La Policía Civil de Rio Grande do Norte ejecutó este jueves al menos 26 órdenes de arresto y decenas de allanamientos durante la quinta fase de la Operación Renorcrim, una acción orientada a desarticular la cúpula directiva y las redes de financiamiento de un grupo criminal activo en el estado.

El tribunal especializado en delincuencia organizada (UJUDOCRIM) emitió un total de 59 órdenes judiciales. Los agentes se desplegaron en ocho municipios, entre ellos la capital Natal, Parnamirim, Macaíba, São José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Areia Branca y João Câmara. Según informó Inter TV Cabugi a través de G1, uno de los sospechosos logró huir tras un tiroteo con los agentes, en el que murió un perro de raza pitbull. La operación contó con apoyo de helicópteros de seguridad pública y agentes penitenciarios encargados de fiscalizar a investigados con tobilleras electrónicas.

Cronología y estructura jerárquica

Las indagatorias comenzaron en 2024, cuando la policía profundizó la recopilación de datos sobre el funcionamiento interno y la división de tareas de la banda. Las fases anteriores permitieron reconstruir la cadena de mando, identificando tanto a los ejecutores de delitos como a los encargados de articular directivas y mover dinero ilícito.

A través de un comunicado, la Policía Civil subrayó los resultados de la labor investigativa:

A partir de diligencias investigativas, trabajo de campo, cruce de información policial y análisis de datos, se identificó a integrantes que ejercían distintas funciones dentro del grupo. La continuidad de esta labor permitió profundizar en el funcionamiento interno de la organización, establecer vínculos entre los investigados e identificar a miembros que no habían sido alcanzados en etapas anteriores.

Siguientes pasos procesales

Durante las redadas matutinas, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego, estupefacientes, vehículos y sumas de dinero en efectivo. Preservando el principio de presunción de inocencia, los detenidos permanecerán bajo custodia preventiva mientras se formalizan las actuaciones.

El material secuestrado será analizado por peritos forenses oficiales. En los próximos días, los investigados comparecerán en audiencias de custodia ante la Justicia para evaluar la legalidad de las detenciones, antes de que los informes policiales sean remitidos al Ministerio Público para la formulación de cargos formales.