El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino autorizó a la Policía Federal (PF) a acceder a las pruebas reunidas por la Policía Civil de São Paulo en una operación contra Go Up Entertainment, la productora de la película "Dark Horse", sobre la trayectoria del expresidente Jair Bolsonaro. La decisión fue tomada el viernes (21), tramita bajo secreto y fue revelada por el diario O Globo y confirmada por Folha de S.Paulo.
El material alimentará la investigación abierta en el STF, bajo la relatoría de Dino, para determinar si las enmiendas parlamentarias destinadas por diputados del PL financiaron la producción del largometraje. Según G1, la PF argumentó ante el Supremo que el Instituto Conhecer Brasil (ICB), entidad vinculada a la productora, está en el centro de esa pesquisa y que los elementos recolectados por la Policía Civil pueden profundizar e incluso acelerar la investigación.
El contrato de R$ 108 millones
La operación de la Policía Civil paulista, bautizada como Operação Wi-Fi, fue lanzada en junio en direcciones vinculadas a la productora y a una secretaría de la Alcaldía de São Paulo. Los investigadores apuran si hubo fraudes y desvíos en un contrato de R$ 108 millones por año firmado entre la gestión de Ricardo Nunes (MDB) y el ICB para el suministro de internet inalámbrica gratuita a comunidades pobres, y si parte de los recursos fue usada para financiar al equipo de la película.
De acuerdo con G1, se liberaron a la PF datos de computadoras, celulares, documentos contables, facturas, comprobantes de pago y registros financieros, incluidos datos brutos e informes ya elaborados sobre los dispositivos incautados. Dino consideró que el pedido y su justificación eran pertinentes y estaban de acuerdo con el entendimiento del STF para este tipo de intercambio de pruebas.
La investigación en el Supremo se abrió después de que Dino pidiera una pesquisa a la Contraloría General de la Unión (CGU) sobre enmiendas de los diputados Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) y Marcos Pollon (PL-MS) destinadas al ICB y a la Academia Nacional de Cultura (ANC), entidades señaladas como parte de un mismo núcleo de gestión coordinado por Karina Ferreira da Gama, dueña del instituto y socia de Go Up. La PF ahora detalla las relaciones empresariales de Karina y de sus empresas y analiza eventuales donaciones electorales vinculadas a los investigados.
La película está en el centro del desgaste de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), hijo del expresidente, a la Presidencia, tras la divulgación de audios en los que pide R$ 61 millones al exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, para finalizar la obra. Según la productora, Vorcaro financió más del 90% del presupuesto del filme. Contactada por Folha, Karina Ferreira da Gama no respondió a los pedidos de comentario.