El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, determinó este jueves (17) el envío a la Policía Federal de indicios de crímenes en las operaciones del Banco Master con concesionarias de cementerios de la prefectura de São Paulo, y comunicó al presidente de la Corte, Edson Fachin, la mención del ministro André Mendonça en los autos. Dino, relator del caso, prohibió a la policía cualquier acto investigatorio sobre su colega y pidió a Fachin que adopte las medidas pertinentes.

"Aclaro que está vedado cualquier acto investigativo que pueda alcanzar al Exmo. Ministro André Mendonça, pues este encaminamiento compete exclusivamente al presidente del STF junto al Colegiado", escribió Dino.

En el despacho, Dino señala una "densificación de indicios de crímenes" y amplía el alcance de la investigación: además de la concesionaria Cortel, citada en una decisión del 15 de septiembre, los aparentes vínculos del conglomerado de Master alcanzan ahora a Cemitérios e Crematórios SP, del Grupo Maya. Según documentos citados en la decisión, el banco financió 78 millones de reales a empresas que eran dueñas de la concesionaria, y ellas entregaron a Master todas sus acciones como garantía del préstamo. Los contratos habrían dado al acreedor poder para orientar el voto de los accionistas en ciertas situaciones, y los créditos habrían pasado por estructuras de Master Holding en las Islas Caimán, según el ministro.

Dino envió el material al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, determinó la inclusión del Grupo Maya en la investigación y dio 15 días a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el regulador del mercado, para levantar las relaciones del grupo con fondos de inversión y con todas las concesionarias privadas de cementerios de la ciudad. El grupo también entró en la lista de fiscalización prioritaria. La decisión reúne denuncias contra el servicio, como el cobro de 12 mil reales por el entierro de un recién nacido en el cementerio Cemitério da Saudade. Según G1, el despacho no afirma que Mendonça haya favorecido a nadie, y cualquier paso sobre el ministro corresponde al presidente del STF junto al pleno.

En nota, SP Regula, la agencia municipal que regula los servicios públicos de São Paulo, afirmó que "las relaciones financieras mantenidas por las concesionarias de servicios funerarios de la ciudad de São Paulo con bancos o fondos privados no configuran, por sí solas, ninguna irregularidad contractual". Dijo que la capacidad económico-financiera de las empresas se acompaña de forma permanente y que la Procuraduría General del Municipio "fue notificada y está analizando la situación".

Cómo llegó el caso hasta aquí

• 7 de marzo de 2025: en la ADPF 1196, acción del PCdoB que cuestiona la privatización y los valores cobrados por cementerios y servicios funerarios del municipio, Dino concede una medida cautelar y ordena a la prefectura ampliar la divulgación de los criterios para solicitar gratuidad y mejorar la fiscalización de las concesionarias.
• 14 de marzo de 2025: el banquero Daniel Vorcaro, de Master, se reúne con Mendonça. Según un reportaje de Uol reproducido en la decisión, Vorcaro tenía créditos garantizados por acciones de una concesionaria que sería afectada por un fallo del STF.
• 15 de marzo de 2025: Mendonça pide tiempo para analizar el caso. Cuando el juicio se reanudó, en abril de 2025, votó contra la decisión de Dino.
• 15 de septiembre de 2026: Dino señala, en decisión, que Mendonça habría favorecido intereses de Master y de la prefectura a cambio de fondos para el Instituto Iter, fundado por el ministro, que habría firmado con la prefectura un contrato de 380 mil reales en septiembre de 2025. El ministro también citó al hermano de Mendonça, Alexandre de Almeida Mendonça, que actúa en el área funeraria y cementerial de SP Regula. Ese mismo día, la sesión del pleno sobre la tramitación del caso se interrumpió tras una solicitud de vista de Dino.
• 17 de septiembre de 2026: Dino publica el despacho de esta noticia. El mismo día, Fachin canceló la sesión extraordinaria del pleno y retiró de la agenda, sin nueva fecha, el juicio sobre la actuación de Mendonça previsto para el 23 de septiembre.

Ahora la Policía Federal investiga las operaciones de Master con las concesionarias, y la CVM tiene hasta principios de octubre para cumplir el plazo de 15 días. En el STF, Dino tiene hasta 90 días para devolver al pleno el proceso que recibió con vista el 15 de septiembre. Sobre la sesión sobre Mendonça, Fachin escribió que su inclusión en la agenda "será oportunamente reprogramada", todavía sin fecha.