El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, presiona a la Abogacía General de la Unión para presentar un recurso judicial contra las decisiones del juez André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal. La solicitud afecta la investigación sobre fraudes en el INSS que salpica a Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente. La cúpula policial sostiene que el magistrado violó la autonomía de investigación al exigir los datos brutos y prohibir cambios en el equipo investigador sin aviso previo.

El abogado general de la Unión, Jorge Messias, ha frenado la medida y defiende la negociación interna. Según CNN Brasil, la Policía Federal tardó más de siete meses en entregar los registros bancarios, fiscales y telefónicos ordenados por el juez. Esa demora motivó la orden de Mendonça para acceder directamente a las bases de datos originales.

Analistas y juristas advierten que la presión policial contra el juez genera un elevado riesgo jurídico para el gobierno. En el portal Metrópoles, el columnista Mario Sabino citó informaciones de la periodista Roseann Kennedy sobre las alertas internas en la administración. Asesores de la Abogacía General afirman que recurrir judicialmente la orden del magistrado expone al organismo a acusaciones de obstrucción a la justicia.

Las revelaciones de Metrópoles remarcaron el impacto directo sobre el Palacio de Planalto.

"Era una trampa. No se dieron cuenta de que esa solicitud iba a estallar en el regazo de Lula",

afirmó un funcionario cercano a la Abogacía General citado por Kennedy. La representación legal que el organismo ejerce sobre la Presidencia eleva el costo político en una causa centrada en el hijo del mandatario.

La tensión entre ambas instituciones se mantiene alta. Según CNN Brasil, la dirección policial intentó reasignar el expediente a la presidencia del tribunal, pero el sorteo mantuvo la causa con André Mendonça. El analista Caio Junqueira remarcó la falta de coincidencias entre las partes.

"No hay acuerdo posible porque un lado considera que el otro filtra información y bloquea investigaciones contra sus grupos políticos",

señaló Junqueira.

El conflicto queda a la espera de que el abogado general decida si formaliza el recurso o mantiene los contactos reservados con el Supremo Tribunal Federal. Mientras tanto, la Policía Federal aguarda el desenlace antes de responder al requerimiento de pruebas sin editar formulado por el juez.