Una operación de la Fiscalía de São Paulo (MPSP) junto a las policías Civil y Militar detuvo a 15 personas señaladas por los investigadores como integrantes de la "mafia de los celulares", red sospechosa de robo, hurto, receptación y reventa de aparatos en el estado. Según la investigación, el grupo movió unos 460 millones de reales en cinco años. El operativo, llamado Operación Frankmobile, se ejecutó el 10 de septiembre en São Paulo y Goiás, y sus resultados fueron detallados el domingo (13) por Fantástico, programa periodístico de TV Globo.
Las cifras del mercado ilegal son grandes. La Fiscalía estima que más de 830 mil celulares fueron robados o hurtados en Brasil en un año, uno cada 38 segundos, y que en São Paulo, la mayor ciudad del país, solo el 6% de los aparatos se recupera. La investigación duró unos dos años y mapeó una cadena dividida en al menos cuatro núcleos: robo y hurto (incluidos vidrios de autos rotos en congestionamientos, latrocinios y hurtos en grandes eventos), desbloqueo y acceso a datos de las víctimas, reventa y desmonte para venta de piezas.
De la calle Guaianases al IMEI adulterado
Según los investigadores, el teléfono quitado a la víctima iba rápidamente a puntos de receptación, donde comenzaban los intentos de acceso a cuentas bancarias y aplicaciones. Una testigo protegida que participó de los crímenes y colaboró con las pesquisas afirmó que los aparatos ya tenían destino definido apenas tras el hurto: la calle Guaianases, en el centro de São Paulo.
"Probamos que, de hecho, la calle Guaianases siempre fue ese entreposto fundamental para la primera receptación de estos celulares. Es donde ya empiezan los intentos de transferencias bancarias y otros accesos a aplicaciones y contenidos de la víctima", dijo el fiscal Luiz Fernando Bugiga.
Tras la receptación, los aparatos iban a núcleos especializados en alterar el IMEI, el número de identificación único de cada celular. Según la Fiscalía, el esquema reemplazaba el IMEI de los teléfonos robados por números de aparatos inactivos y se aprovechaba de fallas en la integración de datos entre fabricantes, operadoras, tiendas y organismos públicos. Sitios alojados en el exterior apoyaban el proceso, facturas fraudulentas daban apariencia legal a la reventa y un cuarto núcleo desmontaba los teléfonos para vender las piezas por separado.
Detenciones, perros rastreadores y 60 toneladas
El megaoperativo movilizó a 1.700 agentes y cumplió 84 órdenes de allanamiento y siete de prisión temporaria, todas ejecutadas según la Policía Civil. Detenciones en flagrante y de prófugos elevaron el total a 15 personas presas. La Justicia autorizó el secuestro y bloqueo de bienes y valores por más de R$ 5 millones, y la Secretaría de Hacienda suspendió las inscripciones estaduales de las 18 empresas objetivo. Perros rastreadores de la Policía Penal, entrenados para detectar componentes químicos presentes en los celulares, ayudaron a localizar aparatos escondidos. Fueron incautados unos 10 mil artículos, entre celulares, piezas y accesorios; como eran demasiados para contar uno a uno, los peritos estimaron el peso: cerca de 60 toneladas.
Todos los detenidos son investigados y ninguno ha sido condenado. Los reportajes de Fantástico y O Globo no registran manifestaciones de las defensas. Los próximos pasos anunciados por las autoridades son el análisis del material incautado, para identificar víctimas y responsabilizar a los involucrados, y el inicio de los trámites para revocar los registros de las 18 empresas; no se divulgaron plazos. Para dificultar nuevos fraudes, el gobierno de São Paulo pasó a exigir el IMEI en la emisión de facturas electrónicas de celulares.