La Policía Civil de Río de Janeiro, el órgano estatal de investigaciones, imputó a 13 personas por la muerte del ciclista Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 años, golpeado en la madrugada del 11 al 12 de agosto en Copacabana, el famoso barrio de playa del sur de la ciudad, tras ser acusado injustamente de robar una bicicleta. El expediente, conocido en Brasil como inquérito, fue cerrado el lunes (7 de septiembre) por el comisario Angelo José Lages Machado, jefe de la 12ª comisaría, y enviado a la fiscalía estatal. Cinco investigados responderán por homicidio triplemente agravado; cuatro están presos y uno sigue prófugo.
Según la investigación, Landeiro Moreira se detuvo con la bicicleta de su hermana frente a una juguetería y una farmacia de la calle Barata Ribeiro. La policía analizó más de 12 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y concluyó que fue rodeado por guardias privados que actuaban en la zona y golpeado durante unos nueve minutos, con puñetazos, patadas y decenas de golpes con un objeto de madera. El informe señala que la víctima "quedó agonizando en el suelo durante más de 30 minutos" antes de recibir ayuda. Tras ser llevado al hospital municipal Miguel Couto, murió el 12 de agosto por traumatismo craneoencefálico, hemorragia interna y ruptura de órganos. Tenía problemas psiquiátricos y no opuso resistencia, y el comisario afirmó que no hubo "la mínima demostración" de que hubiera robado la bicicleta.
Las imputaciones
Responden por homicidio triplemente agravado (motivo fútil, medio cruel y recurso que impidió la defensa de la víctima) los guardias de calle Davi dos Santos Machado y Jorge Luiz Ricardo Dias, los repartidores de aplicaciones Felipe Eduardo dos Santos Dias y Ailton José da Silva, y Wellington Luiz Santos de Souza, quien aparece en las imágenes pateando la cabeza de la víctima al final de la golpiza y es el único prófugo; una línea ciudadana de denuncias publicó su cartel de búsqueda el 27 de agosto. Entre los demás imputados hay cuatro personas señaladas por ejercer de forma irregular la vigilancia callejera, cuatro comerciantes acusados de financiar el esquema, una mujer acusada de entregar el bastón de madera usado en los golpes, imputada por lesiones, y un hombre que presenció la agresión sin llamar a la policía ni a los bomberos, imputado por omisión de socorro.
El informe describe además un sistema informal de seguridad pagado por comerciantes de la zona. "Los pagos no se realizaban mediante contrato formal ni relación laboral debidamente constituida. Al contrario, se efectuaban de manera informal, predominantemente en efectivo y sin recibos", dice el documento, al que tuvo acceso la agencia estatal Agência Brasil. En la conclusión, el comisario escribió que "en lugar de acudir a la autoridad pública, los involucrados optaron por juzgar a Cláudio y someterlo a una sentencia de agresiones sucesivas, que causaron la muerte".
Las versiones de los investigados
En sus declaraciones a la policía, relatadas por el sitio G1, el guardia Davi dos Santos Machado cambió de versión. Primero dijo haber dado solo un puñetazo y atribuyó la golpiza a los repartidores; después admitió haber golpeado a la víctima con el bastón y calificó el episodio como un "acto insano", sin explicar qué lo llevó a actuar así. Dijo que no había información concreta de robo y que la víctima obedeció las órdenes de los agresores. Wellington, según relatos de testigos, habría preguntado a los repartidores si Cláudio era un "ladrón" y, tras recibir la confirmación, pateado la cabeza de la víctima, diciendo: "Ladrón tiene que morir". La imputación policial es una acusación formal, y las 13 personas mantienen la presunción de inocencia hasta una eventual condena.
El siguiente paso corresponde a la fiscalía de Río, que analizará el expediente y decidirá si presenta la acusación formal ante la justicia. No se ha divulgado fecha para esa decisión. Si se acepta, los imputados pasarán a ser acusados y podrán presentar su defensa en juicio.