Fiscales de São Paulo denunciaron a 19 personas sospechosas de montar una red clandestina de servicios financieros que la Fiscalía describe como un "banco del crimen", presuntamente usada para lavar dinero de integrantes y colaboradores del PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor facción criminal de Brasil. Según Folha de S.Paulo, la denuncia se presentó el lunes (14); Metrópoles indica que la entrega ocurrió el viernes (11). Los denunciados responden por organización criminal y lavado de dinero, entre otros delitos según la actuación individual de cada uno.
Para el Gaeco, el grupo de fiscales especializado en crimen organizado, el esquema funcionó al menos entre 2019 y 2025. El servicio principal era el "cambio de transferencia por efectivo": el grupo recibía dinero en efectivo que sabía de origen ilícito y, mediante comisión, hacía una transferencia bancaria de valor equivalente desde cuentas propias, de prestanombres o de empresas de fachada. La operación también funcionaba a la inversa, con recursos bancarios convertidos en efectivo. Mensajes obtenidos en celulares decomisados en las operaciones Recidere y Bazaar indican, según la denuncia, que los involucrados conocían el origen del dinero y usaban esa información para fijar el descuento cobrado en cada transacción. La acción resulta de las operaciones Janus y Bazaar, que investigaron movimientos de valores ilícitos y un presunto esquema de corrupción en la Policía Civil paulista; la Janus fue lanzada en julio de este año, según Metrópoles.
En la denuncia, los fiscales describen así la estructura:
"central de servicios financieros ilícitos, o verdadero 'Banco del Crimen', puesta a disposición de integrantes y colaboradores del PCC para ocultar y disimular el origen, la naturaleza y la propiedad de bienes y valores provenientes del narcotráfico y de otros delitos".
De Lava Jato al PCC
Según G1, el Gaeco sitúa en el centro de la estructura a tres operadores: Cléber Azevedo dos Santos, Leonardo Meirelles, prófugo, y Paulo Rogério Silva, alias "Paulo Barão". La Fiscalía afirma que los tres fueron señalados en otras investigaciones y causas penales y movieron "sumas multimillonarias". Entre los denunciados también está la contadora Meire Bonfim da Silva Poza, que actuó en esquemas revelados por la Operación Lava Jato, lanzada en 2014; según el Ministerio Público, recibía 70.000 reales mensuales de Azevedo por la exclusividad de sus servicios, valor reconocido por la propia contadora en un mensaje de febrero de 2023. Raphael Flores Rodriguez, alias "Batata", igualmente prófugo, fue condenado en el ámbito de Lava Jato; la denuncia sostiene que su participación iba más allá de la de cliente, con compra de inmuebles en sociedad con otros operadores y cajas compartidas con recursos criminales.
Entre los señalados como usuarios del servicio figuran Leonardo Monteiro Moja, alias "Léo do Moinho", preso desde el 6 de agosto de 2024, y Alexandre Salles Brito, alias "Buiú", ya denunciado en la Operación Fim da Linha por presuntos vínculos con el PCC y la empresa de autobuses UpBus. Según la Fiscalía, al menos diez operaciones, por 232.000 reales, se hicieron en beneficio de Buiú. Mensajes interceptados citados por Folha indican que Léo habría indicado cuentas bancarias a uno de los prestadores del servicio, que recibió depósitos de decenas de miles de reales. Metrópoles informa que una de las empresas del esquema movió más de 28 millones de reales en seis meses, pese a declarar ingresos anuales de unos 5 millones.
"Tribunal del crimen" y corrupción
La denuncia afirma que los operadores financieros conocían términos internos de la facción, participaban en sesiones del llamado "tribunal del crimen", el tribunal interno de la banda, y llegaban a recurrir al poder de coerción de la organización para resolver sus propias disputas patrimoniales. La estructura también se habría apoyado en la corrupción de agentes públicos: según el Gaeco, el denunciado Marlon Antonio Fontana intermediaba pagos de ventajas. Una copia íntegra del expediente fue enviada a la Justicia Militar para abrir investigaciones sobre tres coroneles de la Policía Militar citados en el documento, José Augusto Coutinho, Luiz Carlos Pereira Martins y un oficial identificado solo como "Patricio". Ninguno de los tres fue denunciado en esta acción, y el documento no especifica qué delito habría cometido cada uno.
Rodrigo Antunes Benetti, abogado de Léo do Moinho, dijo a Folha que "quedará demostrada la inocencia del señor Leonardo" y rechazó las acusaciones contra su defendido, preso desde agosto de 2024. El Ministerio Público pide además que los denunciados paguen, de forma solidaria, una indemnización mínima de 10 millones de reales por daños morales colectivos y sociales. Ahora corresponde a la Justicia de São Paulo analizar la denuncia y decidir si la admite y abre proceso penal; según Folha, no hay plazo para esa decisión. Hasta una sentencia definitiva, todos los denunciados gozan de presunción de inocencia.