El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó este martes (22) el archivo de la investigación contra tres exdirectores de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), la policía federal de carreteras de Brasil, acusados de intentar dificultar o impedir el desplazamiento de electores en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. La decisión siguió el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), que concluyó que no había elementos para mantener la investigación contra los tres.
El archivo beneficia a Djairlon Henrique Moura, exdirector de Operaciones; Luis Carlos Reischak Junior, exdirector de Inteligencia y exsuperintendente de la PRF en Río Grande do Sul; y Rodrigo Cardozo Hoppe, exdirector sustituto de Inteligencia. Según G1, el portal de noticias de Globo, Moraes afirmó que, ante el entendimiento de la PGR, el caso debe cerrarse.
Cómo comenzó el caso
La investigación nació de los operativos de control que la PRF realizó el 30 de octubre de 2022, día de la segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Los controles se concentraron en el Nordeste, región donde Lula lideraba las encuestas de intención de voto. Un informe obtenido en la época por el blog de la periodista Andréia Sadi, de G1, muestra que la corporación inspeccionó 2.185 autobuses en el Nordeste contra 571 en el Sudeste entre el 28 y el 30 de octubre.
La víspera de la votación, el entonces director general de la PRF, Silvinei Vasques, había declarado su voto por Bolsonaro. El día de la elección, Moraes ordenó la suspensión inmediata de los controles, bajo amenaza de prisión para el director general. La orden fue desobedecida por la corporación, informan G1 y el portal Imprensa 24h.
En enero de 2025, la Policía Federal inculpó a cinco personas en la investigación, entre ellas los tres exdirectores. La policía reunió indicios de los delitos de desobediencia, prevaricato, restricción del ejercicio del derecho al voto y participación, por omisión, en un intento de abolir el Estado Democrático de Derecho. El señalamiento policial es una etapa investigativa y no equivale a una condena.
Qué significa el archivo
El archivo cierra la persecución penal contra los tres exdirectores sin que se haya presentado denuncia y sin decisión sobre el fondo. La medida siguió el entendimiento de la PGR de que faltaban elementos contra los exgestores y no equivale a un veredicto de culpabilidad o inocencia. Según la legislación procesal penal brasileña, la investigación puede reabrirse si surgen nuevas pruebas. No hay actos futuros programados en esta línea del caso, y G1 no detalla la situación de las otras dos personas inculpadas.