El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino ordenó este domingo (20) que el Gobierno federal revise las normas que regulan el mercado de capitales y la actuación de la CVM, la comisión de valores mobiliarios de Brasil, con foco en los fondos de inversión y la prevención del lavado de dinero. La Unión tiene 90 días para presentar conclusiones, medidas propuestas y justificaciones técnicas, en un trabajo coordinado por el Ministerio de Hacienda, del que depende el organismo.

La decisión se dictó en una acción presentada por el partido Novo que discute la estructura presupuestaria y la capacidad de fiscalización de la CVM. Según Folha de S.Paulo, el proceso recibió nuevo material tras un oficio enviado al Supremo por Transparencia Internacional. O Globo añade que Dino analizó también documentos del llamado GT Master, un grupo de trabajo creado dentro del propio organismo. Para el ministro, los problemas de la CVM no se limitan a la falta de recursos e incluyen gobernanza y mecanismos de supervisión, dificultades que, según la decisión, se agravaron tras cambios regulatorios de 2021 y 2022.

Uno de los puntos que motivó la orden fue el tratamiento dado a una denuncia presentada ante la CVM en 2022. Según los documentos citados por Dino, la comunicación anticipaba, "con un alto grado de detalle", irregularidades identificadas después en el Banco Master, entre ellas activos ilíquidos, manipulación de cotizaciones y recompra de créditos. El área técnica la archivó con el argumento de que la información era inverosímil. La decisión también señala fallas en la protección de denunciantes: denuncias sensibles habrían sido tramitadas fuera de la plataforma Fala.BR, sin mecanismos adecuados para preservar la identidad de los informantes, lo que los expondría a represalias.

Cronología del caso Master

• 2021 y 2022: la CVM edita normas que flexibilizan el mercado de fondos, entre ellas la Resolución 175 de 2022.
• 2022: una denuncia que detallaba irregularidades en el Banco Master es archivada por el área técnica de la CVM.
• 4 de marzo de 2026: la Policía Federal detiene preventivamente en São Paulo al controlador del Banco Master, Daniel Vorcaro, y a otras tres personas; según Conjur, era su segunda detención en el caso. Vorcaro, investigado, pidió luego la revocación de la prisión, informó Folha.
• 20 de septiembre de 2026: Dino ordena a la Unión revisar las normas de la CVM y fija un plazo de 90 días.

Qué debe abarcar la revisión

Según O Globo, la determinación alcanza tres resoluciones de la CVM. La central es la Resolución 175, que permite que fondos inviertan en cuotas de otros fondos semejantes en capas sucesivas y sin límite cuantitativo. "Esa circunstancia dificulta la visualización de la composición económica final de las operaciones y aumenta los desafíos inherentes a la supervisión regulatoria", escribió el ministro. Dino citó además la expansión del mercado: el número de fondos regulados pasó de 14,4 mil en 2014 a 32,3 mil en 2026, y los FIDC, fondos de derechos creditorios, crecieron 810% en el período. También pidió revisar normas que trasladaron a los gestores la verificación de la existencia de los créditos de las carteras, antes a cargo de depositarios independientes, con comprobación por muestreo o incluso dispensada en ciertos casos.

En el terreno del lavado de dinero, el ministro afirmó que las normas actuales obligan al mercado a monitorear y comunicar operaciones sospechosas, pero no exigen rechazar un negocio cuando no es posible identificar al beneficiario final de estructuras societarias complejas. En su evaluación, el escenario de baja transparencia habría creado, en teoría, condiciones para fraudes de gran repercusión económica y para el uso del mercado regulado por estructuras criminales. En la decisión, Dino escribió:

Estas dificultades acaban ampliando la actuación de organizaciones criminales dedicadas a gravísimos delitos (narcotráfico; tráfico de armas; corrupción; desvío de enmiendas parlamentarias; compra y venta de decisiones judiciales que involucran a magistrados, asesores y abogados; fraude en licitaciones; mercado ilegal de precatórios, entre otros).

Es la segunda determinación de Dino en la misma acción. Antes ya había resuelto que la CVM aplique el 70% de lo que recauda con la tasa de fiscalización en su propia estructura, sin trasladar los recursos al Tesoro Nacional. Según Folha, el ministro también sugirió que Hacienda revise la norma de la CVM sobre procesos sancionadores. En los reportajes consultados no hay registro de manifestación de la CVM ni del ministerio sobre la decisión. El siguiente paso es el plazo: las conclusiones, coordinadas por Hacienda, deben entregarse en 90 días, que, contados desde la decisión del 20 de septiembre, vencen hacia el 19 de diciembre.