Una mayoría de la Segunda Turma del STF (Supremo Tribunal Federal de Brasil) se formó este martes (8) para mantener el apartamiento preventivo del director general de la Policía Federal (PF), <strong>Andrei Rodrigues</strong>, y del director de Inteligencia Policial, <strong>Leandro Almada da Costa</strong>. La sesión virtual extraordinaria quedó suspendida antes de concluir, tras el pedido de vista del ministro <strong>Gilmar Mendes</strong>.</p><p>En menos de diez minutos de iniciada la sesión, los ministros <strong>Luiz Fux</strong> y <strong>Kassio Nunes Marques</strong> votaron para acompañar íntegramente al relator, <strong>André Mendonça</strong>, según el diario <em>Folha de S.Paulo</em>. Como la turma tiene cinco integrantes, esos tres votos ya aseguran la mayoría para mantener la decisión.</p><p>El pedido de vista, que permite al ministro retener los autos para estudiarlos, no altera el efecto práctico de la orden. La decisión cautelar de Mendonça sigue vigente y Gilmar tiene un plazo de 90 días para devolver el expediente, según la <em>Folha</em>. La orden también suspende la producción y el intercambio de informes de inteligencia de la PF sobre la actuación de magistrados, abogados públicos y policías judiciales, según el portal <em>G1</em>.</p><h2>Cómo comenzó la crisis</h2><p>El enfrentamiento empezó a comienzos de septiembre, cuando Mendonça, relator de las investigaciones del Banco Master y del INSS (la seguridad social brasileña), levantó el secreto de un informe de la PF sobre las interacciones entre el dueño del Banco Master, <strong>Daniel Vorcaro</strong>, y el ministro <strong>Alexandre de Moraes</strong>. Según la <em>BBC Brasil</em>, los diálogos muestran al banquero exigiendo atención especial a los pagos de un contrato de <strong>131 millones de reales</strong> entre el banco y el bufete Barci de Moraes, comandado por la esposa del ministro.</p><p>La presión sobre Andrei Rodrigues creció el 2 de septiembre, cuando el partido Novo acudió al STF citando mensajes del celular de Vorcaro que mencionaban el nombre "Andrei", y el 3, cuando la sigla pidió su prisión preventiva, alegando indicios de vínculo con una supuesta red de influencia criminal, informa <em>G1</em>.</p><p>Moraes respondió con un despacho en la investigación de las Fake News, de la que es relator, presentando informes de inteligencia de la PF que, según él, indicarían "en tesis" improbidad administrativa, delito de responsabilidad y abuso de autoridad por parte de Mendonça, además de una "diligencia investigativa policial para la producción ilegal de pruebas" contra él mismo. El presidente del STF, <strong>Edson Fachin</strong>, dio cinco días a Moraes, Mendonça, el procurador general de la República, <strong>Paulo Gonet</strong>, y Andrei para pronunciarse. El viernes (4), Fachin retiró del ámbito de esa investigación el análisis de las acusaciones contra Mendonça.</p><p>En la decisión de este martes, Mendonça señaló que Andrei envió a Moraes al menos seis "informes de inteligencia" producidos de forma secreta entre el 3 y el 31 de agosto, con seguimiento de un ministro de la Corte durante más de 30 días. El material también alcanzaría al abogado general de la Unión, <strong>Jorge Messias</strong>, según <em>G1</em>, que registra además la comparación del ministro entre la estructura y la distopía de "1984", de George Orwell. Mendonça ordenó abrir procesos penal y administrativo-disciplinario contra Andrei en la corregiduría de la PF. El apartamiento es preventivo y no existe condena en esta etapa.</p><blockquote>"La superlativa gravedad e ilicitud en la producción de los 'informes de inteligencia' impone la adopción de medidas inmediatas... Se trata de monitoreo ilícito de un Ministro de la Suprema Corte del país, lo que por sí solo revela la gravedad de la situación", escribió Mendonça en la decisión.</blockquote><p>Por la mañana, el director ejecutivo de la PF, <strong>William Marcel Murad</strong>, número dos de la corporación, defendió públicamente a Andrei en un evento y declaró: "No nos dejaremos abatir por los ataques", según <em>G1</em>.</p><h2>Lo que sigue</h2><p>El juicio de la Segunda Turma solo se retoma cuando Gilmar Mendes devuelva los autos, en un plazo de hasta 90 días. En paralelo, la AGU (Abogacía General de la Unión) anunció que apelará ante el STF contra el apartamiento, según la columna <em>Mônica Bergamo</em>, de la <em>Folha</em>. También sigue abierto el plazo que Fachin dio a las partes para explicar la crisis entre el tribunal y la cúpula de la policía.</p>