La Policía Federal afirma, en informes enviados al Supremo Tribunal Federal (STF), que el exbanquero Daniel Vorcaro costeó viajes y cenas internacionales de los dos funcionarios del Banco Central, la autoridad monetaria y reguladora de Brasil, alejados de sus cargos bajo sospecha de favorecer al Banco Master. Según Folha de S.Paulo, que accedió a los documentos tras el levantamiento del secreto decretado en la noche del jueves (10), Vorcaro habría pagado parte de un viaje a París del exjefe de Supervisión Bancaria, Belline Santana, y su esposa, además de gastos del exdirector de Fiscalización, Paulo Sérgio Neves de Souza, en un viaje a Disney, en Estados Unidos.
Sobre la escala en París, el informe policial dice que Vorcaro organizó el itinerario de la pareja y mantuvo contacto directo con prestadores de servicio en el exterior:
"Trató directamente con prestadores de servicios en el exterior sobre reservas de restaurantes, recepción y logística, llegando incluso a enviar el contacto personal del servidor para que la programación fuera finalizada"
En mensajes citados en el documento, el exbanquero orientó que se organizara una cena en el restaurante Lapérouse y un almuerzo en el Loulou. Para la Policía Federal, la indicación de que debían pedirse buenos vinos y comida sugiere que las cuentas correrían por su cuenta. El informe registra que Belline y su esposa viajaron a París en el período de los mensajes, pero no señala otros gastos pagos ni los valores.
En declaración ante la Policía Federal el 24 de agosto, escuchado como testigo, el empresario Leo Serrano, dueño de la agencia de viajes Signature Luxury, afirmó que Vorcaro pagó US$ 38 mil por un "guía vip" que acompañó a Paulo Sérgio por los parques de Disney y Universal, en Orlando, en enero de 2024. Según Valor Econômico, que accedió a la íntegra de la declaración, la empresa cubrió el valor y después envió la factura a Vorcaro. Sobre Belline, Serrano dijo que ninguna reserva solicitada para el viaje a París de 2025 llegó a pagarse o concretarse.
Las defensas niegan irregularidades. La de Paulo Sérgio, en nota del abogado Odel Antun, afirma que tiene documentación de que costeó íntegramente el viaje con su familia y que solo aceptó, el día del embarque, una vacante en un paquete de acceso prioritario a los parques ofrecida por Vorcaro, mediante el pago de US$ 8 mil en efectivo, a través de una persona indicada por el exbanquero. La de Belline, firmada por el abogado Leonardo Palazzi, sostiene que "no hubo ninguna prestación de servicios de turismo, logística o conserjería" a él y criticó la filtración de la declaración. Según Folha, los abogados no respondieron a los contactos antes de la publicación.
Cómo el caso llegó al STF
Belline y Paulo Sérgio fueron alejados del Banco Central y son investigados bajo sospecha de haber recibido sobornos para favorecer los intereses de Master mientras fiscalizaban el banco de Vorcaro, ya extinto. La investigación integra la Operación Compliance Zero, que apura un supuesto esquema de fraudes financieros y lavado de dinero ligado a Master, y llegó al STF porque involucra acusaciones contra parlamentarios y contra el ministro Alexandre de Moraes.
- 1 de septiembre: el relator del caso, el ministro André Mendonça, levanta el secreto de un informe de la Policía Federal con indicios de que Vorcaro pidió consejos e intercambió información con Moraes.
- 3 de septiembre: Moraes retira el secreto de informes de la inteligencia policial sobre supuestas conductas irregulares de Mendonça.
- 9 de septiembre: el presidente del STF, ministro Edson Fachin, quita a Moraes la relatoría de la investigación de las Fake News y convoca una sesión plenaria para el día 15.
- 10 de septiembre: a pedido de Fachin, Mendonça levanta el secreto de la Petición 15.556, núcleo original de la operación, y de otros procedimientos vinculados.
El próximo paso está fijado para el martes (15), cuando el pleno del STF analice el informe policial que señala a Moraes como interlocutor de Vorcaro y el pedido de la PGR (Procuraduría General de la República) de anulación del documento. Nadie ha sido condenado y todas las personas citadas tienen derecho a la presunción de inocencia.