La crisis institucional del STF (Supremo Tribunal Federal), la máxima corte de Brasil, apunta a retrasar decisiones con efectos directos sobre trabajadores, empresas y las cuentas públicas. Según Folha de S.Paulo, procesos sobre la contratación como persona jurídica (la llamada pejotización), el trabajo por aplicaciones, la reforma de pensiones de 2019 y el derecho tributario están parados mientras el tribunal discute el caso Banco Master. Especialistas consultados por el diario estiman que los temas laborales y previsionales no serán juzgados antes de las elecciones de este año y podrían quedar para 2027.

Cómo empezó la crisis

La parálisis tiene origen en las investigaciones del Banco Master, hoy extinto. El relator del caso, el ministro André Mendonça, levantó el sigilo de informes de la Policía Federal, y uno de los documentos, según G1, apuntó 52 mensajes entre el fundador del banco, Daniel Vorcaro, y el ministro Alexandre de Moraes, además de encuentros presenciales entre ambos y un contrato de 130 millones de reales entre la institución y el despacho de la esposa de Moraes. Ningún ministro es procesado ni condenado. Lo que el pleno discute es si abre una investigación formal contra Moraes, algo inédito contra un integrante de la propia corte.

En la sesión extraordinaria del martes (15), los ministros votaron por 4 a 3 mantener separados los análisis de la conducta de Moraes, en su relación con Vorcaro, y de Mendonça, en la conducción de la relatoría, según G1. Por la separación votaron Fachin, Mendonça, Fux y Cármen Lúcia; Gilmar Mendes, Zanin y Moraes defendían el juzgamiento conjunto. Antes del final, el ministro Flávio Dino pidió vista y suspendió el juicio por hasta 90 días, un plazo que vence en diciembre.

"Tengo que interrumpir esta situación porque tenemos una cuestión de orden. No tenemos condiciones de deliberar. El clima va de mal en peor, y la sociedad está viendo algo distinto del rito que la ley manda", dijo Dino.

En el enfrentamiento, Moraes acusó a Mendonça de parcialidad y de haber presionado a la Policía Federal para incluirlo en una delación premiada. "¿Quién le teme a la Policía Federal?", preguntó. Mendonça respondió: "Eso es mentira". El relator también niega haber liberado los autos de forma selectiva y afirma que mantuvo bajo sigilo solo lo necesario para preservar investigaciones en curso y datos de terceros. El ministro Nunes Marques se declaró impedido de votar por presidir el Tribunal Superior Electoral en año de elecciones, y Dias Toffoli se declaró sospechoso.

Lo que queda en espera

Con el pleno ocupado por el caso Master, decisiones de amplio alcance económico quedaron sin fecha: la validez del contrato como persona jurídica, el vínculo laboral de los conductores de aplicaciones y las disputas sobre la reforma de pensiones de 2019, que incide en el déficit del INSS, el instituto de seguridad social brasileño. "La pejotización es una cuestión aún más central porque puede alcanzar distintos sectores de la sociedad y producir efectos no solo sobre los derechos de los trabajadores, sino también sobre la seguridad social y otras estructuras de protección", afirmó a Folha la profesora Olívia Pasqualeto, de la Escuela de Derecho de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas. En su visión, la decisión afectará a empresas que usan ese tipo de contratación y a trabajadores contratados como personas jurídicas, y lo ideal es que el juicio ocurra con los ánimos más calmados, aunque ya exista debate suficiente para decidir.

El próximo paso corresponde al presidente de la corte, Edson Fachin: mantener para el 23 de septiembre el juicio sobre las acusaciones de Moraes contra Mendonça o aplazar la sesión, como quieren ministros alineados con el relator. Si Dino no se pronuncia dentro de los 90 días, el proceso sobre Moraes vuelve automáticamente a la agenda.