El pleno de la Orden de Abogados de Brasil en el Distrito Federal (OAB/DF), el capítulo del colegio de abogados brasileño en Brasilia, aprobó por mayoría una posición institucional que pide el juicio político (impeachment) de los ministros Alexandre de Moraes y Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), por indicios de delito de responsabilidad. La decisión salió de una sesión extraordinaria iniciada la noche del martes (8) y cerrada en la madrugada del miércoles (9). Los pedidos serán enviados al Consejo Federal de la OAB, que se reúne esta tarde con los presidentes de los capítulos estatales.

Según Correio Braziliense, el consejo aprobó siete medidas. Las principales:

• presentar ante el Senado procesos de juicio político contra Moraes y Toffoli, por indicios de delito de responsabilidad;
• una investigación profunda y transparente sobre la implicación de autoridades en los hechos investigados, incluidos miembros del STF y del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el alejamiento cautelar de los investigados si es necesario;
• investigación de Moraes y Toffoli por la gravedad de las conductas examinadas por la Policía Federal; según Correio Braziliense, el mismo pedido alcanza al ministro André Mendonça por el levantamiento selectivo del secreto en las investigaciones del caso Banco Master;
• levantar el secreto de las investigaciones en curso que involucren a autoridades, salvo los procedimientos cautelares confidenciales;
• que el presidente del STF, Edson Fachin, asuma las investigaciones de personas sin fuero privilegiado en el tribunal y las remita a los jueces competentes;
• el archivo de la investigación de las Fake News del tribunal, con publicidad de las actas;
• una carta abierta a la sociedad sobre las medidas y propuestas de reforma del Poder Judicial.

Cómo empezó la crisis

Los pedidos ocurren en medio de la crisis abierta en el STF por el informe de la Policía Federal sobre el celular del fundador del Banco Master, Daniel Vorcaro. Según g1, el material reconstruyó mensajes enviados por Vorcaro a un número registrado en el teléfono del exbanquero como "Alexandre de Moraes BRASILIA", con menciones a la familia del ministro, entre ellas la discusión de dos contratos con la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro, y la afirmación del banquero de que tenía una "deuda de vida" con él. El relator del caso Master en el tribunal, André Mendonça, levantó el secreto del material el 1 de septiembre, lo que desató el enfrentamiento entre ministros que sigue abierto. En abril, datos obtenidos por Folha de S.Paulo y divulgados por g1 indicaron que Toffoli habría volado en un avión de una empresa ligada a Vorcaro. El g1 aclara que el informe solo reconstruye el lado de quien envió los mensajes, sin registro de lo recibido o respondido. Ningún ministro ha sido acusado formalmente ni condenado.

El martes (8), el presidente de la OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira, conocido como Poli, ordenó abrir un procedimiento ético-disciplinario contra los socios del despacho Barci & Barci Advogados, de la esposa de Moraes, con base en el informe de la Policía Federal de la Operación Compliance Zero.

Reacción y próximos pasos

En una nota oficial, la entidad declaró:

"La OAB/DF reafirma que sus deliberaciones se orientan exclusivamente por la defensa de la Constitución, de la legalidad y de la armonía entre los Poderes, sin ningún sesgo político-partidario, y confía en que los órganos competentes examinarán los pedidos con el rigor y la imparcialidad que la gravedad del momento exige."

Según CNN Brasil, la OAB/DF pedirá también al Consejo Federal una investigación "profunda, imparcial y transparente" sobre la implicación de cualquier autoridad en los hechos. La OAB nacional ya había dicho que sigue la crisis con "atención y extrema preocupación" y defendió una investigación rigurosa en relación a cualquier persona, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Los capítulos de Paraná, Rondônia, Ceará y Santa Catarina pidieron el alejamiento cautelar de Moraes del STF, mientras que los de Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Goiás, Pernambuco, Amazonas y Río de Janeiro defendieron una investigación rigurosa, independiente y transparente.

El próximo paso es la reunión del Consejo Federal de la OAB este miércoles (9). Se esperaba la participación del presidente del STF, Edson Fachin, que canceló su agenda por la escalada de la crisis. Si el Consejo Federal adopta los pedidos, el envío del juicio político corresponderá al Senado, órgano competente para procesar y juzgar a los ministros del STF por delito de responsabilidad.