El informe de la Policía Federal que sustentó la autorización del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), para la operación lanzada el jueves (10) contra la productora de la película Dark Horse señala indicios de una triangulación financiera de al menos 6,1 millones de reales entre empresas y entidades ligadas a la empresaria Karina da Gama. Según el documento, citado por g1, el dinero salió del Instituto Conhecer Brasil (ICB), propiedad de Karina que gestiona el wifi municipal gratuito de São Paulo mediante un contrato de 157 millones de reales con la alcaldía, pasó por empresas tercerizadas y volvió a otra entidad de la empresaria, la organización social de la cultura Academia Nacional de Cultura (ANC).
Las dos entidades funcionan en la misma dirección, en el barrio de los Jardins, en São Paulo, según la decisión del ministro. Para la supuesta triangulación, Karina habría usado Complexsys Soluções Integradas y Fastfuture Tecnologias Emergentes, empresas del matrimonio André Feldman y Débora Gomes Feldman que prestaron servicios en el contrato de wifi. La Policía Federal cita además a otras dos compañías en el esquema: Ultra IP Tecnologia e Serviços, del empresario William Silva Ferreira, que también recibió recursos del wifi de la capital, y Distribuidora de Produtos LMS.
"La ANC aparece repetidamente como destinataria de recursos provenientes de diferentes empresas financiadas por el ICB. (...) Los movimientos relatados presentan fuertes indicios de retorno de los recursos públicos pagados al ICB hacia la esfera de disponibilidad de los propios responsables de la organización, con potencial caracterización de desvío y contornos de lavado de dinero", escribió Dino en la decisión.
La investigación detalla las transferencias recibidas por la ANC de las empresas pagadas por el ICB:
- Complexsys: R$ 2.626.949,69 y R$ 1.308.986,33;
- Ultra IP: R$ 1.336.201,50;
- Fastfuture: R$ 603.136,12;
- Distribuidora LMS: R$ 300.000,00.
El total señalado llega a R$ 6.175.273,64.
Los dueños de las tres empresas fueron objeto de registros y decomisos el jueves y tienen prohibido salir de Brasil. Según la Agência Brasil, la fase, denominada Operación Make Up, cumplió 49 órdenes judiciales expedidas por el STF en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal. La Policía Federal investiga delitos de peculado, falsedad documental, lavado de dinero, organización criminal y delitos licitatorios, con desvíos estimados por las autoridades en cientos de millones de reales. Según el diario Folha de S.Paulo, Dino también prohibió al diputado Mario Frias (PL-SP), guionista y productor ejecutivo del filme, salir del país y ordenó el fin del sigilo de la investigación, en la que los investigadores sospechan que al menos R$ 750 mil transferidos a la productora Go Up Entertainment durante el rodaje tuvieron origen en enmiendas parlamentarias de Frias.
De dónde viene el caso
Dark Horse es una biografía del expresidente Jair Bolsonaro producida por Karina da Gama, con Frias como guionista y productor ejecutivo. En mayo, el sitio The Intercept publicó audios de una conversación de noviembre del año pasado en la que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) le pedía dinero al banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, para financiar el rodaje; el senador negó cualquier ventaja indebida y afirmó que los recursos entregados a la película eran privados. La investigación por el supuesto desvío de enmiendas parlamentarias tramita en el STF bajo la relatoría de Dino. En paralelo, el ministro André Mendonça examina la transferencia de R$ 61 millones de Vorcaro a la producción.
Lo que dicen los citados
En nota, la defensa de Karina da Gama informó que presentó el jueves una reclamación constitucional en jurisdicción penal ante la presidencia del STF, medida que "no discute el mérito de la investigación". Según los abogados, la empresaria "estaba contribuyendo espontánea y voluntariamente", al punto de atender el viernes pasado el pedido de la Policía Federal y entregar más de 20 mil hojas de documentos, lo que, para la defensa, prueba su "buena fe y lealtad procesal". Frias calificó la operación de "cortina de humo" y negó irregularidades: según él, la enmienda de R$ 2 millones investigada beneficiaba un proyecto deportivo y otro de alfabetización digital.
Complexsys, de André Feldman, afirmó que "la operación de la Policía Federal va a comprobar, nuevamente, que los recursos recibidos por la empresa fueron usados solamente en el contrato para el mantenimiento de la red de wifi en la ciudad de São Paulo, sin ningún vínculo con el financiamiento para la producción de la película, objeto de investigación". Según la empresa, "la pericia independiente, ya adjuntada en las investigaciones policiales, también comprueba que no existe ninguna relación entre el contrato de la empresa con la productora Go UP". g1 y GloboNews contactaron a las defensas de todos los involucrados y no recibieron respuesta de una parte de ellas.
La alcaldía de São Paulo, del alcalde Ricardo Nunes (MDB), dijo rechazar "cualquier intento de crear relaciones entre proyectos y programas del Municipio y la producción cinematográfica de la película sobre el expresidente Jair Bolsonaro". La administración afirmó que la obra no recibió recursos municipales y que la ejecución del convenio de colaboración con el ICB "no tiene ninguna irregularidad identificada". Según la nota, el programa de wifi gratuito sigue en funcionamiento, con 3.200 puntos instalados y más de 760 millones de accesos registrados.
Ninguno de los citados ha sido denunciado: todos figuran como investigados y mantienen la presunción de inocencia. El siguiente paso definido es el examen de la reclamación constitucional de Karina por la presidencia del STF, que decidirá si mantiene las medidas determinadas por Dino. La investigación sigue en curso bajo la relatoría del ministro, sin fecha prevista para su conclusión.