Documentos de la Policía Federal señalan que el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, y empresarios investigados por vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, en el sector de combustibles usaban la misma estructura financiera para mover dinero y ocultar patrimonio. Según el G1, que tuvo acceso a los documentos enviados al 7.º Juzgado Criminal Federal de São Paulo y desclasificados esta semana por el Supremo Tribunal Federal, el punto de encuentro entre los dos grupos era la distribuidora de valores Trustee y su director, Artur Martins de Figueiredo.
La conexión apareció en la Operación Quasar, que investigaba el uso de fondos para esconder bienes atribuidos a Roberto Augusto Leme da Silva, alias Beto Louco, y a Mohamad Hussein Mourad, alias Primo, señalados por la Policía Federal como jefes de un esquema criminal en el sector de combustibles. Al analizar el celular incautado a Artur durante los allanamientos, los investigadores encontraron conversaciones sobre operaciones del Banco Master. En los mensajes, Ascendino Madureira Garcia, conocido como Dino, transmitía a Artur órdenes atribuidas a Vorcaro y exigía la ejecución técnica de las operaciones mediante los fondos administrados por Trustee. En un intercambio, tras recibir una hoja de cálculo con la red de fondos, empresas y cuotistas involucrados, Ascendino respondió con una figurita de Leonardo DiCaprio en la película "El lobo de Wall Street".
La misma maquinaria
Para la Policía Federal, Vorcaro sería el beneficiario final de las operaciones, Ascendino actuaría como intermediario y Artur sería el responsable de la ejecución técnica y de la formalización de los documentos en los fondos de Trustee. Los investigadores sostienen que la distribuidora aparece en los dos lados del esquema: administraba fondos usados en operaciones atribuidas al núcleo de Mohamad y, al mismo tiempo, ejecutaba demandas relacionadas con el Banco Master. La estructura usaba fondos de inversión, empresas y sociedades de propósito específico para crear capas entre los recursos y sus beneficiarios finales, con ajustes contables y cambios en la valoración de activos para dar apariencia legítima a transacciones sospechosas, según el informe. En el brazo de los combustibles, el objetivo sería proteger el patrimonio de fiscalizaciones y ejecuciones tributarias. El Banco Central decretó el 3 de septiembre la liquidación extrajudicial de Trustee y Banvox, distribuidoras ligadas a un exsocio del Master, un paso reportado también por UOL e InfoMoney. La Receita Federal ya señaló, en un levantamiento citado por el G1, que el PCC controla al menos 40 fondos de inversión con un patrimonio superior a 30.000 millones de reales.
Cómo llegó el caso hasta aquí
Hasta el hallazgo de los mensajes, los dos expedientes tenían objetos distintos: uno investigaba lavado de dinero en el sector de combustibles, con foco en fondos administrados por Trustee, Reag y la antigua Ruby Capital; el otro examinaba operaciones financieras del Banco Master. El análisis del teléfono llevó a la Policía Federal a pedir el intercambio de pruebas entre las dos investigaciones. Beto Louco y Mohamad ya fueron denunciados por lavado de dinero y falsedad ideológica en un esquema de 1.000 millones de reales y son considerados prófugos. Según la Policía Federal, Beto Louco sería integrante del PCC y propietario de facto del grupo económico, que incluye a Aster Petróleo y Copape, mientras Mohamad actuaría en el núcleo operativo.
Las defensas niegan las acusaciones. En una nota sobre la Operación Carbono Oculto, la defensa de Mohamad afirmó que las investigaciones presentan "hechos no probados" dentro de una "narrativa desconectada de la realidad". La defensa de Beto Louco declaró que demostrará la improcedencia de las acusaciones. El G1 informó que buscó a las defensas de Vorcaro, Ascendino, Artur y Trustee, sin respuesta hasta la publicación. Todos los citados en el informe siguen en condición de investigados, sin condena.
El caso del sector de combustibles tramita en el 7.º Juzgado Criminal Federal de São Paulo, adonde fueron enviados los documentos. Los próximos pasos registrados son el tratamiento del pedido de la Policía Federal de compartir pruebas entre los dos expedientes y las respuestas de las defensas de Vorcaro, Ascendino, Artur y Trustee, que aún no se han pronunciado públicamente sobre este informe.