El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó que todos los procedimientos sobre la incautación de R$ 510 mil en efectivo, ocurrida el 25 de agosto en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, sean remitidos al tribunal. En una decisión divulgada este lunes (14), el ministro registró nominalmente que el dinero estaba en un equipaje de mano transportado por la abogada Valéria Rodrigues Linhares, descrita en el documento como esposa del diputado federal Cezinha de Madureira (partido PL, São Paulo), investigado por presunto tráfico de influencias.
Según el g1, que tuvo acceso a la decisión, la Policía Federal incautó el dinero cuando Valéria abordaba un vuelo a Brasilia, durante el control de rayos X del equipaje. Para Dino, la incautación es relevante porque contratos hallados en un celular ya requisado por la policía preveían honorarios de éxito de R$ 500 mil, R$ 1 millón y R$ 2 millones para la sociedad individual de abogacía de Valéria. El efectivo transportado físicamente, escribió el ministro, dificultaría el rastreo de esos pagos, lo que justificaría el decomiso de documentos, contratos, registros financieros y dispositivos electrónicos de los investigados.
Lo que apunta la investigación
La causa es la tercera fase de la Operación Transparencia, que investiga presunta explotación de prestigio, tráfico de influencias, corrupción pasiva y lavado de dinero. Según la decisión, la Policía Federal apunta una actuación articulada entre la abogada Mariângela Fialek, señalada como responsable de captar y formalizar causas y elaborar memoriales; Valéria; y el propio diputado, a quien la investigación atribuye la actuación ante ministros de los tribunales superiores. Mensajes extraídos del celular de Fialek llevaron a la policía a señalar una asociación para obtener decisiones favorables en procesos del STF con la ayuda del parlamentario. Este lunes se cumplieron cuatro órdenes de registro y decomiso en el Distrito Federal y en São Paulo, contra el diputado y el despacho de Valéria, con autorización para aprehender documentos, dispositivos electrónicos y efectivo por encima de R$ 10 mil.
La decisión aclara que los ministros del STF, del STJ y del TSE citados en los mensajes no son investigados. Según Dino, no consta en los autos noticia de solicitud, aceptación o recepción de ventaja indebida por integrantes del Poder Judicial; los magistrados aparecen solo como posibles destinatarios de la influencia que habría sido ofrecida por los investigados.
El caso hasta aquí
Los contratos y conversaciones citados en la decisión son de mayo a julio de 2025 y abarcan reclamaciones que tramitaban en el STF. La Operación Transparencia comenzó en diciembre de 2025 para investigar irregularidades en la destinación de enmiendas presupuestarias del Congreso, según el Congresso em Foco. El 25 de agosto, la Policía Federal incautó los R$ 510 mil con Valéria en Congonhas; este lunes se divulgó la decisión de Dino y se cumplieron los registros.
En el momento de la incautación, Valéria afirmó que el dinero había sido declarado en el Impuesto de Renta y que presentaría la comprobación de su origen. Su defensa sostiene que los valores provienen de honorarios de abogacía recibidos de un cliente y que la documentación fiscal será presentada después. El diputado no estaba con ella en el momento del control. La decisión la describe como esposa de Cezinha; la defensa de Valéria dice que es su exesposa.
La defensa del diputado, del bufete Carneiros Advogados, negó irregularidades y criticó el momento de la operación, realizada a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones. Los abogados sostuvieron que medidas de ese grado de repercusión deberían adoptarse "con la debida distancia de cualquier circunstancia política o electoral", y afirmaron en una nota:
"Con la tranquilidad de quien confía plenamente en la Justicia y la certeza de su conducta siempre intachable, el diputado federal Cezinha de Madureira está a disposición de las autoridades y prestará todas las aclaraciones necesarias."
Con la decisión, el STF pasa a concentrar la supervisión de los dos procedimientos, el de la incautación del dinero y el de la investigación sobre el diputado, que según Dino tienen conexión probatoria. El tribunal evaluará más adelante si los casos deben separarse; no hay fecha definida. Todos los investigados mantienen la presunción de inocencia.