El decano del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, el ministro Gilmar Mendes, defendió en un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que la Policía Federal (PF) reaccione ante determinaciones de su colega André Mendonça cuando las considere excesivas o ilegales. El encuentro ocurrió en la mañana del 1 de septiembre, en el Palacio del Planalto, según la columna política del periódico O Estado de S. Paulo, con el objetivo de orientar al presidente sobre la crisis entre el tribunal y la corporación.
En la evaluación de Gilmar, compartida con Lula, el gobierno falló al no exigir desde el inicio un freno a las medidas de André Mendonça, relator de los casos Master e INSS. El segundo incluye investigaciones que alcanzan al hijo del presidente, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, quien es objeto de pesquisa. Según la columna, la misma crítica fue dirigida al Ministerio de Justicia y a la propia PF. Para ilustrar la situación, el ministro citó la decisión que impidió el acceso de investigadores a parte del material reunido y la orden de remitir todas las acciones y procesos al gabinete del relator.
Gilmar sostuvo una posición firme para la dirección de la PF. En su lectura, el director general de la corporación, Andrei Rodrigues, puede declarar que las órdenes ilegales no serán cumplidas y recurrir directamente al Poder Judicial para obtener la suspensión de la determinación. En una situación extrema, cabría presentar un mandado de seguridad contra decisiones de Mendonça, camino que el ministro indicó no considerar necesario. La recomendación principal es buscar una solución por vías institucionales, con una acción conjunta del ministro de Justicia y del presidente del STF, Edson Fachin, o en diálogo directo entre Andrei Rodrigues y Fachin. Para fundamentar la reacción, Gilmar señaló los informes de la PF rechazados por la Procuraduría General de la República y la declaración del exbanquero Daniel Vorcaro, en la que Andrei Rodrigues es citado.
Detrás del encuentro con Lula
Un reportaje de la periodista Catia Seabra, de Folha, reproducido por Estado de Minas, confirma el encuentro y añade que Gilmar buscó a Lula justo después de un café con ministros del STF y el director general de la PF. Según relatos recogidos por el periódico, el decano afirmó que, cuando un ministro del Supremo interviene de forma indebida en el trabajo de la PF, el problema deja de ser solo del tribunal y pasa a ser también del gobierno. Consultado, Gilmar no quiso comentar.
La conversación ocurrió después de revelaciones de Estadão sobre la declaración de Vorcaro ante Mendonça, prestada en presencia del Ministerio Público y sin representante de la PF. En esa declaración, el exbanquero, preso en la operación Compliance Zero e investigado en el caso Master, afirmó que pretendía delatar a miembros del gobierno de Lula y formuló denuncias contra Andrei Rodrigues. El impasse con el Ejecutivo tiene raíces anteriores: en julio, Andrei pidió al abogado general de la Unión, Jorge Messias, que cuestionara decisiones de Mendonça, y Messias se negó, con el argumento de que la actuación del órgano en una causa penal sería inédita y podría generar acusaciones de intento de obstrucción de la justicia. Según Folha, Gilmar también describió relaciones disfuncionales entre la PF, la Abogacía General de la Unión y el Ministerio de Justicia, encabezados por Jorge Messias y Wellington César Lima e Silva.
Cronología de la crisis y próximos pasos
La crisis se aceleró después de que Mendonça ordenara a la PF producir un informe que expuso intercambios de mensajes entre el ministro Alexandre de Moraes, vicepresidente de la corte, y Vorcaro, a partir de material localizado en el celular del exbanquero. El 1 de septiembre, el mismo día del encuentro entre Gilmar y Lula, Mendonça levantó el sigilo del proceso y sugirió su evaluación por el plenario. Ese mismo día, Lula también conversó con Fachin.
"Ante el contenido de las informaciones presentadas por la autoridad policial, independientemente de la manifestación que emita la Procuraduría General de la República, el camino inevitable de estos autos lleva al Plenario de este Supremo Tribunal Federal, instancia soberana para analizar, de modo técnico y estrictamente jurídico, los nuevos elementos aportados por la autoridad policial", escribió Mendonça.
Moraes reaccionó y pidió a Fachin la investigación de Mendonça por improbidad administrativa, abuso de autoridad, crimen de responsabilidad y favorecimiento a grupos políticos, con base en lo que califica de fuertes indicios en la relatoría de los casos Master e INSS. Por su parte, el procurador general de la República, Paulo Gonet, afirmó que la investigación es nula y no podría haberse realizado sin pedido del Ministerio Público o de la propia PF.
Fachin determinó el jueves (3) que Mendonça, Moraes, Gonet y Andrei Rodrigues se manifiesten, en hasta cinco días hábiles, sobre los episodios que generaron la crisis. El presidente del STF pidió informaciones sobre el cumplimiento, por parte de la PF, de las reglas de la Ley Orgánica de la Magistratura para autoridades con fuero en el tribunal, y sobre indicios de uso de credenciales institucionales para evaluar un documento estrictamente particular. Este viernes (4), en un discurso en el Planalto, Fachin defendió también el fin de la investigación de las fake news, abierta en 2019 y relatada por Moraes, como camino para reducir la tensión en la corte.