Dos asociaciones de funcionarios públicos de Bahía investigadas en el caso Banco Master acumulaban en 2025 más de 103.000 autorizaciones de descuento en nómina de servidores estatales, en una cartera estimada en R$ 1.000 millones. Las cifras constan en una investigación de la Policía Federal cuyo sigilo fue levantado el 10 de septiembre por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, según reveló una reportaje de João Pedro Pitombo, del diario Folha de S.Paulo, publicada este jueves (17).
Las entidades son Asteba y Asseba, que según el Jornal de Brasília reúnen a trabajadores de la salud y a personal técnico-administrativo del estado. Están vinculadas al empresario Augusto Ferreira Lima, dueño del Banco Pleno y exsocio de Daniel Vorcaro en el Banco Master. Ambas fueron objeto de registros en la primera fase de la Operación Compliance Zero, en noviembre de 2025. Lima, investigado y sin condena, llegó a ser arrestado, fue liberado a fines de noviembre y hoy usa tobillera electrónica.
Cómo entraron las asociaciones en el caso
El Master informó al Banco Central, en un oficio del 25 de marzo de 2025, que las dos asociaciones estaban en el origen de créditos con descuento en nómina que integraban una cartera de R$ 6.700 millones vendida al BRB, el banco público de Brasilia. Después, el banco de Vorcaro retrocedió y pasó a atribuir los créditos a la empresa Tirreno, según la Folha. Un fragmento de la investigación citado por Banda B afirma que las entidades, "controladas por Augusto Lima", fueron indicadas al Banco Central por el Master como originadoras de los créditos vendidos.
La Policía Federal atribuye a Lima la elaboración de carteras fraudulentas. Una auditoría estimó en al menos R$ 5.000 millones el perjuicio al banco público por la compra de esos activos. En una escala mayor, un informe de la PF citado por Jornal do Comércio señala que el BRB transfirió cerca de R$ 17.000 millones al Master en la compra de carteras de crédito.
Defensa, gobierno de Bahía y próximos pasos
La defensa de Lima rechaza las acusaciones y dice que no se sostienen ante los elementos reunidos en la investigación; sostiene que la información sobre el origen de los créditos fue dada de forma equivocada al Banco Central por el propio Master. En una nota de junio al Poder360, firmada por los abogados Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo y Sebastián Mello, la defensa afirmó que Lima "siempre actuó dentro de los límites de la ley, con transparencia, responsabilidad técnica y observancia de las normas que rigen el sistema financiero y la administración pública". Buscadas por la Folha, las entidades no se pronunciaron: en la Asteba, una empleada dijo que no había miembros de la dirección y no hubo respuesta a los recados; en la Asseba, nadie atendió las llamadas. La Secretaría de Administración de Bahía, del gobierno de Jerônimo Rodrigues (PT), informó que no se manifestaría sobre los contratos de cooperación con las asociaciones, que prestan servicios como planes odontológicos, compra de celulares y asistencia jurídica.
El Banco Master fue liquidado por el Banco Central tras el inicio de Compliance Zero, lanzada en noviembre de 2025 por un tribunal federal de Brasilia. Vorcaro fue arrestado el 17 de noviembre, cuando intentaba salir del país, y liberado el 29 de noviembre. El caso pasó al Supremo en diciembre de 2025 y está con el ministro Mendonça desde febrero. Vorcaro volvió a ser arrestado a inicios de marzo y presentó una propuesta de delación premiada, aún en análisis. En junio, la novena fase de la operación citó a Lima en una indagación sobre la relación entre ejecutivos del Master y el senador Jaques Wagner (PT-BA). La investigación sigue abierta y, según la Gazeta do Povo, la defensa de Vorcaro pidió el 11 de septiembre, nuevamente, aplazar su declaración ante la Policía Federal sobre los negocios con el BRB; no hay nueva fecha anunciada.