El debate sobre la aplicación de las políticas de seguridad de El Salvador en Brasil cobró fuerza durante las previas de las elecciones presidenciales de 2026. Precandidatos conservadores, entre ellos Flávio Bolsonaro, Romeu Zema y Renan Santos, han propuesto adoptar medidas inspiradas en la estrategia del presidente Nayib Bukele para combatir a las organizaciones criminales. Sin embargo, analistas de seguridad pública y juristas destacan barreras constitucionales y operativas que dificultan su implementación directa.

Cronología y contrastes operativos

La ofensiva en El Salvador comenzó en marzo de 2022, cuando el Congreso aprobó un régimen de excepción que suspendió garantías procesales, autorizó arrestos sin orden judicial previa y extendió la detención preventiva sin acusación formal. Aunque la medida redujo notablemente las tasas de homicidios, generó cuestionamientos por detenciones arbitrarias. En Brasil, los especialistas señalan que la dinámica del crimen organizado es profundamente distinta a la de las pandillas centroamericanas.

En declaraciones a BBC News Brasil, el politólogo Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé, explicó que grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) operan como conglomerados multinacionales con complejas redes financieras y de narcotráfico internacional. Por el contrario, organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 mantenían un control eminentemente barrial e identificación mediante tatuajes visibles.

Garantías constitucionales y debido proceso

Los defensores de una mayor severidad penal afirman que el encarcelamiento masivo y una respuesta policial rápida son fundamentales para restablecer el orden y frenar la criminalidad urbana. En contraste, analistas del derecho procesal recuerdan que la Constitución brasileña de 1988 consagra la presunción de inocencia, el debido proceso legal y la necesidad de supervisión judicial estricta para cualquier medida restrictiva de libertad.

Muggah advirtió que recluir masivamente a presuntos integrantes sin atacar sus flujos financieros colapsaría el sistema penitenciario sin neutralizar a los cabecillas. La seguridad pública será uno de los temas centrales en los próximos debates electorales antes del registro oficial de los planes de gobierno ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).