La Advocacia-Geral da União (AGU), el órgano jurídico que representa al gobierno federal de Brasil, afirmó este viernes (4) que no tenía "competencia constitucional ni legal" para atender los pedidos de la Policía Federal de recurrir ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema del país, contra decisiones del ministro André Mendonça en las operaciones Sem Desconto y Compliance Zero. En una nota, el órgano calificó la medida pretendida por la corporación de "intervención procesal" y afirmó que no existe, en su historia, "precedente de actuación de la naturaleza pretendida" por la Policía Federal.

La manifestación responde a informes de inteligencia de la Policía Federal divulgados el jueves (3), anexados a una decisión del ministro Alexandre de Moraes. Según Poder360, los documentos indican que la AGU "optó por no interponer los recursos" contra actos de Mendonça y plantean la hipótesis de que la negativa derivó de la "preservación de relación política" entre el abogado general de la Unión, Jorge Messias, y el ministro. La nota rechaza cualquier inercia institucional.

"La AGU no dispone de competencia constitucional o legal para actuar en aspectos relacionados con la persecución penal en los términos pretendidos por la corporación. Esto no significó, sin embargo, inercia institucional. En la condición de interlocutor ante el STF, el abogado general de la Unión actuó concretamente en la búsqueda de una solución institucional", dice la nota.

Para la AGU, la negativa fue "resultado de análisis técnico y jurídico" realizado por abogados con atribuciones formales para evaluar el asunto. El órgano añadió que una "intervención procesal" en las condiciones pretendidas "podría generar riesgos jurídicos e institucionales para las propias investigaciones en curso en el STF", según la Folha de S.Paulo.

Cómo llegó la crisis hasta aquí

Las operaciones Sem Desconto, sobre las fraudes en el INSS (el instituto brasileño de seguridad social), y Compliance Zero, sobre el Banco Master, tramitan en el STF bajo la relatoría de Mendonça, en las peticiones 15041 y 15556. El martes (1º), el ministro retiró el sigilo de un informe de la Policía Federal que expone mensajes y encuentros entre el banquero Daniel Vorcaro, preso en Compliance Zero, y Moraes. El jueves (3), Moraes usó informes de la corporación para pedir al presidente del tribunal, Edson Fachin, providencias contra su colega, con base en "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad. Para Moraes, Mendonça "usurpó" la dirección de las investigaciones y las condujo de forma tendenciosa. Las acusaciones aún no pasaron por examen de mérito.

Lo que alega cada parte

En los informes, la Policía Federal afirma haber pedido a la AGU que recurriera al Supremo contra decisiones "de perfil atípico" de Mendonça y enumera cuatro hipótesis para la negativa del órgano, según Poder360:

• "preservación de relación política" entre Messias y Mendonça, con mención a los "gestos públicos de apoyo" del ministro a la indicación del abogado general al STF, luego rechazada, y a la "matriz religiosa común" entre los dos;
• convicción jurídica de que el recurso no cabría, pues la unidad habría evaluado el material como "poco convincente desde el punto de vista técnico";
• cautela ante el costo de litigar con un ministro del STF, como forma de "evitar confronto formal con integrante de la Corte";
• evaluación de oportunidad política del Ejecutivo, ya que la investigación alcanzaría a Lulinha, hijo del presidente Lula, y el recurso de la AGU "produciría lectura pública de intervención del Ejecutivo a favor del investigado".

En la nota, la AGU dice que Messias buscó interlocución con Mendonça y con Fachin "con el propósito de contribuir a la construcción de un ambiente de diálogo capaz de equacionar divergencias y evitar el agravamiento de una situación institucional sensible", y cierra afirmando que permanece "a disposición de la Policía Federal y de las demás instituciones del Estado". Según la Folha de S.Paulo, el órgano venía señalando que la Policía Federal propuso medidas con potencial de anular las investigaciones sobre el Banco Master y las fraudes del INSS, y que el roce comenzó cuando la corporación pasó a exigir que la AGU actuara ante el Supremo para reducir el control del ministro Dias Toffoli sobre investigaciones de las que era relator.

Próximos pasos

Fachin determinó que Moraes, Mendonça, el procurador general de la República, Paulo Gonet, y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, se manifiesten en el plazo de cinco días, con vencimiento la próxima semana. El procurador general también informó al presidente del STF que instauró un procedimiento de control externo de la actividad policial para apurar posible interferencia en la elaboración del informe que ligó a Moraes con Vorcaro. El caso, que era relatado por Mendonça, pasó al mando de Fachin.