La Justicia Federal del Distrito Federal fijó para el miércoles 2 de septiembre una audiencia entre el gobierno federal y Discord antes de decidir sobre el pedido de medidas urgentes contra la plataforma, demandada en una acción civil pública que reclama una indemnización de R$ 500 millones por daños morales colectivos. La información fue divulgada este viernes (28) por Folha de S.Paulo.
Según la Folha, se trata de una audiencia de justificación e intento de conciliación que debe reunir a representantes de la Unión, de Discord y del Ministerio Público Federal (MPF), con posible participación de la ANPD, la agencia brasileña de protección de datos. Al fijar la reunión, el juez a cargo del caso afirmó que la naturaleza, la gravedad y la complejidad de las cuestiones discutidas justifican un esclarecimiento más detallado de los hechos antes de decidir sobre las medidas cautelares.
El caso hasta ahora
El proceso es el desenlace de una escalada que comenzó en julio, cuando una adolescente de 13 años del estado de Mato Grosso do Sul se quitó la vida tras ser incitada durante una transmisión en vivo en la plataforma, según las investigaciones. El caso llevó al lanzamiento de la Operación Livia el 4 de agosto y, el 12 de agosto, la ANPD suspendió las transmisiones en vivo de Discord en Brasil al señalar fallas en la protección de niños y adolescentes.
El 26 de agosto, tras el fracaso de las negociaciones para la firma de un TAC (Término de Ajustamiento de Conducta, un acuerdo extrajudicial común en Brasil), la AGU, el órgano jurídico del gobierno federal, presentó la acción civil pública. Además de la indemnización, la Unión pide que Discord adopte verificación de edad, vincule las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres o responsables, detecte e interrumpa en tiempo real transmisiones con escenas de automutilación o suicidio y mantenga un equipo de moderación en portugués, entre otras obligaciones previstas en el ECA Digital, la nueva ley brasileña de protección de menores en internet, según informó G1.
"Demostramos que esta plataforma ha permitido la práctica de una serie de violaciones legales frente al ordenamiento jurídico brasileño. Esta situación es absolutamente insostenible y, por orientación del presidente de la República, adoptamos esta medida", dijo el abogado general de la Unión, Jorge Messias, al anunciar la demanda. El secretario nacional de Derechos Digitales, Victor Oliveira Fernandes, afirmó, en declaraciones reproducidas por el sitio Vermelho, que "las plataformas no pueden seguir esperando a que el Estado las notifique para tomar medidas".
En un comunicado, Discord calificó la demanda de "desproporcionada" y afirmó que "no refleja de forma precisa el enfoque de Discord respecto a la seguridad y al cumplimiento de la legislación brasileña". La empresa dijo que sigue "comprometida en trabajar con las autoridades competentes" para ampliar la seguridad en la plataforma.
Antes de analizar el pedido de medidas cautelares, la Justicia ya había dado al MPF y a Discord un plazo de cinco días para manifestarse, plazo que sigue vigente con independencia de la audiencia. En la reunión del miércoles, Discord deberá informar sobre las medidas de seguridad y moderación que adopta, y el juez quiere esclarecer el alcance y la situación actual de las determinaciones ya impuestas por la ANPD, incluso si hubo recurso administrativo contra ellas. Solo después de esos esclarecimientos se decidirá el pedido de medidas urgentes presentado por la Unión.