando a la Revista Oeste, había informado dos días antes que la defensa de Mansur y la PGR ya habían llegado a un entendimiento sobre la mayor parte de los términos de una eventual delación. Según ese reporte, Mansur es investigado en dos frentes: el caso Banco Master y la Operación Carbono Oculto, lanzada en agosto de 2025 para investigar sospechas de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero en el sector de combustibles. Las tratativas para una colaboración premiada comenzaron a fines de 2025, inicialmente con una propuesta al Ministerio Público Federal en São Paulo que no prosperó.Mansur y Vorcaro mantenían relaciones comerciales y llegaron a estar representados por el mismo abogado, José Luís Oliveira Lima, conocido como Juca. En marzo, según BNews, los investigadores llegaron a considerar la posibilidad de que ambos presentaran relatos complementarios en acuerdos de colaboración separados.El caso Banco MasterVorcaro fue arrestado en noviembre de 2025 en un aeropuerto cuando intentaba salir del país en un jet privado con destino a Malta, el mismo día en que la Policía Federal lanzó la Operación Compliance Zero y el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial de la entidad. El caso es señalado como uno de los mayores esquemas de fraude bancario descubiertos en Brasil, con sospechas de desvío de recursos que sumarían miles de millones de reales. Banco Master, un banco privado, ofrecía productos de inversión de alto rendimiento pese a no contar con los activos para respaldarlos, un esquema que los investigadores describen como similar a una pirámide financiera.

Al menos dos autobuses fueron tomados por criminales y usados como barricadas en la Zona Norte de Rio de Janeiro la manana de este miercoles, 26 de agosto, segun G1. Los vehiculos fueron atravesados en las calles Clarimundo de Melo y Ernani Cardoso, en el barrio de Cascadura, de acuerdo con la asociacion de transportistas Rio Onibus.Los bloqueos ocurrieron durante una operacion conjunta de la Policia Militar de Rio en las comunidades de Campinho y Fuba, con equipos del 9 Batallon (Rocha Miranda) y del 18 Batallon (Jacarepagua). Segun el mando de la operacion, el objetivo era reprimir al crimen organizado en la zona.De acuerdo con la policia, criminales armados se enfrentaron con los agentes y huyeron hacia una zona boscosa, donde los equipos mantienen un cerco para intentar localizar y detener a los sospechosos. Durante la accion fue incautada una pistola. La policia tambien senalo que los criminales habrian secuestrado los autobuses durante la fuga y los atravesaron en las vias para dificultar el desplazamiento de los agentes, una tactica usada en Rio para retrasar a las fuerzas de seguridad durante incursiones en comunidades controladas por grupos armados.El operativo policial en la zona fue reforzado, y los agentes trabajan para liberar las vias y restablecer el flujo de transito. Hasta la ultima actualizacion de G1, no se habian reportado heridos.Lineas de autobus afectadasRio Onibus informo que 19 lineas que pasan por la region tuvieron impactos en sus itinerarios, entre ellas las lineas 353 (Gardenia Azul-Terminal Gentileza), 624 (Mariopolis-Praca da Bandeira), 745 (Bangu-Cascadura) y 979 (Madureira-Fundao). La operadora no preciso cuando el servicio volvera a la normalidad en esas rutas.

El Consejo de la Justicia Federal (CJF), organismo que coordina el sistema de tribunales federales de Brasil, liberó un nuevo lote de pagos atrasados del INSS (Instituto Nacional del Seguro Social, el organismo previsional brasileño) destinado a jubilados, pensionistas y otros beneficiarios que ganaron juicios contra la institución, según informó el miércoles el diario Folha de S.Paulo. El lote incluye procesos cuya solicitud de pago fue registrada en julio de 2026.Según el reporte, se liberaron 2.745 millones de reales (unos 500 millones de dólares) específicamente para saldar atrasos de acciones previsionales y asistenciales, como revisiones de jubilaciones, subsidios por enfermedad y pensiones. La cifra cubre 125.963 procesos judiciales y beneficia a 173.283 personas. Si se suman causas de otras áreas del derecho procesadas en el mismo lote, el monto total liberado por la Justicia llega a 3.300 millones de reales, de acuerdo con Folha.Cómo funciona la liberación de fondosCada tribunal responsable del proceso libera el dinero según su propio cronograma. Durante la etapa de procesamiento, el tribunal abre una cuenta en Caixa Econômica Federal o en Banco do Brasil, los dos grandes bancos estatales del país, para depositar los fondos. Una vez concluido el procesamiento, el beneficiario puede consultar en el sitio web del tribunal en qué banco quedó disponible el pago.Los atrasos solo se pagan tras la conclusión del proceso judicial, cuando la Justicia emite la llamada orden de pago. Esto ocurre después del 'trânsito em julgado', la etapa procesal en la que el fallo se vuelve definitivo y ninguna de las partes puede presentar más recursos. Es decir, solo entran en estos lotes de liberación quienes ya ganaron su causa de forma irrecurrible. Para verificar los detalles de su caso, como el monto a recibir y la fecha de disponibilidad, el beneficiario debe ingresar al sitio del tribunal que juzgó su acción. Folha obtuvo los datos directamente del CJF.

El Consejo Regional de Odontología del Distrito Federal (CRO-DF), el organismo que regula la profesión en la capital de Brasil, decidió por unanimidad revocar la licencia del cirujano dentista Gustavo Chiovatto Najjar, acusado de violación por al menos ocho pacientes y ya condenado en uno de los casos. La decisión, tomada a comienzos de agosto, todavía debe ser confirmada por el Consejo Federal de Odontología para tener efecto definitivo, según G1.En el documento de la decisión, los consejeros afirmaron que la conducta de Najjar violó deberes de 'respeto, dignidad, buena fe, lealtad, probidad y protección de la persona atendida', además de comprometer la confianza en la relación entre dentista y paciente. Ante la 'excepcional gravedad de las infracciones éticas reconocidas', el colegiado consideró la revocación de la licencia una medida adecuada y proporcional.Condena y otras denunciasEn 2024, Najjar fue condenado por el 3er Juzgado Penal de Brasília a seis años de prisión, en régimen inicial semiabierto, por uno de los casos de violación. En ese momento, la defensa informó que apelaría la sentencia. Según la investigación de la Policía Civil, la víctima conoció al dentista por redes sociales y acudió a su consultorio para una evaluación relacionada con un procedimiento estético.La mujer relató a la policía que, durante la consulta, Najjar comenzó a hacerle preguntas sobre su cuerpo y luego la agredió sexualmente. Exámenes del Instituto Médico Legal (IML) hallaron lesiones compatibles con abuso sexual, y una prueba de ADN identificó material genético compatible con el del dentista a partir de espermatozoides encontrados en el material biológico recolectado de la víctima. Tras la primera denuncia, otras siete mujeres acudieron a la Policía Civil con relatos similares.G1 señaló que buscó a la defensa de Najjar para comentar sobre la revocación de su licencia, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de la nota original. El medio afirmó que el espacio permanece abierto para que se manifieste.

El auditor fiscal de la Receita Federal de Brasil Francisco Eliezer Viana da Silva, sospechoso de recibir R$ 6,8 millones en sobornos de un esquema de fraudes en importaciones en el Aeropuerto de Fortaleza, en el noreste de Brasil, intentó deshacerse de su propio celular lanzándolo al tanque del inodoro al notar la llegada de los agentes de la Policía Federal que fueron a detenerlo el martes (25). La información fue transmitida al portal g1 por una fuente vinculada a las investigaciones.Según la investigación del g1, los agentes tuvieron que forzar la entrada al apartamento del auditor porque él no respondió al llamado para abrir la puerta. Al entrar en el inmueble, el equipo descubrió que el celular había sido lanzado al tanque de agua del inodoro. El aparato fue recuperado, pero aún no se sabe si será posible restaurar los archivos. La detención ocurrió en la Operación Snooker 2, acción conjunta de la Receita Federal (el fisco federal brasileño), la Policía Federal y el Ministerio Público Federal que cumplió 15 órdenes de búsqueda y aprehensión en Fortaleza, Caucaia y Eusébio, en el estado de Ceará, y en Salvador, en Bahía. Dos empresarios, Rodolfo Sergio Martins Maia y Hugo Andrade Mendonça Santos, fueron detenidos en Bahía, y bienes como autos y relojes de lujo fueron incautados.Funcionario de carrera del fisco desde 1994, Eliezer ocupaba el cargo en el Aeropuerto de Fortaleza desde diciembre de 2016 y recibía un salario mensual de más de R$ 30 mil. En junio de 2026, cuando ya era investigado, llegó a recibir R$ 44 mil por una gratificación navideña. Actuaba en la oficina de la inspección del aeropuerto y es señalado por los investigadores como jefe de la organización criminal, activa desde al menos 2020, bajo sospecha de interferir irregularmente en despachos aduaneros y de filtrar información confidencial de comercio exterior a cambio de sobornos.El esquemaDe acuerdo con las investigaciones, el grupo estaba dividido en cuatro núcleos (público, empresarial, financiero y auxiliar) y actuaba en dos frentes. En uno de ellos, una importadora administrada por un empresario de Ceará traía joyas de plata y las declaraba como bisutería de metal común, de valor tributario mucho menor, con el apoyo de Eliezer para obtener informes periciales fraudulentos. En el otro, una pareja de empresarios de nacionalidad china subfacturaba productos electrónicos para pagar menos impuestos, también con la intercesión del auditor; el soborno pagado por ese grupo se estima en al menos R$ 2,5 millones.La Receita Federal identificó movimientos superiores a R$ 27 millones entre empresas vinculadas al esquema y la adquisición de unos R$ 31,8 millones en criptoactivos sin compatibilidad con los ingresos declarados. Más de R$ 26 millones ya fueron bloqueados en cuentas de empresas y personas físicas, además de la incautación de vehículos importados y de una embarcación de lujo. Según el diario local Diário do Nordeste, la Justicia también ordenó el bloqueo de hasta R$ 40 millones en cuentas de personas jurídicas.Los investigados pueden responder por organización criminal, corrupción, lavado de dinero y fraudes en operaciones de importación. Al g1, el abogado de Eliezer, Marcelo Oliveira, dijo haber recibido con sorpresa la decisión de prisión, ya que el auditor ya había sido blanco de una orden de búsqueda y aprehensión y había sido denunciado formalmente por el Ministerio Público, sin hechos nuevos desde entonces. Según él, la defensa está tomando "todas las medidas jurídicas necesarias para revertir la prisión decretada, además de la demostración de su inocencia en la acción penal". El g1 no logró localizar a las defensas de los dos empresarios detenidos.

El brasileño Gabriel Oliveira Araújo Vieira, de 24 años, murió en Camboya en julio de 2025 bajo sospecha de haber sido víctima de una red de trata de personas, y su cuerpo recién fue repatriado a Brasil casi un año después, según un reportaje publicado por el diario Folha de S.Paulo este martes. El caso forma parte de una serie del periódico llamada 'Carga Humana', que investiga a brasileños reclutados para trabajar en el país asiático y luego atrapados en esquemas de estafas digitales.Según el reportaje, el cuerpo de Gabriel permaneció cerca de un año en la funeraria Evergreen, ubicada detrás de un templo budista en la capital, Phnom Penh, hasta ser entregado a la familia. Sus padres, la profesora Leniêr Quirino, de 54 años, y el veterinario Daniel de Araújo Vieira, de 55, rechazaron la opción, más barata y habitual entre familias de extranjeros fallecidos en el país, de recibir solo las cenizas, porque necesitaban tener la certeza de que el cuerpo era realmente el de su hijo. La empresa que supuestamente empleaba a Gabriel dijo a la familia, por mensaje, que la muerte se debió a la explosión de un microondas, pero no presentó ninguna prueba que respaldara esa versión.Según Folha, Gabriel tenía formación técnica en tecnología de la información y aceptó una oferta de empleo en Bangkok, Tailandia, atraído por la promesa de alojamiento, comida y pasajes aéreos incluidos. El reportaje señala la trata de personas como la principal hipótesis de lo que le ocurrió después. Camboya se convirtió en 2025 en el principal destino de víctimas brasileñas registradas bajo el Protocolo Operativo Estándar de Atención a Víctimas de Trata Internacional de Personas, según datos del Ministerio de Justicia citados por el diario.El caso de DanielaEl nombre de Gabriel aparece vinculado al de Daniela Marys de Oliveira, arquitecta de Minas Gerais graduada por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), quien permanece presa en Camboya. Según un reportaje de CNN Brasil, Daniela, entonces de 35 años, se había mudado al país a comienzos de 2025 para ocupar un puesto de telemarketing, pero se negó a continuar cuando descubrió que el trabajo formaba parte de un esquema de estafas por internet. Su familia asegura que, como represalia, criminales colocaron drogas entre sus pertenencias para incriminarla y luego extorsionaron a la familia, amenazando con venderla para explotación sexual si no pagaban un rescate.Daniela fue juzgada por el Tribunal de Justicia de Camboya sin intérprete y condenada, el 12 de noviembre de 2025, a dos años y seis meses de prisión por posesión y uso de drogas, según CNN Brasil. La familia tenía un plazo de 30 días tras la sentencia para apelar las pruebas presentadas por la fiscalía. Consultado por la cadena, el Itamaraty (cancillería brasileña) informó que la Embajada de Brasil ha venido realizando gestiones ante el gobierno camboyano y prestando la asistencia consular correspondiente a Daniela, conforme al Protocolo Operativo Estándar de Atención a Víctimas Brasileñas de Trata Internacional de Personas.Ambos casos, cubiertos por medios distintos, ilustran un patrón identificado por las autoridades brasileñas: el reclutamiento de trabajadores con ofertas de empleo aparentemente ventajosas en el sudeste asiático, seguido de la retención de documentos, la coacción para participar en estafas digitales y, en algunos casos, violencia o muerte cuando las víctimas se resisten.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó que la información recabada por la policía civil de San Pablo sobre la productora de la película Dark Horse sea compartida con la Policía Federal, según una nota publicada el martes 25 de agosto por el diario Correio Braziliense. La decisión abre un nuevo frente de investigación dentro de la corporación federal, que ya indaga el caso bajo otra causa.La película, una biografía del expresidente Jair Bolsonaro, fue financiada por Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y actualmente detenido. En junio, la policía civil de San Pablo realizó un operativo contra Karina Ferreira Gama, dueña de Go Up Entertainment, la productora responsable del filme. Los allanamientos también alcanzaron al Instituto Conhecer Brasil (ICB), otra empresa de Gama que mantiene contratos por 108 millones de reales (unos 22 millones de dólares) con la alcaldía de San Pablo.Según el Correio Braziliense, el operativo paulista se centró en rastrear el destino de las "emendas parlamentares" (fondos que los legisladores brasileños destinan de forma individual a proyectos específicos) enviadas por el diputado federal Mário Frias, del partido PL, a la productora. De acuerdo con las pesquisas, Frias destinó 2 millones de reales al grupo de Gama en 2024. En los allanamientos se incautaron documentos, celulares y computadoras que ahora podrían nutrir la investigación de la Policía Federal, que corre bajo secreto de sumario en el Supremo.Dos frentes de investigaciónLa policía civil y la Policía Federal mantienen pesquisas con focos distintos, señala el diario. La Policía Federal busca determinar si hubo lavado de dinero en el envío de fondos para la película y si parte de esos recursos sirvió para mantener en Estados Unidos al diputado federal destituido Eduardo Bolsonaro. Por separado, los montos empleados en la producción del filme y su relación con el Banco Master se investigan en otra causa, a cargo del ministro del STF André Mendonça, que también examina la eventual participación del precandidato presidencial del PL, el senador Flávio Bolsonaro.Las investigaciones sobre la productora comenzaron luego de un pedido de Dino, relator en el STF de causas sobre la trazabilidad y transparencia de las emendas parlamentares, para que la Contraloría General de la Unión (CGU) examinara el envío de fondos de los diputados Mário Frias, Marcos Pollon (PL-MS) y Bia Kicis (PL-DF) al ICB y a la Academia Nacional de Cultura. El Correio Braziliense reportó que, extraoficialmente, investigadores se han quejado de la demora de Mendonça en autorizar diligencias solicitadas en la causa bajo su relatoría.El caso cobró notoriedad en mayo, cuando salieron a la luz conversaciones entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro en las que el senador reclamaba al banquero el pago de los 134 millones de reales prometidos para producir Dark Horse, de los cuales 61 millones habrían sido efectivamente transferidos, según el diario Folha de S.Paulo. Tras filtrarse los diálogos, Flávio afirmó públicamente estar "100% dispuesto" a divulgar el contrato de la película con Vorcaro, pero hasta la publicación de la nota de Folha el martes, el documento no había sido presentado.

Un joven de 21 años fue detenido temporalmente por la Policía Federal de Brasil el martes 25 de agosto, bajo sospecha de participar en un esquema de fraude a beneficios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), el organismo que administra las pensiones y prestaciones sociales públicas del país. Según el diario G1, el sospechoso trabajaba como pasante en una oficina del INSS en el barrio de Itapuã, en Salvador, capital del estado de Bahía, y está señalado como integrante de una organización criminal que, según los investigadores, causó pérdidas por 3,5 millones de reales.De acuerdo con la Policía Federal, el grupo es sospechoso de insertar datos falsos en los sistemas del INSS y de defraudar 97 beneficios previsionales identificados hasta el momento. La investigación comenzó hace unos cuatro meses, después de que la policía detectara movimientos irregulares en el sistema utilizado por la oficina de Itapuã. Entre las prácticas descritas por los investigadores, el grupo habría registrado representantes legales en cuentas de beneficios sin autorización ni conocimiento de los titulares, lo que permitía a esos representantes retirar los pagos mensuales y montos retroactivos.Los investigadores también hallaron casos de beneficios suspendidos que fueron reactivados de forma indebida, liberando pagos retroactivos, y fraudes vinculados a la "prueba de vida", un trámite periódico que Brasil exige para confirmar que el titular de un beneficio sigue con vida. Como resultado, el sistema del INSS llegó a registrar beneficiarios de más de 100 años que aún recibían pagos. La policía señaló que el hecho de que los representantes legales fraudulentos estuvieran registrados en distintos estados de Brasil sugiere que la organización podría operar en varias regiones del país.Beneficios presuntamente falsos desde su creaciónLa investigación también encontró casos en los que los beneficios habrían sido fraudulentos desde su origen: según la Policía Federal, se usaban datos de personas con derecho a jubilación para generar beneficios antes de que esas personas presentaran una solicitud formal ante el INSS. La policía estima que, de no haberse descubierto el esquema, las pérdidas totales podrían haber llegado a 99 millones de reales.Además de la detención del pasante, un segundo sospechoso de 18 años fue blanco de una orden de allanamiento. En total, la operación ejecutó dos órdenes de allanamiento y una detención temporal en Salvador. Según la Policía Federal, los involucrados podrían enfrentar cargos de estafa agravada, asociación criminal e inserción de datos falsos en un sistema de información. El operativo se realizó en conjunto con la Coordinación General de Inteligencia del Ministerio de Previsión Social, y la investigación continúa con el objetivo de identificar a otros integrantes del grupo y determinar el alcance total del perjuicio a las arcas públicas.

El agente de la Policía Federal brasileña Gabriel Moraes Ferreira dos Santos fue condenado a 26 años y 7 meses de prisión por facilitar el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes, en Manaos, capital del estado de Amazonas, y por filtrar información confidencial de la corporación a un grupo criminal. La sentencia, dictada por la Justicia Federal, establece régimen inicial cerrado y la pérdida del cargo público, según informó G1 Amazonas.Según la denuncia del Ministerio Público Federal (MPF), Santos aprovechaba su acceso a áreas restringidas del aeropuerto para colocar bolsos con droga en la zona de embarque doméstico. También se le acusa de haber accedido indebidamente a los sistemas internos de la Policía Federal para obtener datos sobre investigaciones en curso y transmitirlos al grupo criminal.La Justicia Federal lo condenó por los delitos de tráfico de drogas, asociación para el tráfico, lavado de dinero, violación de secreto profesional y uso indebido de acceso restringido. Además de la pena de prisión, recibió 2.456 días multa, una sanción calculada como múltiplo del ingreso diario según la legislación brasileña.Otros tres condenadosEl esquema, que transportaba drogas desde Amazonas hacia otros estados de Brasil, también involucraba a un responsable de la logística y a dos transportadores, identificados como Attilio Barbosa de Castro Neto y Pedro Felipe Melo de Souza. Según la denuncia, ambos ingresaban al aeropuerto con mochilas vacías, pasaban el control de seguridad y luego recibían otras mochilas ya cargadas con estupefacientes. Cada uno fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión. El responsable de la logística, identificado como Joel Santos Ramos, recibió una pena de 16 años, 9 meses y 7 días en régimen inicial cerrado, además de 2.056 días multa.Las detenciones se produjeron durante la Operación Gatekeeper, lanzada por la Policía Federal en marzo de 2025, cuando también se cumplieron seis órdenes de allanamiento. La causa penal se tramita en el 2º Juzgado Federal de la Sección Judicial de Amazonas, bajo el número 1004955-21.2025.4.01.3200.En una decisión publicada en junio de 2026, la Justicia Federal mantuvo la prisión preventiva de los dos transportadores. El juez federal Thadeu José Piragibe Afonso señaló que ambos habían realizado decenas de viajes interestatales compatibles con el esquema investigado, lo que justificaba mantener la medida. En ese momento, Santos estaba sujeto a medidas cautelares alternativas a la prisión, determinadas por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), mientras que Ramos permanecía prófugo, con orden de prisión preventiva decretada. G1 informó que intentaba localizar a la defensa de los condenados mencionados en el reportaje.

Dos policías militares fueron detenidos en flagrancia la mañana de este lunes (24), sospechosos de robar a tres jóvenes a mano armada y de violar a una adolescente de 17 años en la zona este de São Paulo. Según la Policía Civil, encargada de las investigaciones en Brasil, los agentes estaban fuera de servicio cuando ocurrieron los crímenes, durante la madrugada, y fueron reconocidos por las víctimas en la comisaría 24ª, en el barrio de Ponte Rasa, donde se registró el caso. La Policía Militar es la fuerza uniformada que patrulla las calles.Según el portal G1, los policías fueron identificados como Victor Miguel Sebastião da Silva y Willian Santana Santos. El diario Metrópoles informó que ambos integran la 2ª Compañía del 2º Batallón de Policía Militar Metropolitano, unidad que opera en la zona este de la ciudad.Las víctimas, dos jóvenes de 17 y 18 años y un muchacho de 19, contaron a la policía que estaban en una fiesta en una gasolinera de la avenida Itaquera cuando aceptaron que dos hombres los llevaran en un Volkswagen Fox gris. El grupo pasó antes por un restaurante de comida rápida cerca de la avenida Jacu-Pêssego, hasta que el recorrido cambió: uno de los hombres sacó un arma de fuego, anunció el robo e impidió que los tres salieran del auto. Las jóvenes entregaron sus celulares, mientras el muchacho logró esconder el suyo.El vehículo siguió hacia una zona desierta cerca del Parque Jacuí, en Jardim Pantanal, en el extremo este de la ciudad. Allí, según el parte policial, el sospechoso armado ordenó al otro hombre salir del auto con la joven de 18 años y el muchacho, se quedó a solas con la adolescente y la obligó a tener relaciones sexuales bajo grave amenaza. "Dijo que iba a disparar si ella no hacía lo que él mandaba", contó la hermana de la víctima a G1. Después del crimen, la pareja aún recorrió la zona con los jóvenes antes de abandonarlos; el trío encontró una patrulla de la Policía Militar y pidió ayuda.Reconocimiento y detenciónDurante el registro del caso, los policías constataron que el auto descrito por las víctimas pertenecía a un policía militar que iniciaría su turno aquella mañana. El comandante de la compañía llevó a los dos agentes a la comisaría 24ª, donde las tres víctimas los reconocieron personalmente, sin saber que los sospechosos eran policías. Uno fue señalado como coautor del robo; el otro, como autor del robo y de la violencia sexual. La comisaria ordenó la detención de ambos, en un acto acompañado por un oficial de la Corregiduría. Según Folha de S.Paulo, los dos fueron llevados a la prisión militar Romão Gomes, en la zona norte.En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que la Policía Militar "no tolera desvíos de conducta" y actuó con firmeza al presentar a los agentes ante la Policía Civil. El caso se investiga mediante una pesquisa interna militar y también por la Policía Civil. La adolescente pasó por un examen forense, según la familia, que dice temer represalias tras la difusión del caso.

La Policía Militar de Río de Janeiro anunció este lunes (24) una ocupación por tiempo indeterminado de los barrios de Vigário Geral, Parada de Lucas y Cordovil, en la zona norte de la ciudad, una región conocida como Complexo de Israel. La información fue publicada por Folha de S.Paulo y confirmada por G1.Territorio dominado por el TCPEl territorio está controlado por el Terceiro Comando Puro (TCP), principal rival del Comando Vermelho, dos de las mayores facciones de narcotráfico de Brasil. Según Folha, la región recibió el apodo de Complexo de Israel por el perfil de dominación del traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conocido como Peixão. Las investigaciones señalan que el grupo persigue las religiones de matriz africana dentro de su área de dominio y utiliza símbolos de Israel, como la bandera del país y nombres mencionados en el Antiguo Testamento.También según Folha, cuatro personas fueron detenidas este lunes en una operación policial que intentó contener la actuación del TCP en la región, marcada por el robo de vehículos y de cargas. La acción también tuvo como objetivo la intolerancia religiosa practicada por el grupo. La facción reaccionó: dos camiones fueron incendiados y los dos sentidos de la avenida Brasil, la principal vía expresa de Río, llegaron a ser cerrados. Los policías incautaron dos fusiles, dos granadas, drogas y un radiotransmisor.Cómo será la ocupaciónLa ocupación comenzó en la tarde de este lunes. En un comunicado, la Policía Militar afirmó que el objetivo es "restablecer la sensación de seguridad de la población". Según la corporación, la región ha sido blanco de acciones criminales, como la instalación de barricadas, la apertura de zanjas por parte del narcotráfico en vías de acceso y cerca de residencias, además de episodios de intolerancia religiosa promovidos por integrantes de grupos criminales.Los policías harán cerco y patrullaje en los alrededores de las comunidades de Parada de Lucas, Cordovil, Pica-Pau y Cinco Bocas, con apoyo de ambulancias. Además de los batallones de la zona, participan en la acción la unidad aeromóvil, el batallón especializado en vías expresas y el batallón de motocicletas, que actuarán en vías como la avenida Brasil y la carretera Presidente Dutra.G1 también informó que la policía ocupará el Complexo de Israel por tiempo indeterminado y que el área está dominada por el TCP. Días antes, el viernes (21), una operación en la región encontró coches y barricadas con explosivos; un conductor de autobús fue alcanzado por una bala perdida y un hombre murió en un tiroteo, según G1. La acción policial en la zona también afectó el funcionamiento de unidades escolares y de salud.

La Policía Federal de Brasil afirma que la lobista Roberta Luchsinger, investigada por presunto tráfico de influencias en negocios con el gobierno federal, realizó "significativas movimentaciones de dinero en especie" y usó parte de esos valores para pagar pasajes aéreos de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, el hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las afirmaciones constan en el documento que fundamentó la apertura de una investigación policial contra Lulinha, revelado este lunes (24) por los diarios Folha de S.Paulo y O Estado de S. Paulo. El caso tramita en el Supremo Tribunal Federal (STF) bajo secreto, con el ministro André Mendonça como relator.Según Folha, que tuvo acceso al texto, la PF destaca que el 25 de junio de 2025 el chofer de Roberta hizo "dos recolecciones en efectivo con un tercero desconocido", por R$ 100.000 y R$ 200.000. De ese total, R$ 50.000 fueron transferidos a una agencia de viajes que había emitido billetes para Lulinha y para la lobista. Ese mismo día, el servicio de la agencia fue usado para pagar pasajes de R$ 2.000 para ambos, de Brasilia al aeropuerto de Congonhas, en São Paulo.Dos meses después, el 25 de agosto de 2025, Roberta relató al empresario Cléber Ribas, en un diálogo transcrito por los investigadores y obtenido por O Estado de S. Paulo, que había avisado a Lulinha de que cortaría los pasajes ante la demora en los pagos de un empresario:"Oye, Fábio, ahora se acabó porque la casa cuesta alrededor de R$ 100.000 por mes, así que ya no va a ser posible seguir con esos pasajes"Según el relato de la lobista, Lulinha respondió que pasaría a pedir los pagos directamente a los empresarios. Para la PF, "se infiere que sería habitual el pago de pasajes aéreos a Fábio, y que se esperaba que ese suministro terminara en virtud del surgimiento de otro gasto relacionado con un inmueble". La corporación afirmó, sin embargo, que es necesario profundizar la investigación para esclarecer con mayor precisión lo que Roberta quiso decir.La casa en Brasilia y la investigación en el STFRoberta no dejó claro a qué inmueble se refería. Un proceso laboral presentado por una exempleada señala que la lobista mantenía una casa en Brasilia usada con frecuencia por Lulinha y escenario de eventos sociales con políticos, según O Estado de S. Paulo. La PF también sospecha que Ribas actuaba como intermediario de los pagos de un hombre identificado apenas como Freitas, aún no localizado. En la época del diálogo, ya estaban en curso las investigaciones sobre desvíos en jubilaciones del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), el instituto de seguridad social de Brasil, lo que, en la evaluación de los investigadores, puede explicar la dificultad en los giros a la lobista.En una entrevista emitida este lunes, Lula afirmó que "nadie está por encima de la ley" al comentar las acusaciones contra su hijo, según O Estado de S. Paulo. El viernes (21), la defensa de Roberta pidió a Mendonça la paralización de la investigación, de acuerdo con O Globo.Qué dicen las defensasLa defensa de Lulinha afirmó a O Estado de S. Paulo que la casa citada nunca fue suya y que él apenas se hospedó de forma esporádica en la residencia. A Folha, el abogado Marco Aurélio de Carvalho dijo que "sectores de la PF instrumentalizados por intereses político-electorales siguen intentando interferir en las elecciones de 2026" y que no está probado en el expediente que el dinero haya sido usado para pagar los pasajes. "Es un verdadero rompecabezas de ilaciones fruto de la irresponsabilidad de quienes no tienen un verdadero proyecto o programa para el país", afirmó, al comparar el caso con "lo peor que ocurría durante la época de la finada Operación Lava Jato".La defensa de Roberta dijo que no comentará "conversaciones que supuestamente fueron retiradas de un informe que está bajo secreto". Ya la defensa de Ribas afirmó, en nota, que "no es posible comentar sobre supuestos mensajes sin acceso previo a los datos brutos de la interceptación telemática o a la totalidad de las investigaciones en curso".

El Ministerio Público del estado de Río de Janeiro acusó a cuatro hombres por el asesinato del abogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 años, muerto a tiros el 26 de febrero de 2024 frente a la sede de la Orden de Abogados de Brasil (OAB-RJ), en la Avenida Marechal Câmara, en el centro de Río. La acusación fue presentada por el Gaeco, el grupo especial de combate al crimen organizado, tras el cierre de la investigación de la División de Homicidios de la Policía Civil, y señala al contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conocido como Adilsinho, como el autor intelectual del crimen, según informaron G1 y O Globo. Este lunes (24), la policía detuvo a uno de los acusados, el policía militar en activo Renato Franco Lopes, apodado Pitbull o Fantasma, del 15º batallón.Según la acusación, Adilsinho comanda una organización criminal dedicada a los juegos de azar ilegales, al contrabando de cigarrillos y a homicidios, y es considerado uno de los principales líderes de la llamada nueva cúpula del jogo do bicho, el tradicional juego de apuestas ilegal de Brasil. Ryan Patrick Barboza de Oliveira, apodado Motinha, está acusado de vigilar la rutina del abogado en los días previos al crimen. Rafael Ferreira Silva, conocido como Cachoeira y señalado como el conductor del vehículo usado en la acción, está prófugo desde que escapó de una operación policial en 2025. Para el Ministerio Público, Renato y Rafael permanecieron en el auto del ejecutor y apoyaron la huida. Adilsinho y Ryan ya estaban presos y recibieron las órdenes de prisión preventiva el miércoles pasado, informó O Globo.Para los fiscales, el móvil fue económico. Crespo estudiaba entrar en el mercado de las apuestas en línea y buscaba inversores: pretendía abrir una casa de apuestas en Botafogo, en la Zona Sur, una región cuyo jogo do bicho pasó al control del grupo de Adilsinho a partir de 2023, según G1. O Globo informó que el abogado también planeaba un "sports bar" con máquinas parecidas a las tragamonedas. En la evaluación del Ministerio Público, la ejecución eliminó a un posible competidor y sirvió para intimidar a otras personas interesadas en el mismo mercado.Un crimen planeadoLa investigación concluyó que el homicidio fue planeado y ejecutado de forma coordinada, con división de tareas entre los participantes. El abogado fue seguido durante varios días en sus desplazamientos entre su casa, en Barra da Tijuca, y su oficina, en el centro. Las conclusiones se basaron en interceptaciones telefónicas, datos de localización de celulares, imágenes de cámaras, rastreo de vehículos y pericias, según G1. La fiscalía calificó el crimen como homicidio calificado por móvil torpe, cometido mediante emboscada y con recursos que dificultaron la defensa de la víctima, y sostiene que la acción tiene rasgos típicos de un grupo de exterminio, por el planeamiento, la logística y el uso de armas de uso restringido.La 3ª Vara Criminal de Río aceptó la acusación y decretó la prisión preventiva de los cuatro. Adilsinho deberá permanecer en una penitenciaría federal de seguridad máxima por tres años, y Renato Franco Lopes fue apartado de sus funciones policiales y tuvo suspendido su porte de arma. Ryan fue detenido durante la investigación de otro crimen atribuido a la banda de Adilsinho, la muerte de Antônio Gaspazianne Mesquita Chaves, dueño del bar Parada Obrigatória, en Vila Isabel, en la Zona Norte, también en 2024, informó G1.

Ciudadanos brasileños víctimas de la trata de personas en Camboya están siendo obligados por una red criminal a aplicar estafas telefónicas contra personas en Brasil haciéndose pasar por agentes de la Policía Federal de ese país, según una investigación del diario Folha de S.Paulo publicada el lunes (24). La reportera Victoria Damasceno viajó a Sihanoukville, en la costa sur del país asiático, y escuchó a víctimas que describieron trabajo forzado bajo amenaza de golpizas, descargas eléctricas y privación de comida.Uno de ellos es Pedro Alencar, 25, quien pidió ser identificado por el nombre con el que era conocido en los complejos de estafas. Empleado de telemarketing, fue captado con promesas de un salario alto y un trabajo digno. Antes de llegar a la costa camboyana, había sido llevado a Laos y Filipinas, donde el trabajo forzado estaba vinculado a plataformas de casinos. En Camboya, fue obligado a aplicar lo que llamó "la estafa más pesada": fingir ser de la Policía Federal y envolver a la víctima en una historia que solo terminaba cuando se concretaba una transferencia bancaria."Usted tiene que asumir las consecuencias legales por cada delito que fue cometido usando su identidad. ¿Entiende?", dice una de las frases del guion que Alencar debía seguir. Según Folha, además de la Policía Federal, la red simula ser la policía civil y la militar, el Ministerio Público Federal, el Banco Central, el Tribunal de Cuentas de la Unión, la Secretaría Nacional de Justicia y hasta empresas privadas, como Meta. Los estafadores citan nombres de agentes en ejercicio y llegan a convocar a las víctimas a falsas reuniones en línea.Otro reportaje de la misma serie, titulado Carga Humana, mostró que complejos en Poipet, en la frontera con Tailandia, captaban brasileños con ofertas de US$ 4.000 mensuales (unos R$ 20.000), jornadas de 12 horas y contratos de un año. Según el diario, delitos de este tipo han convertido a Camboya en uno de los principales destinos de brasileños víctimas de la trata.Guion en tres etapasEl patrón descrito por Folha confirma relatos anteriores sobre el esquema. En octubre de 2025, una brasileña traficada al Sudeste Asiático contó al programa documental Profissão Repórter, de TV Globo, que la estafa operada desde Camboya tenía tres etapas. En la primera, los criminales se hacían pasar por policías civiles y afirmaban que una persona había sido detenida con una tarjeta de crédito a nombre de la víctima. Después, la llamada se transfería a un falso agente de la Policía Federal, que presionaba para obtener datos bancarios bajo amenaza de congelar las cuentas. Al final, la víctima era convencida de transferir el dinero a una supuesta cuenta de la Policía Federal, con la promesa de que sería devuelto al concluir la investigación. Los estafadores trabajaban de madrugada, para ajustarse al horario brasileño, y tenían acceso a datos personales de las víctimas, como nombre, dirección y CPF, el registro individual de contribuyentes de Brasil.La mujer, que pidió no ser identificada, dijo que aplicaba las estafas bajo amenaza de tortura. "Se quedaban con un taser detrás de ti, un arma de descargas", relató, según G1.Comisaría falsa hallada en la fronteraEn marzo, una visita organizada por el Ejército tailandés para la agencia AFP halló en O'Smach, Camboya, una sala montada para imitar una comisaría de la Policía Federal de Brasil, junto a escenarios que reproducían oficinas policiales de Australia, Canadá e India. El lugar, abandonado apresuradamente durante los combates fronterizos de diciembre de 2025, conservaba guiones de llamadas y listas con teléfonos de objetivos en varios países. Según los militares tailandeses, unos 20.000 sospechosos huyeron antes del ataque a la zona.El Sudeste Asiático se ha convertido en el centro de una industria multimillonaria de estafas en línea que reúne a cientos de miles de personas, algunas de ellas víctimas de la trata, según la AFP. El gobierno de Camboya prometió desmantelar las operaciones de estafa en su territorio, pero autoridades tailandesas afirman que el país necesita reconocer la dimensión del problema y buscar apoyo internacional para combatirlo.

El sargento de la Policía Militar Carlos Fernando Dias Chaves será juzgado este martes (25) por el 4º Tribunal del Jurado de la Capital, en el centro de Río de Janeiro, casi 11 años después de matar a tiros a dos jóvenes durante un patrullaje en Pavuna, en la Zona Norte de la ciudad. Según el portal G1, responde por las muertes de Tiago Guimarães Dingo, de 24 años, y Jorge Lucas Paes, de 17, baleados en octubre de 2015.Las dos víctimas iban en una motocicleta cuando pasaron junto al vehículo policial y recibieron los disparos. En la declaración que prestó en aquel momento, el sargento, que integraba el 41º Batallón de la PM (Irajá), afirmó haber confundido con un arma el gato hidráulico que Jorge Lucas llevaba en la parte trasera de la moto. Los dos jóvenes fueron baleados por la espalda y murieron en el lugar, de acuerdo con G1.El caso ocurrió el 29 de octubre de 2015. Tras los disparos, el sargento se presentó en la Comisaría de Homicidios para declarar. En diciembre de ese año, la Policía Civil realizó una reconstrucción del hecho para esclarecer la dinámica de las muertes, con peritos que rehicieron los trayectos recorridos por los jóvenes y por los policías. Durante la reconstrucción hubo disparos en la zona y el Batallón de Choque tuvo que apoyar la operación.Las muertes provocaron indignación entre los vecinos del barrio en su momento. En el entierro de Tiago, policías militares llegaron a ser hostigados por personas que acompañaban la ceremonia.La Defensoría Pública de Río de Janeiro, que en Brasil puede actuar como asistente de la acusación en nombre de las familias de las víctimas, representa en el juicio a los familiares de Tiago Guimarães Dingo. En un comunicado, el organismo informó además que el policía responde por otros delitos, por los cuales está preso.

Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes (24) que Facebook y TikTok fallan en detectar, eliminar e impedir la difusión de contenidos producidos por grupos armados de Colombia para reclutar menores de edad, y que los algoritmos de ambas plataformas parecen incluso promover esas publicaciones. Según la ONG, ese material contribuyó a un reclutamiento que alcanzó al menos a 1.500 niños, niñas y adolescentes en el país desde 2021, con un fuerte aumento de los casos desde 2023, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo colombiana.El informe, titulado "I Thought I'd Never See My Mom Again" ("Creí que nunca volvería a ver a mi mamá", en traducción libre), fue presentado en Bogotá y describe decenas de perfiles en las dos redes que mostraban armas, uniformes, fajos de dinero, joyas y brazaletes de identificación de los grupos, algunos al son de narcocorridos, canciones de apología del crimen. En conjunto, esos perfiles sumaban más de 85 mil seguidores, y hubo videos con más de 250 mil visualizaciones y 50 mil "me gusta". En los comentarios, usuarios preguntaban cómo unirse a organizaciones como el cartel Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016. Algunas publicaciones ofrecían cubrir hasta los gastos de transporte de quienes quisieran alistarse. Los grupos armados venden "un estilo de vida" de "dinero fácil", resumió Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación Mi Historia, que trabaja con jóvenes vulnerables."Las plataformas digitales deben reconocer que están siendo utilizadas para el reclutamiento de niñas y niños. En la práctica, se usan para cometer delitos, incluso crímenes de guerra", afirmó Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, durante la presentación del documento.Los niños indígenas son casi la mitad de las víctimasCasi la mitad de los menores reclutados es indígena, aunque los pueblos originarios representan solo el 4% de la población de Colombia. Las niñas son el 40% de los casos y quedan expuestas a la violencia sexual, y más del 30% de los reclutados tenía entre 10 y 14 años, situación que puede tipificarse como crimen de guerra según el Estatuto de Roma, apunta HRW. Los grupos emplean a los menores sobre todo para combatir, obtener información y operar drones. La captación se aprovecha de la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación, muchas veces mediante intermediarios que reciben hasta 1.000 dólares por niño, y llega a ocurrir dentro de escuelas rurales. Las disidencias de las FARC concentran el 74% de los reclutamientos registrados entre 2021 y 2025, principalmente en el departamento del Cauca, en el suroeste del país.Las empresas dicen haber eliminado los perfilesHRW asegura haber enviado en julio una lista con 35 perfiles a ByteDance, propietaria de TikTok, y otros 16 a Meta, dueña de Facebook. En agosto, ambas compañías informaron que habían eliminado todo el material señalado, pero los investigadores constataron la aparición de nuevas publicaciones que promovían a los grupos, algunas activas durante más de un mes. Meta confirmó la autenticidad de una carta anexa al informe, firmada por su gerente de Derechos Humanos, Alex Warofka, en la que afirma condenar el reclutamiento de menores y mejorar de forma constante la detección de contenidos que violen sus políticas, según CNN Brasil. ByteDance alegó impedir "de manera proactiva" que grupos armados ilegales y organizaciones criminales utilicen la plataforma con ese fin.A lo largo de seis décadas de conflicto armado, guerrillas y narcotraficantes reclutaron a niños y adolescentes pobres en Colombia. El acuerdo de paz de 2016 desarmó a la mayor parte de las FARC, pero desde entonces las disidencias y otros grupos armados se han expandido. El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto, impulsa una ofensiva militar contra esas organizaciones con ayuda de Estados Unidos e Israel. Para el informe, HRW realizó casi 200 entrevistas con autoridades, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y menores víctimas o en riesgo de reclutamiento, y pide al nuevo gobierno una política integral de seguridad y justicia con recursos garantizados para las instituciones de protección de la infancia.El tema tiene un desdoblamiento directo en Brasil: una investigación de la Policía Federal señala que el Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales del país vecino, cuenta con el apoyo de empresarios y pilotos para traer drogas desde Colombia al territorio brasileño, según un reportaje del portal G1 publicado el 13 de agosto.

La Policía Militar de São Paulo, la fuerza uniformada encargada del patrullaje en el estado más poblado de Brasil, abrió 928 procedimientos administrativos disciplinarios para investigar indicios de uso incorrecto de las cámaras corporales por parte de los agentes en el primer semestre de 2026. La cifra equivale a más de cinco casos por día y representa un aumento del 208% frente al semestre anterior, cuando se abrieron 301 procedimientos, según informó Folha de S.Paulo este lunes (24).Los datos constan en un informe semestral de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del gobierno de Tarcísio de Freitas, cerrado el 20 de agosto. No hay una cifra pública de procedimientos abiertos en el primer semestre de 2025, lo que impide la comparación con el mismo período del año pasado. El documento también muestra que el número de equipos en operación creció 26%, pasando de 11,9 mil en diciembre a 15 mil en mayo y junio.Lo que dice la SSPEn un comunicado, la SSP afirmó que la comparación del número de procedimientos debe considerar la expansión de las COP (Cámaras Operacionales Portátiles) en uso e informó que, solo en junio, se generaron más de 1 millón de videos."El uso de las COP es monitoreado continuamente, con capacitaciones y orientaciones periódicas. Entre agosto de 2025 y junio de 2026, el 93,74% de las activaciones de los videos generados fueron realizadas de forma remota, sin depender de la acción del policía que porta el equipo", dijo la secretaría.La secretaría subrayó también que "la apertura de un procedimiento no significa que haya habido infracción". Según la SSP, todo indicio de uso inadecuado es investigado, y las eventuales sanciones dependen de la conclusión de cada proceso, tras el derecho a defensa. Parte de las investigaciones más recientes sigue en curso.Folha ha mostrado en reportajes anteriores que son recurrentes los casos en que los policías activan la cámara solo después de los disparos, lo que impide la grabación de los presuntos enfrentamientos y dificulta la investigación, a cargo de la Policía Civil, de las muertes causadas por agentes.

Uno de los cuatro detenidos por el linchamiento de Cláudio Rafael Landeiro en Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, se presentó a declarar ante la policía pedaleando la bicicleta que la víctima usaba la noche del crimen. Según G1, el vigilante callejero Davi Santos Machado, de 21 años, llegó así a la comisaría 12ª DP (Copacabana) el lunes 17, seis días después de la paliza que mató a Cláudio en la noche del 11 de agosto.El comisario Ângelo Lages, titular de la 12ª DP, contó que los investigadores solo notaron el detalle al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. "Lo que sabíamos era que él había llevado la bicicleta a la comisaría el lunes. Fuimos a buscar las imágenes y vimos que vino pedaleando", afirmó, según el sitio Polêmica Paraíba. Al llegar, Davi entregó el vehículo a las autoridades. La bicicleta, que pertenecía a la hermana de Cláudio, había sido arrebatada a la víctima la noche del crimen por el otro vigilante implicado, Jorge Luiz Ricardo Dias, según imágenes analizadas por la policía y obtenidas por TV Globo.De la negación a la confesiónEscuchado en un principio como testigo, Davi negó haber participado en la agresión. "Me están acusando de algo que no hice. Pido perdón por todo lo que pasó", declaró, según Polêmica Paraíba. Al día siguiente, sin embargo, volvió a la comisaría y confesó el crimen. Según G1, admitió haber dado puñetazos y patadas a la víctima y haberla golpeado con una porra, varias veces en la cabeza, y calificó su propia actuación como un "acto insano", diciendo que no sabía explicar qué lo llevó a actuar así. Davi también declaró que no había información concreta de que la bicicleta hubiera sido robada y que Cláudio no opuso resistencia.El crimenCláudio Rafael Landeiro, de 37 años, salió de su casa en Botafogo alrededor de las 22:30 del 11 de agosto para pasear con la bicicleta de su hermana. En la calle Barata Ribeiro se detuvo en una tienda cerca de las 23:20 para pedir un cigarrillo. Minutos después, Davi llegó y le preguntó por la bicicleta. Cláudio, que según su familia tenía problemas psiquiátricos y dificultades para hablar, solo respondió que no. Las cámaras muestran a Jorge tomando el vehículo por la fuerza. Cláudio intentó recuperarlo, fue agredido y siguió hasta la calle Felipe de Oliveira, donde se sentó en la entrada de un edificio. Allí, dos repartidores de aplicaciones se unieron a Davi y la paliza recomenzó.Las agresiones duraron casi nueve minutos y fueron filmadas por los propios implicados. En las imágenes, un hombre con una vara asesta al menos 30 golpes a la víctima, que cae inconsciente en la acera. Luego, el grupo revisa los bolsillos de Cláudio y el vigilante fotografía la escena antes de irse. La víctima quedó agonizando unos 30 minutos. Los bomberos la llevaron al Hospital Municipal Miguel Couto, en Gávea, pero no sobrevivió. Según la información entregada a la familia, la causa de la muerte fue traumatismo craneano y hemorragia interna.Además de Davi y Jorge, están presos los repartidores Felipe Eduardo dos Santos Silva, de 23 años, que se entregó a la policía el jueves 21 y confesó su participación, y Ailton José da Silva, que guardó silencio en el interrogatorio. La policía aún intenta identificar a un quinto agresor y a las personas que vieron a Cláudio agonizar sin socorrerlo. Para el comisario Ângelo Lages, se trata de "un crimen atroz, un homicidio triplemente calificado, con crueldad y móvil fútil, sin posibilidad de defensa de la víctima". La madre de Cláudio, Ana Luísa Motta, exigió castigo: "Él no era un bandido, no tenía antecedentes. Simplemente supusieron que lo era."

Un director de una escuela municipal fue detenido este lunes (24) en Santarém, en el oeste del estado de Pará, sospechoso de interferir en la investigación de un caso de abuso sexual contra niños y adolescentes en una comunidad de la región del Tapajós. La información fue divulgada por la Policía Civil, según G1. El caso también fue reportado por el portal Gazeta Carajás.La investigación comenzó después de que una adolescente acudiera a la Delegacia da Criança e do Adolescente (DEACA), la comisaría especializada en delitos contra menores, para presentar una denuncia. Con el avance de los trabajos se identificaron otras víctimas: hasta el momento, la policía contabiliza alrededor de ocho víctimas, de entre 8 y 14 años. Un profesor de la misma comunidad ya había sido detenido anteriormente, sospechoso de crímenes sexuales contra niños y adolescentes. Según la policía, el director y el profesor son parientes e integran un grupo familiar con influencia sobre los vecinos de la localidad.De acuerdo con la comisaria Milla Moura, el director ya era objeto de medidas cautelares distintas de la prisión, como el alejamiento de sus funciones y la prohibición de contacto con las víctimas y con personas vinculadas al caso, pero habría incumplido las órdenes judiciales. La Policía Civil afirma que habría ofrecido ventajas a familiares de víctimas para interferir en los testimonios y en el curso de las investigaciones. La comisaria Márcia Rabelo dijo que el sospechoso también habría usado su poder económico para intentar impedir las denuncias o para que las víctimas cambiaran sus relatos. Según las autoridades, algunos niños y adolescentes llegaron a modificar sus testimonios tras las presuntas interferencias, lo que fue comunicado a la Justicia y motivó el pedido de prisión preventiva.La orden fue cumplida en Santarém por equipos del Núcleo de Apoio a las Investigaciones (NAI) y de la Policía Civil. Tras la detención, el sospechoso sería llevado al examen de cuerpo de delito y luego a una unidad penitenciaria, donde quedará a disposición de la Justicia. La policía informó que las investigaciones continúan y que otras personas pueden ser citadas, para identificar si hay más víctimas u otros implicados.Milla Moura pidió a posibles víctimas o familiares que acudan a las autoridades y afirmó que los niños y adolescentes no deben temer denunciar, porque sus relatos serán tratados de forma protegida por equipos especializados. En una nota, la Alcaldía de Santarém informó, a través de la Secretaría Municipal de Educación (Semed), que está "investigando las informaciones presentadas por la Justicia y colaborando con las investigaciones". Los investigados son considerados sospechosos hasta una eventual condena judicial.

Un hombre armado con un fusil irrumpió en la Escuela Municipal Frei Gaspar, una escuela pública municipal de Recreio dos Bandeirantes, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, en la mañana de este lunes (24), mientras huía de una operación de la Policía Militar. Para intentar evitar la detención, abandonó el arma dentro del edificio, se puso ropa de la cocina y trató de hacerse pasar por un merendeiro, el empleado que sirve las comidas escolares, pero fue localizado y detenido antes de la llegada de los alumnos.Según G1, la acción fue realizada por el 31er Batallón de la Policía Militar (Recreio dos Bandeirantes) en la comunidad de Pombo sem Asa, en Vargem Grande, contra grupos vinculados al narcotráfico. Terra informa que los agentes también actuaban en la comunidad vecina de Cascatinha, en la región de las Vargens, y que hubo un enfrentamiento con hombres armados. Alrededor de las 6 de la mañana, al ver a los policías, el sospechoso corrió con el fusil, saltó el muro de la escuela y entró en el edificio, cerca de una hora y media antes del inicio de las clases.El disfraz de empleado del comedorDentro de la escuela, el hombre dejó el fusil y se puso ropa blanca, delantal y gorro higiénico usados por el personal que prepara las comidas escolares, para intentar mezclarse con los empleados, según Terra. Una trabajadora de la limpieza encontró al desconocido en un baño cerca de la cocina y avisó a la dirección, que llamó a la policía. El sospechoso fue detenido antes de las 7:30, horario previsto para la llegada de los estudiantes, y salió esposado del colegio, de acuerdo con G1.Según la Policía Militar, el sospechoso es originario de Vila Velha, en el estado de Espírito Santo, y tendría vínculos con el narcotráfico. Otros cuatro hombres fueron detenidos en la operación, y la policía incautó dos fusiles y tres pistolas. El caso fue remitido a la 42ª Comisaría de Policía, que atiende la zona de Recreio.La Secretaría Municipal de Educación informó que la policía fue llamada en cuanto se percibió la invasión y que la detención ocurrió antes del inicio de las clases. Las actividades de la Escuela Municipal Frei Gaspar fueron trasladadas este lunes a la cercana Escuela Municipal Teófilo Moreira por seguridad. Según Terra, nadie resultó herido.

El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, declaró este domingo (23) la nulidad de las enmiendas parlamentarias al presupuesto —las emendas parlamentares, recursos que los legisladores destinan a sus bases electorales— cuya indicación haya sido hecha por presidentes de partidos, exparlamentarios o cualquier persona sin mandato en el Congreso Nacional. Según informaciones de Poder360 y CartaCapital, la decisión alcanza cualquier acto, planilla, oficio o solicitud que atribuya a dirigentes partidarios el poder de indicar el destino de recursos públicos, y ni siquiera el aval posterior de un diputado o senador en ejercicio puede validar una indicación hecha originalmente por alguien sin competencia para ello. “Cualquier acto, tabla, documento, comunicación, planilla, oficio o solicitud que pretenda atribuir al presidente de un partido político o a un exparlamentario la autoría, titularidad o el poder de indicación sobre una enmienda parlamentaria debe ser considerado jurídicamente inepto y revestido de nulidad absoluta”, escribió Dino en la decisión. Origen de la investigación La medida es un desdoblamiento de las investigaciones sobre la ejecución de enmiendas parlamentarias iniciadas con la Operación Transparencia, lanzada por la Policía Federal en diciembre de 2025. De acuerdo con Poder360, el análisis del teléfono celular de Mariângela Fialek, conocida como Tuca —asesora de la Cámara de Diputados vinculada al expresidente de la Casa, Arthur Lira—, señaló a los investigadores una posible actuación del presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en la destinación de recursos públicos a pesar de no tener mandato electivo. En julio, la Policía Federal identificó 21 enmiendas, que suman 119,2 millones de reales, bajo sospecha de influencia de Valdemar. La investigación también apuntó una posible participación del exdiputado Eduardo Cunha. Dino ordenó el bloqueo de bienes de ambos en el marco de las pesquisas. El tema ganó repercusión después de que Valdemar afirmara, en una entrevista a GloboNews el 14 de julio, que hace “sugerencias” a diputados y senadores del PL y que dirigentes de otras siglas actuarían de la misma manera, según CartaCapital. Ante la declaración, Dino pidió explicaciones a los 21 partidos con representación en el Congreso sobre la existencia de cuotas de enmiendas reservadas a presidentes de partido. Todos los que respondieron —incluido el PL— negaron la existencia de esas reservas. Podemos y Solidariedade fueron los únicos partidos que no enviaron respuesta al STF. El ministro dio a las dos siglas un plazo de cinco días hábiles para presentar aclaraciones, bajo pena de una multa diaria de 100.000 reales. Poder360 informó que buscó a ambos partidos, sin obtener retorno hasta la publicación de su reportaje. Dino también determinó que los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, comuniquen a los órganos técnicos de las dos Casas que los presidentes de partido no tienen competencia para asignar enmiendas. Las manifestaciones de los partidos serán enviadas a la Policía Federal para auxiliar las investigaciones, y el ministro advirtió que el incumplimiento de las determinaciones puede acarrear responsabilidad disciplinaria, penal y civil.