La Policía Federal de Brasil sostiene que Cláudio Castro, exgobernador del estado de Río de Janeiro, obtuvo ventajas directas de un esquema de lavado de dinero vinculado al grupo Refit, la antigua Refinería de Manguinhos. Las conclusiones figuran en la decisión de la segunda fase de la Operación Sem Refino, cuyo sigilo fue levantado este jueves (3) por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país. Entre las ventajas señaladas están 10.500 reales en caviar pagados por una empresa de un tercero, el uso de hecho de una mansión en Petrópolis, ciudad serrana cercana a Río, y un alquiler por debajo del mercado de la cobertura donde vive en Barra da Tijuca. Castro está bajo investigación, no ha sido condenado y su defensa niega irregularidades.
La investigación describe una estructura de ocultación de patrimonio montada con testaferros, los llamados "laranjas", y empresas de terceros para pagar gastos del exgobernador y blindar bienes de lujo. Refit es controlado por el empresario Ricardo Magro, considerado uno de los mayores deudores de impuestos del país, según G1. El STF ordenó su prisión preventiva en mayo, en la primera fase de la operación; está prófugo y figura en la lista de difusión roja de la Interpol. Datos extraídos de celulares incautados indican además que Castro y secretarios mantenían canales directos de comunicación para agilizar licencias ambientales y perseguir a empresas competidoras.
El episodio del caviar
Según mensajes citados en la decisión, Castro negoció personalmente la compra de distintos tipos y gramajes de caviar con un proveedor y pidió que parte del pedido fuera entregado en una suite del Hotel Emiliano, en São Paulo, donde se alojaba el 24 de abril de 2026. El valor final, tras descuentos, fue de 10.500 reales. Aunque dijo al vendedor que enviaría el comprobante del PIX, el sistema de pagos instantáneos brasileño, el análisis bancario mostró que el pago salió de la cuenta de AC Santos Participações e Empreendimentos, del abogado Antonio Carlos da Conceição Santos, conocido como "Pipo", señalado por la PF como operador central del esquema. Para los investigadores, es prueba objetiva del uso de terceros para pagar gastos incompatibles con los ingresos lícitos del exgobernador.
Mansión en la sierra y cobertura en la Barra
En Petrópolis, la PF sostiene que Castro usufructuaba de hecho un inmueble de lujo en el condominio Locanda Residenze, registrado a nombre de Concrecasa Construções Inteligentes. La administradora de la empresa, Carolina Gonçalves Xavier Pereira, tiene vínculos societarios con el empresario Luiz Fernando Gomes, cuya Enge Prat Engenharia e Serviços firmó 11 contratos con el gobierno estatal durante la gestión de Castro, por un total de 355,2 millones de reales, de los cuales 49,6 millones sin licitación. En la decisión, Castro aparece gestionando rutinas de seguridad, recibiendo facturas de electricidad en su celular y coordinando reformas que llamaba "minha obra" ("mi obra"), incluida una cava climatizada presupuestada en 245.000 reales cuyo archivo PDF traía en los metadatos el título "AP Adega Claudio Castro". Según O Globo, entre enero de 2024 y comienzos de este año Castro usó al menos 24 veces el helicóptero oficial para viajes de fin de semana a Petrópolis.
En Barra da Tijuca, el exgobernador reside bajo un contrato de 10.000 reales mensuales con la empresa J3 Real Estate, valor inferior al promedio de mercado estimado por la PF, entre 25.000 y 29.000 reales. La empresa fue creada 50 días antes de comprar la cobertura por 3,48 millones de reales, tiene el inmueble como único activo y solo abrió su primera cuenta bancaria tres años después de la transacción. Mensajes incautados muestran además a Castro y su esposa coordinando detalles de la obra, como la baranda de vidrio de la piscina, meses antes de mudarse, lo que, según los investigadores, contradice la versión de la defensa de que él no participó de las intervenciones.
Cronología y la defensa
La primera fase de Sem Refino fue lanzada en mayo, cuando Moraes autorizó allanamientos contra Castro y otros investigados y ordenó la prisión preventiva de Magro. La segunda fase ocurrió el 14 de agosto, con 16 mandatos de búsqueda y aprehensión expedidos por el STF; además de Castro, fueron objetivos el exsecretario estatal de Medio Ambiente Bernardo Rossi y el exsecretario de Transformación Digital José Mauro Farias Junior. En esa ocasión, la PF afirmó investigar un fraude en la concesión de licencias ambientales para la refinería, al margen de las directrices de los órganos técnicos competentes, además de lavado de dinero. Días antes, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) había revocado la autorización de funcionamiento de Refit.
Las defensas divergen de la lectura de la PF. El abogado Carlo Luchione afirmó a O Globo que la cobertura de la Barra es alquilada y negó que haya pasado por una gran reforma. Sobre la casa de Petrópolis, la defensa dice que el inmueble ya no tiene vínculo alguno con Castro, quien alega haberla ocupado entre octubre de 2023 y comienzos de este año mediante contrato regular de alquiler. G1 informó que busca contacto con Castro y que no había respuesta divulgada hasta la publicación.
Los próximos pasos dependen del STF. La investigación sigue a cargo de Moraes, la PF continúa analizando el material incautado y eventuales acusaciones formales dependen de una denuncia de la Procuraduría General de la República ante el Supremo. No hay fecha definida.