El Comité Gestor de Internet en Brasil, el CGI.br, presentó este jueves (17) una guía con 46 directrices para orientar la regulación de las redes sociales en el país. El documento, titulado 46 Directrices para la Regulación de Plataformas de Redes Sociales, es resultado de un año de trabajo y no tiene fuerza de ley: funciona como un manual de referencia para el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los organismos reguladores a la hora de escribir o aplicar normas a plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y X.
El CGI.br es el organismo multisectorial que ayuda a gobernar la internet brasileña, con sillas para el gobierno, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y la comunidad científica y tecnológica. La guía es un desdoblamiento de los 10 principios de regulación que el comité publicó en agosto de 2025 e incorpora aportes de dos consultas públicas, entre ellas la de 2023, que reunió más de mil respuestas de la sociedad. El lanzamiento ocurrió en un evento en São Paulo, según el medio especializado Convergência Digital.
Lo que pide la guía
Las directrices están organizadas en seis ejes temáticos. En soberanía y jurisdicción nacional, el texto recomienda que las plataformas extranjeras mantengan representación legal u oficina en Brasil siempre que ofrezcan el servicio al público brasileño, considerando el volumen de usuarios locales, las relaciones comerciales y la disponibilidad de contenido en portugués (directriz 1). Pide también medidas para detectar y mitigar interferencias indebidas en procesos electorales y democráticos, con combate a los envíos masivos de mensajes y prohibición de monetizar o impulsar contenidos antidemocráticos (directriz 4).
En transparencia, las empresas deberían publicar sus reglas internas de moderación y métricas de remoción, informar si la detección ocurrió por automatización o por denuncia, y comprobar que cuentan con equipos humanos capacitados en el idioma y el contexto cultural brasileños (directriz 6). La guía también recomienda etiquetar los contenidos sintéticos generados por inteligencia artificial (directriz 11). En lo económico, propone límites a la autorreferencia de las plataformas dominantes, que no podrían priorizar de forma abusiva sus propios productos en búsquedas y feeds (directriz 15), y defiende la interoperabilidad entre servicios, la misma lógica que permite enviar un correo de un proveedor a otro sin cambiar de dirección (directriz 24). En derechos humanos, pide pruebas y auditorías contra la discriminación algorítmica, para evitar sesgos raciales, de género o sociales, y una compensación justa por el uso de contenidos periodísticos. Según el propio CGI.br, el documento también aborda responsabilidad civil y límites al uso de IA.
Dos ideas atraviesan las 46 directrices: la regulación asimétrica y la proporcionalidad. Es la lógica de la inspección sanitaria: un puesto callejero y una multinacional de alimentos venden comida, pero la segunda responde a reglas mucho más duras. La guía fija deberes más rigurosos para las grandes plataformas, clasificadas como actores de relevancia sistémica, y procura no inviabilizar a proveedores pequeños, redes comunitarias y startups.
Por qué el tema incomoda a las plataformas
La mayoría de las directrices toca el motor del negocio. Las grandes plataformas ganan dinero con tiempo de atención y publicidad, y los sistemas de recomendación opacos junto con los ecosistemas cerrados son lo que mantiene al usuario adentro. Exigir transparencia de moderación, etiquetar contenido sintético y abrir los muros con interoperabilidad altera ese modelo. Para Marie Santini, directora del NetLab de la UFRJ, la urgencia está en otro punto: según el Jornal Nacional, sostiene que las campañas electorales, los mercados y la comunicación de los gobiernos pasan por estas plataformas, y que "quien define quién tiene libertad de expresión son ellas, porque estas empresas moderan el contenido como quieren".
La coordinadora del CGI.br, Renata Mielli, recordó que falta el paso decisivo: convertir la guía en norma. "Todavía necesitamos un marco legal aprobado por el Congreso Nacional, que represente el denominador común de la visión de los distintos segmentos de la sociedad brasileña", declaró al Jornal Nacional. El documento llega semanas antes de la elección presidencial de octubre, cuando las propias campañas dependen de esas plataformas para hablar con el electorado.
La guía también dialoga con el ECA Digital, la ley brasileña de protección de niños y adolescentes en internet, vigente desde hace seis meses. Según Rodrigo Nejm, especialista en educación digital del Instituto Alana, la ley prohíbe el perfilamiento comercial de menores, pero "esto necesita ser implementado, fiscalizado y castigado", y sin transparencia de las redes no hay forma de saber si la norma se cumple con rigor.
Lo que todavía no sabemos: si el Congreso convertirá las directrices en ley, en un año electoral en que cualquier texto sobre redes se vuelve disputa política; cómo reaccionarán las plataformas, jurídica o comercialmente; y qué detallará el informe completo del CGI.br, prometido para fin de año, sobre la metodología usada para construir la guía.
En la práctica, vale seguir tres frentes: proyectos de ley en el Congreso que citen el documento, el informe metodológico del CGI.br y la llegada de etiquetas de contenido sintético a los feeds. Si las etiquetas de IA empiezan a aparecer en su aplicación favorita, o si un proyecto de regulación usa la numeración de las directrices, es señal de que la guía está saliendo del papel.