El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, autorizó a la Policía Federal (PF) a acceder de forma integral al material incautado por la policía civil de São Paulo en la investigación sobre la productora del filme Dark Horse, una cinebiografía sobre el expresidente Jair Bolsonaro. La decisión, divulgada este miércoles por el blog de la periodista Andréia Sadi en G1, libera no solo los informes ya elaborados por la policía paulista, sino también documentos, datos en bruto extraídos de los dispositivos incautados y los registros de cadena de custodia, es decir, el historial de cómo se recolectaron, almacenaron y analizaron las pruebas. La medida responde a un pedido de la propia PF.

La investigación indaga el financiamiento de la película, que habría recibido cerca de 61 millones de reales (unos 11 millones de dólares) a través del fondo estadounidense Havengate Development, vinculado a Paulo Calixto, abogado de Eduardo Bolsonaro, otro hijo del expresidente. La PF investiga si parte de esos recursos se usó para cubrir gastos de Eduardo durante su estadía en Estados Unidos. Eduardo niega haber recibido dinero por esa vía. El caso salió a la luz después de que el medio Intercept Brasil revelara conversaciones entre Flávio Bolsonaro, otro hijo del expresidente y precandidato presidencial para 2026, y Daniel Vorcaro, fundador del quebrado Banco Master, que apuntaban a un acuerdo de unos 134 millones de reales para financiar el filme. Flávio negó inicialmente que el Master hubiera financiado la producción; después reconoció haber recibido 61 millones de reales de Vorcaro, y aseguró que los fondos se usaron íntegramente en la película.

Una pericia privada contratada por GoUp Entertainment, la productora del filme, evaluó solo los gastos de la empresa, sin examinar el origen de los recursos del Havengate. Según el informe, citado por el medio Poder360, el gasto total de la producción sumó 3,72 millones de dólares en Brasil y 9,66 millones de dólares en Estados Unidos entre junio de 2025 y junio de 2026, clasificados en el documento como fondos privados sin vínculo con dinero público ni con la Ley Rouanet de incentivo cultural. El perito responsable, Anisio Castelo Branco, declaró al diario O Globo que no tenía autorización para auditar el fondo Havengate y que rastrear el origen del dinero transferido por ese fondo escapaba al alcance de su trabajo.

Una disputa institucional en torno a la pesquisa

Según la columna de Sadi, investigadores de la PF evalúan, de manera reservada, proponer que todos los frentes relacionados con el financiamiento del filme se concentren en el STF, bajo la relatoría de Dino, en un proceso conocido en Brasil como "federalización" del caso. Ese movimiento podría surgir de un pedido formal de la propia PF o de una manifestación de la Procuraduría General de la República (PGR); la columna aclara que la federalización no está decidida, sino que es solo uno de los próximos pasos que los investigadores consideran posibles. El pedido de acceso a los datos en bruto, y no solo al material ya seleccionado por la policía civil, sugiere que los investigadores federales quieren examinar las pruebas originales y sacar sus propias conclusiones.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, salió en defensa de la actuación de la policía civil paulista y calificó de irrespetuosas las críticas de que la investigación habría sido "frenada" en el estado. Un día antes del fallo de Dino, Tarcísio dijo que cumpliría la orden del STF de compartir los documentos de la pesquisa sobre una ONG vinculada al filme y negó que existiera un retraso en la investigación llevada adelante en São Paulo. La ampliación del acceso federal, según la lectura de la columna de Sadi, señala desconfianza institucional hacia la forma en que la policía estatal ha llevado el caso, una disputa que ha cobrado peso político de cara a la elección de 2026, en la que Tarcísio es aliado de la campaña de Flávio Bolsonaro.

No hay fecha fijada para una decisión sobre la federalización de la investigación; por ahora se trata de una discusión interna entre investigadores, que puede o no avanzar mediante un pedido formal de la PF o de la PGR. El ministro André Mendonça también lleva, en el STF, otro frente ligado a la investigación sobre el filme, además de las pesquisas sobre fraudes en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y el caso que involucra a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hasta la publicación de esta nota, ni la PF ni la PGR habían formalizado un pedido de federalización del caso Dark Horse.