Una fuerza de tarea nacional, la Operación Rescate VI, liberó a 479 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud durante operativos realizados en 19 estados brasileños en agosto. Según el balance de la Secretaría de Inspección del Trabajo (SIT), del Ministerio de Trabajo y Empleo, divulgado el miércoles y reportado por g1, el portal de noticias de Globo, los equipos cumplieron 231 acciones de fiscalización entre el 1 y el 31 de agosto. De los rescatados, 404 eran hombres (84,4%) y 75, mujeres (15,6%). La operación identificó además a 15 niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, 13 de ellos también en condiciones análogas a la esclavitud, y a 66 trabajadores migrantes de países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Senegal y Guinea-Bisáu.
La fuerza de tarea fue coordinada por auditores fiscales del trabajo de la SIT, con participación del Ministerio Público del Trabajo (MPT), del Ministerio Público Federal (MPF), de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) y de la Policía Federal. La cifra de 479 rescatados también fue reportada por Folha, uno de los principales periódicos de Brasil, y el MPF divulgó un balance propio de la operación. En Brasil, someter a un trabajador a condiciones análogas a la esclavitud es un delito tipificado en el artículo 149 del Código Penal.
Dónde y en qué actividades
Minas Gerais concentró el mayor número de rescates, con 208 trabajadores, el 43,4% del total. Le siguieron São Paulo, con 58; Amazonas, con 42; Piauí, con 40; y Río Grande del Norte, con 37. Por región, el Sudeste respondió por 267 rescates (55,7%). Las actividades rurales representaron el 61% de las fiscalizaciones y concentraron 292 rescates; en las urbanas fueron 178. La construcción civil fue la actividad con más trabajadores rescatados, con 85 casos, seguida del cultivo de café (53), de cebolla (47) y de papa (44). En el trabajo doméstico, se fiscalizó a 14 empleadores y se rescató a 9 trabajadores.
Consecuencias jurídicas y próximos pasos
Los empleadores sorprendidos en las fiscalizaciones fueron obligados a interrumpir las actividades, rescindir los contratos y formalizar retroactivamente los vínculos de empleo. Hasta el momento se pagaron 1,47 millones de reales en conceptos rescisorios, de un total estimado en 3,29 millones. El balance contabiliza además 675,5 mil reales en indemnizaciones por daños morales individuales y 455,5 mil reales por daños morales colectivos. Se firmaron tres Términos de Ajustamiento de Conducta (TAC) y cuatro acciones civiles públicas están en fase de presentación ante la justicia; no se divulgó la fecha. Los rescatados recibieron el seguro de desempleo especial, de seis cuotas de un salario mínimo cada una.
Las fiscalizaciones también deberían resultar en unos 1.836 autos de infracción, por irregularidades como trabajo infantil, falta de registro en la cartilla laboral e incumplimiento de normas de salud y seguridad. Hubo 28 interdicciones o embargos de actividades, y 1.192 trabajadores fueron encontrados sin registro formal de trabajo. El balance no recoge manifestación de los empleadores fiscalizados, y no se informó de ninguna condena penal hasta ahora.
Realizada desde 2021, la Operación Rescate reúne organismos públicos para identificar e interrumpir situaciones de trabajo análogo a la esclavitud, proteger a las víctimas y adoptar medidas laborales, administrativas, civiles y penales contra los responsables. La edición de 2026 fue la tercera mayor de la serie, detrás de 2024, con 594 rescates, y de 2023, con 532, y quedó un 123% por encima de la edición de 2025, que registró 215. Según el balance, el número podría haber sido mayor si Brasil no tuviera un déficit histórico de auditores fiscales del trabajo: hoy hay unos 2.800 en actividad.