La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves (17) la décima fase de la Operación Overclean, con 24 órdenes de registro e incautación en seis estados, para investigar un supuesto fraude en contratos de más de 80 millones de reales celebrados por la Secretaría Municipal de Educación de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, entre 2024 y 2025. Según la policía, al menos tres contratos ya analizados suman ese valor, y otros procesos de contratación también están siendo examinados, lo que podría elevar la cifra final.
Las órdenes se cumplieron en Minas Gerais, Bahía, São Paulo, Tocantins, Paraná y Espíritu Santo. Durante los registros se incautaron unos 230.000 reales en efectivo en Ervália, en la región de Zona da Mata de Minas Gerais, y en la ciudad de São Paulo, informa el portal G1. Los equipos seguían en el terreno y el monto podía aumentar. De confirmarse, los hechos podrían configurar delitos contra la administración pública, fraude en licitaciones y contratos, organización criminal y lavado de dinero.
Entre los objetivos de la fase están el exsecretario de Educación de Belo Horizonte Bruno Barral, que también ocupó una secretaría en Salvador, y personas vinculadas al empresario José Marcos Moura, conocido como el "rey de la basura", según CNN Brasil. La investigación señala que Barral habría favorecido la contratación de empresas de Moura y del empresario Alex Parente en la capital de Minas Gerais. Barral ya había sido objetivo de una fase anterior de la operación. Para la Policía Federal, los hechos siguen siendo sospechas en investigación, y todos los investigados gozan de presunción de inocencia.
Cómo llegó el caso hasta aquí
La Overclean fue autorizada por la Justicia Federal en diciembre de 2024 para investigar irregularidades en una contratación del Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra las Secas) en Bahía. Como el caso involucra a políticos con fuero privilegiado, fue enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), donde el relator es el ministro Nunes Marques. Según los investigadores, el grupo movilizó 1.400 millones de reales y se dedicaba a desviar fondos públicos de contratos de ingeniería, incluso mediante enmiendas presupuestarias del Congreso. En agosto, la Policía Federal señaló formalmente como sospechosos a Moura y a otras 24 personas, entre funcionarios públicos y agentes privados. En esa ocasión, Moura negó cualquier irregularidad.
La prefectura de Belo Horizonte afirmó que la actual gestión no firmó contratos para la compra de material didáctico y que utiliza libros del programa nacional de material didáctico del gobierno federal, el PNLD. Añadió que no recibió ninguna solicitud relacionada con la operación y que está a disposición de las autoridades para aclaraciones.
El próximo paso es el análisis del material incautado, que se sumará a la investigación en curso en el STF. La Policía Federal no divulgó plazo para cerrar las pesquisas ni anunció nuevas fases. Según el G1, la corporación trata los hechos como sospechas y considera la investigación abierta.