El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este martes (8 de septiembre) el apartamiento preventivo de Andrei Rodrigues de la dirección general de la Policía Federal y, en la misma decisión, del director de Inteligencia Policial de la corporación, Leandro Almada da Costa. Según el portal G1, la decisión también determina la apertura inmediata de procedimientos de investigación penales y administrativo-disciplinarios en la Corregiduría de la PF para esclarecer la producción de informes de inteligencia que monitoreaban a autoridades.
Lo que señala la decisión
Según la pieza procesal, el director general envió al ministro Alexandre de Moraes, en el ámbito de la investigación de las fake news, al menos seis informes de inteligencia producidos de forma sigilosa entre el 3 y el 31 de agosto. El propio relator venía siendo sometido, desde hacía más de 30 días, a un monitoreo que la decisión califica de ilícito y sistemático. Además de Mendonça, el abogado general de la Unión, Jorge Messias, jefe del órgano jurídico del gobierno federal, fue objeto de monitoreo y de una "recolección dirigida" de información. Los informes sugerían que la decisión de Messias de no recurrir resoluciones judiciales en las operaciones "Sem Desconto" y "Compliance Zero" buscaba preservar una "relación política con el relator".
Mendonça calificó de "surreal" y "abjeta" la tesis de que la conducta del abogado general y del relator podría explicarse por una "matriz religiosa común" y por el apoyo de iglesias evangélicas a las candidaturas de ambos al STF. Los documentos, según el ministro, también hacían una "descarada realización de juicio correicional" sobre decisiones del tribunal y sobre el trabajo de otros delegados de la propia PF. Para él, los informes eran apócrifos, sin membrete, escudo, firma ni numeración, lo que los convertía en "una nada jurídica" contraria a la Doctrina Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública. Los propios autores del material advertían que los análisis carecían de "valor probatorio" y tenían "confianza agregada baja". La decisión registra también que los informes revelaron detalles de investigaciones en curso que involucran a los políticos Antonio Rueda y ACM Neto y anticiparon posibles medidas cautelares a los investigados, "frustrando completamente su eficacia".
Las asociaciones profesionales reaccionaron el mismo día. Intelis, el sindicato de los profesionales de inteligencia de Estado de la Abin, afirmó en una nota que la inteligencia de Estado "no se confunde con la investigación criminal, ni con la elaboración de piezas destinadas a la formación de un juicio acusatorio". El presidente de la Asociación de Delegados de la Policía Federal (ADPF) calificó de "totalmente irregular" la circulación del documento fuera de la corporación y dijo extrañarse de que una unidad de inteligencia produjera ese tipo de análisis.
Cómo empezó la crisis
La crisis que culminó en el apartamiento empezó a delinearse a comienzos de septiembre. El 2 de septiembre, el partido Novo acudió al STF para pedir medidas destinadas a preservar la independencia de las investigaciones que involucran al director general. Al día siguiente, la formación solicitó la prisión preventiva de Andrei Rodrigues, alegando indicios de su participación en una supuesta red de influencia criminal liderada por Daniel Bueno Vorcaro; mensajes del teléfono de Vorcaro hacían referencias directas al nombre "Andrei", identificado por la PF como el director general. La decisión también transcribe un reportaje de la periodista Monica Waldvogel, emitido el 3 de septiembre en GloboNews, según el cual el propio Rodrigues habría confirmado que la PF elaboró unos cinco o seis informes de inteligencia "para consumo propio y archivo", solicitados después por Moraes y que sirvieron de base a una denuncia. Rodrigues es investigado y conserva la presunción de inocencia.
Además de los apartamientos, Mendonça suspendió la producción y el intercambio de informes de inteligencia destinados a analizar la actuación de magistrados, de la abogacía pública o de la actividad de policía judicial. El episodio es el capítulo más reciente del enfrentamiento entre el STF y la PF, que ya llevó al presidente de la corte, el ministro Edson Fachin, a exigir explicaciones de Moraes y de Mendonça y que Folha de S.Paulo enmarca en el llamado Caso Master. El próximo paso es la sesión virtual extraordinaria de la Segunda Turma del STF, uno de los dos grupos de cinco ministros del tribunal, solicitada por Mendonça para refrendar la decisión este mismo martes (8), en paralelo a las indagatorias penales y disciplinarias abiertas en la Corregiduría de la PF.