El Ministerio Público de São Paulo (MPSP) y la Corregiduría de la Policía Civil, la fuerza estatal encargada de las investigaciones criminales en Brasil, lanzaron este viernes (28) la Operación Merx, que indaga sospechas de que policías usaron comisarías y sistemas de la propia institución en un esquema de cobro de sobornos a contrabandistas de electrónicos en la Gran São Paulo. Según la investigación, difundida por G1 y también reportada por Metrópoles, el grupo habría exigido cerca de 2,35 millones de reales en al menos cuatro episodios documentados desde 2024. Todos los mencionados son investigados y gozan de presunción de inocencia.
La pesquisa está a cargo del Gaeco, la unidad especial del Ministerio Público contra el crimen organizado, con apoyo de la Corregiduría y del Departamento de Operaciones Estratégicas (Dope). Según los investigadores, los policías usaban recursos de la institución para monitorear cargamentos de celulares y otros electrónicos de origen irregular que luego eran interceptados. En lugar de incautar la totalidad de la mercadería, los sospechosos habrían exigido dinero a los responsables para liberar los productos, de forma total o parcial. El monto cobrado llegaba a alrededor del 70% del valor de la carga. Las dependencias policiales también habrían servido para almacenar mercadería y registrar la incautación de solo una parte de los productos, lo que daba apariencia de legalidad a los operativos.
Allanamientos en tres comisarías
En la mañana de este viernes se cumplieron 18 órdenes de allanamiento, entre ellas en tres unidades de la propia Policía Civil: la comisaría de Santana de Parnaíba, la de Embu das Artes y el 2º Distrito Policial de Cotia. La Justicia decretó siete prisiones preventivas: cuatro contra los policías civiles Jonathan Vieira, Bruno Moreno, José Nishi y Sidiclei Almeida, una contra un abogado señalado como intermediario del esquema y dos contra sospechosos de comandar el contrabando. Hasta la última actualización de G1, cuatro de los siete objetivos habían sido detenidos. Uno de los buscados estaría en Paraguay y otros dos no habían sido localizados.
Un quinto policía civil, de primera clase, no tuvo decretada la prisión, pero fue apartado de la función pública. La Justicia ordenó el retiro de sus credenciales de acceso a los sistemas policiales y le prohibió mantener contacto con investigados y testigos. También se autorizó el levantamiento de los secretos bancario y de comunicaciones y el bloqueo de hasta 4 millones de reales en bienes de los investigados.
Qué sostiene cada parte
Para el Ministerio Público y la Corregiduría, los hechos configurarían, en tesis, los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero y organización criminal. La cronología del caso comienza en 2024, año de los primeros episodios documentados. Tras reunir elementos sobre al menos cuatro casos, el Gaeco pidió las medidas judiciales ejecutadas este viernes. G1 informa que intenta localizar a las defensas de los investigados y que el espacio sigue abierto para sus manifestaciones. Hasta el momento, ningún abogado de los citados se ha pronunciado públicamente sobre el caso.
El próximo paso procesal es la continuidad de la búsqueda de los tres objetivos que siguen prófugos, uno de ellos localizado en Paraguay según la investigación, lo que podría exigir cooperación internacional. Cerrada la fase de cumplimiento de las órdenes, corresponderá al Gaeco concluir las pesquisas y decidir si presenta una denuncia formal ante la Justicia. No hay fecha divulgada para esa etapa.