El Instituto de Criminalística de São Paulo rechazó 27 dispositivos electrónicos incautados por la Policía Civil en la investigación sobre la financiación de la película "Dark Horse", biopic del expresidente Jair Bolsonaro. Según Folha de S.Paulo, que accedió a las actas de rechazo, fallos en el precintado de los paquetes permitían retirar las piezas o acceder a los datos de los aparatos sin romper los sellos de seguridad. Los documentos mencionan 13 memorias USB, nueve portátiles y cinco teléfonos móviles.
Los rechazos ocurrieron en dos etapas. El 2 de junio, un día después de los registros, el instituto devolvió cuatro guías de remisión, los formularios de cadena de custodia del material incautado, porque los paquetes tenían aberturas lo bastante amplias para extraer las piezas. "Las guías 278035, 277890, 278028 y 277899 presentan vano suficiente para la retirada de la pieza a peritar", registró el primer acta. Entre el material rechazado había memorias USB incautadas en direcciones de Make One y de Complexys/Fast Future, empresas subcontratadas por el Instituto Conhecer Brasil (ICB) en la ejecución del programa de internet.
El 3 de junio, la perita criminal Vivian Menezes rechazó otros 13 lotes, cuyas aberturas permitían conectar cables a móviles y portátiles.
"Las guías presentan vano suficiente para la entrada de cable de alimentación y transferencia de datos, siendo posible la manipulación de datos en el interior del equipo."
Los peritos adjuntaron imágenes de lo que llamaron un "defecto formal en el envoltorio de plástico" y devolvieron los aparatos a la comisaría para rehacer los precintos, informa InfoMoney. Tras el reembalado, el expediente pasó de 17 a 18 guías, lo que indica que al menos un envoltorio fue dividido. Una sola guía reunía diez memorias USB.
El caso
Los equipos fueron recogidos en registros realizados el 1 de junio en viviendas y empresas vinculadas al ICB, organización presidida por Karina Ferreira da Gama. Ella también dirige Go Up Entertainment, productora de "Dark Horse". La investigación de la Policía Civil de São Paulo, llamada Operación Wi-Fi, indaga sospechas de fraude y desvío en un contrato de 108 millones de reales firmado por el ICB con la alcaldía de São Paulo para instalar y mantener 5.000 puntos gratuitos de internet en comunidades de bajos ingresos. Una de las hipótesis es que parte del dinero público haya sido dirigida a actividades privadas ligadas a Karina, entre ellas la producción de la película.
El material se hizo público este domingo (13), cuando el ministro Flávio Dino, del STF (Supremo Tribunal Federal), levantó el secreto de la investigación y unificó bajo su relatoría diligencias estatales y federales. Al analizar los documentos, según InfoMoney, Dino escribió que se fortaleció la hipótesis de un "sofisticado esquema" de desvío de recursos públicos y que el diputado federal Mário Frias (PL-SP) ocuparía, "en el terreno hipotético de la investigación", un papel de liderazgo en la supuesta "arquitectura criminal". Para la Policía Federal, el movimiento de recursos entre el parlamentario, el ICB y la empresa Complexsys configura un "circuito financiero cerrado".
Frias niega irregularidades. El jueves (10), calificó la operación policial de "cortina de humo", se puso a disposición para colaborar con la entrega de documentos y dijo confiar en el archivo del proceso. Ninguna de las personas citadas ha sido denunciada hasta ahora. Las investigaciones unificadas siguen en curso en el STF, y el material reunido por la Policía Civil paulista fue compartido con la Policía Federal por determinación del ministro.