El 10 de diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook para menores de 16 años. Desde entonces, la idea se ha extendido. Un relevamiento de G1, compilado a partir de información de Reuters, muestra que más de diez países ya adoptaron o debaten restricciones al uso de estas plataformas por niños y adolescentes, en medio de preocupaciones por la salud mental y la seguridad digital. Este artículo se basa en G1, la única fuente accesible sobre el tema en este momento.
La ley australiana funciona como un guardia en la puerta de una fiesta: quien debe impedir la entrada del menor es la plataforma, no la familia. Las empresas que incumplan pueden recibir multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34,9 millones de dólares estadounidenses). Es el modelo que los gobiernos de todo el mundo empezaron a copiar, cada uno con sus propios ajustes.
Europa avanza, con tropiezos
El caso de Francia muestra que aprobar estas leyes es más fácil que hacerlas cumplir. El Parlamento francés aprobó en julio la prohibición para menores de 15 años, citando el acoso virtual y los riesgos para la salud mental. El 14 de agosto, sin embargo, el máximo tribunal del país bloqueó el texto al considerar que violaba la libertad de expresión. Dinamarca anunció en noviembre una prohibición para menores de 15 años, con una excepción que permite a los padres autorizar el acceso desde los 13. Grecia, Polonia y Eslovenia preparan proyectos similares, y Noruega quiere elevar de 13 a 15 años la edad mínima de consentimiento, con planes de un límite absoluto de 15 años más adelante.
Alemania e Italia apuestan por el consentimiento parental en lugar de la prohibición. En Alemania, los jóvenes de 13 a 16 años solo pueden usar redes con el aval de los padres, un modelo que los defensores de la protección infantil consideran insuficiente, según G1. En Italia, la autorización de los padres es obligatoria hasta los 14 años.
Del Reino Unido a Malasia
El Reino Unido planea prohibir el acceso de menores de 16 años, con aprobación prevista para antes de Navidad y entrada en vigor hacia la primavera de 2027, según declaraciones de junio del exprimer ministro Keir Starmer. El paquete británico va más allá: empresas como Apple y Google tendrían que activar funciones capaces de detectar y bloquear imágenes de desnudos en los dispositivos de los niños. Nueva Zelanda estudia una prohibición para menores de 16 años con multas de hasta el 10% de los ingresos globales de las plataformas y verificación de edad por reconocimiento facial o documento digital. Malasia ya impide la creación de cuentas por menores de 16 desde junio, y China limita el tiempo de pantalla por franja etaria con su programa "modo menor". En la India, el principal asesor económico del gobierno defendió límites de edad y calificó a las plataformas de "depredadoras" por la forma en que mantienen conectados a los usuarios.
Conviene seguir el dinero para entender por qué esta pelea es tan dura. El modelo de negocio de las grandes redes es vender atención: cada minuto extra de un adolescente deslizando la pantalla se convierte en publicidad facturada. Los adolescentes son el público que forma hábitos para toda la vida, el cliente más valioso del mostrador. Cortar ese acceso afecta directamente los ingresos futuros, lo que explica la presión de la industria citada por el gobierno de España y la resistencia de las empresas a asumir el costo de la verificación de edad.
Lo que aún no sabemos: ningún país ha demostrado hasta ahora que la prohibición reduzca de verdad los daños, y la verificación de edad choca con un dilema real. Para comprobar quién es menor, las plataformas pueden terminar recopilando aún más datos de todos, adultos incluidos. La decisión del tribunal francés indica que hay límites jurídicos para este tipo de ley. En la práctica, el lector debe observar el diseño de la fiscalización: si la norma queda solo en el papel, como ocurre según los críticos en Alemania, el efecto tenderá a ser pequeño. Para los padres, el paso concreto de hoy sigue siendo usar los controles de consentimiento que ya existen y seguir el debate, porque esta ola regulatoria probablemente llegue a más países en los próximos meses.