La pelea en torno al caso Master se convirtió, en los bastidores del Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo tribunal de Brasil, en una disputa por el control de la investigación. Aliados del ministro André Mendonça hablan de un intento deliberado de crear una "cortina de humo" en torno al caso y de una operación para enterrar las pesquisas. Del otro lado, el sector del ministro Alexandre de Moraes, del ministro Flávio Dino y de la cúpula de la Policía Federal ve en la ofensiva de Mendonça un movimiento que puede alcanzar el mando de la corporación, al propio Moraes y al fiscal general de la República, Paulo Gonet. Según un informe del blog de Andréia Sadi en G1, publicado el lunes (7), la evaluación que une a bandos opuestos es que la crisis está lejos de terminar.

Fuentes aliadas de Mendonça consultadas por G1 dicen que el informe de la Policía Federal conocido el lunes (31) sería apenas "una pequeña muestra" de lo que todavía puede aparecer. Para ese grupo, hubo un intento deliberado de crear una cortina de humo en torno al caso Master y de dificultar el avance de las investigaciones.

Aliados de Moraes y de Dino e integrantes del mando de la Policía Federal evalúan que la ofensiva de Mendonça es parte de una disputa que ahora alcanza directamente a la propia Policía Federal, a Moraes y a la Procuraduría General de la República. En la corporación, según G1, se evalúa que el ministro quiere investigar al director general Andrei Rodrigues, lo que subiría la temperatura de una crisis que ya dejó de ser solo una divergencia entre ministros. Moraes también actuó por escrito: el jueves (3), envió al presidente del tribunal una decisión que señala "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad en la actuación de Mendonça, con base en informes de inteligencia de la Policía Federal, según CNN Brasil.

Cómo llegó el caso hasta aquí

• Martes 1 de septiembre: Mendonça, relator de la investigación sobre el Banco Master, levantó el secreto de un informe de la Policía Federal con mensajes y registros de contactos entre el fundador del banco, Daniel Vorcaro, y Moraes. El material indicaba que el empresario buscaba interlocución con el ministro en medio del avance de las pesquisas sobre el Banco Master. Mendonça afirmó que los nuevos elementos debían ser analizados por el pleno del STF. La Procuraduría General reaccionó, cuestionó la forma en que se condujo la pesquisa y pidió la extinción del procedimiento.
• Jueves 3: el presidente del STF, Edson Fachin, dio cinco días a Moraes, Mendonça, Gonet y Rodrigues para prestar esclarecimientos. Horas después, Moraes envió a Fachin la decisión contra Mendonça, referida a las operaciones Compliance Zero, ligada a Master, y Sem Desconto, sobre fraudes en el INSS, la seguridad social brasileña. Según CNN Brasil, Moraes acusó a su colega de interferir en la conducción de las investigaciones, participar de forma irregular en negociaciones de colaboración premiada y dirigir investigaciones por motivos personales y políticos.
• Viernes 4: Fachin retiró la decisión de Moraes de la investigación de las fake news y concentró los cuestionamientos de ambos lados en un único procedimiento bajo la Presidencia del STF, que no está bajo secreto.

Qué quiere saber Fachin y qué viene después

Fachin quiere esclarecer, entre otros puntos, si la Policía Federal respetó las reglas de la Ley Orgánica de la Magistratura al encontrar información que involucra a autoridades con fuero en el Supremo, si hubo acceso a documentos particulares y si se revelaron datos protegidos por secreto judicial, según CNN Brasil. También pidió información sobre una diligencia determinada por Mendonça para identificar personas mencionadas en el material policial y sobre las medidas de la Procuraduría en el control externo de la actividad policial. El presidente de la Corte subrayó que los pedidos solo completan la información disponible y no representan una conclusión previa sobre la validez del pedido de Moraes, la regularidad del procedimiento o el mérito de las acusaciones.

Ministros consultados por G1 destacan un punto jurídico central: en condiciones normales, una investigación en el STF se abre cuando hay pedido de la Procuraduría General o cuando esta respalda una iniciativa de la Policía Federal, ya que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Hoy existe un pedido para anular el material cuyo secreto Mendonça levantó. Interlocutores de Mendonça califican de "protocolar" el envío del caso a la Presidencia del Supremo, ocurrido, según ellos, apenas después del fin del plazo para la información solicitada por Fachin. La próxima batalla es definir qué exactamente puede llegar al pleno y en qué condiciones. Los plazos ya corren: la Procuraduría tiene cinco días hábiles, contados desde la decisión del viernes (4), para presentar dictamen sobre la admisibilidad y la regularidad del procedimiento adoptado por Moraes y, si lo considera pertinente, sobre el contenido de las acusaciones; después, Mendonça tendrá otros cinco días hábiles para responder.

En el Planalto, según G1, auxiliares del presidente Lula evalúan que la exposición permanente de Moraes termina ayudando al candidato opositor Flávio Bolsonaro, porque la oposición asocia al ministro directamente con el presidente. Algunos de ese grupo evalúan que ese efecto puede ser más dañino para Lula que el desgaste provocado por el caso Lulinha. El ministro Cristiano Zanin intenta mantener canales abiertos con los distintos grupos, según el mismo informe. Una fuente resume las próximas semanas como un "septiembre sangriento", con expectativa de nuevos informes, pedidos, decisiones y revelaciones. Los dos bandos coinciden en un punto: lo que apareció hasta ahora no cierra la crisis. Abre su próxima fase.