El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil admitió el viernes (18) una acción de investigación judicial electoral contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB), candidatos a la reelección, por supuesto abuso de poder político y económico y uso indebido de los medios de comunicación en el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, en febrero, durante el Carnaval de Río. La decisión es del corregidor electoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, y solo permite que el proceso siga adelante, sin resolución del fondo ni reconocimiento de ninguna irregularidad.
La acción fue presentada por el candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y su candidato a vice, Alfredo Gaspar, rivales de Lula y Alckmin en la elección de 2026. También figuran como investigados la primera dama, Rosângela da Silva, Janja, el candidato a diputado federal del PT Marcelo Freixo y el alcalde de Niterói, Rodrigo Neves. Según G1, el ministro ordenó citar a todos y fijó un plazo de cinco días para la defensa. Si prospera al final, la acción puede anular el registro o el diploma del candidato beneficiado e inhabilitar a los responsables por ocho años, según el artículo 22 de la Ley Complementaria 64 de 1990.
Cómo llegó el caso al TSE
- Julio de 2025: según la demanda, se anuncia el argumento de Acadêmicos de Niterói dedicado a la trayectoria personal y política de Lula.
- 15 de febrero de 2026: la escuela desfila en el Carnaval de Río con el argumento sobre el presidente, según Brasil 247.
- Viernes, 18 de septiembre: el corregidor electoral admite la acción, cita a los investigados y abre un plazo de cinco días para la defensa.
Lo que alega la demanda
Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar sostienen que los municipios de Río de Janeiro y Niterói, el estado de Río y la agencia federal de turismo Embratur destinaron, en conjunto, 9,65 millones de reales a la escuela después del anuncio del argumento, en julio de 2025. Según los autores, habría además ingresos privados sin aclarar, posiblemente de empresas con contratos públicos y sin historia de patrocinio a escuelas de samba. Alegan también uso indebido de los medios de comunicación: el desfile habría sido transmitido por televisión abierta en cadena nacional durante unos 79 minutos, y la grabación seguiría disponible en plataformas digitales, una exposición que, en la lectura de los candidatos, escaparía a las reglas de la propaganda electoral.
En la petición, los autores piden la producción de pruebas en organismos y entidades públicos y privados, y las declaraciones de Janja, Freixo y Rodrigo Neves. Si el abuso es reconocido, piden la anulación de las candidaturas de Lula y Alckmin y su inhabilitación por los ocho años siguientes.
Al examinar el expediente, Antonio Carlos Ferreira concluyó que los hechos relatados bastan, en tesis, para encuadrar abuso de poder político y económico y uso indebido de los medios de comunicación. Según Brasil 247, la petición vino acompañada de comprobantes de pago, publicaciones oficiales, documentos de tribunales de cuentas, del libro "Livro Abre-Alas" de la escuela y de una lista de testigos. "Así, en un primer análisis, entiendo que la petición inicial cumple los requisitos de admisibilidad", escribió el ministro. Para Márcio Nogueira, presidente del colegio de abogados de Rondônia y especialista en derecho electoral citado por G1, la acción de investigación judicial es uno de los instrumentos "más severos de responsabilidad en la Justicia Electoral" y se distingue de las representaciones electorales, destinadas a infracciones específicas, como propaganda irregular.
El instrumento ya tuvo peso en la política brasileña: las dos condenas del expresidente Jair Bolsonaro (PL) en el TSE, que lo volvieron inelegible hasta 2030, se dieron en acciones de investigación judicial electoral, una por la reunión con embajadores de julio de 2022 y otra por los actos del bicentenario de la Independencia, el 7 de septiembre de 2022. Sobre el caso actual, G1 informó que buscó a la asesoría de campaña del PT y no obtuvo respuesta. Lula, Alckmin y los demás citados figuran como investigados y mantienen la presunción de inocencia. El próximo paso es la defensa, en el plazo de cinco días contados desde la citación; después, el caso avanza a la producción de pruebas. Los medios consultados no informaron una fecha para esa etapa.