Un estudio inédito del Instituto Sou da Paz, una organización brasileña de investigación en seguridad pública, identificó municiones de fusil compradas por el Ejército de Brasil en decomisos vinculados al Comando Vermelho, la mayor facción de narcotráfico del país. Los hallazgos fueron difundidos este domingo (11) por el programa Fantástico y el portal G1. El relevamiento analizó registros de 31.699 cartuchos intactos incautados en distintos estados, a partir del cruce de peritajes y procesos judiciales.
Lo que los datos muestran de manera consistente: cuatro de cada diez municiones incautadas a integrantes de la facción en los casos analizados eran de fabricación nacional, y parte de los cartuchos había sido producida poco tiempo antes de los decomisos. El estudio también constató que parte de las municiones usadas por criminales contra policías durante la megaoperación realizada en Río de Janeiro en 2025 pertenecía a las propias fuerzas de seguridad. Lo que aún se desconoce, y los investigadores lo dejan claro, es la ruta exacta del desvío: en muchos casos, las instituciones confirman la compra y la recepción del material, pero no saben informar cómo se distribuyó después de llegar a los depósitos.
El rastreo existe, pero se detiene a mitad de camino
Hace unos 20 años, la munición nacional comprada por fuerzas de seguridad comenzó a llevar un código de trazabilidad grabado en cada cartucho, lo que permite identificar el origen de municiones halladas en escenas de crimen. Sin embargo, no existe un registro de las transferencias o de los compradores posteriores de esos lotes. Según el estudio, esa laguna es la que impide reconstruir el recorrido completo de los cartuchos.
Uno de los casos analizados fue la interceptación, en 2019, de un cargamento de 1.804 cartuchos en el Distrito Federal con destino a Río de Janeiro. Entre las municiones había lotes del Ejército, de las policías militares del Distrito Federal y de Río, del Fondo Estadual de Seguridad de Mato Grosso y del Ministerio de Justicia, y algunos de esos lotes ya habían aparecido en otros decomisos.
"Esto nos dice que esa fuente de desvío es una fuente grande, que involucra a bastante gente, pero que la policía no logró desarticular por completo", afirmó Bruno Langeani, consultor del Instituto Sou da Paz, al Fantástico.
Otro caso ocurrió en enero de 2025 en Fortaleza, cuando una investigación reveló un plan del Comando Vermelho para rescatar presos de una unidad penitenciaria de Ceará. Policías penales que monitoreaban a la facción fueron atacados; un agente murió y otro resultó herido. En la acción se incautaron 400 cartuchos de fusil, y fotografías mostraban cajas con embalajes originales de munición brasileña. Esos datos, sin embargo, no fueron incluidos en la investigación policial, lo que impidió cualquier intento de rastreo, según el instituto.
Respuestas oficiales y qué se puede hacer
Consultado, el Ejército dijo en una nota que reconoce la gravedad de extravíos y robos de municiones, que revisa constantemente los procedimientos de control y que abre un Inquérito Policial Militar cuando hay indicios de irregularidades. La Policía Militar del Distrito Federal afirmó que sus protocolos de control y almacenamiento fueron revisados, y el Ministerio de Justicia dijo que el combate al desvío de armas y municiones legales es uno de los focos de la política de control retomada por el gobierno federal en 2023.
En la práctica, el estudio señala dos medidas al alcance inmediato de las autoridades: registrar sistemáticamente los datos de los lotes incautados en las investigaciones policiales, para hacer posible el rastreo, y hacer pública la lista de códigos de los compradores de munición, exigencia que Sou da Paz ya hace al Ejército. "La sociedad tiene derecho a saber qué se está haciendo con una munición comprada con recursos públicos", dijo Langeani. Sin esos dos pasos, advierten los investigadores, cada nuevo decomiso seguirá mostrando el destino de los cartuchos, pero nunca el camino que recorrieron.