El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil André Mendonça cambió sus hábitos de trabajo y seguridad en el despacho al enterarse de que la Policía Federal lo monitoreaba y de que la corporación elaboró al menos seis informes de inteligencia sobre él. Según una reportaje del sitio Poder360 publicado este martes (8), el ministro pide ahora que los visitantes guarden sus celulares en una caja blindada que bloquea las señales antes de las conversaciones reservadas, y mantiene música clásica sonando en un equipo de audio para dificultar posibles escuchas.
Los informes habrían sido elaborados por una unidad de inteligencia ligada a la Coordinación de Investigaciones en los Tribunales Superiores de la PF y recibidos por la dirección general del órgano entre el 3 y el 31 de agosto, según el Poder360. Los documentos no tienen membrete, firma, fecha de elaboración ni identificación de los analistas y se presentan como "documento de trabajo" sin valor probatorio. El material analizaba decisiones del ministro en las operaciones Sem Desconto, que investiga fraudes en el INSS, la seguridad social brasileña, y Compliance Zero, vinculada al escándalo del Banco Master.
Cómo se hizo público el caso
La crisis salió a la luz el 1 de septiembre, cuando Mendonça levantó el sigilo de piezas de la investigación del Banco Master sobre la relación del banquero Daniel Vorcaro con el ministro Alexandre de Moraes. A las 18h45 del mismo día, el entonces director general de la PF, Andrei Rodrigues, envió formalmente los informes a Moraes, relator de la indagación conocida como "Fake News" sobre desinformación en línea. Moraes dijo haber recibido "noticias de la existencia" del material y ordenó que la corporación lo remitiera a su gabinete. El 3 de septiembre, usó el contenido para pedir al presidente del STF, Edson Fachin, que investigara al colega y lo incluyera en esa indagación.
Este martes (8), Mendonça determinó el alejamiento preventivo de Andrei Rodrigues y de Leandro Almada da Costa, jefe de la Dirección de Inteligencia Policial. La decisión abrió procedimientos en la corregiduría de la PF para averiguar quién ordenó y elaboró los informes y si existen otros con la misma finalidad, y suspendió la producción de informes del órgano sobre actos de jueces, abogados públicos y policías federales.
Lo que alega cada parte
En la decisión, Mendonça afirmó haber sido sometido a un "monitoreo sistemático" que también alcanzó al abogado general de la Unión, Jorge Messias, calificó la práctica de ilícita y dijo que podría configurar una "verdadera arapongagem institucional", término brasileño que equivale a espionaje ilegal. Comparó la situación con la novela 1984, de George Orwell. Según el portal g1, el ministro destacó que el propio documento calificaba sus hipótesis con "confianza agregada baja", pero concluía autorizando "monitoreo y recolección dirigidos", y llamó "leviana y abyecta" la mención a una supuesta "matriz religiosa común" entre él y Messias.
"Se trata de un monitoreo ilícito de un ministro de la Corte Suprema del país, lo que, por sí solo, revela la gravedad de la situación", escribió el ministro en la decisión.
En el pedido enviado a Fachin, Moraes señaló que el material indicaría improbidad administrativa, abuso de autoridad, delito de responsabilidad y favorecimiento de grupos políticos en la conducción, por Mendonça, de los casos Master e INSS, según el g1. Moraes no se ha pronunciado públicamente sobre la crisis. Nada ha sido comprobado hasta ahora: contra Mendonça existe solo un pedido de investigación pendiente de deliberación, y los policías alejados responden a procedimientos disciplinarios, sin imputación formal.
En el plano político, aliados del presidente Lula criticaron la orden. El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães (PT), calificó la medida de "descabida" y de una intromisión "donde no le corresponde". El líder de la oposición, diputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), dijo a la Folha de S.Paulo que el caso confirma que "Lula copó la PF a través de Andrei para perseguir adversarios". Mendonça fue indicado para el STF por el expresidente Jair Bolsonaro.
Los próximos pasos tienen plazos. Hasta el 14 de septiembre, Mendonça, Moraes, el procurador general de la República, Paulo Gonet, y Andrei Rodrigues pueden pronunciarse sobre el informe de la PF relativo a los mensajes de Vorcaro a Moraes. Después, la PGR debe pronunciarse sobre la legalidad del material de inteligencia, y Mendonça tiene hasta el 21 de septiembre para presentar informaciones. Un sector del tribunal alineado con Moraes defiende que la decisión sobre investigar a los dos ministros quede para después de las elecciones.