El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó que el gobierno federal y el Congreso presenten, hasta el 30 de noviembre de 2026, una propuesta conjunta para crear un identificador único de las enmiendas parlamentarias, los fondos que los legisladores dirigen a obras y proyectos en sus regiones. La decisión fue divulgada este miércoles (9) en un proceso presentado por el Psol que exige más transparencia en la aplicación de los recursos federales, según el portal G1.
El código debe vincular la indicación del parlamentario con el compromiso presupuestario correspondiente en las plataformas Transferegov.br y Siafi, el sistema integrado de administración financiera del ejecutivo. "El informe que se presente el 30/11/2026 deberá contemplar una propuesta conjunta, acompañada del cronograma de implementación, para la creación del identificador único de las enmiendas parlamentarias", escribió Dino en la decisión.
La auditoría del Denasus
En la misma decisión, Dino dio conocimiento a las partes del informe del Departamento Nacional de Auditoría del SUS (Denasus), que fiscalizó transferencias de enmiendas destinadas a la salud pública. La auditoría analizó 100 cuentas de municipios y estados. En una etapa complementaria, con 25 auditorías, 17 casos (68%) resultaron en propuestas de devolución o recomposición de valores. En total, la fiscalización identificó 8,42 millones de reales aplicados de forma irregular: 7,74 millones en daños al erario y 677,8 mil en desvíos de finalidad. Las enmiendas de bancada concentraron el 78% del perjuicio, 6,58 millones de reales, incluido un único caso de 4,5 millones. Solo el 4% de las auditorías confirmó la divulgación pública y accesible sobre la ejecución de los fondos.
Plazos para los estados
Dino también intimó a las procuradurías generales de 22 estados y del Distrito Federal. Tienen 30 días corridos para informar las medidas adoptadas para corregir fallas en sus portales de transparencia. La exigencia llega después de que el Psol, autor de la acción, señalara que los estados aún no publican documentos de ejecución ni datos de los beneficiarios finales. Maranhão recibió un plazo separado de 30 días para comprobar el pleno funcionamiento de su portal.
Organizaciones que acompañan la ejecución presupuestaria describieron el problema central planteado en el proceso: los códigos usados hoy por el Legislativo no se conservan en el Siafi ni en el Transferegov.br, lo que impide vincular con precisión cada indicación, su compromiso presupuestario y el beneficiario final. La Cámara de Diputados reconoció, en una manifestación ante la corte, "la posibilidad de adoptar medidas de perfeccionamiento". El Senado afirmó que la conservación del identificador a lo largo de todo el recorrido de los recursos "depende primordialmente de la arquitectura de los sistemas de ejecución mantenidos por el Poder Ejecutivo".
El calendario tiene ahora dos plazos definidos. Estados y Distrito Federal deben detallar las correcciones en 30 días. Gobierno y Congreso tienen hasta el 30 de noviembre para entregar la propuesta conjunta con el cronograma del identificador único. Dino sigue el cumplimiento de las órdenes como relator del caso en el STF.