La Advocatura General de la Unión (AGU), el órgano jurídico que representa al gobierno federal de Brasil, presentó el martes (25) una acción civil pública contra Discord en la que pide una indemnización de R$ 500 millones por daño moral colectivo y la obligación de que la plataforma adopte medidas de protección a niños, adolescentes, mujeres y animales. Según G1, el proceso cita delitos cometidos por usuarios dentro del servicio, fallas en la retirada de contenidos nocivos y la ausencia de un acuerdo que adecuara la red social a la legislación brasileña.

El caso que precipitó la acción fue la muerte de una adolescente de 13 años, que se quitó la vida durante una transmisión en vivo en un grupo de Discord, en julio, según CNN Brasil. Un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública señala que la transmisión comenzó alrededor de las 2h20, que la Policía Civil de São Paulo alertó a la empresa a las 3h50 y que el grupo solo fue retirado del aire a las 4h15. Los investigados por participación en el episodio solo fueron expulsados de la plataforma a las 15h20 del día siguiente. Tras el caso, la primera dama, Janja da Silva, defendió que la plataforma fuera retirada del aire "inmediatamente". La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) llegó a ordenar la suspensión de las transmisiones en vivo de Discord en el país, pero la acción de la AGU no pide la prohibición del servicio.

Antes de acudir a la Justicia, la AGU negoció durante dos semanas un Término de Ajuste de Conducta (TAC), un mecanismo brasileño por el cual la empresa asumiría obligaciones de forma voluntaria. "La empresa, en un primer momento, demostró interés en asumir compromisos significativos con el Estado brasileño, pero lamentablemente se negó a firmar el término en el último momento. No nos quedó otra salida que presentar una acción civil pública", afirmó el abogado general de la Unión, Jorge Messias. La procuradora general de la Unión, Clarice Costa Calixto, dijo que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad y que no puede detallar el motivo de la desistencia. "Nuestro estándar de exigencia de seguridad para niños y adolescentes, lamentablemente, no fue aceptado por la empresa", resumió. Según ella, el monto pedido tiene en cuenta la gravedad y el número de infracciones atribuidas a Discord y la facturación de la red social, estimada por la AGU en unos R$ 4.000 millones al año.

Para el secretario Nacional de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes, la lentitud en el caso de la adolescente no fue un episodio aislado. Un levantamiento del Ciberlab, el centro de inteligencia de la cartera, registró más de 115 informes entre 2025 y 2026 relacionados con inducción al suicidio, automutilación, maltrato y sacrificio de animales en Discord. En São Paulo, el Núcleo de Observación y Análisis Digital de la Policía Civil contabilizó, en promedio, cinco denuncias por día vinculadas a inducción al suicidio, automutilación, violación y otros delitos contra menores, y más de 385 casos de maltrato y sacrificio de animales en la plataforma en 2026. "Las plataformas tienen que adoptar medidas proactivas de detección y eliminación de ese contenido. Nada de eso se observó en este caso", afirmó Fernandes, según G1.

La acción fue motivada tras la Operación Livia, del Ministerio de Justicia, que investigó redes criminales que usaban plataformas digitales, como Discord, para promover violencia contra mujeres y niñas, según CNN Brasil. Para el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, el proceso es "una respuesta de Estado" para hacer valer que "cualquier plataforma, nacional o extranjera, no descuide los límites impuestos por la ley".

Qué pide la acción

Además de la indemnización, que sería destinada al Fondo de Defensa de Derechos Difusos, la AGU pide una multa diaria de R$ 500 mil en caso de incumplimiento de una eventual decisión judicial y quiere obligar a Discord a adoptar, entre otras medidas, según CNN Brasil:

• un protocolo de detección e interrupción de transmisiones en vivo con contenido ilícito;
• un protocolo de notificación a las autoridades de indicios de sextorsión;
• mecanismos de detección, evaluación y moderación de contenidos con prácticas de maltrato animal;
• una verificación de edad más robusta y la vinculación obligatoria de cuentas de usuarios de hasta 16 años a responsables legales;
• sede y representante legal en Brasil, además de un canal permanente de denuncias en portugués.

En un comunicado, Discord calificó la acción como "desproporcionada" y afirmó que "no refleja de forma precisa el enfoque" de la empresa respecto a la seguridad y al cumplimiento de la legislación brasileña. La plataforma dice haber presentado a la AGU "una propuesta detallada" con cambios técnicos e inversión financiera en seguridad en línea en el país, y afirma que desactivó, antes de la muerte de la adolescente, el servidor privado en el que investigados habrían incentivado la automutilación. "Cualquier sugerencia de que no estamos cooperando es incorrecta", dice el texto, que señala además falta de actuación coordinada entre los órganos federales involucrados en las negociaciones.

Con la presentación, la acción pasa a tramitar en la Justicia Federal, y Discord deberá ser citada para presentar su defensa. Hasta el momento, no hay fecha definida para los próximos actos del proceso.