El Ministerio Público de São Paulo lanzó este viernes (28) la Operación Merx, que investiga un esquema en el que policías civiles del estado simulaban incautaciones de productos ilícitos y escoltaban cargas de contrabando a cambio de sobornos. La Justicia decretó la prisión preventiva de siete personas, entre ellas cuatro policías civiles, y autorizó allanamientos en 18 direcciones, incluidas tres unidades de la propia corporación en la Gran São Paulo: las comisarías de Embu das Artes y Santana de Parnaíba y el 2º Distrito Policial de Cotia.

La investigación está a cargo del Gaeco, el grupo especial de los fiscales paulistas contra el crimen organizado, con participación de la Corregiduría de la Policía Civil y apoyo del Departamento de Operaciones Estratégicas (Dope). Los delitos investigados son corrupción pasiva y activa, lavado de dinero y organización criminal. Según el MP, los agentes interceptaban cargas de celulares y otros electrónicos de origen irregular y, en lugar de formalizar la incautación, cobraban a los responsables valores que llegaban a cerca del 70% del valor de las mercancías para liberarlas, total o parcialmente. En al menos cuatro episodios documentados desde 2024, las ventajas indebidas sumarían R$ 2,35 millones.

Según la pesquisa, la estructura de la propia Policía Civil fue utilizada en el esquema: los sistemas de la corporación habrían servido para monitorear las cargas que serían interceptadas, y las dependencias de las comisarías, para almacenar mercancías y registrar la incautación de solo parte de los productos, lo que daba apariencia de legalidad a las operaciones. Una imagen anexada a la investigación, localizada con uno de los investigados, muestra un patrullero de la Policía Civil en una supuesta escolta de productos de contrabando, según Folha de S.Paulo.

La cronología del caso

• 17 de junio de 2024: un camión con cerca de R$ 600 mil en productos de contrabando es abordado por la Policía Civil. Según el Gaeco, los policías Bruno Moreno dos Santos y José Adriano da Silva Nishi cobraron R$ 400 mil para liberar la carga, y solo parte de la mercancía fue formalmente incautada;
• julio y agosto de 2024: ocurren nuevos episodios similares, con la actuación del abogado Sidiclei da Costa Almeida, señalado como intermediario del soborno entre la banda y los policías;
• diciembre de 2024: Thiago Marcel Magnabosco, señalado como líder de una organización especializada en contrabando y descaminho (evasión aduanera), es detenido por la Policía Federal. Los mensajes hallados en su celular conectan el esquema con policías civiles de São Paulo y dan origen a la investigación del Gaeco;
• 28 de agosto de 2026: la Operación Merx cumple órdenes de prisión y de allanamiento en los estados de São Paulo, Paraná y Goiás.

Además de Santos y Nishi, recibieron orden de prisión preventiva los policías civiles Vagner Ramalho y Marcos Vinícius de Souza Melo, el abogado Sidiclei, el empresario paranaense Jonathan Renan Vieira y el propio Magnabosco, considerado prófugo y señalado por la investigación como estando en Paraguay. Según G1, al menos cuatro de los siete objetivos habían sido detenidos hasta la última actualización de la operación. Un quinto policía, el investigador Vagner de Lima, no recibió orden de prisión, pero fue apartado del cargo, perdió sus credenciales de acceso a los sistemas policiales y tiene prohibido mantener contacto con investigados y testigos.

La Justicia también autorizó el levantamiento de los secretos bancario y telefónico y ordenó el bloqueo de bienes de los investigados por hasta R$ 4 millones. En el frente financiero, el Gaeco identificó transferencias destinadas a la empresa Rivieira Soluções em Tecnologias Ltda. y a terceros que serían usados como testaferros para recibir y ocultar los valores pagados a los policías, según la pesquisa.

Todos los citados son investigados y no hay condena alguna en el caso. Folha informó que no identificó a la defensa de los investigados este viernes, y G1 dijo que intenta localizar a los abogados de los citados, con espacio abierto para manifestaciones.

El próximo paso procesal es la continuidad de las diligencias por parte del Gaeco, que podrá presentar una denuncia formal ante la Justicia contra los investigados al final de la pesquisa. El MP no divulgó un plazo para la conclusión. Las prisiones preventivas decretadas este viernes no tienen plazo definido y deben ser reevaluadas periódicamente por el Poder Judicial, como prevé el Código de Proceso Penal brasileño.