La Policía Federal de Brasil incautó cerca de R$ 990.000 en efectivo, además de US$ 10.000 y € 1.255, al ejecutar órdenes de registro e incautación de la Operación Dinastia do Lago desplegada este miércoles (16). La operación investiga sospechas de fraude en contratos públicos de la administración de Coari, ciudad del interior del estado de Amazonas, y entre sus principales objetivos están el diputado federal Adail Filho (MDB) y su padre, el alcalde Adail Pinheiro (Republicanos). Ambos figuran como investigados y no han sido acusados formalmente.
En Manaus, los agentes federales incautaron R$ 352.750, US$ 10.000 y € 1.255, además de 11 autos en domicilios vinculados a los investigados, incluida la residencia del diputado. En Coari, la Policía Federal encontró unos R$ 637.750 y otros 10 vehículos, con lo que los autos incautados llegan a 21. Imágenes divulgadas por la corporación muestran también relojes y joyas entre los bienes recogidos, sin valor estimado informado. Según el sitio Congresso em Foco, se cumplieron 29 órdenes en las dos ciudades.
Qué investiga la operación
Según la Policía Federal, la investigación apunta a una posible actuación coordinada entre empresarios, agentes públicos y terceros, con sospechas de direccionamiento de licitaciones, desvío de recursos públicos y movimientos financieros para pagar ventajas indebidas y ocultar el origen y los destinatarios finales del dinero. Los hechos podrían configurar, en teoría, los delitos de corrupción, lavado de dinero, fraude en licitación, peculado y organización criminal. Por determinación del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, Adail Pinheiro, quien según Congresso em Foco cumple su cuarto mandato, y secretarios municipales fueron apartados de sus cargos por 90 días. Adail Filho fue objeto de registro e incautación, pero conserva su escaño en la Cámara de Diputados; por ser legislador federal en ejercicio, su causa se tramita en el STF.
Cómo comenzó el caso
La operación es un desdoblamiento de una investigación abierta en el STF por Moraes a pedido de la Fiscalía General de la República (PGR). La indagación empezó tras la detención en flagrancia de tres empresarios, Cesar de Jesus Gloria Albuquerque, Erick Pinto Saraiva y Wagner Santos Moutinho, en el aeropuerto de Brasilia en mayo de 2025. Transportaban cerca de R$ 1,25 millones en efectivo en un vuelo entre Manaus y Brasilia y no presentaron, en esa ocasión, prueba del origen del dinero.
Documentos y aparatos electrónicos recogidos fueron analizados con autorización judicial y, según el proceso, indicaron movimientos financieros sospechosos, empresas vinculadas a los investigados con contratos con la Prefectura de Coari y transferencias de enmiendas presupuestarias de diputados (fondos que los legisladores destinan a municipios específicos) enviadas a la ciudad en 2024 y 2025. El 24 de junio de 2026, Moraes prorrogó la investigación por 60 días más, a pedido de la Policía Federal, que citó la complejidad de los hechos y la cantidad de personas físicas y jurídicas involucradas. En una de sus decisiones, el ministro escribió:
"En la misma ocasión fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos que, tras un análisis autorizado judicialmente, revelaron transferencias financieras realizadas por personas jurídicas vinculadas a los investigados en beneficio del diputado federal Adail Filho y de su padre, Manoel Adail, alcalde del Municipio de Coari/AM."
La defensa de Adail Pinheiro y Adail Filho afirmó que recibió el cumplimiento de las órdenes "con sorpresa". El abogado Fabricio de Melo Parente calificó de "innecesario" el apartamiento del alcalde y dijo que presentará las medidas pertinentes después de acceder al contenido de la investigación. Según los abogados, los registros no implican culpabilidad ni reconocimiento de la práctica de delitos, y los investigados no tendrían relación con los hechos que dieron origen a la indagación. G1 informó que todavía intenta localizar a la defensa de los tres empresarios detenidos en 2025. El próximo paso es el análisis por la Policía Federal del dinero, los vehículos y los documentos incautados este miércoles, que puede sustentar un eventual señalamiento que será informado al STF, mientras el apartamiento del alcalde rige por 90 días.